PEÑA NIETO: DOS AÑOS DE POBREZA, CORRUPCIÓN, REPRESIÓN E IMPUNIDAD

Este 1º de Diciembre se cumplen dos años de que Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República.

Han sido dos años en los que los principales problemas que enfrenta el pueblo mexicano se han agudizado: violencia, inseguridad, impunidad, corrupción, represión, desigualdad, pobreza, abusos de los poderosos, privilegios para una minoría y exclusión para la mayoría.

Los datos hablan por sí solos (:http://www.oecd.org/centrodemexico/):

Según datos recientes (2011-2014), el 3.9% de las personas en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirman haber sufrido un asalto o robo durante los pasados 12 meses. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los países. Las tasas de Canadá, Estados Unidos, Japón, Polonia y el Reino Unido se encuentran por debajo del 2%, pero llegan a más del 6% en Chile, Israel y Bélgica, y del 12.8% en México. Es el último lugar de la OCDE.

En la tasa de homicidios (número promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes), México ocupa el penúltimo lugar con 23,4 homicidios (Brasil[1] es el último con 25.5).

En la calificación total en el tema de seguridad (de 0 a 10), México ocupa el último lugar de la OCDE con una calificación de 0.4, mientras que Brasil que es el penúltimo lugar tiene una calificación de 2.1 (el primer lugar es Japón con 9.9).

En materia de ingresos México ocupa el antepenúltimo lugar de la OCDE con una calificación de 0.7, por arriba sólo de Turquía que tiene 0.6 y de Brasil que tiene 0.1. En ingreso familiar disponible (el que obtiene una familia en un año, después de impuestos), México ocupa el penúltimo lugar con 12,850 dólares (Brasil ocupa el último con 10,310 dólares).

En la calificación general sobre educación México se encuentra en el último lugar con un 1.2 (después viene Brasil con 1.9). En el porcentaje de personas graduadas de educación media superior entre 25 y 64 años de edad, México está en el antepenúltimo lugar con sólo el 36.3%, por encima de Turquía y Portugal.

En otros rubros la calificación de México es: vivienda 3.7 (lugar 33 de 36); medio ambiente 4.5 (lugar 33 de 36) y salud 5.0 (lugar 31 de 36).

México forma parte de la OCDE desde hace 20 años, y en estas dos décadas no ha salido de los últimos dos o tres lugares de la tabla en los principales rubros que mide esta organización, y con el gobierno de Peña Nieto en los dos años que lleva al frente del gobierno, la situación se ha mantenido igual.

Esos datos demuestran que después de 26 años de gobiernos neoliberales (si iniciamos el conteo con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1988), la mayoría de la población mexicana no ha observado ninguna mejoría en su nivel de vida, en materia de seguridad, educación, salud, ingresos, vivienda y medio ambiente. Esto es, en el mejor de los casos, se ha quedado estancada durante un cuarto de siglo, lo que es decir que se ha atrasado respecto a otros países. Veintiséis años perdidos para la gran mayoría del pueblo de México.

El crecimiento económico de México es insuficiente (el primer año del gobierno de Peña el PIB creció 1.1% y este 2014 será de 2.3%) para dar empleo digno a la mayoría de la población, y actualmente el 60% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal; además, según la OCDE, el riesgo de caer en pobreza en México es uno de los más altos dentro de la organización, pues mientras sólo entre 9 y 11% de la población de los países de la OCDE caen dentro de dicho riesgo, en el caso de México el porcentaje es entre 19 y 21% (informe Todos abordo: haciendo posible el crecimiento incluyente). Por su parte, el Banco Mundial ha señalado que la pobreza en México afecta al 52% de la población, porcentaje que no se ha modificado en los últimos 20 años.

Sin embargo, este 2014 en el censo sobre los multimillonarios que hace el banco suizo UBS (Wealth and UBS Billionaire 2014), México se ubicó en el lugar número 21 entre 40 países con el mayor número de multimillonarios. Sumando los recursos de los 27 individuos y familias considerados en el estudio, suman una fortuna en conjunto de 169 mil millones de dólares (el 18% del PIB de México); además subió el número de billonarios de 22 en 2013 a 27 en el 2014 (un aumento del 23%, cuando la economía no crece arriba del 2% al año).

El gobierno de Peña Nieto mantiene la política económica que se ha aplicado en el país por un cuarto de siglo, que favorece la concentración del escaso crecimiento económico en una minoría de plutócratas, que tienen el poder suficiente para influir decisivamente en el proceso político y con ello en el tipo de políticas públicas que se instrumentan en el país.

Los gobiernos del PRI y del PAN que han gobernado durante estos años, han iniciado políticas asistencialistas hacia la población más pobre, con objeto de que la pobreza no se desborde incontrolablemente, mediante programas como “Solidaridad” (Salinas), “Oportunidades” (los gobiernos panistas) y ahora “Prospera”(Peña). Ninguno ha impactado decisivamente en las condiciones de vida de la mayoría de la población, y por el contrario, otras políticas vinculadas a la política económica (eliminación de subsidios en energéticos, aumento del impuesto al valor agregado y retiro del Estado en educación y salud, dejando al mercado atender a crecientes segmentos de la población en estos rubros), han nulificado los escasos beneficios de dichas políticas asistencialistas.

En lo que respecta a corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional, el 52% de la población en México considera que en los últimos dos años ha aumentado “mucho” la corrupción en el país, y otro 19% que ha aumentado. Así también, el 90% considera que las policías son corruptas, el 87% considera que los funcionarios y servidores públicos lo son también, el 91% lo cree así de los dirigentes y principales representantes de los partidos políticos y el 80% de los miembros del Poder Judicial.

Aquí vale la pena mencionar que el máximo escándalo de corrupción se acaba de dar a conocer en el país en el mes de noviembre de este año, cuando la periodista de CNN en español, Carmen Aristegui, a través de su portal Aristeguinoticias.com, dio a conocer que la esposa del presidente Peña, la ex actriz del consorcio de televisión Televisa, Angélica Rivera, es dueña de dos propiedades valuadas en más de 7 millones de dólares en una de las zonas más caras de la ciudad de México (las Lomas de Chapultepec), y que en una de ellas acababa de construir una enorme mansión (conocida ahora como “la casa blanca de las Lomas”[2]), a través de la constructora TEYA que pertenece al GRUPO HIGA, propiedad del empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú.

Hinojosa Cantú fue durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México (2005-2011), el empresario más favorecido con contratos de obra pública (casi 2000 millones de dólares), y durante la campaña presidencial de Peña Nieto le alquiló sus aviones particulares para trasladarse en sus recorridos.

Grupo HIGA de Hinojosa Cantú es el grupo que está asociado a China Railway Construction Group, empresa china que ganó la licitación para construir el tren rápido entre México y Querétaro, con una inversión que se calcula sería de más de 50 mil millones de pesos (3625 millones de dólares), habiendo sido la única empresa que se inscribió en el concurso público para concesionar la obra.

Poco antes de asistir a China a la Cumbre de la APEC, Peña Nieto revocó la concesión a esta empresa, pues se enteró de que estaba a punto de darse a conocer la información sobre las propiedades de su esposa, y la relación de dichas propiedades con la empresa constructora de Hinojosa Cantú (socio de los chinos).

A raíz de este escándalo la esposa del presidente, Angélica Rivera, que fue actriz durante 23 años en Televisa (antes de casarse con Peña Nieto en el 2010), se vio obligada a dar a conocer al país, a través de la televisión, cómo adquirió esas dos propiedades tan onerosas.

La explicación fue que Televisa le pagó un “finiquito” de su contrato por 88 millones de pesos, y con ello pudo adquirir su primera propiedad en Las Lomas, mientras que la segunda, que está a un lado de la misma, la está comprando a Constructora TEYA en mensualidades (hasta ahora ha pagado 14 millones de pesos).

La “explicación” de la señora Rivera (que además la hizo en un tono de regaño e “indignación” porque se cuestionaba su honorabilidad) resultó un desastre, pues en México todo mundo sabe que Televisa entró al “rescate” de Peña Nieto, ya que son evidentes sus relaciones de complicidad con el empresario Hinojosa, quien “pagó” la concesión del contrato del tren rápido (y quizás otros anteriores en el Estado de México, u otros futuros durante el gobierno de Peña) con la mansión.

En todo caso, si Televisa “pagó” esa suma fabulosa a una actriz que ni en sueños fue de las más famosas e importantes del país (se sabe que la más alta suma que pagó Televisa por un contrato multianual fue a Gloria Trevi, y sólo fueron 8 millones de pesos[3]), no fue por los servicios prestados a la empresa, sino como parte de la “compra” que hizo esta empresa de los servicios del nuevo esposo de la señora Rivera (tal como se describe con detalle en la película de reciente estreno, que intentó ser censurada, La Dictadura Perfecta, en donde el cineasta Luis Estrada describe la forma en que un gran consorcio televisivo en México fabrica la candidatura de un corrupto y mafioso gobernador, y lo lleva hasta la presidencia de la República).

Por lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Peña ya está siendo tan cuestionado nacional e internacionalmente como lo fue el de Calderón Hinojosa.

El involucramiento de gobernantes, policías y miembros de las fuerzas armadas con el crimen organizado ha llegado a niveles intolerables, aún para la muy condescendiente y permisiva sociedad mexicana en este tema, pues el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula (estado de Guerrero) y entregados a los sicarios del cártel de narcotráfico Guerreros Unidos, para ser torturados y asesinados, fue la gota que derramó el vaso y provocó movilizaciones a nivel nacional y protestas de organismos internacionales y ONG de todo el mundo[4].

Así también el caso Tlatlaya (Estado de México), ha impactado duramente en el gobierno de Peña Nieto, pues el 30 de junio del 2014 un grupo de militares masacró a 22 jóvenes en una bodega de ese municipio, aduciendo que eran criminales.

En un primer momento tanto el gobierno del estado, como el gobierno federal apoyaron la versión del Ejército de que los jóvenes murieron durante un “enfrentamiento”, e incluso la muy desprestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló tal versión.

Sin embargo, tuvo que ser una revista de Estados Unidos, de nombre Esquire, que tomó declaraciones de diversos testigos, la que reveló lo que realmente había sucedido: una ejecución sumaria por parte del batallón del Ejército que participó en estos hechos. Fue hasta entonces (septiembre) que  se retomó el caso por la Procuraduría General de la República y la CNDH, a raíz de lo cual se ha consignado a 7 militares por este hecho.

Tanto el caso Iguala-Ayotzinapa, como el de Tlatlaya, y el de la “casa blanca de las Lomas”, han acorralado al gobierno de Peña Nieto, que ha comenzado a reaccionar violentamente ante los justos reclamos de la sociedad mexicana, no sólo para esclarecer y castigar estos hechos de impunidad[5] y corrupción, sino para cambiar un sistema podrido que sólo sirve a los intereses de grupos políticos y empresariales enriquecidos obscenamente, a los que no les importa la suerte de la mayoría de los mexicanos.

Así, Peña comenzó a cambiar la narrativa sobre las demandas de la población por justicia, hacia la condena a “los violentos”, haciendo referencia a grupos de encapuchados que durante las manifestaciones por el caso Ayotzinapa quemaron edificios públicos en Guerrero, Michoacán y Oaxaca y prendieron fuego a la puerta principal de Palacio Nacional en la ciudad de México.

De esta manera, Peña Nieto y miembros de su gabinete (secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y el de Marina), así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, han estado tratando de voltear la situación, señalando que el verdadero problema son “los violentos” que no quieren la paz y que atacan al Estado de Derecho (además de que ha aumentado la exigencia de la renuncia de Peña).

Los acusan de querer “desestabilizar” al gobierno, y por lo tanto de ser ellos la principal amenaza al país; cuando la gran mayoría de la población se ha manifestado pacíficamente y está exigiendo una limpia a fondo de un sistema político corrupto, vinculado a los cárteles del narcotráfico y que promueve un “capitalismo de compadres”, en donde sólo los cercanos al poder político y el pequeño grupo de plutócratas que domina a la economía (con sus aliados transnacionales), cuentan con todos los privilegios y garantías, mientras el pueblo sufre pobreza y represión.

El pasado 20 de noviembre (día en que se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana), miles de personas, familias, jóvenes, viejos, mujeres y niños, marcharon pacíficamente al Zócalo de la ciudad de México, en demanda de justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Al finalizar la manifestación, cuando todavía había varios miles de personas en el Zócalo, cientos de policías federales y del D.F. arremetieron contra la multitud, sin provocación alguna, golpeando y vejando a todas las personas que encontraron a su paso, con la evidente intención de aterrorizar a los manifestantes y dar una lección a la población que quiere manifestar su inconformidad y sus reclamos.

Fueron injustamente detenidas 11 personas que ahora han sido encarceladas en prisiones lejanas del D.F., lo que está detonando un nuevo movimiento en pro de su liberación, y ya un grupo amplio de intelectuales y personalidades está iniciando un movimiento para demandar su liberación y el castigo de los responsables de esta brutal represión.

Peña Nieto y Miguel Angel Mancera (jefe de gobierno del D.F.[6]), han señalado que fue “correcta” la actuación de las autoridades y no piensan rectificar.

Se advierte así un endurecimiento del gobierno, pues no tiene respuestas de fondo a los reclamos de la población, y aunque en estos días Peña va a proponer la firma de un “pacto” para la legalidad y el Estado de Derecho (uno más de varios que se han firmado en los últimos años y que se han quedado en el papel), la realidad es que su gobierno ha demostrado su talante represor, corruptor, abusivo y subordinado a los multimillonarios mexicanos y a las grandes corporaciones trasnacionales (a las que ya abrió de par en par la explotación y comercialización de los hidrocarburos del país), lo que va a profundizar los grandes problemas nacionales y tarde o temprano va a provocar un despertar violento (ese sí, verdaderamente violento), de las clases desposeídas de México.

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[1] Aunque Brasil no forma parte de la OCDE, existe un convenio para incluir estadísticas en los estudios de la organización.

[2] “El diseño de la residencia estuvo a cargo del arquitecto mexicano Miguel Ángel Aragonés y sus fotos aún se exhiben en www.aragones.com.mx, con el título Casa La Palma.

Los planos están disponibles en el portal archdaily.com, llevan el logo de Aragonés y la ubican en la calle Sierra Gorda. También muestran una fecha: octubre de 2010, un mes antes de que Peña Nieto y Rivera se casaran” (Aristeguinoticias.com)

[3] Regenarción.mx

[4] Ver State Crime in Iguala, Guerrero (Mexico), artículo de Rolando Garrido aparecido en The Vineyard of the Saker el pasado 18 de octubre.

[5] Recordemos que en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los delitos no denunciados y no castigados llegan al 95%. Es decir 95 de cada 100 delitos en el país quedan impunes.

[6] Supuestamente de “izquierda”, vinculado al muy desprestigiado Partido de la Revolución Democrática (PRD), que postuló y cobijó al alcalde mafioso de Iguala José Luis Abarca y a su esposa María de los Angeles Pineda, así como al defenestrado gobernador de Guerrero, Angel Aguirre; y quien está vinculado a un grupo de empresarios que controlan las obras públicas del Distrito Federal, y que se han enriquecido con concesiones como la imposición de parquímetros en miles de calles y la construcción de obras mal hechas como los llamados “segundos pisos” en las vialidades de la ciudad; así como el cambio en el “uso de suelo” de zonas habitacionales para construir centros comerciales y edificios de oficinas. Apenas el 26 de noviembre el fundador del PRD y tres veces candidato a la presidencia (1988, 1994 y 2000),  C. Cárdenas, renunció a este partido por todos estos escándalos.