¿Cómo se estructuran los grupos de poder en México? ¿Qué
representa cada uno de los candidatos y partidos en esta contienda electoral?
¿En dónde queda la sociedad en esta lucha por mantener, acrecentar o alcanzar
el poder político y económico?
EL CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS (antes Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios).
Creado en 1962, durante el gobierno de Adolfo López Mateos
(1958-62); es una reacción de los grandes empresarios a lo que percibían como una
excesiva tendencia hacia la izquierda del gobierno (nacionalización de la
industria eléctrica, libros de texto gratuitos, no condena a la Revolución
Cubana; activismo político del cardenismo con el Movimiento de Liberación
Nacional, etc.). Agrupa en la actualidad a los 48 empresarios (hombres y
mujeres)[1]
más poderosos del país controlando el 27% del PIB y ejerciendo una influencia
directa sobre el 47% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores[2].
Sus miembros tienen acceso privilegiado a los gobernantes en los tres órdenes
de gobierno; son los principales impulsores de la globalización y la política
económica neoliberal; y apoyan tanto a gobiernos autoritarios (Díaz Ordaz) como
a los pretendidamente democráticos (Zedillo, Fox, Calderón, Peña), siempre y cuando sus
intereses empresariales estén protegidos y resulten beneficiados con las
políticas públicas imperantes. Su filosofía principal es que el mercado “libre”
debe prevalecer, pero el Estado siempre debe estar dispuesto a apoyar a la
iniciativa privada (inversión en infraestructura, seguridad jurídica, control
sobre organizaciones sindicales, “ley y orden” en el ámbito social, desregulación,
privatización de empresas y sectores públicos de la economía, impuestos
razonablemente bajos para las grandes corporaciones y salvamento de las mismas
con dinero público, en caso de crisis económicas o eventos de fuerza mayor).
Para este grupo lo fundamental es que los gobernantes actúen en favor de sus
intereses, a cambio de que esos gobernantes puedan enriquecerse a través de las
instituciones oficiales, sin interferencia o críticas de parte de los grandes
empresarios.[3]
Esta agrupación consideró que el gobierno de Luis Echeverría
(1970-76) primero, y la segunda parte del de López Portillo (1976-82)
amenazaron gravemente sus intereses, por lo que en el caso del primero hubo una
“guerra” declarada a su política económica e internacional; y en el caso del
segundo, la nacionalización de la banca en 1982, provocó el rompimiento con el
gobierno. En ambos casos las crisis económicas de fin de sexenio fortalecieron
al sector empresarial (en 1975 se crea el Consejo Coordinador Empresarial, como
organismo aglutinador del resto de organizaciones empresariales, tales como la
Coparmex, la Concamin-Canacintra, Concanaco-Servytur, Consejo Nacional Agropecuario,
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Asociación de Bancos de
México), pues consideraron que la política económica del gobierno era contraria
a sus intereses, por lo que se consolidó la visión empresarial de acceder al
poder político; y en ese sentido la alianza con la tecnocracia económica del
gobierno (Banco de México, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía),
fue el factor clave para lograr la captura del poder político, mediante
candidatos surgidos del sector financiero-económico del propio gobierno.
TECNOCRACIA
“Suele definirse a los tecnócratas mexicanos como aquellas
personas con estudios de posgrado (en su mayoría en economía y de universidades
extranjeras), que han hecho la mayor parte de su carrera en el sector financiero
del gobierno…También se identifica a los tecnócratas por su ideología. El papel
que desempeñaron en los regímenes autoritarios burocráticos del Cono
Sur-particularmente el predominio de los Chicago
Boys en Chile durante el régimen de Pinochet….También se suele atribuir a
los tecnócratas cierto estilo intelectual, es decir una forma de entender
problemas y adoptar políticas sustancialmente distinta de la de los políticos…tienden
a favorecer soluciones técnicas para los problemas sociales. Se dice también
que están predispuestos al autoritarismo, que por ende menosprecian a los
políticos y el ‘desorden’ de la política; que su preparación especializada les
da una visión muy estrecha de los problemas, apegada a esquemas teóricos
rígidos…se rigen por criterios económicos y son menos sensibles que los
políticos a los problemas de justicia social y económica…son menos
nacionalistas que los políticos en virtud de que se han educado en el
extranjero…son portadores de ideas extranjeras inadecuadas o inaplicables, que
no entienden la realidad social de México ni sus idiosincrasias, y que su
experiencia limita su contacto e interés por las masas”.[4]
La tecnocracia mexicana, que se ha venido formando en
universidades privadas mexicanas y del extranjero desde mediados de los años 40
del siglo pasado, y que se desarrolló profesionalmente en el sector
financiero-económico del gobierno federal (Banco de México, Secretarías de
Hacienda, Programación y Presupuesto –mientras existió-, Comercio y Fomento
Industrial –mientras existió- y Economía), estuvo comprometida desde mediados
de los años 50 con el denominado “desarrollo estabilizador”, política que
propició una transferencia de recursos del sector primario de la economía al
secundario y terciario; fomentó la industrialización del país (sustitución de
importaciones), a través de un esquema proteccionista, que favoreció el crecimiento
de un sector privado vinculado a un mercado interno cautivo; y una estabilidad
macroeconómica, favorecida por el crecimiento económico internacional de
posguerra y una política social interna consistente (seguro social,
prestaciones sociales, etc.); así como una inversión pública importante, que
llevó el crecimiento económico del país hasta un 6% anual, por más de dos
décadas (hasta 1976), lo que fue considerado como el “milagro mexicano”.
El agotamiento de este esquema, en buena medida por sus
propias limitaciones (sin desarrollo de ciencia y tecnología, no se podía pasar
al siguiente nivel en la sustitución de importaciones y en la
industrialización; fabricación de bienes de capital) y por la crisis del
capitalismo (abandono del patrón oro de Estados Unidos en 1971 y aumento de un
10% en los aranceles a todas sus importaciones), marcaron el fin del “desarrollo
estabilizador”, que fallidamente intentó ser substituido por el “desarrollo
compartido” del gobierno de Echeverría; el cual además, fue saboteado y
combatido por la iniciativa privada y por los Estados Unidos.
El breve período en que la “abundancia petrolera” parecía
marcar una nueva era de auge económico del país, ocultó las deficiencias del
sistema económico mexicano caracterizado por su alta concentración del ingreso
en las capas elevadas, su desigual desarrollo regional y su corrupta e
ineficiente estructura institucional; todo lo cual llevó a un final
enfrentamiento entre las cúpulas política y económica en 1982, que llevó a la
nacionalización de la banca; pero al mismo tiempo, al triunfo de la cúpula del
sector privado, aliado con la tecnocracia, que pugnaban por la prevalencia del
mercado libre, las privatizaciones, la desregulación, etc. en coincidencia con
las políticas liberalizadoras de los gobiernos de Estados Unidos (Reagan) y la
Gran Bretaña (Thatcher). Lo cual se reflejó en la candidatura presidencial de
Miguel de la Madrid; y después de él, en la profundización del modelo
neoliberal con Carlos Salinas, quien subordinó definitivamente al país a la
hegemonía estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN); y posteriormente, Zedillo, Fox y Calderón, intentaron consolidar el
modelo neoliberal con las “reformas estructurales”, incorporándolas a la
Constitución, lo que no pudieron lograr; hasta que en 2012-13, se reconfiguró
el poder político en México, a través de un nuevo pacto entre PRI y PAN (con el
PRD como palero), que ya había funcionado durante el gobierno de Salinas,
mediante el cual se terminó de conformar el proyecto neoliberal con la
aprobación de las “reformas estructurales”, a través del denominado Pacto por
México.
Este proyecto que ya tiene 35 años en el poder, logró las
reformas constitucionales en materia energética, financiera, de
telecomunicaciones, laboral y en el ámbito de la procuración de justicia,
asegurando con ello la permanencia del mismo, ante posibles cambios en el Poder
Ejecutivo Federal, pues se requieren las dos terceras partes del Congreso
(Diputados y Senadores) y la mayoría de las legislaturas estatales para
revertirlas; lo que en el escenario político mexicano actual, parece muy poco
probable lograr.
Un pilar clave del proyecto ha sido la vinculación de la
economía mexicana con la de Estados Unidos, a través del TLCAN, desde 1994;
algo que los oligarcas y los tecnócratas daban como un dato inamovible, pero que ahora
está en riesgo ante el cambio de prioridades en una parte de la élite política
estadounidense (encabezada por el presidente Trump); por lo que el eje de poder
oligarcas-tecnócratas se encuentra ante la disyuntiva de tener que abandonar
uno de los instrumentos principales que le da vida al proyecto, como lo es el
TLCAN; o aceptar las exigencias del gobierno de Estados Unidos para sostener el
acuerdo (eliminar el déficit comercial de Estados Unidos; eliminar las ventajas
comparativas de México, como los bajos salarios y nulas regulaciones; someter
las disputas comerciales a la justicia estadounidense y no a paneles comerciales
tripartitos), lo que vulneraría una de las principales fuentes de
enriquecimiento y de poder, tanto del eje oligarcas-tecnócratas, como de sus
aliados de las corporaciones trasnacionales.
Por ello, ante el cambio del paradigma, en caso de que se
vean obligados a salir del TLCAN, es más imperativo que nunca mantener el
control del gobierno federal, para evitar que políticas públicas alternativas,
comiencen a minar el proyecto neoliberal.
En este sentido, para los grupos de poder representados en el
eje oligarcas-tecnócratas, sería inaceptable un presidente y una mayoría en el
congreso que no defienda y consolide el proyecto neoliberal, representado en
las “reformas estructurales”.
Así, la opción es un miembro de la tecnocracia o incluso de
los propios oligarcas (Claudio González); educado y formado dentro de estos grupos
de poder, del que no haya duda alguna que seguirá aplicando las mismas
políticas. Y en ese sentido, dentro del actual gobierno, sólo dos cumplen con
esos requisitos: José Antonio Meade Kuribreña y Aurelio Nuño Meyer.
Estos dos funcionarios públicos representan a los oligarcas y
tecnócratas, y a la alianza de estos con el sector financiero y con las
corporaciones trasnacionales de Estados Unidos. No representan, ni de lejos, a
los sectores nacionales que conforman al PRI (o lo que queda de ellos), ni mucho
menos a los grupos regionales que mediante la corrupción, el clientelismo
político y la asociación con el crimen organizado, se han enriquecido y
sostenido en el poder en distintas entidades (Estado de México, Veracruz,
Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo; sólo por poner algunos ejemplos).
Por ello, estos dos individuos son la opción A, de estos dos
grupos de poder. En subsiguientes entregas, analizaremos a los otros grupos de
poder que quieren insertarse en la lucha sucesoria hacia el 2018.
[1]
Hay muchas listas sobre la membresía. Aquí incluimos ésta: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/consejo-mexicano-de-negocios-se-fortalece.html
[3] “La
red social es como un cinturón de transmisión bidireccional; asimila el costo
político-económico de la depredación en la actividad económica a cambio de
asegurar la protección privada para quienes colaboran en la depredación. La
protección privada depende del uso de las redes informales para permitir a los
actores en la red tomar represalias en forma colectiva contra la depredación, a
fin de proteger los derechos de su propiedad privada. En teoría al menos, el
crecimiento económico no es necesariamente un bien público en la medida en que
beneficia de manera selectiva a un grupo privado limitado, frente al bien
común. Los intereses abarcativos se distribuyen a través de la red social y
esencialmente se negocia un beneficio selectivo para la legitimación quid pro quo.” Ibidem. P.11
[4]
Lindau, D. Juan; Los tecnócratas y la
élite gobernante mexicana; ciudad de México; Joaquín Mortiz; 1993; pp.153;
p.10-12.
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