La demolición de edificios y viviendas y la reconstrucción
tendrá un costo cercano a los 40,000 millones de pesos, según el gobierno
federal; aunque es muy probable que esa cifra se dispare, cuando las
constructoras y las inmobiliarias inflen los precios. Seguramente terminará
siendo el doble, por lo menos.
Pero ahora resulta que las donaciones nacionales e
internacionales se están canalizando a través de un fideicomiso manejado por
los oligarcas del país (llamado Fuerza México); en el cual los afectados, las
organizaciones de la sociedad y la población en general no tienen participación
como supervisores, vigilantes y contralores de lo que los oligarcas harán con
ese dinero, que lo más probable es que lo canalicen hacia sus empresas, que se
encargarán de la reconstrucción, con las consabidas utilidades para ellas.
Por si fuera poco, al menos en el caso de la ciudad de
México, se ha establecido que la reconstrucción implicará otorgar créditos a
los afectados, por los que “sólo pagarán los intereses, y no el capital”. Les
llueve sobre mojado, pues no sólo pierden su casa, muebles, documentos
personales o su negocio y por lo tanto su modo de vida; sino que encima se
tienen que endeudar (por más que “sólo paguen los intereses”), en el peor
momento de su vida, cuando no tienen dinero ni para comer. Eso sí que es el
mejor ejemplo de la usura y el abuso.
En vez de seguir exprimiendo a la sociedad mexicana con “donaciones”,
habría otros mecanismos que muy bien podrían servir, no sólo para los costos de
demolición y la siguiente fase de la reconstrucción, sino incluso para apoyar a
millones de pobres que permanentemente están en el olvido.
Por ejemplo, las intocables reservas internacionales del
país, que sólo pueden usarse para estabilizar la moneda y garantizar el pago de
la deuda y de las importaciones, suman al 10 de octubre de este año 173,031
millones de dólares.
Por supuesto que para la tecnocracia servil del capital
trasnacional y para los oligarcas, esos recursos son sagrados e intocables. Sólo
se pueden usar para pagarle a los especuladores en el mercado cambiario y a los
usureros de la banca internacional.
¿Pero no se podría establecer que en casos de emergencia
mayor, como los desastres naturales, se pudiera utilizar hasta el 2% de dichas
reservas para esos casos extraordinarios, sin tener que pagar intereses o resarcirlos
después; esto es un préstamo a fondo perdido, una subvención?
En este caso estaríamos hablando de 3,460 millones de
dólares; equivalentes al tipo de cambio de 18 pesos por dólar a 62,280 millones
de pesos, lo que financiaría una reconstrucción ordenada y no sujeta a los
intereses económicos de los voraces oligarcas.
Pero no, eso es una herejía, el Banco de México que sólo
responde a los financieros, especuladores y usureros internacionales, es el
dueño de ese dinero y nadie puede tocarlo. Vade
retro.
Otra opción sería cobrarles a los oligarcas y a las
trasnacionales los miles de millones de pesos de impuestos “diferidos”; esto es
impuestos que no pagan en el ejercicio fiscal en el que deberían hacerlo, y los
difieren para después. De los últimos datos que se pueden rastrear
públicamente, las 30 empresas más grandes de México “difirieron” en el año 2010
¡140,035 millones de pesos! Estamos hablando de hace 7 años, cuando esas
empresas obtuvieron una utilidad de 835,364 millones pesos, y sólo pagaron por
dichas utilidades 99,797 millones de pesos, o sea el 11.94%.[1]
Con que esas empresas pagaran el 35% para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior, que son 3 millones de pesos (esto es, por
esta cantidad se deberían pagar de impuestos 940,850 pesos), estarían
ingresando al erario (al menos con los cálculos del 2010) 292,377 millones de
pesos, con lo que no sólo alcanzaría para la reconstrucción, sin que los
afectados tuvieran que pagar “sólo los intereses” de los créditos que se les
pretende imponer, sino invertir en programas de infraestructura, productivos y
de apoyo a las zonas más pobres del país.
¡Pero cómo, eso es imposible! No se les puede cobrar lo justo
a los oligarcas y a las trasnacionales; se ofenderían y se irían con su dinero
a otra parte. ¡No, no, imposible, déjenlos en paz por favor! Ya bastante están
haciendo los pobrecitos con donar algunos miles de pesos y con manejar a su
antojo el fideicomiso Fuerza México. Al contrario, hay que agradecerles su amor
a nuestro (a su) país.
Otra opción sería no pagar el 10% de los intereses y capital
por la deuda pública, que este año asciende a 568,197.6 millones de pesos y
para el 2018 serán 700,000 millones de pesos. Si por causa de fuerza mayor se
difiriera para mucho después el pago de ese 10%, estaríamos hablando que se
contarían con 70,000 millones de pesos para la reconstrucción.
¡Cuidado con esas propuestas! México quedaría fuera de los “circuitos
financieros”, que sólo sirven para endeudar permanentemente al país, sin ningún
beneficio para la gran mayoría de la población. El dinero de los usureros es
intocable. Ni se les ocurra.
Bueno entonces que los ricos y la clase media alta del país,
es decir el 10% de la población que concentra el 65% del PIB del país, o sea, 650
mil millones de dólares, donen el 10% de
esa riqueza para la reconstrucción y para los estados y zonas más pobres.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2016, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en Agosto de este año, los hogares del decil más alto, esto es el 10%
más rico de la sociedad, obtiene un ingreso trimestral de 160,820 pesos (es
decir 53,606 pesos al mes).
A cada familia con este ingreso se le estaría pidiendo el 10%,
es decir 64,328 pesos en todo el año (y se podría establecer como deducible en
un 70% de impuestos y con el compromiso de no volver a hacer esto al menos en
otros diez años).
¡Ah, no eso sí que no! ¡A mí no me quitan lo que he ganado
lícita o ilícitamente! ¡Que el gobierno se encargue de los damnificados y de
los pobres!
Y si se pudiera ahorrar el 5% del presupuesto para 2018, que
asciende a 5 millones de millones de pesos; recortando gastos innecesarios,
viajes de funcionarios, sueldos descomunales; renovaciones de oficinas, etc.
Estaríamos hablando de 250,000 millones de pesos; más que suficiente para la
reconstrucción y para programas sociales y productivos en los estados y zonas
más pobres del país. Pero que va, la burocracia no suelta su hueso. Que le
rasquen por otro lado.
En resumidas cuentas, los pobres, los damnificados y los
jodidos de este país no pueden esperar verdadera solidaridad de los millonarios
y los corruptos. Se tienen que salvar solos.
¡Ah pero el gobierno presupuestó para 2018, para el Fondo
Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, 6644 millones de pesos! Y consideró
que era una cantidad razonable. Increíble.
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