RAZONES DEL FRACASO DEL ESTADO
MEXICANO EN EL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO
Desde hace
40 años el crecimiento de la violencia, la inseguridad y la impunidad en
México, atribuidas al incremento del crimen organizado, la delincuencia común, la
violencia intrafamiliar, la desigualdad económica y la descomposición social,
ha evidenciado una falta de efectividad por parte del Estado Mexicano para
reducir los índices en todos esos rubros; lo que ha provocado que la sociedad
mexicana pierda casi por completo la confianza en sus autoridades, para hacer
frente al problema más complejo y agudo de las últimas décadas.
Ha habido
gran cantidad de análisis que pretenden explicar no sólo el crecimiento de la
inseguridad, la violencia y la impunidad, sino de la incapacidad del Estado
Mexicano para controlarlas y disminuirlas.
Trataremos
de presentar aquí algunas de estas explicaciones, así como las razones por las
cuales los muchos intentos del Estado Mexicano por abordar este serio problema
han fracasado una y otra vez.
Podríamos
agrupar estos análisis en dos grupos. Uno que tiene que ver con la estructura
económica y social del país y su inserción en la sociedad internacional; y otro
grupo que tiene que ver con la estructura política y legal del país.
DESIGUALDAD
ECONÓMICA y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
Uno de los
análisis recurrentes a lo largo de los años lleva a decir que la delincuencia
común, la inseguridad, la violencia y hasta la conformación del crimen
organizado tienen su origen en una estructura económica y social injusta, que
provoca la concentración del ingreso y la riqueza en una minoría, mientras que
las mayorías sufren de pobreza y marginación.
Dichas
condiciones provocan que una parte relevante de la población que no puede
generar los recursos suficientes para su manutención se vea obligada a
delinquir (delincuencia común) y/o a unirse a las filas del crimen organizado,
para así poder sacar adelante a sus familias.
Esta es la
principal explicación que los partidos políticos y organizaciones sociales de
izquierda han defendido a lo largo de los años, culpando así al sistema
capitalista y a los gobiernos que impulsan y defienden dicho sistema, como los
verdaderos responsables de la crisis permanente de inseguridad que vive el
país.
En este
sentido, el gobierno actual se adscribe por completo a esta hipótesis, por lo
que su “estrategia” de seguridad va dirigida a combatir las “causas” de la
inseguridad y la violencia, esto es la desigualdad económica y social; por lo
que revirtiendo las condiciones de explotación del pueblo, y la acumulación de
la riqueza en pocas manos, se podrá revertir también la causa principal que
provoca la inseguridad y la violencia en el país.
LA
GLOBALIZACIÓN COMO FUENTE PRINCIPAL DE LA INSEGURIDAD
Otra
explicación muy socorrida, tanto por grupos que defienden el nacionalismo, como
también por organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, es que
los procesos de globalización económica, tecnológica, de comunicaciones, etc.
han propiciado también una globalización de la criminalidad, ya que han abierto
las fronteras para que las organizaciones criminales amplíen su ámbito
geográfico para operar; así como nuevas oportunidades para delinquir, con los
avances en comunicaciones, tecnologías de la información, movilidad,
transportes, etc.
Así, el
Estado Nacional ha quedado rebasado en sus capacidades ante los avances científicos
y tecnológicos, y la expansión de todo tipo de intercambios económicos y
sociales, que las organizaciones criminales y hasta los criminales comunes
aprovechan mucho mejor y de manera más rápida que los Estados; lo que obligaría
a estos a poner un freno al fenómeno globalizador, para poder hacer frente con
mejores recursos los retos de la globalización criminal: y/o invertir muchos
recursos económicos para estar siempre al día y mejor aún, a la vanguardia en
materia tecnológica, así como con un marco jurídico internacional que no sólo
permita, sino que obligue a una cooperación mundial que permita combatir y
disminuir la criminalidad.
INADECUACIÓN
DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Los
abogados, funcionarios, políticos y las burocracias tienden a centrar su
explicación en que la falta de una estructura institucional adecuada, junto con
un marco legal uniforme en todo el país y pertinente a las circunstancias
locales y nacionales actuales, es lo que ha permitido un crecimiento
exponencial de la violencia y de la inseguridad; pero sobre todo de la
impunidad.
Esta
explicación apunta entonces hacia un rediseño estructural de las instituciones
policiales, de administración e impartición de justicia, así como del sistema
penitenciario; todo ello dentro de un marco legal actualizado que dé las
herramientas jurídicas necesarias para el combate al crimen; y a las
autoridades para hacer frente a los nuevos retos que plantea un incremento de
las capacidades y sofisticación de las organizaciones criminales.
Más presupuesto,
instituciones fuertes; policías, ministerios públicos, peritos y jueces, bien
pagados y capacitados; controles de confianza y lo más avanzado de la
tecnología para combatir el crimen; todo ello con un marco legal que les
permita a las autoridades actuar sin tantas restricciones contra los
criminales, son, para este segmento del Estado Mexicano, los medios que
permitirían combatir efectivamente y reducir significativamente el crimen y la
violencia en el país.
LA
DESOMPOSICIÓN DEL ESTADO POST REVOLUCIONARIO Y SU TRANSICIÓN HACIA UN ESTADO
MODERNO
Una
explicación que también se ha manifestado entre politólogos y distintos
estudiosos del sistema político mexicano, es que el agotamiento del sistema
político surgido de la Revolución (partido hegemónico, sectores sociales
englobados en el mismo, Presidente todo poderoso, “tapadismo”, renovación de
élites políticas cada 6 años, etc.); y su correlato, con el agotamiento del
“desarrollo estabilizador” en materia económica, provocaron entre fines de los
años sesenta y principios de los años ochenta del siglo pasado, la erosión de
las instituciones y las prácticas que dieron estabilidad al sistema político y
a la sociedad; junto con un crecimiento económico robusto.
Todo ello
daba un marco suficiente para controlar cualquier reto del crimen organizado o
la delincuencia común, que de hecho quedaban englobados como parte del sistema,
ya que éste los regulaba y controlaba, para evitar que pusieran en peligro la
estabilidad política y social y el crecimiento económico.
Al
erosionarse ese sistema que se conformó y robusteció durante 40 años, los
controles que permitían mantener a la criminalidad dentro de límites “aceptables”,
fueron desapareciendo y eso permitió que el crimen organizado, la delincuencia
común, la violencia y la inseguridad crecieran continuamente.
Como podemos
apreciar, todas estas explicaciones tienen su parte de verdad, pero por sí
solas no son la razón única o principal del crecimiento incontrolado de la
criminalidad, la violencia y la impunidad en el país; y de la debilidad e
incompetencia del Estado Mexicano para evitarlo.
ESTADO
FRACTURADO
Desde mi
punto de vista, si bien la criminalidad, la violencia y la impunidad en México
tienen una explicación multifactorial, dentro de la cual caben los análisis que
se han desarrollado dentro de los dos grupos que consideramos, y que hemos
subdividido a su vez, en dos vertientes explicativas para cada uno; otros dos
factores han jugado un papel primordial tanto en el crecimiento casi
incontrolado de las actividades criminales, como en la incapacidad del Estado
para contenerlas y hacer que retrocedan.
Hay una
fractura en el Estado Mexicano que no ha podido ser superada a lo largo de la
vida independiente del país, y que se ha exacerbado en las últimas décadas.
Esta
fractura no es precisamente la que se manifiesta entre clases altas y medias
por un lado, y las clases bajas por otro, según la narrativa que ha venido
desarrollando la izquierda a lo largo de muchos años, y especialmente el actual
gobierno.
La fractura
radica principalmente en que las élites políticas y económicas del país no han
podido, ni querido acordar, establecer y desarrollar un proyecto nacional que
tenga el consenso de dichas élites y de la gran mayoría de la población.
Esto no
quiere decir de ninguna manera que forzosamente tiene que haber un solo
proyecto nacional para siempre, dado que a lo largo de la historia de un país
las condiciones nacionales e internacionales cambian; surgen y caen distintos
grupos políticos y económicos y por lo general siempre existe una lucha por el
poder, que puede o no ser pacífica, dependiendo de las circunstancias.
Pero en el
caso mexicano, y yo diría de muchos países latinoamericanos, nunca hubo un
amplio consenso sobre la forma, los tiempos, el rumbo, que el país debía tomar
para alcanzar estándares más altos de desarrollo económico, político y social.
Las disputas
entre monárquicos y republicanos, centralistas y federalistas, liberales y
conservadores, derechistas e izquierdistas, nacionalistas y globalistas, etc.
no han acabado de conformar un proyecto nacional que esté consensuado entre las
élites, y por lo mismo, que pueda ser socializado entre las masas, que vean
reflejado en él la posibilidad de trascender hacia mejores niveles de vida y
hacia una comunidad nacional, en la cual todos los sectores sociales y regiones
del país estén considerados y formen parte activa de dicho proyecto conjunto.
El clasismo,
las lealtades a potencias extranjeras, el regionalismo, la adhesión a
ideologías provenientes de países hegemónicos, la prevalencia de intereses
grupales, locales, étnicos, sobre los de la nación en su conjunto, han
derrotado una y otra vez los intentos por construir un proyecto que englobe a
todos ellos y que pueda impulsar al país hacia niveles de vida, seguridad y
desarrollo más elevados.
Así, fue
hasta que Benito Juárez y los liberales se afianzaron en el poder, después de
la Guerra de Reforma y la salida de los ejércitos de Napoleón III del país,
cuando por primera vez México parecía tener un proyecto nacional que concitaría
el apoyo de la gran mayoría de regiones, grupos sociales y políticos.
Pero la
“modernización” juarista, que después devino en el porfirismo, acabó por
consolidar el poder de una clase urbana vinculada a los centros de poder en Estados
Unidos y Europa, dejando en la miseria y en el abandono a la gran mayoría de
los mexicanos.
Después, la
Revolución pareció corregir los errores del liberalismo triunfante del siglo
XIX (que devino en conservadurismo), para englobar en un proyecto de nación
incluyente y desarrollista a la mayoría de la población.
Durante
medio siglo el proyecto revolucionario pudo integrar en mayor medida la
modernidad que requería al país su inserción en el capitalismo internacional y su
contigüidad geográfica con Estados Unidos, con cierto desarrollo social e
integración de masas rurales y urbanas antes excluidas.
Pero el
modelo se agotó en sus propias contradicciones y dio lugar al neoliberalismo de
las últimas tres décadas y media, que nuevamente privilegió la inserción
subordinada de México en el gran esquema de los cambios y transformaciones de
la globalidad capitalista, con lo que otra vez desapareció la oportunidad de
construir puentes y conexiones entre los distintos Méxicos (rural y
urbano; tradicional y moderno; nacionalista y globalista, etc.).
Esta
fractura permanente en las élites, que no ha terminado por generar consensos
básicos sobre la existencia, permanencia y desarrollo del Estado Mexicano, ha
provocado que los grandes problemas nacionales sean abordados desde posiciones
irreconciliables o peor aún, sean usados y/o administrados de forma tal que
favorezcan los intereses de grupos y sectores de dichas élites, en su lucha por
conservar la mayor cuota de poder y privilegios posibles, en contra de las
élites que les disputan la hegemonía.
De ahí que
la criminalidad se ha ido convirtiendo en un instrumento más de poder de las
élites, que lo utilizan para conquistar o retener el poder político,
enriquecerse y enfrentar a las otras élites que les disputan el poder.
La violencia
y la impunidad son instrumentos que permiten, la primera, intimidar y derrotar
a los adversarios; la segunda, el no castigo por la permanente violación a la
ley.
En medio de
dichas disputas queda la sociedad, que o se suma a las distintas coaliciones de
poder local, regional y/o nacional, fortaleciendo así la estructura político-económico-criminal
que prevalece; o no lo hace y es víctima de las luchas por el poder, dentro de
las cuales las actividades criminales son consideradas como una parte
fundamental.
Esta es la
única explicación que nos permite visualizar las razones por las que el Estado
Mexicano no ha podido disminuir la violencia, la inseguridad y la impunidad.
Las
actividades criminales son parte fundamental del entramado de poder, sin
distingo de ideologías, partidos políticos o clases sociales, pues como se ha
podido constatar por décadas, los principales grupos criminales se localizan
tanto en regiones y estados desarrollados, como en las subdesarrolladas e
indefectiblemente están vinculados con grupos de poder político y económico, ya
sea de manera subordinada, equivalente o incluso por encima de ellos.
De esta forma,
el Estado no está combatiendo a un ente separado de él, sino que forma parte del
sistema de relaciones de poder, sociales y económicas de la sociedad, y que
indistintamente de gobiernos, ideologías y partidos políticos es un socio en la
extracción de recursos (de manera ilegal) de la sociedad y como copartícipe en
el ejercicio del poder político de diversas maneras.
Así, es
imposible que cualquier “estrategia” o política pública para disminuir y
controlar la criminalidad, la violencia y la impunidad, funcione.
ESTADOS
UNIDOS
El otro
factor determinante que impide que el Estado Mexicano pueda combatir
efectivamente la criminalidad es la vecindad geográfica con el mercado más
grande del mundo, para todo tipo de servicios y productos, legales e ilegales.
Es imposible
que la atracción que un mercado tan amplio (en materia de capacidad económica)
no genere la oferta necesaria para satisfacer la demanda que surge del mismo.
Y por
supuesto, México resulta el principal proveedor de muchos de esos productos y
servicios, por un lado, por la contigüidad geográfica; y por otro, por la gran
diferencia entre la capacidad adquisitiva de la población en ambos países.
El hecho de
que en Estados Unidos se gane en promedio 20 veces más que en México provoca un
efecto poderosísimo de atracción para la emigración de mexicanos hacia ese
país, para la venta de todo tipo de productos y de servicios que se demandan,
como las drogas; y por supuesto, es una gran fuente de recursos económicos para
los grupos criminales que pueden colocar sus “mercancías” con una ganancia muy
superior en dicho país, en comparación con la que obtienen en México.
Así, el
mercado estadounidense ha sido un motor fundamental para el crecimiento de las
actividades criminales en México, y con ello para que una gran cantidad de
dinero entre al país corrompiendo autoridades de todo nivel, que como ya hemos
explicado en el rubro anterior, utilizan a las actividades criminales como parte
integral de su acervo de poder, ya sea para conservarlo, incrementarlo y/o para
enfrentarse con otros grupos rivales.
Aunado a los
anterior, Estados Unidos también sirve de proveedor de armamento para los
diferentes grupos criminales en México, dificultando así, todavía más, cualquier
posible estrategia o política pública para disminuir la criminalidad y la
violencia.
Y si a lo anterior
agregamos que los gobiernos de Estados Unidos, sin distingo de partido político
que esté en el poder, utilizan a México como “chivo expiatorio” de sus propios
problemas para controlar en su país las actividades criminales, con lo cual
presionan continuamente a los gobiernos mexicanos para que combatan, como si
fuera una guerra, a los grupos criminales, planteando las prioridades
estadounidenses (descabezamiento de las organizaciones, enfrentamiento directo
con las organizaciones criminales, extradiciones, etc.) por sobre las
mexicanas, con lo que siempre se termina haciendo lo que las agencias de
Estados Unidos demandan (sin importar que los gobiernos mexicanos sean de
derecha o izquierda).
De esta
forma, con un crimen organizado imbricado en el Estado Mexicano como actor fundamental
en las luchas de poder internas de las élites mexicanas; y la vecindad con el
mercado más grande del mundo que demanda todo tipo de mercancías y servicios
ilegales - además de las constantes presiones del gobierno estadounidense para
realizar las políticas públicas que les conviene a ellos para fortalecer su
narrativa interna de que los problemas siempre vienen “de afuera”- va a
resultar imposible que el Estado Mexicano logre algún avance significativo
contra la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país, en el corto,
mediano o largo plazos.
