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Zapata

martes, 14 de septiembre de 2021

 LOS ALIADOS DE LÓPEZ OBRADOR (2)

En esta segunda entrega sobre los aliados del presidente mexicano, analizaremos su subordinación -prácticamente llegando a nivel de convertir al país en un protectorado- ante la potencia hegemónica, los Estados Unidos.

Desde el inicio de su gobierno, López Obrador decidió subordinarse a las demandas, exigencias y chantajes del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que continuamente lo amenazó mediante posibles sanciones económicas (aranceles a todas las exportaciones mexicanas, sin importar lo que estableciera el Tratado de Libre Comercio); cierre de la frontera común y designación de los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones “terroristas”, todo con el objetivo de obligar al gobierno mexicano a cambiar su inicial política de migración, más humanitaria y favorecedora del tránsito libre de migrantes por su territorio, a otra restrictiva, encaminada a detener el flujo migratorio y a aceptar convertir a México en “tercer país seguro”, para recibir en el territorio mexicano a los migrantes que solicitaban asilo en Estados Unidos.

Así también, el gobierno de Trump demandó que las fuerzas armadas se convirtieran en las principales encargadas de detener los cargamentos de fentanilo provenientes de Asia, que entran por las aduanas mexicanas, y que pasan de contrabando a los Estados Unidos.

Todo lo aceptó AMLO sin pedir nada a cambio (ahora también la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos para que siga el programa "quédate en México"), demostrando una velocidad y sumisión ante lo demandado por el presidente de Estados Unidos, que aún en Washington, estaban sorprendidos de que un presidente mexicano que había llegado al poder con las banderas del nacionalismo y la defensa de la soberanía aceptara todo lo que se le exigía, sin “meter las manos” siquiera.

Después vino el affaire Cienfuegos (detención en Los Angeles del ex secretario de la Defensa Nacional, acusado por la DEA de nexos con el narcotráfico), en los últimos meses del gobierno de Trump; a lo que AMLO inicialmente respondió (con su ya tradicional ignorancia en temas internacionales) que eso demostraba el nivel de complicidad de los gobiernos neoliberales con el narcotráfico, avalando así las acciones realizadas contra Cienfuegos por las autoridades de Estados Unidos.

Pero inmediatamente se dejó venir la respuesta de la estructura militar mexicana, que vio en la detención de quien fuera su líder durante un sexenio (2012-2018), como una amenaza para todos ellos; y en los hechos, como una acusación de que todas las fuerzas armadas eran cómplices del narcotráfico, dado que su autoridad principal, el secretario mismo, había estado implicado.

Se lo tuvieron que explicar al despistado presidente (como si fuera un párvulo), para que cambiara su narrativa, y entonces se pusiera a defender a las fuerzas armadas y por supuesto al detenido y atribulado General.

El muy acomedido canciller Ebrard[1], que siempre está buscando la manera de incomodar lo menos posible al gobierno de Estados Unidos, se vio obligado a señalarles que, de mantener al General en la cárcel, la cooperación en materia de seguridad entre ambos países se vería seriamente amenazada y especialmente, pondría en tensión las relaciones cívico-militares en México, con las repercusiones que esto podría tener para la gobernabilidad en el país.

El procurador Barr decidió que era mejor mantener contento a su subordinado vasallo del sur, antes de que la situación del General Cienfuegos pudiera escalar y poner en riesgo la relación establecida con el gobierno de AMLO, que tan buen provecho le estaba generando a Washington; y con la ira de la DEA de por medio, el procurador Barr ordenó el desistimiento de los cargos y la devolución del General a México.

A raíz de este incidente, el gobierno de AMLO trató de enviar un mensaje al establecimiento político de Washington de que acciones unilaterales como la llevada a cabo con Cienfuegos, sólo iban a complicarle a él mantener su subordinación hacia los Estados Unidos, por lo que se reformó la Ley de Seguridad Nacional para, en el papel al menos, poner restricciones a la labor de las agencias de seguridad e inteligencia extranjeras en México.

Obviamente ello no gustó en Washington, pero recibieron el mensaje de que lo que pedía AMLO era que no lo exhibieran públicamente como un lacayo, sino que al menos lo tomaran en cuenta cuando realizaran operaciones y decisiones como la de Cienfuegos.

Así, las reformas a la citada Ley, aunque prevalecen, se aplicarán sólo en caso de que Estados Unidos ignore por completo al gobierno mexicano en el tema de seguridad. En todo caso, con mostrar cierta deferencia a las autoridades mexicanas, las agencias estadounidenses podrán seguir actuando a sus anchas en el territorio nacional.

Con Biden, el gobierno de AMLO inició la relación con cierta distancia y de manera algo fría, dado que ya estaba acostumbrado a las órdenes, advertencias y de vez en cuando, a los elogios que venían de la Casa Blanca, con Trump como presidente.

El gobierno de AMLO trató de establecer un “modus vivendi” con el nuevo presidente, tal como lo había hecho con Trump, y ello tenía que ver con dos cuestiones principales.

Primero, México reafirmaría su condición de vasallo y lacayo de Estados Unidos, incluyendo la nueva “guerra fría” contra Rusia y China; y, aceptaría seguir con la política de contención de los migrantes, tal como la estableciera Washington, así como las prioridades en materia de seguridad que establezcan las agencias estadounidenses, a cambio de que no se humille públicamente al gobierno mexicano con acciones y decisiones unilaterales (por lo menos, que las autoridades mexicanas de más alto nivel, puedan ser notificadas con suficiente antelación).

Y segundo, si bien el gobierno de Biden rechazó la intención de AMLO de que el gobierno de Estados Unidos no apoye a organizaciones no gubernamentales que López Obrador considera “enemigas” de su gobierno; al parecer, al menos por ahora, ha logrado que a cambio de las muchas concesiones económicas y socio-políticas que se le han hecho a Estados Unidos a través del T-MEC y en materia de migración y seguridad, el gobierno de Biden no apoye directamente a los opositores políticos de López Obrador en el ámbito interno.

Y es que AMLO ordenó a su principal negociador en el T-MEC, Jesús Seade[2] (hoy embajador en China) cuando todavía era presidente electo, que aceptara todo lo que solicitaran los estadounidenses, con objeto de evitar conflictos con Estados Unidos, que llevaran al gobierno de ese país a aliarse y apoyar a los poderes fácticos que en México están en contra de AMLO (oligarcas no aliados con él; medios de comunicación privados; partidos políticos de derecha; y al inicio del sexenio, las propias fuerzas armadas, que como ya analizamos en la anterior entrega, ahora sí son sus aliadas).

Tal fue el nivel de concesiones que México aceptó en el T-MEC[3], que nuevamente en Washington estaban incrédulos ante la facilidad con la que el gobierno saliente de Peña Nieto y especialmente el entrante de AMLO, aceptaron todas las demandas y exigencias de los negociadores estadounidenses.

Así, por ejemplo, mientras que Canadá logró que en su tratado con Estados Unidos el mecanismo supranacional de solución de controversias inversionista-Estado, quedara eliminado; en el caso del tratado México-Estados Unidos, quedó dentro del T-MEC en el Anexo 14-D del capítulo de inversiones[4].

Debido a ello, la empresa estadounidense Talos Energy está demandando al gobierno mexicano, argumentando que se le está dando preferencia a Pemex para explotar el yacimiento de ZAMA que, según Talos, ellos tienen concesionado desde 2015. Por ahora, Talos afirma que se le tendrían que resarcir 350 millones de dólares en inversiones; pero de acuerdo a lo establecido en el T-MEC, podría solicitar que se le pague todo lo que “dejará de ganar en el futuro” por dicha inversión, lo que puede llegar a sumar miles de millones de dólares.

De hecho, varias empresas mineras y petroleras ya tienen demandado al gobierno mexicano en el sentido de “ganancias futuras no realizadas”, tales como Legacy Vulcan, por 500 millones de dólares; Odyssey por 3540 millones de dólares; y, First Majestic Silver por 500 millones de dólares.

Lo peor es que México está por firmar con la Unión Europea la modernización de su tratado comercial y de inversiones, incluyendo nuevamente este tipo de “solución de controversias” que dejarán en la ruina al Estado Mexicano, pues cualquier empresa estadounidense o europea que considere que no ha sido tratada “justamente” por el gobierno mexicano, lo podrá demandar por la cantidad que se le pegue la gana; y el débil y subordinado gobierno mexicano, que aceptó este tipo de cláusulas leoninas, tendrá que pagar.

En este sentido, si bien AMLO ha dado la impresión últimamente de un apasionado fervor latinoamericanista, atacando a la OEA, para sustituirla por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); defendiendo a Cuba cada vez que se presenta la ocasión y criticando la política estadounidense de sancionar y bloquear a los países que no siguen sus directrices, la verdad es que toda esta parafernalia es una forma de “curarse en salud”, tanto ante sus bases izquierdistas en México, como ante los gobiernos progresistas de América Latina, ya que la realidad es que AMLO le ha propuesto a Biden que México se convierta en un aliado, en toda la extensión de la palabra, de Estados Unidos, en su lucha por la hegemonía mundial en contra de China y Rusia.

Una y otra vez en los últimos meses AMLO ha expresado la necesidad de crear un “frente” de todos los países americanos contra Asía (léase China), para contrarrestar su poderío económico; y formar en América una especie de “Unión Europea”, con libertad de comercio en bienes, inversiones, servicios y libertad de movilidad de personas, para que se pueda competir con los asiáticos.

Si bien Washington no ha contestado directa y formalmente a estos desesperados llamados de AMLO, la realidad es que sí le tomó la palabra en lo de que México se suba a la alianza anti-China y por lo pronto, en el reiniciado Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, Washington ya obligó a nuestro país a poner obstáculos o incluso expulsar a las tecnológicas chinas[5], con la cantaleta de que son un peligro para la seguridad nacional, porque espían en favor del gobierno chino; cuando las que realmente espían son las tecnológicas estadounidenses y especialmente las agencias de seguridad e inteligencia (NSA, CIA, FBI) de ese país, como se ha podido documentar hasta la saciedad en las últimas décadas (Wikileaks, Assange, Manning, Snowden, etc.).

Así que AMLO ha estado dispuesto a terminar de convertir al país en un protectorado de Washington, a cambio de que desde la capital de la potencia hegemónica lo dejen gobernar a los vasallos mexicanos a su antojo, rehaciendo al viejo PRI omnímodo, ahora bajo el nombre de Morena; y también, dejándole algo de margen de maniobra en materia multilateral en política exterior (regresando a la vieja “relación especial”, mediante la cual Washington permitió una política exterior “progresista” de México, a cambio de no aliarse con el bloque soviético).



[1] Recordemos que Ebrard, cuando fue jefe de gobierno de la CDMX (2006-2012) trajo a Rudolph Giuliani como consultor en materia de seguridad pública, sin resolver nada y cobrando varios millones de dólares; así también, cuando Ebrard se “autoexilió” primero en Francia y después en Estados Unidos, cuando su sucesor designado en el gobierno de la CDMX, Miguel Mancera, lo acusó de negligencia y malos manejos en la construcción de la Línea 12 del Metro, se empleó como “asesor” de Hillary Clinton en su fracasada campaña presidencial en 2016. Ebrard también llegó al acuerdo inicial con la administración Trump, antes incluso de iniciar el gobierno de AMLO, para convertir a México en “tercer país seguro”, sin haber consensuado dicha determinación con el Poder Legislativo, las fuerzas políticas del país y en general, la opinión pública nacional. Ahora Ebrard, quiere aparentar que está haciendo algo en lo relativo al contrabando de armas de Estados Unidos a México, con la demanda presentada en una corte de Boston, contra 11 empresas fabricantes de armas, lo que seguramente costará millones de dólares en abogados, varios años de litigio y que las empresas demandadas se acaben saliendo con la suya.; todo ello debido a que Ebrard (y AMLO) ha sido incapaz de comprometer a los gobiernos de Estados Unidos (Trump y Biden) a detener esa venta de decenas de miles de armas, a las organizaciones del crimen organizado en México.

Y también, para obedecer al gobierno de Biden la orden que ha dado a sus vasallos de que reciban a refugiados afganos, después de 20 años de devastar Afganistán, Ebrard, muy acomedido, está recibiendo decenas de familias afganas para cumplir con Washington, y también sumar puntos a su favor en su ya casi fracasada aspiración presidencial (visto que AMLO está apoyando abiertamente a Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la CDMX), ya que varias de dichas familias son de corresponsales de grandes diarios de Estados Unidos como el New York Times y el Washington Post, que últimamente han dado una cobertura muy favorable al desconocido (en Estados Unidos), canciller mexicano. En cambio, también por indicaciones de Washington, Ebrard, que es el verdadero jefe en materia migratoria, está expulsando a todos los haitianos que se pueda del territorio nacional.

[2] Recordemos que Seade, una vez terminado y firmado el tratado, aceptó que Estados Unidos designara “inspectores laborales” en México, para verificar que nuestro país aplicara su legislación laboral acorde a lo establecido en el T-MEC. A cambio, el muy solícito Seade, no demandó reciprocidad, esto es, que nuestro gobierno pudiera nombrar sus inspectores en Estados Unidos, para documentar y denunciar los muchos abusos que se cometen contra los trabajadores mexicanos (documentados e indocumentados) en ese país. Con ello se demostró, una vez más, el nivel de subordinación de nuestro gobierno ante el de Estados Unidos.

[3] Que después, por órdenes de AMLO, se ratificó en el Senado en sólo dos días.

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