La trama Álvarez Puga
La
Fiscalía puede –al estilo del FBI– empezar a jalar la hebra, tirar de la cuerda
y ofrecer condenas menores y penas reducidas a todos aquellos quienes compartan
información.
Leonardo Kourchenko
septiembre 30, 2021
La investigación y acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga han provocado enorme revuelo y nerviosismo en los círculos chiapanecos cercanos al exgobernador Manuel Velasco.
Esta vez, la Fiscalía y el gobierno de la República han tocado uno de los botones más sensibles, complejos y representativos de lo que el presidente López Obrador llama la mafia del poder.
Aunque la FGR ya giró órdenes de presentación en contra de
10 personajes del círculo cercano al Mae Álvarez
Puga, la trama es más amplia y alcanza más gobiernos, estados, paraestatales y
operaciones financieras. En opinión de varios investigadores, una auténtica
lavadora gigante de dinero, en su mayoría, dinero público.
Esto no es nuevo para el abogado Álvarez Puga, puesto que
ya en 2011 y 2012 existió orden de aprehensión en su contra y hay registro
también de ficha roja a nivel internacional. En ese entonces, fue Enrique Peña
Nieto quien lo perdonó, e instruyó se suspendiera la orden de búsqueda y captura,
tal vez, especulan algunos, por intercesión de su cercano amigo y colaborador,
Manuel Velasco Coello, recién electo gobernador de Chiapas.
La lista de negocios, operaciones, oficinas, bienes del
señor Álvarez Puga y sus asociados es considerable. En 2008 adquirió el banco
BARCO en sociedad con Ernesto Zedillo Jr., que funcionó en Cancún y en Miami
con operaciones simultáneas. Desde esa institución se adquirió (2008) un yate
Sunseeeker de 73 pies anclado en los muelles de Miami para el solaz de los socios
y sus invitados. Ya el Miami Herald consignaba
las conexiones y negocios del abogado (’Politically
connected lawyer from Mexico’s poorest state bought 13 Miami condos’ htpps://www.miamiherald.com/news/business/real-estate-news/article
75287602.html) cuando su presencia en ese destino empezó a ser notable por
transferencias y operaciones financieras.
Hay un departamento en Jade Ocean (Miami) que guarda
historias de esa camarilla de socios y políticos-empresarios.
Álvarez Puga servía como instrumento de desvío de fondos y
recursos del gobierno de Chiapas, con la operación de Daniel Sandoval –exmano
derecha del gobernador Velasco– y la peculiar presencia de una ciudadana
venezolana, Kerr Marrero, que funcionaba como intermediaria. Sandoval fue
administrador del Partido Verde (PVEM) antes de que fuera designado secretario
de Hacienda en Chiapas, bajo recomendación –sugerencia– de Jorge González
Torres (El Niño Verde) y del propio Álvarez
Puga.
Otro personaje estelar en la trama es Andrés Vidal,
secretario de Obras del gobierno de Velasco, quien respondía –señalan los
colaboradores cercanos– a las instrucciones precisas de la señora madre del
gobernador. Por esa vía, se construían contratos inexistentes para pagar
servicios ficticios y desviar fondos a cuentas, empresas y bancos.
Algunos de esos contratos incluían a la CFE mediante el
engranaje de Jorge Araujo, uno de sus directores y ‘eficiente’ operador.
La trama Álvarez Puga abarca también los servicios legales
y de consejería jurídica para la constitución de fideicomisos operados por el
financiero Alejandro Rojas –cuñado de Velasco– a favor de su esposa, Fernanda
Velasco, y de su suegra, Leticia Coello.
Socios y prestanombres del señor Álvarez Puga operaban
oficinas y negocios en distintas regiones del país: Guillermo Porter Matta en
la Ciudad de México; Miguel Madero en el Bajío (León y Querétaro); Víctor Hugo
Gasca (Baja California, Los Cabos).
Varios de estos personajes sostienen hoy disputas con el
SAT por montos de varios cientos de millones de pesos en declaraciones de
asimilados que no corresponden a la realidad. Aparecen en las listas del
organismo y se sabe que buscan un acuerdo.
La trama es extensa y cruza por personajes diversos.
Cada semana, tres personajes llegaban a las oficinas del
gobernador Velasco para ofrecer ‘asesoría’: Alito Moreno
(hoy presidente del PRI), Javier Herrera (hijo del exgobernador de Veracruz,
Fidel Herrera) y Mae Álvarez Puga.
La Fiscalía puede –al estilo del FBI– empezar a jalar la
hebra, tirar de la cuerda y ofrecer condenas menores y penas reducidas, a todos
aquellos quienes compartan información.
Ellos tienen los nombres, los números de cuenta, las
transferencias, la gran operación de desfalco. Lo que sigue es la decisión
política de hacerlo, considerando que muchos personajes de partidos y gobiernos
saldrían involucrados. Es decir, perfecto para la narrativa de AMLO. Pero las
alianzas políticas tienen su precio.
En este mismo espacio se ha consignado la cercanía,
lealtad y operación política que Manuel Velasco guarda con Andrés Manuel López
Obrador. Hay testimonios que señalan –consignado en esta misma columna– que el
gobernador de Chiapas fue responsable del puente entre Peña Nieto y AMLO, para
una tersa y pacífica transición del poder. Un servicio de altísimo valor para
el actual gobierno, e hipotética salvaguarda para el saliente.
En semanas recientes, con la gira del presidente a Tuxtla
Gutiérrez y el bloqueo de que fue víctima por maestros y agitadores de la CNTE,
AMLO le dio un ‘raspón’ al hoy senador Velasco, adjudicándole la
responsabilidad de la movilización.
El senador tuvo que ofrecer conferencia y emitir un
comunicado, afirmando que no tenía contacto ni relación con la CNTE desde el
fin de su gobierno.
El tema de fondo es si el presidente procederá ante este
enorme aparato de desvío y lavado de fondos, aunque eso implique destruir a
algunos de sus aliados e incondicionales para llegar al poder, y para construir
sus alianzas parlamentarias. Veremos.
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