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martes, 31 de agosto de 2021

 Afghanistan: A Tragically Stupid War Comes to a Tragic End

by Ron Paul Posted on August 30, 2021

https://original.antiwar.com/paul/2021/08/30/afghanistan-a-tragically-stupid-war-comes-to-a-tragic-end/

Sunday’s news reports that the Biden Administration mistakenly killed nine members of one Afghan family, including six children, in “retaliation” for last week’s suicide attack which killed 13 US service members, is a sad and sick epitaph on the 20 year Afghanistan war.

Promising to “get tough” on ISIS, which suddenly re-emerged to take responsibility for the suicide attack, the most expensive military and intelligence apparatus on earth appears to have gotten it wrong. Again.

Interventionists love to pretend they care about girls and women in Afghanistan, but it is, in reality, a desperate attempt to continue the 20-year US occupation. If we leave, they say, girls and women will be discriminated against by the Taliban.

It’s hard to imagine discrimination worse than being incinerated by a drone strike, but these “collateral damage” attacks over the past 20 years have killed scores of civilians. Just like on Sunday.

That’s the worst part of this whole terrible war: day-after-day for twenty years civilians were killed because of the “noble” effort to remake Afghanistan in the image of the United States. But the media and the warmongers who call the shots in government – and the “private” military-industrial sector – could not have cared less. Who recalls a single report on how many civilians were just “collateral damage” in the futile US war?

Sadly these children killed on Sunday, two of them reportedly just two years old, have been the ones forced to pay the price for a failed and bloody US foreign policy.

Yes, the whole exit from Afghanistan has been a debacle. Biden, but especially his military planners and incompetent advisors deserve much of what has been piled onto him this past week or so about this incompetence.

Maybe if Biden’s Secretary of Defense and Joint Chiefs’ Chairman had spent a bit more time planning the Afghan exit and a lot less time obsessing on how to turn the US military into a laboratory for cultural Marxism, we might have actually had a workable plan.

We know that actual experts like Col. Douglas Macgregor did have a plan to get out that would have spared innocent lives. But because this decorated US Army veteran was “tainted” by his service in the previous administration – service that was solely focused on how to get out of Afghanistan safely – he would not be consulted by the Pentagon’s “woke” top military brass.

Trump also should share some of the blame currently being showered on Biden. He wanted to get out years ago, but never had the courage to stand up to the also incompetent generals and “experts” he foolishly hired to advise him.

Similarly, many conservatives (especially neoconservatives) are desperate to attack Biden not for how he got out of Afghanistan, but for the fact that he is getting us out of Afghanistan.

That tells you all you need to know about how profitable war is to the warmongers.

I’ve always said, “We just marched in, we can just march out,” and I stand by that view. Yes, you can “just march out” of these idiotic interventions…but you do need a map!

Reprinted from The Ron Paul Institute for Peace & Prosperity.

lunes, 30 de agosto de 2021

 Adónde está el orgullo, adónde está el coraje

Es una vergüenza que nunca habíamos sufrido: la política migratoria del país no la decide el presidente de México, sino unos ministros de la Suprema Corte de EU.

Pablo Hiriart

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/2021/08/30/adonde-esta-el-orgullo-adonde-esta-el-coraje/

agosto 30, 2021

MIAMI, Florida.- La noticia pasó casi desapercibida: la Suprema Corte de Estados Unidos negó a Biden la suspensión del protocolo ‘Quédate en México’, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional deberá obligar a los solicitantes de asilo a esperar su cita en suelo mexicano.

¿Perdón? ¿Sobre qué país está resolviendo la Corte de Estados Unidos? ¿Sobre el suyo, donde tiene competencia?

No, sobre el nuestro. Sobre México.

¿Y por qué lo hace?

Porque el gobierno mexicano se lo permite. Y acata.

Es una vergüenza que nunca habíamos sufrido: la política migratoria del país no la decide el Presidente de México, sino unos ministros en Washington.

La Suprema Corte de Estados Unidos ordenó que salvadoreños, hondureños, mauritanos, somalíes, etcétera, que soliciten asilo en Estados Unidos, deben esperar en un país llamado México.

Y el encargado de hacer cumplir esa orden, de que los extranjeros que quieren asilarse en Estados Unidos esperen en México, es el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

¿Se entiende la dimensión del ninguneo a nuestro país?

Dictan en Washington lo que debe hacer el gobierno de México con los extranjeros.

El presidente López Obrador, en lugar de darse a respetar, comentó que “nosotros nos hemos propuesto ayudar a Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo en el tema migratorio”, y mantuvo la disposición “para que envíen a sus solicitantes de asilo para que esperen en México la conclusión a sus procesos en cortes federales (La Jornada, viernes 27)”.

La única respuesta aceptable al mandato de la Corte de EU era un rechazo categórico, al más alto nivel. Ahí no hay nada que negociar.

Cooperación, desde luego. Patio trasero para que esperen, no.

Ayudar, claro que sí, con esfuerzos compartidos. Pero hacerlo por indicación de la Suprema Corte en Washington, es una indignidad que no habíamos vivido.

Un no del Presidente de México habría clarificado las cosas. Incluso, con ese rechazo, Joe Biden podía decirle a la Corte de su país que no podría cumplir su instrucción porque México, país soberano, no lo aceptaba.

El origen del problema está en que López Obrador ya le concedió ese derecho al entonces presidente Donald Trump, en enero de 2019.

A partir de ahí, en Washington le tomaron la medida. Sin consultarle, la Corte de Estados Unidos decide lo que debe hacer el gobierno de la 4T.

Jamás habíamos visto que en otro país se decidiera de forma tan ostensible sobre un tema de competencia soberana del gobierno mexicano.

Sin siquiera esperar a que nos lo pidan y negociar, con la sola resolución de la Corte de Estados Unidos, va el sí, con mucho gusto.

Quienes hoy gobiernan México antes criticaban que el país obtenía créditos del Fondo Monetario a cambio, decían, de compromisos ocultos con esos organismos internacionales.

Ahora resulta que, con ellos en el poder, la Corte Suprema de Estados Unidos indica a quiénes debe recibir México en su territorio.

Lo aceptó el presidente López Obrador una vez, hace dos años y medio. Y con eso le perdieron el respeto. Ni siquiera le consultan.

Aquí han permanecido 71 mil extranjeros que quieren asilo en Estados Unidos, no en México.

El presidente Biden se dio cuenta del agravio y al inicio de su gobierno desechó ese protocolo, conocido como ‘Quédate en México’. Estados Unidos recibió a 13 mil solicitantes y ahí, como debe ser, se tramitaba su calidad migratoria.

Pero eso se acabó el miércoles de la semana anterior, cuando la Corte de EU resolvió que los extranjeros debían esperar en México.

Ahí están, y seguirán llegando, miles de ciudadanos haitianos, ecuatorianos y guatemaltecos que se hacinan en campamentos insalubres en un país en el cual no quieren estar, y permanecen en México por una decisión de la Suprema Corte de… Estados Unidos.

El trato que reciben en el México de la 4T es inhumano: “No tienen acceso a elementos de primera necesidad y se sabe que son perseguidos por el crimen organizado y, en ocasiones, por agentes de aplicación de la ley mexicanos que los someten a secuestros, violación sexual, agresiones, extorsión y otros abusos” (Human Rights Watch, 27 de agosto).

La Guardia Nacional recibe a garrotazos a los migrantes que esperan en México. Y esperan aquí por decisión de la Corte en Washington.

Inconcebible, pues, que un gobierno conceda tal autoridad al Poder Judicial de una nación extranjera.

Dos preguntas finales:

¿El Presidente que admite ese ninguneo a su patria, es el mismo que llama “lacayos” a miembros y directivos de la OEA?

¿El Presidente que permite eso, es el mismo que quiere juzgar a sus antecesores por “traición a la patria”?

domingo, 29 de agosto de 2021

 En México, la mayor cifra de desaparecidos de AL, dice Cruz Roja

Alonso Urrutia y Jessica Xantomila 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/29/politica/en-mexico-la-mayor-cifra-de-desaparecidos-de-al-dice-cruz-roja/

Ciudad de México. La desaparición de personas se extiende en varios países de América Latina, pero es en México donde el fenómeno tiene mayor “dinamismo” derivado de la violencia que no cesa. Así, el país “enfrenta un reto especial porque seguimos en una situación en la que cada día desaparecen personas y eso confronta a los mecanismos de búsqueda”, sostiene Marlene Herbig, responsable del Programa de Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); 2019 fue el año con mayor registro de desapariciones en el territorio nacional.

Con despliegue en 60 países, el programa del CICR trabaja en la región latinoamericana en Perú, Colombia y Centroamérica, donde en muchos casos se enfoca a periodos acotados, generalmente asociados a conflictos internos. En México se busca a personas que lo mismo desaparecieron en la guerra sucia (década de los 70 del siglo pasado) hasta a víctimas recientes de ese flagelo. Se cuenta con “un marco jurídico muy sólido, acorde con casi todos los estándares internacionales –en materia de desaparición y búsqueda– pero el desafío radica en su instrumentación”, acota Herbig.

Este lunes se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Bajo la prioridad de atención a las repercusiones humanitarias de la desaparición de personas, en los últimos años el personal adscrito al programa en México ha crecido y en la actualidad tiene presencia activa en seis entidades: Baja California, Coahuila, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Guerrero, y despliega actividades puntuales en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Chiapas.

La incidencia de casos no es el único factor para definir la presencia del CICR de forma permanente. También se encuentra la identificación de entidades donde los estragos humanitarios de este fenómeno son mayores: consecuencias sociales, económicas y un mayor rezago en identificación de cuerpos. Siempre bajo una actuación discreta y confidencial en su relación bilateral con las instancias del Estado mexicano, apunta la funcionaria del CICR.

Las repercusiones en una familia ante la desaparición de uno de sus miembros son múltiples, “no sólo es atender sus demandas imperiosas, la búsqueda y la justicia. Implica además efectos económicos, si era el sostén de la casa; jurídicas, de estigmatización social, la eventual identificación del cuerpo y el impacto sicológico de la pérdida. En muchos casos, el miedo ha detenido o dilatado las acciones de búsqueda e incluso evitado su participación en colectivos para no hacerse visibles”, indica Herbig.

Con base en reportes gubernamentales que arrojan 91 mil desaparecidos, “si comparamos las cifras oficiales que existen de los países de la región, podemos ver que México tiene un reto significativo. Las cifras oficiales de México son de las más grandes de la región”.

Para el CICR, uno de los aspectos que hacen más complejo atender esta situación es la disparidad en la capacidad de respuesta oficial. “El reto es mayúsculo y se requiere que se involucren todas las instancias de gobierno, o muchas autoridades. Así lo marca el Sistema Nacional de Búsqueda, que involucra no sólo a comisiones, sino también a fiscalías, corporaciones de seguridad y otras instancias que podrían brindar información útil sobre el paradero de las personas”.

En México, el CICR enfoca su colaboración en cuatro ejes: el acompañamiento a las familias (preferentemente a través de los colectivos de búsqueda) para canalizar las demandas de localización; asesoría legal para adecuación del marco jurídico, con participación en la ley; atención a las necesidades sociales de las víctimas y el apoyo en la identificación forense.

 

sábado, 28 de agosto de 2021

 Who profits from the Kabul suicide bombing?

August 27, 2021

https://thesaker.is/who-profits-from-the-kabul-suicide-bombing/

SIS-Khorasan aims to prove to Afghans and to the outside world that the Taliban cannot secure the capital

By Pepe Escobar posted with permission and first posted at Asia Times

The horrific Kabul suicide bombing introduces an extra vector in an already incandescent situation: It aims to prove, to Afghans and to the outside world, that the nascent Islamic Emirate of Afghanistan is incapable of securing the capital.

As it stands, at least 103 people – 90 Afghans (including at least 28 Taliban) and 13 American servicemen – were killed and at least 1,300 injured, according to the Afghan Health Ministry.

Responsibility for the bombing came via a statement on the Telegram channel of Amaq Media, the official Islamic State (ISIS) news agency. This means it came from centralized ISIS command, even as the perpetrators were members of ISIS-Khorasan or ISIS-K.

Presuming to inherit the historical and cultural weight of ancient Central Asian lands that from the time of imperial Persia stretched all the way to the western Himalayas, that spin-off defiles the name of Khorasan.

The suicide bomber who carried out “the martyrdom operation near Kabul airport” was identified as one Abdul Rahman al-Logari. That would suggest he’s an Afghan, from nearby Logar province. And that would also suggest that the bombing may have been organized by an ISIS-Khorasan sleeper cell. Sophisticated electronic analysis of their communications would be able to prove it – tools that the Taliban don’t have.

The way social-media-savvy ISIS chose to spin the carnage deserves careful scrutiny. The statement on Amaq Media blasts the Taliban for being “in a partnership” with the US military in the evacuation of “spies.”

It mocks the “security measures imposed by the American forces and the Taliban militia in the capital Kabul,” as its “martyr” was able to reach “a distance of no less than five meters from the American forces, who were supervising the procedures.”

So it’s clear that the newly reborn Islamic Emirate of Afghanistan and the former occupying power are facing the same enemy. ISIS-Khorasan comprises a bunch of fanatics, termed takfiris because they define fellow Muslims – in this case the Taliban – as “apostates.”

Founded in 2015 by emigré jihadis dispatched to southwest Pakistan, ISIS-K is a dodgy beast. Its current head is one Shahab al-Mujahir, who was a mid-level commander of the Haqqani network headquartered in North Waziristan in the Pakistani tribal areas, itself a collection of disparate mujahideen and would-be jihadis under the family umbrella.

Washington branded the Haqqani network as a terrorist organization way back in 2010, and treats several members as global terrorists, including Sirajuddin Haqqani, the head of the family after the death of the founder Jalaluddin.

Up to now, Sirajuddin was the Taliban deputy leader for the eastern provinces – on the same level with Mullah Baradar, the head of the political office in Doha, who was actually released from Guantanamo in 2014.

Crucially, Sirajuddin’s uncle, Khalil Haqqani, formerly in charge of the network’s foreign financing, is now in charge of Kabul security and working as a diplomat 24/7.

The previous ISIS-K leaders were snuffed out by US airstrikes in 2015 and 2016. ISIS-K started to become a real destabilizing force in 2020 when the regrouped band attacked Kabul University, a Doctor Without Borders maternity ward, the Presidential palace and the airport.

NATO intel picked up by a UN report attributes a maximum of 2,200 jihadis to ISIS-K, split into small cells. Significantly, the absolute majority are non-Afghans: Iraqis, Saudis, Kuwaitis, Pakistanis, Uzbeks, Chechens, and Uighurs.

The real danger is that ISIS-K works as a sort of magnet for all manners of disgruntled former Taliban or discombobulated regional warlords with nowhere to go.

The civilian commotion these past few days around Kabul airport was the perfect soft target for trademark ISIS carnage.

Zabihullah Mujahid – the new Taliban minister of information in Kabul, who in that capacity talks to global media every day – is the one who actually warned NATO members about an imminent ISIS-K suicide bombing. Brussels diplomats confirmed it. 

In parallel, it’s no secret among intel circles in Eurasia that ISIS-K has become disproportionally more powerful since 2020 because of a transportation ratline from Idlib, in Syria, to eastern Afghanistan, informally known in spook talk as Daesh Airlines.

Moscow and Tehran, even at very high diplomatic levels, have squarely blamed the US-UK axis as the key facilitators. Even the BBC reported in late 2017 on hundreds of ISIS jihadis given safe passage out of Raqqa, and out of Syria, right in front of the Americans.

The Kabul bombing took place after two very significant events.

The first one was Mujahid’s claim during an American NBC News interview earlier this week that there is “no proof” Osama bin Laden was behind 9/11 – an argument that I had already hinted was coming in this podcast the previous week.

This means the Taliban have already started a campaign to disconnect themselves from the “terrorist” label associated with 9/11. The next step may involve arguing that the execution of 9/11 was set up in Hamburg, the operational details were coordinated from two apartments in New Jersey.

Nothing to do with Afghans. And everything staying within the parameters of the official narrative – but that’s another immensely complicated story.

The Taliban will need to show that “terrorism” has been all about their lethal enemy, ISIS, and way beyond old school al-Qaeda, which they harbored up to 2001. But why should they be shy about making such claims? After all, the United States rehabilitated Jabhat Al-Nusra – or al-Qaeda in Syria – as “moderate rebels.”

The origin of ISIS is incandescent material. ISIS was spawned in Iraq prison camps, its core made of Iraqis, their military skills derived from ex-officers in Saddam’s army, a wild bunch fired way back in 2003 by Paul Bremmer, the head of the Coalition Provisional Authority.

ISIS-K duly carries the work of ISIS from Southwest Asia to the crossroads of Central and South Asia in Afghanistan. There’s no credible evidence that ISIS-K has ties with Pakistani military intel.

On the contrary: ISIS-K is loosely aligned with the Tehreek-e-Taliban (TTP), also known as the Pakistani Taliban, Islamabad’s mortal enemy. TTP’s agenda has nothing to do with the moderate Mullah Baradar-led Afghan Taliban participated in the Doha process.


The Kremlin stressed the pair’s “readiness to step up efforts to combat threats of terrorism and drug trafficking coming from the territory of Afghanistan”; the “importance of establishing peace”; and “preventing the spread of instability to adjacent regions.”

And that led to the clincher: They jointly committed to “make the most of the potential” of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), which was founded 20 years ago as the “Shanghai Five”, even before 9/11, to fight “terrorism, separatism, and extremism.”

The SCO summit is next month in Dushanbe – when Iran, most certainly, will be admitted as a full member. The Kabul bombing offers the SCO the opportunity to forcefully step up.

Whichever complex tribal coalition is formed to govern the Islamic Emirate of Afghanistan, it will be intertwined with the full apparatus of regional economic and security cooperation, led by the three main actors of Eurasia integration: Russia, China, and Iran.

The record shows Moscow has all that it takes to help the Islamic Emirate against ISIS-K in Afghanistan. After all, the Russians flushed ISIS out of all significant parts of Syria and confined them to the Idlib cauldron.

In the end, no one aside from ISIS wants a terrorized Afghanistan, just as no one wants a civil war in Afghanistan. So the order of business indicates not only an SCO-led frontal fight against existing ISIS-K terror cells in Afghanistan but also an integrated campaign to drain any potential social base for the takfiris in Central and South Asia. 

The other significant event tied to the Kabul bombing was that it took place only one day after yet another phone call between Presidents Vladimir Putin and Xi Jinping.

The Kremlin stressed the pair’s “readiness to step up efforts to combat threats of terrorism and drug trafficking coming from the territory of Afghanistan”; the “importance of establishing peace”; and “preventing the spread of instability to adjacent regions.”

And that led to the clincher: They jointly committed to “make the most of the potential” of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), which was founded 20 years ago as the “Shanghai Five”, even before 9/11, to fight “terrorism, separatism, and extremism.”

The SCO summit is next month in Dushanbe – when Iran, most certainly, will be admitted as a full member. The Kabul bombing offers the SCO the opportunity to forcefully step up.

Whichever complex tribal coalition is formed to govern the Islamic Emirate of Afghanistan, it will be intertwined with the full apparatus of regional economic and security cooperation, led by the three main actors of Eurasia integration: Russia, China, and Iran.

The record shows Moscow has all that it takes to help the Islamic Emirate against ISIS-K in Afghanistan. After all, the Russians flushed ISIS out of all significant parts of Syria and confined them to the Idlib cauldron.

In the end, no one aside from ISIS wants a terrorized Afghanistan, just as no one wants a civil war in Afghanistan. So the order of business indicates not only an SCO-led frontal fight against existing ISIS-K terror cells in Afghanistan but also an integrated campaign to drain any potential social base for the takfiris in Central and South Asia.


viernes, 27 de agosto de 2021

 Un incondicional a Gobernación

Un cambio de gabinete, en gobiernos funcionales, es un golpe de timón porque las cosas no están funcionando, pero con López Obrador esa lógica no opera.

Raymundo Riva Palacio

agosto 27, 2021

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2021/08/27/un-incondicional-a-gobernacion/

Olga Sánchez Cordero duró la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece mucho tiempo para sobrevivir en un gobierno disfuncional donde su propia cabeza maneja la anarquía transversal y responsabiliza a sólo unos cuántos de muchos temas. Pero no dependía de ella. De hecho, nunca su juego y destino político estuvo en sus manos, sino en las de López Obrador. Al menos tres veces presentó su renuncia al cargo, acotada en las principales funciones del despacho, la jefatura del gabinete y la política interna, y todas esas ocasiones el Presidente se las rechazó –una, en enero del año pasado, luego de haber tenido un episodio muy delicado de salud en Palacio Nacional–. Pero ayer no tenía en la cabeza que la iban a renunciar.

Sánchez Cordero descubrió la víspera que su paso por Gobernación tenía fecha de caducidad para hoy, y que el Presidente, que tenía unas cuatro semanas de haber tomado la decisión, fue tejiendo su salida sin decirle nada. Le encargó la interlocución con las fracciones parlamentarias en la Comisión Permanente para un periodo de sesiones extraordinario para ver la revocación de mandato, cuyo fracaso mostró sus limitaciones políticas, en parte, resultado de la mala relación que tenía con los gobernadores. Tampoco se enteró que ayer por la mañana, el Presidente y el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hablaron sobre su futuro, que empieza hoy, cuando asuma la presidencia de la Mesa Directiva de esa Cámara, el segundo órgano más importante en ésta.

La secretaria fue engañada con la verdad. Desde junio se venía manejando que Sánchez Cordero había presentado su cuarta renuncia, a lo que ella salió al paso desmintiendo lo que habían publicado dos columnistas con acceso a información de Palacio Nacional. Todavía no estaba listo López Obrador para el cambio, hasta este miércoles, cuando fue citada por el Presidente a Palacio Nacional, de donde salió, hacia su despacho en Gobernación, desencajada.

Un cambio de gabinete, en gobiernos funcionales, es un golpe de timón porque las cosas no están funcionando. En una presidencia como la de López Obrador, esa lógica no opera. La política interna la ha manejado desde un principio Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, y los asuntos de seguridad y migración con Estados Unidos se los quitaron para hacer responsable al canciller Marcelo Ebrard. La pelea con Ebrard la perdió hace tiempo, y los conflictos que tuvo recientemente con Scherer no lo mermaron a él, quien sigue teniendo una relación estrechísima con el Presidente.

Durante todos estos tres años, Sánchez Cordero fue considerada un florero por la prensa política, pero le era útil al Presidente en ese papel, sobre todo porque cuidaba la relación con Carlos Slim, a quien durante años le escrituró sus empresas. La relación se desgastó por errores de ella que incomodaron a Slim, quien optó por utilizar su derecho de picaporte con el Presidente. Tampoco le funcionó como barrera con los gobernadores, sino que le atrajo más problemas con ellos. Aun así, si la quitaba, ¿quien llegara iba a querer ser secretario de Gobernación? Después de la experiencia con Sánchez Cordero, ¿querría pasar como un simple tapón que podía poner o quitar el Presidente?

Pues el Presidente encontró fácilmente a ese funcionario entre uno de los suyos, muy cercano, que lo ha acompañado políticamente desde sus tiempos como líder del PRD en Tabasco, Adán Augusto López, el gobernador al cual hace unos días el Presidente hizo grandes elogios. Sólo algunos en el círculo íntimo entendieron el mensaje. El equipo cercano de Sánchez Cordero no. Inclusive, su equipo la estuvo esperando en el aeropuerto, porque iba a viajar a Chiapas, para acompañar al Presidente. Su equipo se quedó esperando porque ella fue convocada de nuevo a Palacio, para entregar el cargo.

López llegó al mediodía a Palacio Nacional como gobernador y salió como secretario de Gobernación, con lo que el Presidente, una vez más, recurrió a sus más cercanos y leales. López pertenecía a una de las dos corrientes del PRD en Tabasco cuando López Obrador era el líder. Una de las corrientes la encabezaban Octavio Romero Oropeza, actual director de Pemex, y Alberto Pérez Mendoza, amigo desde la juventud del Presidente, su verdadero brazo derecho, y que murió en 2013. La otra corriente la encabezaba Fernando Mayans, a la que pertenecían López y su hermana Rosalinda, esposa del actual gobernador de Chiapas y que es la administradora general de Auditoría Fiscal del SAT. Mayans tuvo un breve paso por la administración federal y cuando López asumió la gubernatura de Tabasco en enero de 2019, se integró al Seguro Social local.

La llegada de López al gabinete es la segunda de ese nivel que va a uno de quienes han estado al lado de López Obrador desde hace más de tres décadas. El secretario de Bienestar Social, Javier May, que pertenecía a la corriente de Romero Oropeza, es el otro. Aunque con otro equipaje político que May, López no va a cumplir una función autónoma como secretario de Gobernación. No está en el ADN del Presidente. El cambio, sin embargo, no será del todo cosmético. Los actores políticos sabrán que López, a diferencia de Sánchez Cordero, sí tiene el picaporte con el Presidente y la cercanía para tratar asuntos que a ella no le permitían. Por esa relación, su papel no será necesariamente el de florero, pero sí de un amortiguador para su viejo amigo.

Este reacomodo en el gabinete hay que verlo de manera semiótica. López Obrador se sigue rodeando de los suyos e incondicionales rumbo a la sucesión presidencial, que todos estos cambios es lo que revelan. El Presidente se sigue encerrando en una burbuja en medio del segundo tercio del sexenio que es fundamental para que pueda armar la maquinaria para poder mantener el poder de Palacio Nacional e imponer a su candidata, que al final es lo que quiere.

jueves, 26 de agosto de 2021

 Afganistán y la guerra vs. China

John Saxe-Fernández

https://www.jornada.com.mx/2021/08/26/opinion/022a1eco

Los riesgos de una Tercera Guerra Mundial aumentan. Ambas super potencias nucleares Estados Unidos (EU) y Rusia, en alerta máxima de tiempo atrás y Kurt Campbell, experto en Asia, en papel de coordinador de la Casa Blanca de Biden liderando la ofensiva de guerra fría y bélica contra China, la potencia económica de Asia, son parte de la constelación multilateral de hoy. Para navegar esa complejidad, hay que revisar lo que John Bellamy Foster revela en su vital estudio La nueva guerra fría contra China, Monthly Review, julio-agosto 2021 (en línea, gratis).

En lo que podría ser la antesala de una confrontación mayor, es relevante la percepción del retiro de las tropas de ocupación de Afganistán como una intensificación de los preparativos de guerra contra China, para lo que es necesario revisar los costos humanos y estratégicos de esta caótica retirada de EU.

El mundo presenció desgarradoras imágenes y escenas de la debacle de la ocupación. Imposible creer a Biden de que ese desastre humano y militar expresa el poderío de EU o peor aún, sea el reflejo de precisión. Es un espectáculo de miles de adultos y niños en el aeropuerto de Kabul corriendo sin destino por las pistas detrás de grandes naves militares para huir de venganzas. En las ruedas de un avión que los llevaría a salvo del Talibán se encontraron restos de cadáveres. Muchos otros, cómplices de la violencia colonial en un país repleto de cárceles clandestinas tipo Guantánamo, bien alejadas de las Cortes Federales de EU y al agrado de mandamases tipo Bush-Cheney también corrían.

Esa degradación humana y estratégica ante el mundo, incluida la población votante de sus aliados (G-7 y OTAN) fueron bien sintetizados por Sylvie Kauffmann editorialista del periódico francés Le Monde al referirse al hondo choque geopolítico de la debacle en el aeropuerto de Kabul, ante la autoinfligida humillación de EU, alta potencia militar-económica mundial, que transfirió casi un billón de dólares (trillón en EU) en armas a Afganistán entre 2003 y 2017.

El envío de equipo y armas incluye equipos: 16,643; armas: 599,690; material explosivo: 29,681; aviones: 208; inteligencia, vigilancia y equipo de reconocimiento: 16,191. Fuente: Oficina de la Auditoría General GAO, 2017.

Lejos del libre comercio EU contiene un complejo militar-industrial cuyo ejecutivo fue incapaz de articular el desalojo de su personal y tropa o el de sus aliados de dentro y fuera de Afganistán. Ha sido, como dice Kauffmann la debacle omnipresente de los errores de evaluación y operativos cometidos por EU (que) levantan una serie de cuestionamientos de fondo sobre su papel en el mundo ( Le Monde, 23/8/21). Esa brutal ocupación y su fracasado desalojo militar ¿es parte de los preparativos para una riesgosa guerra contra China?

El humillante desalojo ocurre después de 20 años de ilegal y brutal ocupación de Afganistán, Irak y otros cinco países del Oriente Medio y norte de África, también bombardeados y bajo el diseño del “programa de estabilización y reconstrucción repleto de represión y corrupción vía contratos militares cost plus (JSF, La Jornada, 9/4/2009). Pero la caótica instrumentación del desalojo militar y el hecho de que Afganistán experimenta el resurgimiento del poder del Talibán con la ultrarrápida toma de control del país tras la retirada de las tropas de EU tienen una explicación en dicho plan de estabilización que incluye la absorción estadunidense de las funciones de política exterior, defensa y economía, esenciales a la soberanía y administración estatal. Ese es el diseño colonial para la periferia bajo la línea del FMI-BM. Algo semejante pasa en Afganistán, Irak y resto del Oriente Medio bajo dichos programas diseñados por Carlos Pascual (ex embajador de EU en México) con apoyo del entonces vicepresidente Biden, ahora tratando de desvincular a EU de la colonialidad oligárquico-imperial que dejó Afganistán en pedazos y caos y quizás con una pléyade de millonarios ahora dispuestos a entrarle a invertir ante los cuantiosos descubrimientos minerales, financiados y dados a conocer en 2010 por el Pentágono con asesoría del Geological Survey de EU.

En sus apuntes sobre los impactos domésticos y externos del desalojo militar, con énfasis en Rusia y China, Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM bien informado nota que a diferencia de hace 20 años y, en contraste con la retirada estadunidense, las embajadas de China y Rusia no han dado indicios de salida ante la toma de Kabul por el Talibán, lo que proyecta una señal de un probable pragmatismo político que va a tono con la demostración de fuerza en el terreno táctico mostrada por los talibanes al tomar la gran mayoría de las provincias del país sin grandes operaciones bélicas. (Foreign Affairs América Latina, agosto, 2021). Continuará.

www.jsaxef.blogspot.com

Facebook: JohnSaxeF

miércoles, 25 de agosto de 2021

 LA PATÉTICA DEBILIDAD DE MÉXICO FRENTE A ESTADOS UNIDOS

La resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos ordenando al gobierno de Joe Biden que reestablezca el programa “remain in Mexico” (“quédate en México”), instaurado durante la administración Trump, mediante el cual los solicitantes de asilo que entren por la frontera sur, deben “permanecer en México” hasta que las cortes estadounidenses resuelvan su situación, es una prueba más de que el vasallo gobierno mexicano no tiene ni voz, ni voto cuando se trata de asuntos de seguridad, migración, comercio, finanzas, asuntos laborales, medio ambiente, o lo que se le pegue la gana al vecino del Norte.

Simplemente y de manera unilateral, Estados Unidos decide que México reciba a miles de solicitantes de asilo, les parezca o no al gobierno y al desinformado pueblo mexicano.

¿Qué contestó un funcionario menor, que ahora se encarga de la principal relación de nuestro país con el exterior? Que se iba a intercambiar información con el gobierno de Estados Unidos sobre la materia. Es decir qué por lo pronto, México no rechazó firme e inequívocamente esta flagrante intromisión en la soberanía del país, con el sobado y poco creíble argumento de que por una cuestión “humanitaria”, nuestro país tendrá que cargar con el costo de sostener, vigilar y atender a miles de indocumentados de todo el mundo que se han tragado hasta la saciedad el mito del “sueño americano”. Todo ello, sin recibir nada a cambio[1] (Turquía sí le cobra en miles de millones de euros a la Unión Europea, el mantener en su territorio a 3.5 millones de refugiados sirios).

En las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos y en sus diarios dan la noticia, sin molestarse en preguntar o preguntarle al gobierno mexicano qué piensa de dicha resolución de la Suprema Corte, pues dan por sentado que el vasallo gobierno mexicano no dirá ni pío; y aceptará, como lo hizo durante el gobierno de Trump, a los miles de solicitantes de asilo, que pueden pasar años en nuestro país, antes de que siquiera reciban una notificación de las autoridades estadounidenses sobre sus solicitudes. Patético.

Y ahora para colmo, el muy solícito canciller Ebrard, ya comenzó a recibir refugiados afganos, como parte de las obligaciones que protectorados como el mexicano, tienen que cumplir ante el imperio estadounidense, que después de devastar países en Medio Oriente, en sus eternas guerras propiciadas por los comerciantes de la muerte del complejo militar-industrial-de seguridad y del lobby pro Israel, ahora exigen a sus “aliados” y vasallos que les ayuden a limpiar su tiradero; y por supuesto, el precandidato Ebrard, que desea el apoyo del establecimiento político de Washington para llegar a la presidencia en 2024, ya ofreció casa, empleo, salud, educación y quién sabe cuántas cosas más para los afganos que se quieran apuntar a venir al paraíso de la inseguridad, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad y la pobreza que lleva por nombre Protectorado Mexicano de los Estados Unidos de América.



[1] Además de todos los indocumentados que son expulsados inmediatamente para prevenir contagios de Covid-19 (Norma 42).

 AMLO se puede negar a participar en el programa “quédate en México”: ONG

Carolina Gómez Mena

https://www.jornada.com.mx/2021/08/25/politica/004n2pol

 

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de agosto de 2021, p. 4

Tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que ordenó a la administración del presidente Joe Biden reinstalar el programa Protocolos de Protección al Migrante (PPM), también conocido como Quédate en México, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), señaló a La Jornada que México tiene ahora la pelota en su cancha, por lo que apremió al gobierno mexicano a negarse a participar otra vez en esa política.

Anoche, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para intercambiar información sobre la resolución. El jefe para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, informó en redes sociales que México no es parte del proceso judicial, el cual se trata de una medida unilateral estadunidense. Este miércoles intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos.

Antes de que se conociera el fallo de la Corte, diversas agrupaciones, entre ellas el Imumi, Amnistía Internacional, Oxfam México y la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador; al canciller Marcelo Ebrard; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre otros funcionarios del gobierno de México, a rechazar el restablecimiento del inhumano Quédate en México. En la misiva abierta y enviada por correo electrónico señalaron que durante dos años esa política impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a más de 72 mil personas solicitantes de protección internacional, quienes fueron regresados a México para esperar sus audiencias ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Kuhner expuso que el quinto circuito determinó que Biden no había terminado conforme a la ley el programa PPM, o sea Biden perdió.

La decisión original del tribunal expresa que si México decide no participar con Quédate en México, entonces no se puede volver a implementar. Así México tiene la posibilidad, ahora mismo de decir que no participa.

México podría tomar una postura a favor de los derechos humanos, pese a que ya participó en el programa; ahora podría decir que el PPM viola el debido proceso, eso sería lo correcto jurídicamente.

La titular del Imumi expresó que las personas (que piden asilo a Estados Unidos) se quedan en algunas de las ciudades más peligrosas de México. Un informe de ayer refiere que ha habido más de 6 mil secuestros y delitos contra migrantes en la frontera a raíz de estas políticas.

El Imumi ha denunciado que 66 por ciento de quienes fueron retornados por el PPM fueron mujeres, niños y niñas. Esta es una política muy ruda, y sobre todo en pandemia.

Con información de Arturo Sánchez Jiménez

martes, 24 de agosto de 2021

 China to offer 'genuine' aid in Afghanistan's economic reconstruction amid chaotic transition

Private firms remain committed to investing, underscoring potential room for further cooperation after the situation stabilizes

By GT staff reporters

Published: Aug 24,

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232262.shtml

As the Taliban take steps to stabilize the situation and pursue international recognition, Chinese state-owned enterprises (SOEs), and private firms are employing different investment strategies in the war-torn country, with the former exercising extreme caution in carrying out new projects and the latter eager to tap into a market where "a thousand things wait to be done."

While the wait-and-see approach is a result of SOEs weighing up both political security risks and China's national strategy, the boldness of risk-taking private firms also underscores China's successful diplomacy with the Taliban, which lays the foundation for the safe and smooth operation of Chinese businesses in Afghanistan.

Chinese private firms are set to stand firm in Afghanistan, despite Western governments' potential sanctions on the Taliban, a move that maliciously aims to advance Western geopolitical objectives and stifle China's economic interests, said, industry insiders. 

Chinese players' economic engagement - in contrast to some Western media's hype of "exploiting" Afghanistan's rich mineral deposits after the US withdrawal - could deliver genuine investment and technical support to Afghanistan, aiding it in economic reconstruction after the current chaos, analysts said. 

Most SOEs that have a presence in Afghanistan have been assessing the Taliban's new policies and drawing up response plans, the Global Times learned.

A spokesperson of a state-owned enterprise, who spoke on condition of anonymity, told the Global Times on Monday that their moves in Afghanistan "will be in line with Chinese national strategy," regarding the impact of a reported Western-led sanction on Taliban. 

The company has built a highway for Afghanistan and construction was completed two years ago.

On Sunday, US President Joe Biden said that the decision on sanctions against the Taliban will "depend on their conduct." The UK is reportedly pushing for sanctions against the Taliban at a G7 meeting that is scheduled to take place on Tuesday. 

Chinese businessmen and observers said the possible sanctions may include travel restrictions, limiting the raising, use and flow of funds, international recognition, and dealings with businesses with other countries.  

In the worst-case scenario, it could cut companies operating in Afghanistan off from the global banking system - as is the case of how the West is sanctioning Iran, which could be the "last straw" that forces big Chinese companies out of the country, analysts said. 

"Without policy guidance, investing in Afghanistan is highly risky and not cost-effective. For example, the funds for building the highway project was loaned from the Asia Development Bank, but we didn't even earn a penny," the spokesperson noted.

An employee of China Metallurgical Group Corp (MCC Group) also told the Global Times on Monday that the company is evaluating possible sanctions by the US and other G7 countries. 

The copper mine project in Mes Aynak, for which MCC Group won exploitation rights in 2007, is one of the high-profile Chinese investment projects in Afghanistan. The mining project has yet to commence due to two decades of chaos caused by US military occupation, as well as the necessity to remove landmines, and only a few dozen staff in a local research base was there to carry out preparation work, according to the employee. 

"We have been engaged in the construction of Afghanistan for years. But [the sanctions] are something beyond our scope as an enterprise," the employee said, listing it as another concern besides the security issues.  

The MCC Group staff member added that he hoped that with the power transition, the new leadership will announce measures to resume and push forward the project.

Moderate attitude 

While China's large-sized state investment in Afghanistan is seeing a freeze amid lingering political instability, Chinese private entrepreneurs are displaying a more moderate attitude, particularly after the Taliban leadership offered an olive branch that has assured small- and medium-sized Chinese investors. 

"We saw Taliban members in every street and block... When they heard about business hurdles in China Town, they would send higher-level officials, asking about the difficulty and how they could help. They say that Chinese people are friends, and should not be afraid to ask if they run into any trouble," Yu Minghui, director of the China Arab Economic and Trade Promotion Committee, told the Global Times on Monday. 

Located in capital Kabul, the China Town was set up in 2019 and is home to dozens of factories producing shoes, clothes, textiles and cables, some of which have been put into trial operation. Yu was one of the founding members of China Town and has been involved in most Chinese-invested projects in Afghanistan.

According to Yu, Chinese businessmen were also informed that the new leadership has vowed to protect investors, as "whoever stayed in the country is helping Afghans." 

Li Xijing, deputy general manager of China Town told the Global Times on Monday that their business plan in the country will not change, "because those projects that the Chinese are involved in are about local people's livelihood", and such issues are fundamental for the Taliban.

Li added that that future investment plans in Afghanistan will have to wait until the situation becomes clearer.

Cassie, a Chinese employee of China Town, also told the Global Times on Monday that it will not change its current business decisions, and will expand the company's investment in Afghanistan as previously planned. "We have benefited a lot from our business plans in Afghanistan in the past five years, and we believe the operation will run more effectively after the situation stabilizes."

Chinese private businessmen said they are relatively immune to potential Western sanctions and have drawn up backup plans to deal with any possible ensuing impact. 

Experts also noted that some Western countries move to impose economic sanctions on Afghanistan is more of a reflection of their fear of handing over economic possibilities to China rather than any other reason.

The US and its Western allies are just frightened and jealous that the "economic vacuum" in Afghanistan will be filled by Chinese firms, Qian Feng, director of the research department at the National Strategy Institute at Tsinghua University, told the Global Times on Monday.

Meanwhile, there is not much Western business presence in the country, so sanctions won't hurt them much, Li said. 

Bloomberg said last week that the US has frozen nearly $9.5 billion in assets of the Afghan central bank and banned cash shipments to the nation.

Room for future cooperation 

Analysts said that is quite understandable that Chinese state-owned companies and private firms hold different views on the business prospects in the country.

Zhu Yongbiao, director of the Center for Afghanistan Studies in Lanzhou University told the Global Times on Monday that the Taliban's future regime structure, its economic policy, and its policy on foreign investments are still far from clear, as they are not the Taliban's priorities. "The Taliban's current priority is the stability of the regime and better internal power-balancing," Zhu said. 

While it is difficult for state-owned companies to deal with instability, there are "a thousand things waiting to be done" for Chinese private firms in economic reconstruction, and they are more adaptable and bold in "fighting for the future," Qian said. 

Chinese private firms' risk-taking moves are also built on China's flexible and successful diplomatic policy, which paves the way for a stable relationship with the Taliban leadership and provides a solid foundation for Chinese businesses to run smoothly in Afghanistan, analysts said. 

"There are more opportunities than the extraction of mineral resources. The economic foundation of Afghanistan - including transportation, telecom, industry, and agriculture - has all been ruined, and China has the ability to offer a much-needed shot in the arm to help the country generate self-dependent economic drive," Liu Zongyi, the secretary-general of the Research Center for China-South Asia Cooperation at the Shanghai Institutes for International Studies told the Global Times.

Also, as the Taliban moves toward gaining international recognition and eliminating terrorism, China could also include the country, which sits along the Belt and Road Initiative route, into the benefits of the China-Pakistan Economic Corridor, Liu noted.

In 2020, Chinese companies had contracts for projects worth $110 million in Afghanistan, a year-on-year increase of 158.7 percent, according to the Chinese Ministry of Commerce.