CRISIS  DEL  ESTADO MEXICANO 

El Caso  Ayotzinapa 

Por Rolando  Garrido  Romo 

El pasado domingo 26 de octubre se cumplió un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, México,  que aquella trágica noche del 26 de septiembre pasado fueron atacados por la policía municipal de Iguala y un grupo de sicarios del cártel Guerreros Unidos.

Apenas el 22 de Octubre, la Procuraduría General de la República dio a conocer que ya se emitió orden de aprehensión contra el presidente municipal de Iguala (que tiene licencia del cargo), José Luis Abarca; su esposa María de los Angeles Pineda Villa y el ex director de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velásquez, acusados de haber sido los autores intelectuales del ataque a los estudiantes, y de la entrega de los 43 desaparecidos al crimen organizado[1].

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se tardó 10 días en reaccionar después del ataque y desaparición de los estudiantes, intentando responsabilizar de la situación únicamente al gobierno del estado, encabezado entonces por el gobernador Angel Aguirre, quien ya se separó del cargo;  en su lugar el congreso local nombró el pasado 27 de octubre, como gobernador sustituto a Rogelio Ortega Martínez, que fungía como secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El Estado Mexicano está en crisis a raíz de esta situación, pues no sólo se ha mostrado la descomposición de las instituciones gubernamentales, en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), al estar involucradas en distinto grado con organizaciones del crimen organizado, sino también el desprecio de esas mismas autoridades y de una parte de la sociedad (la más privilegiada) hacia la suerte que corren los mexicanos más excluidos y olvidados, como lo han sido por muchas décadas los estudiantes de las escuelas rurales, que vienen de los pueblos y rancherías más pobres y apartadas de la geografía nacional.

Ha sido la presión de organizaciones[2] populares, estudiantiles, magisteriales y campesinas, así como de instancias internacionales[3] lo que ha obligado al gobierno federal a reconocer el tamaño del problema, por lo que ha ordenado a las fuerzas federales tomar 12 municipios del estado de Guerrero (y uno del Estado de México), en donde los cárteles del narcotráfico controlan a las policías locales.

Peña Nieto se vio obligado a recibir el 30 de Octubre, a los padres de los estudiantes desaparecidos, en una reunión que duró más de 5 horas, después de lo cual el presidente se comprometió a “redoblar esfuerzos” en la búsqueda de los estudiantes y se creó (burocráticamente) una “comisión mixta”, formada por funcionarios y padres de familia, para dar seguimiento a los “avances de las investigaciones”.

Por su parte, los padres de los estudiantes señalaron a la prensa que no confían en el gobierno, le exigieron que no busquen a sus hijos en fosas clandestinas y “basureros”, pues en los últimos días se acaba de encontrar otra fosa común en un basurero del municipio de Cocula, en donde hay más cadáveres; y que se concentren en buscar a sus hijos, que ellos creen aún están vivos; aunque el gobernador sustituto, Rogelio Ortega ya advirtió que hay que prepararse “para lo peor[4]”.

Asimismo, los padres de los estudiantes han reiterado que cuando se hagan exámenes forenses y de ADN a los cadáveres que se vayan encontrando en toda la geografía del estado de Guerrero (hasta ahora se han encontrado 38 cuerpos), ellos sólo le creerán a los forenses argentinos (quienes participaron en la identificación de cuerpos en las fosas encontradas en Argentina, a raíz de la guerra sucia en dicho país) que los están apoyando y que coadyuvan en la investigación, y no a los que practiquen las autoridades federales o estatales.

Estas acciones tardías del gobierno federal han sido recurrentes en los últimos años en diferentes estados de la República Mexicana (Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México,  Morelos, Sinaloa, Baja California) desde hace años, pues en todas ellas las fuerzas armadas y la Policía Federal han tomado el control de varios municipios y han tenido que sustituir por largos períodos de tiempo a las policías locales, debido al control que las organizaciones criminales ejercen sobre autoridades y policías (o por la complicidad y asociación entre unos y otros).

Esta captura de las instituciones estatales por parte de organizaciones criminales, coincide con un crecimiento desmesurado del aparato de seguridad del Estado Mexicano, que supuestamente tiene su explicación en la “Guerra contra el Narcotráfico”, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que no sólo resultó en un sonoro fracaso, pues como se constata hasta la fecha, el crimen y la violencia en el país se siguen incrementando[5]; sino que llevó a que dicho aparato de seguridad sirviera sólo para proteger los intereses del  gobierno y  de un segmento de la población, identificados con la política de puertas abiertas para el capital transnacional, de rapiña del erario público y de devastación de los recursos naturales del país.

Esto es, el aparato de seguridad ha servido para defender las relaciones de complicidad y la corrupción de una casta política cada vez más apartada de las necesidades de la población; y para proteger los intereses de grandes corporaciones y empresarios enriquecidos a través de sus estrechas relaciones con el funcionariado público[6], lo que ha generado un aumento de la pobreza y la exclusión en el país, y por lo mismo, ha dejado indefensa a la mayoría de la sociedad ante estas asociaciones mafiosas entre gobernantes-policías-narcotraficantes, que acaban oprimiendo y explotando aún más a la mayoría de los mexicanos.

Los estudiantes y los maestros están a la vanguardia de las protestas contra este modelo depredador y excluyente, y es por esto que están siendo el blanco de agresiones continuas de parte del aparato estatal[7], lo que seguramente va a ir generando más y más descontento en amplios sectores sociales.

El gobierno de Peña Nieto ha querido presumir en el exterior sus reformas “estructurales” en materia de energía (entrada de capital privado nacional y extranjero a la explotación de hidrocarburos), de telecomunicaciones (más privilegios y protección al duopolio televisivo de Televisa y TV Azteca), financiera (más facultades a los bancos para cobrar deudas), educativa (acotamiento de los derechos de los maestros de escuelas públicas y mayor control sobre sus organizaciones sindicales) y laboral (disminución drástica de los derechos laborales de trabajadores y sindicatos), pero la crisis de su modelo se está evidenciando a través del fracaso de su estrategia (y de las anteriores) en materia de seguridad y justicia, pues están diseñadas sólo para proteger los intereses de los poderosos y criminalizar la protesta social, y no para proteger a la ciudadanía.

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[1] El motivo fue que el alcalde no quería que una movilización estudiantil empañara el informe que daba su esposa, que encabezaba a la institución encargada de atender a la familia y la infancia en dicho municipio, conocida como Desarrollo Integral de la Familia; y que serviría para lanzar la candidatura de María de los Angeles para las elecciones municipales del próximo año, según la versión de la PGR.

[2] LA COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE GUERRERO (CETEG), TIENE TOMADAS YA 22 ALCALDÍAS, EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES (QUEMÓ LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA CAPITAL DEL ESTADO, CHILPANCINGO, ASÍ COMO LAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGUALA); EL 22 DE OCTUBRE SE REALIZÖ UN NUEVO PARO DE ACTIVIDADES EN VARIAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES, Y OTRO ESTÁ CONVOCADO PARA EL 5 DE NOVIEMBRE; EL MISMO 22 DE OCTUBRE SE REALIZÓ UNA MARCHA MULTITUDINARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES, Y AL MENOS EN 9 ESTADOS DE LA REPÚBLICA SE HAN REALIZADO DIVERSAS ACCIONES DE PROTESTA EN DEMANDA DE LA APARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

[3] TALES COMO AMNISTÍA INTERNACIONAL, HUMAN RIGHTS WATCH, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (QUE YA ES COADYUVANTE EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO) Y APENAS EL 22 DE OCTUBRE, EL PARLAMENTO EUROPEO APROBÓ UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE CONDENA LA DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y SEÑALA QUE DEBEN APARECER SANOS Y SALVOS, CON 495 VOTOS A FAVOR, 86 EN CONTRA Y 56 ABSTENCIONES. LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MEXICANO SE PRESENTARON ANTE LA CIDH EL 30 DE OCTUBRE PARA AFIRMAR QUE SE SEGUIRÁN LAS INVESTIGACIONES EN EL CASO AYOTZINAPA HASTA ENCONTRAR A LOS ESTUDIANTES, Y PARA SOLICITAR LA AYUDA DE ESTA INSTANCIA INTERNACIONAL EN ESTA TAREA. LA CASA BLANCA VOLVIÓ A MANIFESTAR SU “PREOCUPACIÓN” POR LA DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y URGIÓ A DAR CON SU PARADERO.

[4] Este gobernador ha tenido una actuación desafortunada en estos días (poniéndose “a las órdenes” de Peña Nieto, señalando que los estudiantes desaparecidos podrían tener algún nexo con organizaciones rivales de narcotraficantes; o comentando que en caso de que estén retenidos aún por narcotraficantes, él se propone como “mediador” para dejarlos libres), todo lo cual ha generado gran irritación y desconfianza en los padres de los estudiantes, por lo que han solicitado que el gobernador no participe en las reuniones que se tengan con autoridades federales.

[5] EL JUEVES 30 DE OCTUBRE SIETE TRI-ATLETAS MEXICANOS FUERON SECUESTRADOS EN LAS CERCANÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANDO ENTRENABAN EN SUS BICICLETAS. SUS FAMILIARES TUVIERON QUE PAGAR 250 MIL PESOS PARA QUE LOS LIBERARAN AYER. LA ZONA DONDE FUERON SECUESTRADOS (CERRO DEL AJUSCO) ES MUY FRECUENTADA POR CIENTOS DE FAMILIAS MEXICANAS LOS FINES DE SEMANA.

EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, DESAPARECIERON TRES CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES Y UNO MÁS MEXICANO, DESPUÉS DE QUE FUERON DETENIDOS POR UN GRUPO DE LA POLICÍA LOCAL (DENOMINADO HÉRCULES, FORMADO POR EX MARINOS Y EX MILITARES), Y EL 29 DE OCTUBRE FUERON ENCONTRADOS SUS CADÁVERES.

[6] Ahora el Banco de México se dice preocupado por los efectos que “los movimientos sociales” puedan tener en la actividad productiva. Pero no se preocupa por la inseguridad y la violencia contra la población, con lo que refleja su desprecio por la ciudadanía.

[7] Apenas el 12 de octubre, en la  carretera que comunica Acapulco y la ciudad de México, un grupo de policías estatales de Guerrero, supuestamente encargado de combatir los secuestros, atacó a balazos a una camioneta en donde iban estudiantes de la Universidad Chapingo (dedicada a entrenar ingenieros agropecuarios) y dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, uno de ellos de origen alemán, resultando herido este último, por lo que 20 de los policías están bajo investigación, y todos los embajadores de la Unión Europea han exigido una investigación a fondo de este hecho.