¿Por qué está detenido el nombramiento del fiscal
anticorrupción y por qué no funciona el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Por
qué no se pueden reformar los transitorios de la Constitución para nombrar a un
Fiscal General realmente independiente? ¿Por qué Peña se queja públicamente de
que en México todo lo culpan a la corrupción, sean socavones “que pasan en todo
el mundo” o derrumbes de edificios por terremotos? ¿Por qué Peña se quejó hace
meses ante los oligarcas del Consejo Mexicano de Negocios sobre las
investigaciones sobre corrupción en su gobierno, realizadas por organizaciones
civiles, financiadas por ellos? ¿Por qué no se ha acusado formalmente al ex
director de Pemex, Emilio Lozoya, de los sobornos que la empresa brasileña
Odebrecht le pagó? ¿Por qué renuncia el procurador general de la República
(PGR), Raúl Cervantes, supuestamente muy cercano a Peña, antes de dar a conocer
los resultados de dicha investigación, aunque afirma que la misma ya está
concluida? ¿Por qué el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán,
destituye al fiscal especial de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto
Castillo, quien denunció presiones de Lozoya Austin para no investigarlo;
aduciendo que Nieto transgredió el “código de conducta” de la PGR? ¿Por qué no
se ha ido a fondo en la investigación de la denominada “Estafa Maestra”
mediante la cual varias secretarías, señaladamente la de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) que encabeza la “consentida” de Peña, Rosario
Robles, desviaron 3000 millones de pesos a empresas “fantasma”, utilizando a
varias universidades públicas de provincia como “tapaderas”; principalmente a
la del Estado de México, controlada por el “Grupo Atlacomulco” del que forma
parte Peña?
El punto clave en todo esto es que el gobierno de Peña Nieto ha
sido uno de los más corruptos en los últimos 50 años (y eso es de tomarse en
cuenta, ya que el de Calderón había roto todos los récords); y llega al final
de su mandato con la intención de apropiarse todavía más recursos del erario
público; pero lo hace en un ambiente político crispado, en donde el sistema
económico neoliberal está ante una de sus prueba más duras, en vista de la
próxima terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
por parte del gobierno de Donald Trump; crece una opción político-electoral
crítica de ese sistema económico, como Morena; la subclase política corrupta
está dividida en dos bandos (PRI y Frente opositor), en la lucha por la sucesión
presidencial; y el país enfrenta la rabia ciudadana por la permanencia de la
violencia, inseguridad, impunidad, pobreza y desigualdad en el país, con una
corrupción desatada, y en medio de una emergencia mayor, provocada por los
sismos y los huracanes; todo lo cual ha abierto las compuertas de las denuncias,
acusaciones y ataques de opositores y miembros del propio sistema, permitiendo
que se sepan los deleznables actos de corrupción de este gobierno.
Por ello, a Peña y su grupo ya no les importa utilizar
abiertamente todos los medios a su disposición para defender sus fortunas mal
habidas; y conservar el poder en las elecciones del próximo año, utilizando
todos los medios ilegales a su disposición[1].
De ahí que seguramente el ex procurador Cervantes, presionado
por la corruptísima titular de SEDATU, Rosario Robles, para que no siguiera
investigando a su Oficial Mayor, Emilio Zebadúa[2],
por el desvío de 1500 millones de pesos hacia las empresas “fantasma”, a través
de las universidades públicas; y por el propio Peña para que no siguiera
hurgando en la participación de su ex coordinador de asuntos internacionales
durante su campaña presidencial, Emilio Lozoya, en el asunto Odebrecht[3];
prefirió dejar la procuraduría, ya que continuar con ambos casos implicaría
enfrentar la ira del poderoso grupo “Atlacomulco” y del presidente Peña; y no
hacerlo, lo evidenciaría como parte del encubrimiento de la monumental
corrupción de este sexenio. Así también, es muy factible que Peña le haya
exigido que despidiera al fiscal Nieto Castillo, pues ponía en riesgo al grupo
de corruptos que encabeza Peña, a lo que muy probablemente Cervantes se negó;
por lo que mejor renunció a su cargo; aduciendo que lo hacía para evitar que se
le señalara como un obstáculo para reformar la Constitución y nombrar a un
fiscal realmente independiente.
Así también, como se sabe, dos periodistas que ni siquiera
son realmente críticos del sistema imperante, pero que se convirtieron en una
molestia para Peña y para el PRI, María Amparo Casar y Ricardo Raphael, fueron
despedidos de una “tertulia política” radiofónica, que dirigía Leonardo Curzio,
por expresar críticas a la propuesta del PRI para renunciar al financiamiento
público a los partidos, y dejar sólo el privado; lo que motivó que el propio
Curzio, en solidaridad, también renunciara al programa que dirigió por 18 años.
En suma, Peña y el “Grupo Atlacomulco” están dispuestos a
enfrentar a cualquier grupo económico, a cualquier fiscal, periodista u
organización ciudadana, con todos los medios a su disposición, para evitar ser
investigados (ya no digamos castigados, pues los niveles de impunidad en México
llegan al 98%) sobre su demencial corrupción; y para mantener el poder en las
elecciones generales del próximo año, sin importar los costos sociales,
políticos y económicos que le ocasionaran al país.
[1]
El Instituto Nacional Electoral ha criticado la decisión del Tribunal Electoral
(controlado por Peña), de que se valide el exceso de gastos de campaña del
candidato priísta a la gubernatura de Coahuila, Miguel Angel Riquelme, con lo
que accederá a esa gubernatura, habiendo violado flagrantemente la ley.
[2]
El periodista Salvador García Soto de El Universal, que recibe información de
la Secretaría de Gobernación (continuamente expresa en su columna el malestar
del secretario Osorio Chong con distintas políticas y con varios colaboradores
de Peña); dio a conocer que Robles le habló por teléfono a Cervantes para
reclamarle que estuviera investigando a “gente de su confianza” y a gritos le
exigió que detuviera dicha investigación.
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