RAZONES DEL FRACASO DEL ESTADO MEXICANO EN EL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO

Desde hace 40 años el crecimiento de la violencia, la inseguridad y la impunidad en México, atribuidas al incremento del crimen organizado, la delincuencia común, la violencia intrafamiliar, la desigualdad económica y la descomposición social, ha evidenciado una falta de efectividad por parte del Estado Mexicano para reducir los índices en todos esos rubros; lo que ha provocado que la sociedad mexicana pierda casi por completo la confianza en sus autoridades, para hacer frente al problema más complejo y agudo de las últimas décadas.

Ha habido gran cantidad de análisis que pretenden explicar no sólo el crecimiento de la inseguridad, la violencia y la impunidad, sino de la incapacidad del Estado Mexicano para controlarlas y disminuirlas.

Trataremos de presentar aquí algunas de estas explicaciones, así como las razones por las cuales los muchos intentos del Estado Mexicano por abordar este serio problema han fracasado una y otra vez.

Podríamos agrupar estos análisis en dos grupos. Uno que tiene que ver con la estructura económica y social del país y su inserción en la sociedad internacional; y otro grupo que tiene que ver con la estructura política y legal del país.

DESIGUALDAD ECONÓMICA y DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

Uno de los análisis recurrentes a lo largo de los años lleva a decir que la delincuencia común, la inseguridad, la violencia y hasta la conformación del crimen organizado tienen su origen en una estructura económica y social injusta, que provoca la concentración del ingreso y la riqueza en una minoría, mientras que las mayorías sufren de pobreza y marginación.

Dichas condiciones provocan que una parte relevante de la población que no puede generar los recursos suficientes para su manutención se vea obligada a delinquir (delincuencia común) y/o a unirse a las filas del crimen organizado, para así poder sacar adelante a sus familias.

Esta es la principal explicación que los partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda han defendido a lo largo de los años, culpando así al sistema capitalista y a los gobiernos que impulsan y defienden dicho sistema, como los verdaderos responsables de la crisis permanente de inseguridad que vive el país.

En este sentido, el gobierno actual se adscribe por completo a esta hipótesis, por lo que su “estrategia” de seguridad va dirigida a combatir las “causas” de la inseguridad y la violencia, esto es la desigualdad económica y social; por lo que revirtiendo las condiciones de explotación del pueblo, y la acumulación de la riqueza en pocas manos, se podrá revertir también la causa principal que provoca la inseguridad y la violencia en el país.

LA GLOBALIZACIÓN COMO FUENTE PRINCIPAL DE LA INSEGURIDAD

Otra explicación muy socorrida, tanto por grupos que defienden el nacionalismo, como también por organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, es que los procesos de globalización económica, tecnológica, de comunicaciones, etc. han propiciado también una globalización de la criminalidad, ya que han abierto las fronteras para que las organizaciones criminales amplíen su ámbito geográfico para operar; así como nuevas oportunidades para delinquir, con los avances en comunicaciones, tecnologías de la información, movilidad, transportes, etc.

Así, el Estado Nacional ha quedado rebasado en sus capacidades ante los avances científicos y tecnológicos, y la expansión de todo tipo de intercambios económicos y sociales, que las organizaciones criminales y hasta los criminales comunes aprovechan mucho mejor y de manera más rápida que los Estados; lo que obligaría a estos a poner un freno al fenómeno globalizador, para poder hacer frente con mejores recursos los retos de la globalización criminal: y/o invertir muchos recursos económicos para estar siempre al día y mejor aún, a la vanguardia en materia tecnológica, así como con un marco jurídico internacional que no sólo permita, sino que obligue a una cooperación mundial que permita combatir y disminuir la criminalidad.

INADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Los abogados, funcionarios, políticos y las burocracias tienden a centrar su explicación en que la falta de una estructura institucional adecuada, junto con un marco legal uniforme en todo el país y pertinente a las circunstancias locales y nacionales actuales, es lo que ha permitido un crecimiento exponencial de la violencia y de la inseguridad; pero sobre todo de la impunidad.

Esta explicación apunta entonces hacia un rediseño estructural de las instituciones policiales, de administración e impartición de justicia, así como del sistema penitenciario; todo ello dentro de un marco legal actualizado que dé las herramientas jurídicas necesarias para el combate al crimen; y a las autoridades para hacer frente a los nuevos retos que plantea un incremento de las capacidades y sofisticación de las organizaciones criminales.

Más presupuesto, instituciones fuertes; policías, ministerios públicos, peritos y jueces, bien pagados y capacitados; controles de confianza y lo más avanzado de la tecnología para combatir el crimen; todo ello con un marco legal que les permita a las autoridades actuar sin tantas restricciones contra los criminales, son, para este segmento del Estado Mexicano, los medios que permitirían combatir efectivamente y reducir significativamente el crimen y la violencia en el país.

LA DESOMPOSICIÓN DEL ESTADO POST REVOLUCIONARIO Y SU TRANSICIÓN HACIA UN ESTADO MODERNO

Una explicación que también se ha manifestado entre politólogos y distintos estudiosos del sistema político mexicano, es que el agotamiento del sistema político surgido de la Revolución (partido hegemónico, sectores sociales englobados en el mismo, Presidente todo poderoso, “tapadismo”, renovación de élites políticas cada 6 años, etc.); y su correlato, con el agotamiento del “desarrollo estabilizador” en materia económica, provocaron entre fines de los años sesenta y principios de los años ochenta del siglo pasado, la erosión de las instituciones y las prácticas que dieron estabilidad al sistema político y a la sociedad; junto con un crecimiento económico robusto.

Todo ello daba un marco suficiente para controlar cualquier reto del crimen organizado o la delincuencia común, que de hecho quedaban englobados como parte del sistema, ya que éste los regulaba y controlaba, para evitar que pusieran en peligro la estabilidad política y social y el crecimiento económico.

Al erosionarse ese sistema que se conformó y robusteció durante 40 años, los controles que permitían mantener a la criminalidad dentro de límites “aceptables”, fueron desapareciendo y eso permitió que el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia y la inseguridad crecieran continuamente.

Como podemos apreciar, todas estas explicaciones tienen su parte de verdad, pero por sí solas no son la razón única o principal del crecimiento incontrolado de la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país; y de la debilidad e incompetencia del Estado Mexicano para evitarlo.

ESTADO FRACTURADO

Desde mi punto de vista, si bien la criminalidad, la violencia y la impunidad en México tienen una explicación multifactorial, dentro de la cual caben los análisis que se han desarrollado dentro de los dos grupos que consideramos, y que hemos subdividido a su vez, en dos vertientes explicativas para cada uno; otros dos factores han jugado un papel primordial tanto en el crecimiento casi incontrolado de las actividades criminales, como en la incapacidad del Estado para contenerlas y hacer que retrocedan.

Hay una fractura en el Estado Mexicano que no ha podido ser superada a lo largo de la vida independiente del país, y que se ha exacerbado en las últimas décadas.

Esta fractura no es precisamente la que se manifiesta entre clases altas y medias por un lado, y las clases bajas por otro, según la narrativa que ha venido desarrollando la izquierda a lo largo de muchos años, y especialmente el actual gobierno.

La fractura radica principalmente en que las élites políticas y económicas del país no han podido, ni querido acordar, establecer y desarrollar un proyecto nacional que tenga el consenso de dichas élites y de la gran mayoría de la población.

Esto no quiere decir de ninguna manera que forzosamente tiene que haber un solo proyecto nacional para siempre, dado que a lo largo de la historia de un país las condiciones nacionales e internacionales cambian; surgen y caen distintos grupos políticos y económicos y por lo general siempre existe una lucha por el poder, que puede o no ser pacífica, dependiendo de las circunstancias.

Pero en el caso mexicano, y yo diría de muchos países latinoamericanos, nunca hubo un amplio consenso sobre la forma, los tiempos, el rumbo, que el país debía tomar para alcanzar estándares más altos de desarrollo económico, político y social.

Las disputas entre monárquicos y republicanos, centralistas y federalistas, liberales y conservadores, derechistas e izquierdistas, nacionalistas y globalistas, etc. no han acabado de conformar un proyecto nacional que esté consensuado entre las élites, y por lo mismo, que pueda ser socializado entre las masas, que vean reflejado en él la posibilidad de trascender hacia mejores niveles de vida y hacia una comunidad nacional, en la cual todos los sectores sociales y regiones del país estén considerados y formen parte activa de dicho proyecto conjunto.

El clasismo, las lealtades a potencias extranjeras, el regionalismo, la adhesión a ideologías provenientes de países hegemónicos, la prevalencia de intereses grupales, locales, étnicos, sobre los de la nación en su conjunto, han derrotado una y otra vez los intentos por construir un proyecto que englobe a todos ellos y que pueda impulsar al país hacia niveles de vida, seguridad y desarrollo más elevados.

Así, fue hasta que Benito Juárez y los liberales se afianzaron en el poder, después de la Guerra de Reforma y la salida de los ejércitos de Napoleón III del país, cuando por primera vez México parecía tener un proyecto nacional que concitaría el apoyo de la gran mayoría de regiones, grupos sociales y políticos.

Pero la “modernización” juarista, que después devino en el porfirismo, acabó por consolidar el poder de una clase urbana vinculada a los centros de poder en Estados Unidos y Europa, dejando en la miseria y en el abandono a la gran mayoría de los mexicanos.

Después, la Revolución pareció corregir los errores del liberalismo triunfante del siglo XIX (que devino en conservadurismo), para englobar en un proyecto de nación incluyente y desarrollista a la mayoría de la población.

Durante medio siglo el proyecto revolucionario pudo integrar en mayor medida la modernidad que requería al país su inserción en el capitalismo internacional y su contigüidad geográfica con Estados Unidos, con cierto desarrollo social e integración de masas rurales y urbanas antes excluidas.

Pero el modelo se agotó en sus propias contradicciones y dio lugar al neoliberalismo de las últimas tres décadas y media, que nuevamente privilegió la inserción subordinada de México en el gran esquema de los cambios y transformaciones de la globalidad capitalista, con lo que otra vez desapareció la oportunidad de construir puentes y conexiones entre los distintos Méxicos (rural y urbano; tradicional y moderno; nacionalista y globalista, etc.).

Esta fractura permanente en las élites, que no ha terminado por generar consensos básicos sobre la existencia, permanencia y desarrollo del Estado Mexicano, ha provocado que los grandes problemas nacionales sean abordados desde posiciones irreconciliables o peor aún, sean usados y/o administrados de forma tal que favorezcan los intereses de grupos y sectores de dichas élites, en su lucha por conservar la mayor cuota de poder y privilegios posibles, en contra de las élites que les disputan la hegemonía.

De ahí que la criminalidad se ha ido convirtiendo en un instrumento más de poder de las élites, que lo utilizan para conquistar o retener el poder político, enriquecerse y enfrentar a las otras élites que les disputan el poder.

La violencia y la impunidad son instrumentos que permiten, la primera, intimidar y derrotar a los adversarios; la segunda, el no castigo por la permanente violación a la ley.

En medio de dichas disputas queda la sociedad, que o se suma a las distintas coaliciones de poder local, regional y/o nacional, fortaleciendo así la estructura político-económico-criminal que prevalece; o no lo hace y es víctima de las luchas por el poder, dentro de las cuales las actividades criminales son consideradas como una parte fundamental.

Esta es la única explicación que nos permite visualizar las razones por las que el Estado Mexicano no ha podido disminuir la violencia, la inseguridad y la impunidad.

Las actividades criminales son parte fundamental del entramado de poder, sin distingo de ideologías, partidos políticos o clases sociales, pues como se ha podido constatar por décadas, los principales grupos criminales se localizan tanto en regiones y estados desarrollados, como en las subdesarrolladas e indefectiblemente están vinculados con grupos de poder político y económico, ya sea de manera subordinada, equivalente o incluso por encima de ellos.

De esta forma, el Estado no está combatiendo a un ente separado de él, sino que forma parte del sistema de relaciones de poder, sociales y económicas de la sociedad, y que indistintamente de gobiernos, ideologías y partidos políticos es un socio en la extracción de recursos (de manera ilegal) de la sociedad y como copartícipe en el ejercicio del poder político de diversas maneras.

Así, es imposible que cualquier “estrategia” o política pública para disminuir y controlar la criminalidad, la violencia y la impunidad, funcione.

ESTADOS UNIDOS

El otro factor determinante que impide que el Estado Mexicano pueda combatir efectivamente la criminalidad es la vecindad geográfica con el mercado más grande del mundo, para todo tipo de servicios y productos, legales e ilegales.

Es imposible que la atracción que un mercado tan amplio (en materia de capacidad económica) no genere la oferta necesaria para satisfacer la demanda que surge del mismo.

Y por supuesto, México resulta el principal proveedor de muchos de esos productos y servicios, por un lado, por la contigüidad geográfica; y por otro, por la gran diferencia entre la capacidad adquisitiva de la población en ambos países.

El hecho de que en Estados Unidos se gane en promedio 20 veces más que en México provoca un efecto poderosísimo de atracción para la emigración de mexicanos hacia ese país, para la venta de todo tipo de productos y de servicios que se demandan, como las drogas; y por supuesto, es una gran fuente de recursos económicos para los grupos criminales que pueden colocar sus “mercancías” con una ganancia muy superior en dicho país, en comparación con la que obtienen en México.

Así, el mercado estadounidense ha sido un motor fundamental para el crecimiento de las actividades criminales en México, y con ello para que una gran cantidad de dinero entre al país corrompiendo autoridades de todo nivel, que como ya hemos explicado en el rubro anterior, utilizan a las actividades criminales como parte integral de su acervo de poder, ya sea para conservarlo, incrementarlo y/o para enfrentarse con otros grupos rivales.

Aunado a los anterior, Estados Unidos también sirve de proveedor de armamento para los diferentes grupos criminales en México, dificultando así, todavía más, cualquier posible estrategia o política pública para disminuir la criminalidad y la violencia.

Y si a lo anterior agregamos que los gobiernos de Estados Unidos, sin distingo de partido político que esté en el poder, utilizan a México como “chivo expiatorio” de sus propios problemas para controlar en su país las actividades criminales, con lo cual presionan continuamente a los gobiernos mexicanos para que combatan, como si fuera una guerra, a los grupos criminales, planteando las prioridades estadounidenses (descabezamiento de las organizaciones, enfrentamiento directo con las organizaciones criminales, extradiciones, etc.) por sobre las mexicanas, con lo que siempre se termina haciendo lo que las agencias de Estados Unidos demandan (sin importar que los gobiernos mexicanos sean de derecha o izquierda).

De esta forma, con un crimen organizado imbricado en el Estado Mexicano como actor fundamental en las luchas de poder internas de las élites mexicanas; y la vecindad con el mercado más grande del mundo que demanda todo tipo de mercancías y servicios ilegales - además de las constantes presiones del gobierno estadounidense para realizar las políticas públicas que les conviene a ellos para fortalecer su narrativa interna de que los problemas siempre vienen “de afuera”- va a resultar imposible que el Estado Mexicano logre algún avance significativo contra la criminalidad, la violencia y la impunidad en el país, en el corto, mediano o largo plazos.