Gobiernos Odebrecht
Pedro Miguel
La Jornada 31 de Octubre de 2017
A lo que puede verse, ese conglomerado trasnacional de origen brasileño
es mucho más que una empresa: no se trata de una entidad constituida para
obtener utilidades, sino de una organización conformada para robar presupuestos
de muchos países y que recluta como socios de lujo a ministros, secretarios,
jueces, fiscales y presidentes de la república.
El modus operandi no
es demasiado complicado: con o sin licitaciones, Odebrecht se asegura contratos
de obra pública por medio de sobornos astronómicos a políticos y funcionarios
con la suficiente influencia extralegal o facultad legal para asignárselos y
posteriormente para inflar los costos hasta duplicarlos o triplicarlos sin que
nadie reclame. En ocasiones el dinero se destina a financiar candidaturas para
asegurar la complicidad de gobernantes desde antes de que lo sean. De paso, los
recién llegados a un cargo se abstendrán de investigar y sancionar a sus
antecesores, también corrompidos por la firma, y se irá construyendo de esa
forma un tramado de impunidad de alta resistencia y casi inexpugnable.
Eso es lo que pudo haber ocurrido en
México entre los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto con las obras
asignadas a Odebrecht; como botones de muestra, el gobierno del primero firmó
en 2005 un contrato para la modernización de la refinería de Minatitlán por 645
millones de dólares; la obra fue concluida en 2013, ya en el periodo de Peña, a
un costo de mil 55 millones; la configuración de la refinería de Tula fue
acordada en febrero de 2014 por mil 436 millones de pesos pero acabó costando 2
mil 384 millones; enjuages similares tuvieron lugar en la refinería de
Salamanca.
En otras naciones de Latinoamérica,
como Perú y Colombia, hay altos funcionarios imputados y detenidos por los
sobornos de Odebrecht por la simple razón de que en ellas los pactos de
impunidad entre gobiernos son mucho más tenues y frágiles que en la nuestra. Si
en México la red de complicidades transexenales es tan sólida es porque el
régimen oligárquico tiene enfrente, desde hace dos elecciones presidenciales,
un proyecto de nación disruptivo que ofrece encauzar al país por un camino
distinto al de la corrupción y la impunidad que han caracterizado la
implantación del modelo neoliberal.
Aquí se llegó al extremo impresentable
de destituir al fiscal electoral que investigaba los sobornos de Odebrecht a
Emilio Lozoya Austin que, presumiblemente, fueron a parar a la campaña de Peña
Nieto. Y más: se llegó al punto de presionarlo, sabrá Dios de qué manera, para
que desistiera de su intención de impugnar en el Senado su despido.
Es tal el pánico del peñato –y del
régimen oligárquico en general– de resquebrajarse por efecto de una
investigación mínimamente seria y creíble de la corrupción que lo corroe, que
mantiene acéfalas la fiscalía electoral, la Procuraduría General de la
República y la fiscalía anticorrupción. No vaya a ser que un nombramiento
equivocado dé pie a una pesquisa que jale una de las hebras sucias que
mantienen aglutinado al grupo en el poder.
Lo anterior no significa que Odebrecht
y sus socios locales no hayan intentado hacer en otros países lo que hicieron
en el nuestro: doblar a los fiscales que los investigan. Muchos
procuradores de países estamos siendo presionados y algunos hasta amenazados
por estas investigaciones (las referidas a la corruptora trasnacional
brasileña), dijo ayer el fiscal salvadoreño, Douglas Meléndez, quien asistió a
Panamá a una reunión con sus colegas latinoamericanos para intercambiar
información sobre lavado de dinero, especialmente el que se ha venido
practicando para encubrir los sobornos de Odebrecht. Las investigaciones
son complejas y ciertamente, cuando se investiga a personajes vinculados a la
política, hay más dificultades, reconoció su homólogo peruano, Pablo Sánchez
(https://is.gd/MjNO9O)
En días recientes el Congreso brasileño
–ese mismo cuerpo colegiado que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff por una
acusación insustancial– optó por blindar al jefe de Estado, Michel Temer, de
las investigaciones por sobornos. Se trata de un Legislativo colapsado por la
corrupción, no sólo de firmas privadas sino del propio Ejecutivo: al igual que
ocurre en México, la presidencia de Brasil permite que los legisladores se
sirvan con la cuchara grande del presupuesto con tal de lograr respaldos a
iniciativas y votaciones.
Aquí, como en Brasilia, y de seguro en
otras naciones, se han configurado gobiernos Odebrecht. Tal vez no sea un dato
público pero todo indica que la principal división de esa firma no es la de la
construcción ni la de la petroquímica, sino la fabricación de blindajes.
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