NO PROSPERARÁ LA DEMANDA DE MÉXICO CONTRA FABRICANTES DE ARMAS DE ESTADOS UNIDOS
La demanda
civil presentada por el gobierno de México (en una corte en Boston, Mass.)
contra 11 empresas que fabrican armas en los Estados Unidos[1], pretende responsabilizar
a dichas empresas por su negligencia al vender armas de asalto y de grueso
calibre a narcotraficantes y criminales en México; que, según la Secretaría de
Relaciones Exteriores, han ocasionado la muerte a 17 mil mexicanos.
El gobierno
de México reclama una compensación económica por los daños sufridos por las “prácticas
negligentes de estas empresas”.
Inmediatamente
ha contestado en un comunicado la Asociación Industrial del Comercio de Armas de
Estados Unidos, que la demanda carece de fundamento y que es el gobierno
mexicano el responsable del crimen en su país y sólo está buscando un “chivo
expiatorio”.
Así también,
en voz del vicepresidente de la citada asociación, Lawrence Keane, el mal uso
de las armas que ilícitamente llegan a México es culpa de los narcotraficantes
y criminales que “plagan (sic) a los ciudadanos mexicanos”. Además, el
representante de esta asociación afirmó que muchas de las armas son “robadas”
al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público.
¿Por qué ésta
demanda del gobierno mexicano no prosperará en las cortes estadounidenses?
Primero,
porque las administraciones demócratas que han tratado de regular y disminuir
el comercio legal de armas dentro de Estados Unidos han fracasado
estrepitosamente a lo largo de décadas, ante la oposición del Partido
Republicano (y de los gobiernos estatales y en su caso, federales emanados de
este partido); por el poder inmenso que tienen los fabricantes y distribuidores
de armas en el Congreso de los Estados Unidos, en gobiernos y legislaturas
estatales, y en una parte nada despreciable de la sociedad y los medios de
comunicación de ese país; y porque incluso una parte del propio Partido
Demócrata, no está del todo de acuerdo que se regule “en exceso” la posesión de
armas entre la población.
Segundo, la
famosa Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el
derecho de los ciudadanos a poseer armas, es uno de los emblemas de la derecha
estadounidense desde hace décadas, y por lo tanto cualquier medida que se
considere que puede atentar contra la misma, alinea a todos los fabricantes,
distribuidores y poseedores de armas del país. La Asociación Industrial del
Comercio de Armas ya alzó la voz invocando que se está queriendo “atacar” la
Segunda Enmienda, y no tardará en que la poderosa National Rifle Association
(NRA) se una a la Asociación arriba citada, para contrarrestar la demanda del
gobierno mexicano (y seguramente la cadena Fox iniciará una interminable propaganda
antimexicana para fortalecer dicha estrategia).
Tercero, a
pesar de que el gobierno mexicano estará representado por un despacho de
abogados de Estados Unidos (Shadowen PLLC), lo que garantiza que se cuenta con
conocedores del derecho anglosajón, más los expertos mexicanos de la
cancillería; la realidad es que los recursos económicos que esto va a ocasionar
a las arcas nacionales, pues un litigio de este tamaño puede llevar años[2], no se compara con la
cantidad de dinero que tienen y pueden recaudar las ricas empresas fabricantes
de armas, ayudadas por millones de ciudadanos que pueden aportar algunos
dólares mensuales si la NRA se los solicita, lo que acabará desgastando las
finanzas nacionales, algo que el presidente López Obrador cuida mucho, y que
podría exasperarlo muy pronto, si no se ven resultados previsibles en un plazo
razonable (es decir, dentro de su periodo presidencial).
Cuarto, ésta
es una apuesta principalmente del canciller Marcelo Ebrard, que desde el inicio
de la actual administración del presidente López Obrador, ha tratado de incluir
el tema del contrabando de armas de Estados Unidos a México, en la agenda
bilateral de seguridad (ahí está su propuesta acerca de “congelar las armas” en
la frontera), sin que sus contrapartes estadounidenses (primero en la
administración Trump y ahora en la de Biden), le hicieran el menor caso.
Y es que el
actual gobierno de Biden ya tiene demasiados conflictos con los republicanos,
como para sumarle uno más, tratando de que los fabricantes de armas de Estados
Unidos se rehúsen a venderle a las organizaciones del crimen organizado de
México hasta 500 mil armas al año (según el gobierno mexicano).
Así que
Ebrard, no se sabe si por idea propia o aconsejado por sus “amigos” de Estados
Unidos, ha venido urdiendo esta demanda como una alternativa a acciones
conjuntas entre los gobiernos de ambos países, para detener el contrabando de
armas, dado el desinterés estadounidense y la incapacidad mexicana para
lograrlo.
Quinto, los
tribunales estadounidenses son muy quisquillosos en demandas de gobiernos
extranjeros contra sus nacionales, y más aún si, como en este caso, las
empresas demandadas son muy cercanas al imaginario cultural del estadounidense
medio (Smith & Wesson, Colt, etc.); y la ley federal de Estados
Unidos “garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las víctimas
y sus familiares”.[3]
Más
parecería una forma de “presionar” del gobierno mexicano al de Estados Unidos,
para que finalmente se haga algo en lo relativo al contrabando de armas hacia
México.
Sexto, va a
ser casi imposible probar que las empresas fabricantes de armas “conscientemente”
están vendiendo sus productos a criminales, pues pueden alegar perfectamente
que ellos venden sus armas a minoristas o ciudadanos que cumplen con la
legislación vigente y, por lo tanto, no están obligadas a conocer el uso que
les darán después dichas empresas o personas.
En resumen,
el gobierno de López Obrador correctamente quiere que su contraparte de Estados
Unidos se responsabilice de detener el flujo ilegal de armas hacia México; tal
como dicho gobierno exige y a veces ordena al mexicano a que haga lo mismo con
el comercio ilícito de drogas.
Sin embargo,
la ruta seguida poco o nada va a ayudar a la estrategia en contra del tráfico ilícito
de armas, y lo más probable es que nuestro gobierno se gane enemigos muy
poderosos en el Congreso y en distintos estados de la Unión Americana, que
harán todo lo posible por atacar y obstaculizar las iniciativas de México en
otros temas como migración, comercio o turismo.
[2]
Según el New York Times, los familiares de los niños asesinados en la escuela
Sandy Hook, acaban de llegar a un acuerdo para que les paguen 33 millones de
dólares los fabricantes de las armas que se utilizaron en el tiroteo; pero el
litigio ha tardado ya 7 años.
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