PEÑA NIETO: DOS AÑOS DE POBREZA, CORRUPCIÓN, REPRESIÓN E IMPUNIDAD

Este 1º de Diciembre se cumplen dos años de que Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República.

Han sido dos años en los que los principales problemas que enfrenta el pueblo mexicano se han agudizado: violencia, inseguridad, impunidad, corrupción, represión, desigualdad, pobreza, abusos de los poderosos, privilegios para una minoría y exclusión para la mayoría.

Los datos hablan por sí solos (:http://www.oecd.org/centrodemexico/):

Según datos recientes (2011-2014), el 3.9% de las personas en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirman haber sufrido un asalto o robo durante los pasados 12 meses. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los países. Las tasas de Canadá, Estados Unidos, Japón, Polonia y el Reino Unido se encuentran por debajo del 2%, pero llegan a más del 6% en Chile, Israel y Bélgica, y del 12.8% en México. Es el último lugar de la OCDE.

En la tasa de homicidios (número promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes), México ocupa el penúltimo lugar con 23,4 homicidios (Brasil[1] es el último con 25.5).

En la calificación total en el tema de seguridad (de 0 a 10), México ocupa el último lugar de la OCDE con una calificación de 0.4, mientras que Brasil que es el penúltimo lugar tiene una calificación de 2.1 (el primer lugar es Japón con 9.9).

En materia de ingresos México ocupa el antepenúltimo lugar de la OCDE con una calificación de 0.7, por arriba sólo de Turquía que tiene 0.6 y de Brasil que tiene 0.1. En ingreso familiar disponible (el que obtiene una familia en un año, después de impuestos), México ocupa el penúltimo lugar con 12,850 dólares (Brasil ocupa el último con 10,310 dólares).

En la calificación general sobre educación México se encuentra en el último lugar con un 1.2 (después viene Brasil con 1.9). En el porcentaje de personas graduadas de educación media superior entre 25 y 64 años de edad, México está en el antepenúltimo lugar con sólo el 36.3%, por encima de Turquía y Portugal.

En otros rubros la calificación de México es: vivienda 3.7 (lugar 33 de 36); medio ambiente 4.5 (lugar 33 de 36) y salud 5.0 (lugar 31 de 36).

México forma parte de la OCDE desde hace 20 años, y en estas dos décadas no ha salido de los últimos dos o tres lugares de la tabla en los principales rubros que mide esta organización, y con el gobierno de Peña Nieto en los dos años que lleva al frente del gobierno, la situación se ha mantenido igual.

Esos datos demuestran que después de 26 años de gobiernos neoliberales (si iniciamos el conteo con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1988), la mayoría de la población mexicana no ha observado ninguna mejoría en su nivel de vida, en materia de seguridad, educación, salud, ingresos, vivienda y medio ambiente. Esto es, en el mejor de los casos, se ha quedado estancada durante un cuarto de siglo, lo que es decir que se ha atrasado respecto a otros países. Veintiséis años perdidos para la gran mayoría del pueblo de México.

El crecimiento económico de México es insuficiente (el primer año del gobierno de Peña el PIB creció 1.1% y este 2014 será de 2.3%) para dar empleo digno a la mayoría de la población, y actualmente el 60% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal; además, según la OCDE, el riesgo de caer en pobreza en México es uno de los más altos dentro de la organización, pues mientras sólo entre 9 y 11% de la población de los países de la OCDE caen dentro de dicho riesgo, en el caso de México el porcentaje es entre 19 y 21% (informe Todos abordo: haciendo posible el crecimiento incluyente). Por su parte, el Banco Mundial ha señalado que la pobreza en México afecta al 52% de la población, porcentaje que no se ha modificado en los últimos 20 años.

Sin embargo, este 2014 en el censo sobre los multimillonarios que hace el banco suizo UBS (Wealth and UBS Billionaire 2014), México se ubicó en el lugar número 21 entre 40 países con el mayor número de multimillonarios. Sumando los recursos de los 27 individuos y familias considerados en el estudio, suman una fortuna en conjunto de 169 mil millones de dólares (el 18% del PIB de México); además subió el número de billonarios de 22 en 2013 a 27 en el 2014 (un aumento del 23%, cuando la economía no crece arriba del 2% al año).

El gobierno de Peña Nieto mantiene la política económica que se ha aplicado en el país por un cuarto de siglo, que favorece la concentración del escaso crecimiento económico en una minoría de plutócratas, que tienen el poder suficiente para influir decisivamente en el proceso político y con ello en el tipo de políticas públicas que se instrumentan en el país.

Los gobiernos del PRI y del PAN que han gobernado durante estos años, han iniciado políticas asistencialistas hacia la población más pobre, con objeto de que la pobreza no se desborde incontrolablemente, mediante programas como “Solidaridad” (Salinas), “Oportunidades” (los gobiernos panistas) y ahora “Prospera”(Peña). Ninguno ha impactado decisivamente en las condiciones de vida de la mayoría de la población, y por el contrario, otras políticas vinculadas a la política económica (eliminación de subsidios en energéticos, aumento del impuesto al valor agregado y retiro del Estado en educación y salud, dejando al mercado atender a crecientes segmentos de la población en estos rubros), han nulificado los escasos beneficios de dichas políticas asistencialistas.

En lo que respecta a corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional, el 52% de la población en México considera que en los últimos dos años ha aumentado “mucho” la corrupción en el país, y otro 19% que ha aumentado. Así también, el 90% considera que las policías son corruptas, el 87% considera que los funcionarios y servidores públicos lo son también, el 91% lo cree así de los dirigentes y principales representantes de los partidos políticos y el 80% de los miembros del Poder Judicial.

Aquí vale la pena mencionar que el máximo escándalo de corrupción se acaba de dar a conocer en el país en el mes de noviembre de este año, cuando la periodista de CNN en español, Carmen Aristegui, a través de su portal Aristeguinoticias.com, dio a conocer que la esposa del presidente Peña, la ex actriz del consorcio de televisión Televisa, Angélica Rivera, es dueña de dos propiedades valuadas en más de 7 millones de dólares en una de las zonas más caras de la ciudad de México (las Lomas de Chapultepec), y que en una de ellas acababa de construir una enorme mansión (conocida ahora como “la casa blanca de las Lomas”[2]), a través de la constructora TEYA que pertenece al GRUPO HIGA, propiedad del empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú.

Hinojosa Cantú fue durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México (2005-2011), el empresario más favorecido con contratos de obra pública (casi 2000 millones de dólares), y durante la campaña presidencial de Peña Nieto le alquiló sus aviones particulares para trasladarse en sus recorridos.

Grupo HIGA de Hinojosa Cantú es el grupo que está asociado a China Railway Construction Group, empresa china que ganó la licitación para construir el tren rápido entre México y Querétaro, con una inversión que se calcula sería de más de 50 mil millones de pesos (3625 millones de dólares), habiendo sido la única empresa que se inscribió en el concurso público para concesionar la obra.

Poco antes de asistir a China a la Cumbre de la APEC, Peña Nieto revocó la concesión a esta empresa, pues se enteró de que estaba a punto de darse a conocer la información sobre las propiedades de su esposa, y la relación de dichas propiedades con la empresa constructora de Hinojosa Cantú (socio de los chinos).

A raíz de este escándalo la esposa del presidente, Angélica Rivera, que fue actriz durante 23 años en Televisa (antes de casarse con Peña Nieto en el 2010), se vio obligada a dar a conocer al país, a través de la televisión, cómo adquirió esas dos propiedades tan onerosas.

La explicación fue que Televisa le pagó un “finiquito” de su contrato por 88 millones de pesos, y con ello pudo adquirir su primera propiedad en Las Lomas, mientras que la segunda, que está a un lado de la misma, la está comprando a Constructora TEYA en mensualidades (hasta ahora ha pagado 14 millones de pesos).

La “explicación” de la señora Rivera (que además la hizo en un tono de regaño e “indignación” porque se cuestionaba su honorabilidad) resultó un desastre, pues en México todo mundo sabe que Televisa entró al “rescate” de Peña Nieto, ya que son evidentes sus relaciones de complicidad con el empresario Hinojosa, quien “pagó” la concesión del contrato del tren rápido (y quizás otros anteriores en el Estado de México, u otros futuros durante el gobierno de Peña) con la mansión.

En todo caso, si Televisa “pagó” esa suma fabulosa a una actriz que ni en sueños fue de las más famosas e importantes del país (se sabe que la más alta suma que pagó Televisa por un contrato multianual fue a Gloria Trevi, y sólo fueron 8 millones de pesos[3]), no fue por los servicios prestados a la empresa, sino como parte de la “compra” que hizo esta empresa de los servicios del nuevo esposo de la señora Rivera (tal como se describe con detalle en la película de reciente estreno, que intentó ser censurada, La Dictadura Perfecta, en donde el cineasta Luis Estrada describe la forma en que un gran consorcio televisivo en México fabrica la candidatura de un corrupto y mafioso gobernador, y lo lleva hasta la presidencia de la República).

Por lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Peña ya está siendo tan cuestionado nacional e internacionalmente como lo fue el de Calderón Hinojosa.

El involucramiento de gobernantes, policías y miembros de las fuerzas armadas con el crimen organizado ha llegado a niveles intolerables, aún para la muy condescendiente y permisiva sociedad mexicana en este tema, pues el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula (estado de Guerrero) y entregados a los sicarios del cártel de narcotráfico Guerreros Unidos, para ser torturados y asesinados, fue la gota que derramó el vaso y provocó movilizaciones a nivel nacional y protestas de organismos internacionales y ONG de todo el mundo[4].

Así también el caso Tlatlaya (Estado de México), ha impactado duramente en el gobierno de Peña Nieto, pues el 30 de junio del 2014 un grupo de militares masacró a 22 jóvenes en una bodega de ese municipio, aduciendo que eran criminales.

En un primer momento tanto el gobierno del estado, como el gobierno federal apoyaron la versión del Ejército de que los jóvenes murieron durante un “enfrentamiento”, e incluso la muy desprestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló tal versión.

Sin embargo, tuvo que ser una revista de Estados Unidos, de nombre Esquire, que tomó declaraciones de diversos testigos, la que reveló lo que realmente había sucedido: una ejecución sumaria por parte del batallón del Ejército que participó en estos hechos. Fue hasta entonces (septiembre) que  se retomó el caso por la Procuraduría General de la República y la CNDH, a raíz de lo cual se ha consignado a 7 militares por este hecho.

Tanto el caso Iguala-Ayotzinapa, como el de Tlatlaya, y el de la “casa blanca de las Lomas”, han acorralado al gobierno de Peña Nieto, que ha comenzado a reaccionar violentamente ante los justos reclamos de la sociedad mexicana, no sólo para esclarecer y castigar estos hechos de impunidad[5] y corrupción, sino para cambiar un sistema podrido que sólo sirve a los intereses de grupos políticos y empresariales enriquecidos obscenamente, a los que no les importa la suerte de la mayoría de los mexicanos.

Así, Peña comenzó a cambiar la narrativa sobre las demandas de la población por justicia, hacia la condena a “los violentos”, haciendo referencia a grupos de encapuchados que durante las manifestaciones por el caso Ayotzinapa quemaron edificios públicos en Guerrero, Michoacán y Oaxaca y prendieron fuego a la puerta principal de Palacio Nacional en la ciudad de México.

De esta manera, Peña Nieto y miembros de su gabinete (secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y el de Marina), así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, han estado tratando de voltear la situación, señalando que el verdadero problema son “los violentos” que no quieren la paz y que atacan al Estado de Derecho (además de que ha aumentado la exigencia de la renuncia de Peña).

Los acusan de querer “desestabilizar” al gobierno, y por lo tanto de ser ellos la principal amenaza al país; cuando la gran mayoría de la población se ha manifestado pacíficamente y está exigiendo una limpia a fondo de un sistema político corrupto, vinculado a los cárteles del narcotráfico y que promueve un “capitalismo de compadres”, en donde sólo los cercanos al poder político y el pequeño grupo de plutócratas que domina a la economía (con sus aliados transnacionales), cuentan con todos los privilegios y garantías, mientras el pueblo sufre pobreza y represión.

El pasado 20 de noviembre (día en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana), miles de personas, familias, jóvenes, viejos, mujeres y niños, marcharon pacíficamente al Zócalo de la ciudad de México, en demanda de justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Al finalizar la manifestación, cuando todavía había varios miles de personas en el Zócalo, cientos de policías federales y del D.F. arremetieron contra la multitud, sin provocación alguna, golpeando y vejando a todas las personas que encontraron a su paso, con la evidente intención de aterrorizar a los manifestantes y dar una lección a la población que quiere manifestar su inconformidad y sus reclamos.

Fueron injustamente detenidas 11 personas que ahora han sido encarceladas en prisiones lejanas del D.F., lo que está detonando un nuevo movimiento en pro de su liberación, y ya un grupo amplio de intelectuales y personalidades está iniciando un movimiento para demandar su liberación y el castigo de los responsables de esta brutal represión.

Peña Nieto y Miguel Angel Mancera (jefe de gobierno del D.F.[6]), han señalado que fue “correcta” la actuación de las autoridades y no piensan rectificar.

Se advierte así un endurecimiento del gobierno, pues no tiene respuestas de fondo a los reclamos de la población, y aunque en estos días Peña va a proponer la firma de un “pacto” para la legalidad y el Estado de Derecho (uno más de varios que se han firmado en los últimos años y que se han quedado en el papel), la realidad es que su gobierno ha demostrado su talante represor, corruptor, abusivo y subordinado a los multimillonarios mexicanos y a las grandes corporaciones trasnacionales (a las que ya abrió de par en par la explotación y comercialización de los hidrocarburos del país), lo que va a profundizar los grandes problemas nacionales y tarde o temprano va a provocar un despertar violento (ese sí, verdaderamente violento), de las clases desposeídas de México.

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[1] Aunque Brasil no forma parte de la OCDE, existe un convenio para incluir estadísticas en los estudios de la organización.

[2] “El diseño de la residencia estuvo a cargo del arquitecto mexicano Miguel Ángel Aragonés y sus fotos aún se exhiben en www.aragones.com.mx, con el título Casa La Palma.

Los planos están disponibles en el portal archdaily.com, llevan el logo de Aragonés y la ubican en la calle Sierra Gorda. También muestran una fecha: octubre de 2010, un mes antes de que Peña Nieto y Rivera se casaran” (Aristeguinoticias.com)

[3] Regenarción.mx

[4] Ver State Crime in Iguala, Guerrero (Mexico), artículo de Rolando Garrido aparecido en The Vineyard of the Saker el pasado 18 de octubre.

[5] Recordemos que en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los delitos no denunciados y no castigados llegan al 95%. Es decir 95 de cada 100 delitos en el país quedan impunes.

[6] Supuestamente de “izquierda”, vinculado al muy desprestigiado Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postuló y cobijó al alcalde mafioso de Iguala José Luis Abarca y a su esposa María de los Angeles Pineda, así como al defenestrado gobernador de Guerrero, Angel Aguirre; y quien está vinculado a un grupo de empresarios que controlan las obras públicas del Distrito Federal, y que se han enriquecido con concesiones como la imposición de parquímetros en miles de calles y la construcción de obras mal hechas como los llamados “segundos pisos” en las vialidades de la ciudad; así como el cambio en el “uso de suelo” de zonas habitacionales para construir centros comerciales y edificios de oficinas. Apenas el 26 de noviembre el fundador del PRD y tres veces candidato a la presidencia (1988, 1994 y 2000),  C. Cárdenas, renunció a este partido por todos estos escándalos.

Nº: 229   Noviembre  2014 Bolivia está cambiando Ignacio Ramonet (LE MONDE DIPLOMATIQUE) País:  Bolivia, Latinoamérica Tema:  Elecciones, Política, Reformas económicas, Indigenismo

Para el viajero que vuelve a Bolivia varios años después y camina despacito por las empinadas calles de La Paz, ciudad encaramada entre barrancos escarpados a casi cuatro mil metros de altitud, los cambios saltan a la vista: ya no se ven personas mendigando ni vendedores informales pululando por las aceras. Se percibe que hay pleno empleo. La gente va mejor vestida, luce más sana. Y el aspecto general de la capital se ve más esmerado, más limpio, más verde y ajardinado. Se nota el auge de la construcción. Han surgido decenas de altos edificios llamativos y se han multiplicado los modernos centros comerciales, uno de los cuales posee el mayor complejo de cines (18 salas) de Sudamérica. Pero lo más espectacular son los sensacionales teleféricos urbanos de tecnología (1) futurista que mantienen sobre la ciudad un permanente ballet de coloridas cabinas,  elegantes y etéreas como pompas de jabón. Silenciosas y no  contaminantes. Dos líneas funcionan ya, la roja y la amarilla; la tercera, la verde, se inaugurará en las próximas semanas, creando así una red interconectada de transporte por cable de once kilómetros, la más larga del mundo, que permitirá a decenas de miles de paceños ahorrarse un promedio de dos horas diarias de tiempo de transporte. “Bolivia cambia. Evo cumple” afirman unos carteles en la calle. Y cada cual lo constata. El país es efectivamente otro. Muy distinto al de hace apenas un decenio, cuando estaba considerado “el más pobre de América Latina después de Haití”. En su mayoría corruptos y autoritarios, sus gobernantes se pasaban la vida implorando préstamos a los organismos financieros internacionales, a las principales potencias occidentales o a las organizaciones humanitarias mundiales. Mientras las grandes empresas mineras extranjeras saqueaban el subsuelo, pagándole al Estado regalías de miseria y prolongando el expolio colonial. País relativamente poco poblado (unos diez millones de habitantes), Bolivia posee una superficie de más de un millón de kilómetros cuadrados (dos veces Francia). Sus entrañas rebosan de riquezas: plata (piénsese en Potosí...), oro, estaño, hierro, cobre, zinc, tungsteno, manganeso, etc. El Salar de Uyuni tiene la mayor reserva de potasio y litio del mundo, este último considerado la energía del futuro. Pero la principal fuente de ingresos hoy la constituye el sector de los hidrocarburos, con las segundas mayores reservas de gas natural de América del Sur, y petróleo, aunque en menor cantidad (unos 16 millones de barriles anuales). El crecimiento económico de Bolivia en estos últimos nueve años, desde que gobierna Evo Morales, ha sido sensacional, con una tasa promedio del 5% anual... En 2013, el PIB llegó a crecer hasta el 6,8% (2), y en 2014 y 2015, según  las previsiones del FMI, también será superior al 5%... El porcentaje más elevado de América Latina (3). Y todo ello con una inflación moderada y controlada, inferior al 6%. El nivel de vida general se ha duplicado (4). El gasto público, a pesar de las importantes inversiones sociales, también está controlado; hasta el punto de que el saldo en cuenta corriente ofrece un resultado positivo con un superávit fiscal de 2,6% (en 2014) (5). Y aunque las exportaciones, principalmente de  hidrocarburos y de productos de la minería, representan un papel importante en esta bonanza económica, es la demanda interna (+5,4%) la que constituye el principal motor del crecimiento. En fin, otro éxito inaudito de la gestión del ministro de Economía, Luis Arce: las reservas internacionales en divisas de Bolivia, con respecto al PIB, alcanzaron el 47% (6), situando a este país, por primera vez, a la cabeza de América Latina, muy por delante de Brasil, México o Argentina. Evo Morales ha señalado que, de país estructuralemente endeudado, Bolivia podría pasar a ser prestamista, y ha revelado que ya “cuatro Estados de la región”, sin precisar cuáles, se han dirigido a su Gobierno pidiéndole créditos... En un país en el que más de la mitad de la población es originaria, Evo Morales es el primer indígena, en los últimos cinco siglos, que alcanzó, en enero de 2006, la presidencia del Estado. Y desde que asumió el poder, este presidente diferente desechó el “modelo neoliberal” y lo cambió por un nuevo “modelo económico social comunitario productivo”. Nacionalizó, a partir de mayo de 2006, los sectores estratégicos (hidrocarburos, minería, electricidad, recursos ambientales) generadores de excedentes e invirtió una parte de estos excedentes en los sectores generadores de empleo (industria, manufactura, artesanía, transporte, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, etc.). Y consagró otra parte de esos excedentes a la reducción de la pobreza mediante políticas sociales (enseñanza, sanidad), incrementos salariales (a los funcionarios y trabajadores del sector público), estímulos a la inclusión [bono Juancito Pinto (7), renta dignidad (8), bono Juana Azurduy (9)] y políticas de subvenciones. Los resultados de la aplicación de este modelo se reflejan no solo en las cifras expuestas aquí arriba, sino en un dato bien explícito: más de un millón de bolivianos (o sea, el 10% de la población) han salido de la pobreza. La deuda pública, que representaba el 80% del PIB, se redujo a apenas el 33% del PIB. La tasa de desempleo (3,2%) es la más baja de América Latina, hasta tal punto que miles de bolivianos emigrados en España, Argentina o Chile empiezan a regresar, atraídos por la facilidad de empleo y el notable incremento del nivel de vida. Además, Evo Morales ha emprendido la construcción de un verdadero Estado, hasta ahora más bien virtual. Hay que reconocer que la inmensa y torturada geografía boliviana (un tercio, altas montañas andinas, dos tercios, tierras bajas tropicales y amazónicas) así como la fractura cultural (36 naciones etno-lingüísticas) nunca facilitaron la integración y la unificación. Pero, lo que no se hizo en casi dos siglos, el presidente Morales está decidido a llevarlo a cabo acabando con la dislocación. Primero, promulgando una nueva Constitución, adoptada por referéndum, que establece por vez primera un “Estado plurinacional” y reconoce los derechos de las diferentes naciones que conviven en el territorio boliviano.  Y luego lanzando una serie de ambiciosas obras públicas (carreteras, puentes, túneles) con el objetivo de conectar, articular, comunicar regiones dispersas para que todas ellas y sus habitantes se sientan parte de un todo común: Bolivia. Nunca se había hecho. Y por eso hubo tantas tentativas de secesión, separatismo y de fraccionamiento. Hoy, con todos estos éxitos, los bolivianos se sienten –quizás por vez primera– orgullosos de serlo. Orgullosos de su cultura originaria y de sus lenguas vernáculas. Orgullosos de su moneda que cada día se valoriza más con respecto al dólar. Orgullosos de tener el crecimiento económico más alto y las reservas de divisas más importantes de América Latina. Orgullosos de sus realizaciones tecnológicas como esa red de teleféricos de última generación, o su satélite de telecomunicaciones Túpac Katari, o su canal de televisión pública Bolivia TV (10). Este canal, que dirige Gustavo Portocarrero, realizó, el 12 de octubre pasado, día de las elecciones presidenciales, una impactante demostración de su maestría tecnológica conectándose en directo –a lo largo de más de 24h ininterrumpidas– con sus enviados especiales en unas 40 ciudades en todo el mundo (Japón, China, Rusia, la India, Irán, Egipto, España, etc.) en las que votaban, por primera vez, los bolivianos residentes en el extranjero. Una proeza técnica y humana que pocos canales de televisión en el mundo serían capaces de realizar. Todas estas hazañas –económicas, sociales, tecnológicas– explican en parte la rotunda victoria de Evo Morales y de su partido (Movimiento al Socialismo, MAS) en las elecciones del pasado 12 de octubre (11). Icono de la lucha de los pueblos indígenas y originarios de todo el mundo, Evo ha consiguido romper, con este nuevo triunfo, varios graves prejuicios. Demuestra que la gestión de gobierno no desgasta, y que después de nueve años en el poder, cuando se gobierna bien, se puede volver a ganar holgadamente. Demuestra, contrariamente a lo que afirman racistas y colonialistas, que “los indios” saben gobernar, y hasta pueden ser los mejores gobernantes que jamás haya tenido el país. Demuestra que, sin corrupción, con honestidad y eficiencia, el Estado puede ser un excelente administrador, y no –como lo pretenden los neoliberales– una calamidad sistemática.  En fin, demuestra que la izquierda en el poder puede ser eficiente, que puede llevar a cabo políticas de inclusión y de redistribución de la riqueza sin poner en riesgo la estabilidad de la economía. Pero esta gran victoria electoral también se explica por razones políticas. El presidente Evo Morales consiguió derrotar, ideológicamente, a sus principales adversarios reagrupados en el seno de la casta empresarial de la provincia de Santa Cruz, principal motor económico del país. Este grupo conservador que lo intentó todo contra el presidente, desde la tentativa de secesión hasta el golpe de Estado, ha acabado por rendirse y por sumarse en definitiva al proyecto presidencial, reconociendo que el país ha puesto rumbo hacia el desarrollo. Es una victoria considerable que el vicepresidente Álvaro García Linera explica en estos términos: “Se logró integrar al oriente boliviano y unificar el país, gracias a la derrota política e ideológica de un núcleo político empresarial ultraconservador, racista y fascista, que conspiró por un golpe de Estado y trajo a gente armada para organizar una secesión del territorio oriental. En segundo lugar, estos nueve años han mostrado a las clases medias urbanas y sectores populares cruceños que tenían desconfianza, que hemos mejorado sus condiciones de vida, que respetamos lo construido en Santa Cruz y sus particularidades. Por supuesto, somos un Gobierno socialista, de izquierdas y dirigido por indígenas. Pero tenemos la voluntad de mejorar la vida de todos. Nos hemos enfrentado a las empresas petroleras extranjeras, igualmente a las de energía eléctrica, y las hemos golpeado para luego, con esos recursos, potenciar al país, fundamentalmente a los más pobres, pero sin afectar lo que poseen las clases medias o el sector empresarial. Por eso pudo realizarse un encuentro entre Gobierno y Santa Cruz muy fructífero. Nosotros no cambiamos de actitud, seguimos diciendo y haciendo lo mismo que hace nueve años. Los que han cambiado de actitud frente a nosotros son ellos. A partir de ahí empieza esta nueva etapa del proceso revolucionario boliviano, que es el de la irradiación territorial y la hegemonía ideológica y política. Ellos empiezan a entender que no somos sus enemigos, que si hacen economía sin meterse en política les va a ir bien. Pero si, como corporaciones, tratan de ocupar las estructuras del Estado y quieren combinar política con economía, les va a ir mal. Así como no puede haber militares que también tengan el control civil, político, porque ya tienen el control de las armas”. En su despacho del Palacio Quemado, el ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, me lo explica con una consigna: “Derrotar e integrar”. “No se trata  –me dice– de vencer al adversario y de abandonarlo a su suerte, corriendo el riesgo de que se ponga a conspirar con su resentimiento de vencido y se lance a  nuevas intentonas golpistas. Una vez derrotado, hay que incorporarlo, darle la oportunidad de sumarse al proyecto nacional en el que caben todos, a condición de que cada cual admita y acate que la dirección política, por decisión democrática de las urnas, la llevan Evo y el MAS”. ¿Y ahora? ¿Qué hacer con una victoria tan aplastante? “Tenemos un programa (12) –afirma tranquilo Juan Ramón Quintana– queremos erradicar la pobreza extrema, dar acceso universal a los servicios básicos, garantizar salud y educación de calidad para todos, desarrollar la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento, establecer una administración económica responsable, tener una gestión pública transparente y eficaz, diversificar nuestra producción, industrializar, alcanzar la soberanía alimentaria y agropecuaria, respetar a la Madre Tierra, avanzar hacia una mayor integración latinoamericana y con nuestros socios del Sur, integrar el Mercosur, y alcanzar nuestro objetivo histórico, cerrar nuestra herida abierta: recuperar nuestra soberanía marítima y la salida al mar” (13). Por su parte, el presidente Morales ha expresado su deseo de que Bolivia se convierta en el “corazón energético de América del Sur” gracias a sus enormes potencialidades en energías renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, biomasa) además de los hidrocarburos (petróleo y gas), lo que se completaría con la energía atómica civil producida por una central nuclear de próxima adquisición. Bolivia cambia. Va para arriba. Y su prodigiosa metamorfosis aún no ha terminado de sorprender al mundo. (1) La empresa constructora es la sociedad austríaca Doppelmayr-Garaventa. (2) Léase Economía Plural, La Paz, abril de 2014. (3) Léase Página Siete, La Paz, 12 de octubre de 2014. (4) Entre 2005 y 2013, el PIB per capita creció más de dos veces (de 1.182 dólares a 2.757 dólares). Bolivia dejó de ser un “país de bajos ingresos” y fue declarado “país de ingresos medios”. Léase “Bolivia, una mirada a los logros más importantes del nuevo modelo económico”, en Economía Plural, La Paz, junio de 2014. (5) El buen manejo de las finanzas públicas ha permitido a Bolivia situarse como el segundo país con mayor superávit fiscal de América Latina en los últimos ocho años. (6) En cifras absolutas, las reservas internacionales de Bolivia son de unos 16.000 millones de dólares. El PIB, en 2013, fue de unos 31.000 millones de dólares. (7) De una suma de 200 bolivianos anuales (23 euros), se entrega por cada alumno/a de primaria y secundaria, de la enseñanza pública, que haya seguido con asiduidad todos sus cursos. Su objetivo es luchar contra el abandono escolar. (8) Una pensión que cobran todos los bolivianos a partir de los 60 años, incluso aquellos que nunca pudieron cotizar a una caja de pensiones. (9) Una asistencia económica de 1.820 bolivianos (unos 215 euros) que se entrega a las  mujeres embarazadas y por cada niño y niña de menos de 2 años, con la intención de disminuir los índices de mortalidad infantil y materna. (10) http://www.mixbolivia.com/2013/08/ver-en-vivo-canal-bolivia-tv.html (11) Léase Atilio Borón, “¿Por qué ganó Evo?”, América Latina en movimiento, ALAI, Quito, 13 de octubre de 2014. (12) Agenda patriótica 2025: la ruta boliviana del vivir bien, En 2025 se cumple el bicentenario de la independencia y fundación de Bolivia. (13) Bolivia ha recurrido al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Léase El libro del mar, Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz, 2014.

CRISIS  DEL  ESTADO MEXICANO 

El Caso  Ayotzinapa 

Por Rolando  Garrido  Romo 

El pasado domingo 26 de octubre se cumplió un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, México,  que aquella trágica noche del 26 de septiembre pasado fueron atacados por la policía municipal de Iguala y un grupo de sicarios del cártel Guerreros Unidos.

Apenas el 22 de Octubre, la Procuraduría General de la República dio a conocer que ya se emitió orden de aprehensión contra el presidente municipal de Iguala (que tiene licencia del cargo), José Luis Abarca; su esposa María de los Angeles Pineda Villa y el ex director de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velásquez, acusados de haber sido los autores intelectuales del ataque a los estudiantes, y de la entrega de los 43 desaparecidos al crimen organizado[1].

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se tardó 10 días en reaccionar después del ataque y desaparición de los estudiantes, intentando responsabilizar de la situación únicamente al gobierno del estado, encabezado entonces por el gobernador Angel Aguirre, quien ya se separó del cargo;  en su lugar el congreso local nombró el pasado 27 de octubre, como gobernador sustituto a Rogelio Ortega Martínez, que fungía como secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El Estado Mexicano está en crisis a raíz de esta situación, pues no sólo se ha mostrado la descomposición de las instituciones gubernamentales, en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), al estar involucradas en distinto grado con organizaciones del crimen organizado, sino también el desprecio de esas mismas autoridades y de una parte de la sociedad (la más privilegiada) hacia la suerte que corren los mexicanos más excluidos y olvidados, como lo han sido por muchas décadas los estudiantes de las escuelas rurales, que vienen de los pueblos y rancherías más pobres y apartadas de la geografía nacional.

Ha sido la presión de organizaciones[2] populares, estudiantiles, magisteriales y campesinas, así como de instancias internacionales[3] lo que ha obligado al gobierno federal a reconocer el tamaño del problema, por lo que ha ordenado a las fuerzas federales tomar 12 municipios del estado de Guerrero (y uno del Estado de México), en donde los cárteles del narcotráfico controlan a las policías locales.

Peña Nieto se vio obligado a recibir el 30 de Octubre, a los padres de los estudiantes desaparecidos, en una reunión que duró más de 5 horas, después de lo cual el presidente se comprometió a “redoblar esfuerzos” en la búsqueda de los estudiantes y se creó (burocráticamente) una “comisión mixta”, formada por funcionarios y padres de familia, para dar seguimiento a los “avances de las investigaciones”.

Por su parte, los padres de los estudiantes señalaron a la prensa que no confían en el gobierno, le exigieron que no busquen a sus hijos en fosas clandestinas y “basureros”, pues en los últimos días se acaba de encontrar otra fosa común en un basurero del municipio de Cocula, en donde hay más cadáveres; y que se concentren en buscar a sus hijos, que ellos creen aún están vivos; aunque el gobernador sustituto, Rogelio Ortega ya advirtió que hay que prepararse “para lo peor[4]”.

Asimismo, los padres de los estudiantes han reiterado que cuando se hagan exámenes forenses y de ADN a los cadáveres que se vayan encontrando en toda la geografía del estado de Guerrero (hasta ahora se han encontrado 38 cuerpos), ellos sólo le creerán a los forenses argentinos (quienes participaron en la identificación de cuerpos en las fosas encontradas en Argentina, a raíz de la guerra sucia en dicho país) que los están apoyando y que coadyuvan en la investigación, y no a los que practiquen las autoridades federales o estatales.

Estas acciones tardías del gobierno federal han sido recurrentes en los últimos años en diferentes estados de la República Mexicana (Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México,  Morelos, Sinaloa, Baja California) desde hace años, pues en todas ellas las fuerzas armadas y la Policía Federal han tomado el control de varios municipios y han tenido que sustituir por largos períodos de tiempo a las policías locales, debido al control que las organizaciones criminales ejercen sobre autoridades y policías (o por la complicidad y asociación entre unos y otros).

Esta captura de las instituciones estatales por parte de organizaciones criminales, coincide con un crecimiento desmesurado del aparato de seguridad del Estado Mexicano, que supuestamente tiene su explicación en la “Guerra contra el Narcotráfico”, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que no sólo resultó en un sonoro fracaso, pues como se constata hasta la fecha, el crimen y la violencia en el país se siguen incrementando[5]; sino que llevó a que dicho aparato de seguridad sirviera sólo para proteger los intereses del  gobierno y  de un segmento de la población, identificados con la política de puertas abiertas para el capital transnacional, de rapiña del erario público y de devastación de los recursos naturales del país.

Esto es, el aparato de seguridad ha servido para defender las relaciones de complicidad y la corrupción de una casta política cada vez más apartada de las necesidades de la población; y para proteger los intereses de grandes corporaciones y empresarios enriquecidos a través de sus estrechas relaciones con el funcionariado público[6], lo que ha generado un aumento de la pobreza y la exclusión en el país, y por lo mismo, ha dejado indefensa a la mayoría de la sociedad ante estas asociaciones mafiosas entre gobernantes-policías-narcotraficantes, que acaban oprimiendo y explotando aún más a la mayoría de los mexicanos.

Los estudiantes y los maestros están a la vanguardia de las protestas contra este modelo depredador y excluyente, y es por esto que están siendo el blanco de agresiones continuas de parte del aparato estatal[7], lo que seguramente va a ir generando más y más descontento en amplios sectores sociales.

El gobierno de Peña Nieto ha querido presumir en el exterior sus reformas “estructurales” en materia de energía (entrada de capital privado nacional y extranjero a la explotación de hidrocarburos), de telecomunicaciones (más privilegios y protección al duopolio televisivo de Televisa y TV Azteca), financiera (más facultades a los bancos para cobrar deudas), educativa (acotamiento de los derechos de los maestros de escuelas públicas y mayor control sobre sus organizaciones sindicales) y laboral (disminución drástica de los derechos laborales de trabajadores y sindicatos), pero la crisis de su modelo se está evidenciando a través del fracaso de su estrategia (y de las anteriores) en materia de seguridad y justicia, pues están diseñadas sólo para proteger los intereses de los poderosos y criminalizar la protesta social, y no para proteger a la ciudadanía.

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[1] El motivo fue que el alcalde no quería que una movilización estudiantil empañara el informe que daba su esposa, que encabezaba a la institución encargada de atender a la familia y la infancia en dicho municipio, conocida como Desarrollo Integral de la Familia; y que serviría para lanzar la candidatura de María de los Angeles para las elecciones municipales del próximo año, según la versión de la PGR.

[2] LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE GUERRERO (CETEG), TIENE TOMADAS YA 22 ALCALDÍAS, EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES (QUEMÓ LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA CAPITAL DEL ESTADO, CHILPANCINGO, ASÍ COMO LAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGUALA); EL 22 DE OCTUBRE SE REALIZÖ UN NUEVO PARO DE ACTIVIDADES EN VARIAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES, Y OTRO ESTÁ CONVOCADO PARA EL 5 DE NOVIEMBRE; EL MISMO 22 DE OCTUBRE SE REALIZÓ UNA MARCHA MULTITUDINARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES, Y AL MENOS EN 9 ESTADOS DE LA REPÚBLICA SE HAN REALIZADO DIVERSAS ACCIONES DE PROTESTA EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

[3] TALES COMO AMNISTÍA INTERNACIONAL, HUMAN RIGHTS WATCH, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (QUE YA ES COADYUVANTE EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO) Y APENAS EL 22 DE OCTUBRE, EL PARLAMENTO EUROPEO APROBÓ UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE CONDENA LA DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y SEÑALA QUE DEBEN APARECER SANOS Y SALVOS, CON 495 VOTOS A FAVOR, 86 EN CONTRA Y 56 ABSTENCIONES. LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MEXICANO SE PRESENTARON ANTE LA CIDH EL 30 DE OCTUBRE PARA AFIRMAR QUE SE SEGUIRÁN LAS INVESTIGACIONES EN EL CASO AYOTZINAPA HASTA ENCONTRAR A LOS ESTUDIANTES, Y PARA SOLICITAR LA AYUDA DE ESTA INSTANCIA INTERNACIONAL EN ESTA TAREA. LA CASA BLANCA VOLVIÓ A MANIFESTAR SU “PREOCUPACIÓN” POR LA DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y URGIÓ A DAR CON SU PARADERO.

[4] Este gobernador ha tenido una actuación desafortunada en estos días (poniéndose “a las órdenes” de Peña Nieto, señalando que los estudiantes desaparecidos podrían tener algún nexo con organizaciones rivales de narcotraficantes; o comentando que en caso de que estén retenidos aún por narcotraficantes, él se propone como “mediador” para dejarlos libres), todo lo cual ha generado gran irritación y desconfianza en los padres de los estudiantes, por lo que han solicitado que el gobernador no participe en las reuniones que se tengan con autoridades federales.

[5] EL JUEVES 30 DE OCTUBRE SIETE TRI-ATLETAS MEXICANOS FUERON SECUESTRADOS EN LAS CERCANÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANDO ENTRENABAN EN SUS BICICLETAS. SUS FAMILIARES TUVIERON QUE PAGAR 250 MIL PESOS PARA QUE LOS LIBERARAN AYER. LA ZONA DONDE FUERON SECUESTRADOS (CERRO DEL AJUSCO) ES MUY FRECUENTADA POR CIENTOS DE FAMILIAS MEXICANAS LOS FINES DE SEMANA.

EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, DESAPARECIERON TRES CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES Y UNO MÁS MEXICANO, DESPUÉS DE QUE FUERON DETENIDOS POR UN GRUPO DE LA POLICÍA LOCAL (DENOMINADO HÉRCULES, FORMADO POR EX MARINOS Y EX MILITARES), Y EL 29 DE OCTUBRE FUERON ENCONTRADOS SUS CADÁVERES.

[6] Ahora el Banco de México se dice preocupado por los efectos que “los movimientos sociales” puedan tener en la actividad productiva. Pero no se preocupa por la inseguridad y la violencia contra la población, con lo que refleja su desprecio por la ciudadanía.

[7] Apenas el 12 de octubre, en la  carretera que comunica Acapulco y la ciudad de México, un grupo de policías estatales de Guerrero, supuestamente encargado de combatir los secuestros, atacó a balazos a una camioneta en donde iban estudiantes de la Universidad Chapingo (dedicada a entrenar ingenieros agropecuarios) y dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, uno de ellos de origen alemán, resultando herido este último, por lo que 20 de los policías están bajo investigación, y todos los embajadores de la Unión Europea han exigido una investigación a fondo de este hecho.

Saturday, October 18, 2014



State Crime in Iguala, Guerrero (Mexico)



By Rolando Garrido Romo

In these days the people of Mexico are facing a double assault by the political and economic elite of the country, subservient to Washington, which mainly aims to strengthen control over financial and natural resources of the country through the implementation of reforms imposed by the government of president Peña Nieto; and at the same time criminalizing social protest, suppressing all dissent sample or rejection by popular organizations, students, educators, farmers and workers to such predatory and exclusionary model.

In this context a state crime was committed against rural students in the state of Guerrero, where the complicity between municipal and state authorities to organized crime, and the indifference and failure of federal authorities led to another tragedy against country's poorest population.

On the night of 26 last September and the morning of the 27th, a group of about 200 students from the Rural School Raúl Isidro Burgos of Ayotzinapa (municipality of Tixtla), Guerrero (southwestern Mexico) were attacked with firearms by municipal police of the city of Iguala and a group of men in civilian clothes.

The students of Ayotzinapa had taken some passenger buses with which they moved to the neighboring town of Iguala, in order to raise money to go to Mexico City, and attend the march of October 2nd which is held every year in commemorating the Slaughter of Tlatelolco in 1968 (during which the government of Gustavo Díaz Ordaz ordered the murder of dozens of students who performed a rally in the Plaza of the Three Cultures, precisely protesting against government repression and lack of democracy in the country).

The march on October 2, 2014 was of additional importance, since in recent weeks had developed a student movement at the National Polytechnic Institute (an institution created in 1936 by President Lazaro Cardenas, who in 1938 expropriated the oil industry at large transnational corporations) to reject a series of reforms involving the degradation of their academic level and the conversion of the Institute into a provider of technical second level personnel for transnational corporations.

Although the government had an initial response to the demands of students (repeal the reforms and dismiss the director of the Institute), the student`s assemblies were in favor of greater involvement of students and teachers in the direction of the school and in the determination of plans and programs of study, so that the student`s protest continues in this academic institution.

The shooting attack of Iguala municipal police and gunmen who accompanied her, caused the killing of 6 people, 4 of them students, a woman who was in a taxi and then a young football player (team Hornets of the Third Division of professional football) who was on a bus with peers (after participating in a game), which was also shot by the police, who believed that the players were also students of Ayotzinapa.

Some of the students then decided to report the assault they suffered, before the media, but the place where they tried to take out the press conference that same night, was also shot by the armed group in civilian clothes, so students had to flee.

Later it was learned that 43 students were missing, and no authority was aware of his whereabouts.

That night, the body of a young man (Julio César Mondragón Fuentes) who was tortured, put out his eyes and found skinned face, was found in the street. Later was known that he was one of the students missing that tragic night.

In the days following, national outrage at the attack on defenseless young, forced the state government to deposit with the Public Prosecutor to 22 police officers involved in the attack, and at the same time, it was the Mayor of Iguala, José Luis Abarca Velasquez who requested his resignation and disappeared along with his wife Maria de los Angeles Pineda Villa, who the day of the incident, paid a report as president of the institution responsible for childcare and family (Integral Development of the Family, DIF) in Iguala.

The subsequent protests of Ayotzinapa’s students, as the demands of the return of the missing students by their parents, Amnesty International, Human Rights Watch, the OAS and even the State Department of the United States (usually let these facts unaccounted when they are committed by allied regimes, such as the one that currently governs Mexico) forced the government of Peña Nieto to attract the investigation at federal level.

Once the Attorney General's Office began investigating, arrested 10 of the gunmen who had participated in the attack and it was they who announced that they were part of a drug cartel known as “Guerreros Unidos”, one of whose leaders known as "Chucky", had given the order to kill the students. It was they also who gave the location of 9 unmarked graves on the outskirts of Iguala, where the authorities found 43 bodies so far, those who have already practiced forensic examinations and DNA tests, of which 28 bodies according to the Attorney General’s Office, do not correspond to DNA from relatives of the missing students. Still need to know the identity of the other 15 bodies found and if those that are in new mass graves found on 14 and 15 October, are of the missing students.

Later (October 13) 14 municipal police officers of Cocula (adjacent to Iguala), who apparently also participated in the attack and in the delivery of the 43 disappeared students to the cartel “Guerreros Unidos”, were arrested, along with the mayor and the director of public security of the municipality of Cocula.

At this point we must begin to untangle the web of mafia relations between much of the Mexican political class (without distinction of parties) with drug trafficking organizations, businessmen who launder money (along with banks) and different levels of municipal, state and federal government officials who protect criminal enterprises through the police (and often, middle and high level ranking officials of the armed forces are also involved), in exchange for funding for their campaigns and for huge profits that are transferred to them by their criminal associates.

The governor of the state of Guerrero, Angel Aguirre Rivero, is occupying the governorship of the state for the second time, as it did the first time replacing a despotic and dictatorial governor, Ruben Figueroa, who had to take leave from his post in 1995, after he ordered the killing of peasants of the Peasant Organization of the Southern Sierra in Aguas Blancas, Guerrero, who were to apply attention to their demands to the state government.

Aguirre then was part of the ruling Institutional Revolutionary Party (PRI), and replaced his "compadre" Figueroa, who never had to be accountable to justice for the slaughter of Aguas Blancas. Aguirre ruled from 1996 until 1999.

Subsequently, Aguirre wanted to be governor again in 2010, but this time his party, the PRI, decided to run Aguirre's cousin, Manuel Añorve, who was the mayor of Acapulco.

Aguirre expressed his disagreement and left the PRI, so he sought the nomination for governor by the leftist PRD (Party of the Democratic Revolution), who does not care about his PRI past and prompted the governor, who won the election in 2010.

Since he rose to the governorship in April 2011, Aguirre has turned the state of Guerrero to a private business, as for example, he has appointed to government positions 38 immediate family members; so do other officials, such as Secretary of Finance and Administration, Jorge Salgado Leyva, who has 20 relatives in various state offices.

Aguirre has entrusted to his nephew, Ernesto Aguirre being the liaison with groups of political and economic power, to apply for "commissions" and percentage required to approve projects, investment, government procurement, etc. The governor's brother, named Carlos Mateo Aguirre, is in charge of controlling everything related to public works by the state.

Also, the governor is pushing his son Angel Aguirre Jr. to be the candidate for mayor of Acapulco.

"Dangerous ", i.e. with drug gangs, relationships correspond to the cousin of the governor, Victor Hugo Aguirre Garzón, who is in charge of drug trafficking in Acapulco.

Aguirre, along with his Health Secretary, Lazaro Mazon (who is identified with the leftist newly created political party, National Regeneration Movement), and the current so-called New Left, which dominates the Party of the Democratic Revolution, were the main political patronage for José Luis Abarca to became mayor of Iguala.

Abarca is married to Maria de los Angeles Pineda Villa, who is the sister of Alberto Pineda Villa (aka "El Borrado"), and Marco Antonio Pineda Villa, who were operators of the drug cartel of the Beltran Leyva brothers ("coincidentally" few days after the murders of Ayotzinapa, was arrested in San Miguel Allende, Hector Beltran Leyva, leader of the cartel of the same name, along with a well-known businessman who was responsible for washing drug money, Germán Goyeneche, and who had close ties with the political class of the state of Querétaro) and then formed the cartel “Guerreros Unidos” (on 10 October, another brother of Maria de los Angeles, named Salomon, was arrested in Cuernavaca for drug crimes).

The same mother of Maria de los Angeles, Maria Leonor Villa Ortuño, is considered part of the criminal organization, and just provide a video in which she accuses the governor Aguirre of having received funding for his campaign in 2010, by the cartel of the Beltran Leyva and that is the governor who protects “Guerreros Unidos” (this cartel has a bloody dispute with another drug trafficking organization in Guerrero known as “Los Rojos”).

Mayor Abarca was driving his wife Maria de los Angeles to achieve Iguala municipal presidency next year, and the presentation of her report as president of the municipal DIF in the night of September 26, was to be used as his primary campaign launch, so knowing the mobilization of the students of Ayotzinapa, the Mayor and his wife ordered the police and thugs to stop the students at all cost, to avoid "tarnishing" the act of launching of the candidacy of Maria de los Angeles.

Hence the direct orders for the slaughter came from the municipal authorities, but state and federal authorities were complicit, as it is now known that a number of students were retained by Mexican Army soldiers, without providing them with any help; and the state police, which is also based in Iguala, did not intervene to stop the attack, even though all corporations learned about these facts in minutes.

Additionally, both the state government and the federal, were aware that the Mayor Abarca had directly participated in the kidnapping and murder of three leaders of the Popular Unity organization, who had demanded support for that peasant organization and had directly accused the mayor of taking possession of the resources destined to them. These three leaders were massacred and the mayor apparently shot to the head of one of them (Arturo Hernández Cardona), with a shotgun. This was known since the middle of 2013, but neither the state government nor the federal government initiated a thorough investigation into these events.

It should also be noted that Aguirre, since he was with the ruling PRI, was very close to the current president Peña Nieto, and once it became governor for the second time, supported by the leftist PRD, boasted his good relationship with Peña Nieto who was then governor of the State of Mexico and was constantly invited to Aguirre’s family parties and government festivities.

Now Peña has tried to distance himself from the governor and called him to take responsibility, while it pressed for his resignation, which has triggered a flood of words between state and federal government, in order to dilute their responsibilities in these facts.

In this context, it is important to note that the rural students of Ayotzinapa are part of a segment of the population that has been traditionally excluded, demonized and punished by the State, especially since the coming to power of neoliberal governments (1982), who have attempted to disappear the Rural Normal Schools (created in the 20’s), where young farmers are trained not only as teachers for rural areas, but also as social organizers and promoters and as trainers and assistants in agricultural production.

Permanently, the state and the federal governments, have decreased budget allocations for these schools and have attempted to transform curricula or close them up; but students, teachers and parents have mobilized again and again to stop it.

It is worth to mention that the famous Mexican guerrilla fighter Lucio Cabañas, originally from Atoyac de Alvarez, Guerrero, studied precisely in the Rural Normal School of Ayotzinapa, where he graduated as a rural teacher, subsequently adhering to Guerrero Civic Association (Asociación Cívica Guerrerense), who ran another graduate of Ayotzinapa, Genaro Vázquez.

Vazquez created in 1962-63 the National Revolutionary Civic Association (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria), after a brutal repression suffered by members of this organization, precisely in the city of Iguala, which convinced Vàzquez to go underground to fight the repressive Mexican authorities.

The same will happened next with Lucio Cabanas, who would experience firsthand another brutal repression in 1967 by state and federal authorities in Atoyac, leading him to create the Party of the Poor and the Peasants' Justice Brigade to fight in the underground, against the Mexican government.

Also, after the Aguas Blancas massacre, in 1996, the Popular Revolutionary Army appeared (Ejército Popular Revolucionario, EPR), in response to the repression suffered by the peasants by Guerrero state authorities.

Now, following the disappearance of students of Ayotzinapa, the Revolutionary Army of the Insurgent People (ERPI), an EPR detachment, has stated that it has created a Justice Brigade to punish cartel “Guerreros Unidos”, for the murder of the rural students.

For its part, the EZLN (the Zapatistas in Chiapas) mobilized thousands of grassroots supporters in a silent march in support of the missing students.

Several schools and colleges of the National Autonomous University of Mexico, the Metropolitan Autonomous University and the National Pedagogical University, have initiated a strike in support of students and demand of the appearance of the 43 missing students.

There is a proposal in Congress for the disappearance of powers in the state of Guerrero, given that Governor Aguirre refuses to leave office, but the measure will not fix the situation of this state, which is handled by political groups associated with drug cartels and business groups who get rich juicy concessions, so the arrival of an acting governor to the state will only serve to distract public opinion and eventually make the people forget about the responsibility, political and criminal of the governor and the omissions (perhaps intentional) of the federal government, on these facts; not forgetting that the Mayor of Iguala, his wife and the director of Public Safety of that city, Felipe Flores Velasquez, are still fugitives.