La coalición de la subclase política mexicana que firmó el
llamado Pacto por México y que impulsó las desastrosas reformas estructurales del
gobierno de Peña Nieto (PRI-PAN-PRD-PVEM-PANAL), así como los oligarcas que
concentran la mayor parte de la riqueza del país (Consejo Mexicano de
Negocios), van a enfrentar en los próximos meses varios impactos en su alianza
alrededor del disfuncional-depredador-expoliador modelo neoliberal de
acumulación capitalista, impuesto al país desde hace 35 años.
En primer lugar, el modelo se basa primordialmente en su
subordinación a las directrices de las élites globalizantes de Washington y
Nueva York, y de sus organismos financieros y económicos (Reserva Federal,
Departamento del Tesoro, FMI, Banco Mundial, BID, Banco de Pagos
Internacionales, OMC, OCDE); y a los vaivenes de la economía estadounidense, de
la que depende el 90% del comercio exterior del país (NAFTA), el 60% de sus
inversiones y turismo; más del 50% de la deuda externa y prácticamente el 100%
de las remesas que recibe el país.
Así, la dependencia de las subordinadas y vasallas élites
mexicanas a lo que decidan en el vecino del Norte o le suceda a su economía, les
deja un margen de maniobra ínfimo, en caso de que desde la superpotencia se
generen políticas contrarias a México; o como en el 2008-2009, se genere una
crisis de proporciones mayúsculas, ante la cual poco o nada puede hacer la
servil subclase política y sus aliados tecnócratas (no así los oligarcas, que
pueden mover sus capitales por todo el mundo en busca de proteger su
rentabilidad).
Pues bien, lo que nunca se imaginaron en las últimas tres
décadas y media en la coalición dominante en México (impuesta a través de por
lo menos tres grandes fraudes electorales en 1988, 2006 y 2012), es que desde
la sede misma de la superpotencia a la cual se enganchó antidemocráticamente el
destino del país, ha surgido la principal amenaza al modelo económico
neoliberal, con el surgimiento de un proyecto nacionalista, proteccionista y
crítico de la globalización, con amplio apoyo político (dominio republicano en
la Casa Blanca, el Congreso, mayoría de gubernaturas y de legislaturas
estatales; y próximamente, mayoría conservadora en la Suprema Corte).
Así, en los próximos meses la coalición hegemónica en México
se enfrentará a un agresivo gobierno estadounidense que le exigirá cambiar de fondo
la relación económica, cediendo buena parte de los beneficios que dicha minoría
y sus socios de las corporaciones trasnacionales han acumulado desde la entrada
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), en favor de
los grupos económicos identificados con la nueva mayoría política de Estados
Unidos.
En dicho proceso seguramente algunos grupos tendrán que ser “sacrificados”
en favor de otros más fuertes y con mayor peso dentro de la coalición dominante
mexicana.
Esto es, las grandes trasnacionales automotrices, de la
industria electrónica, informática, aeroespacial y comercial, tienen mayor peso
dentro de la economía mexicana y por lo tanto tratarán de que sean otros
sectores los que “paguen” el costo de la renegociación. En cuyo caso el sector
agroalimentario podría resultar el perdedor, así como algunas ramas manufactureras
que no tienen suficiente peso como para influir decisivamente en este proceso.
Inevitablemente esa selección de “ganadores” y “perdedores”
en la renegociación del NAFTA llevará a una ruptura entre los grandes
jugadores, por un lado, y los pequeños y medianos por el otro; con lo que la
coalición de apoyo a esta parte del modelo neoliberal, comenzará a romperse; y
no puede descartarse que los “perdedores” comiencen a sumarse a las muchas
voces que desde la oposición de la subclase política, de la academia y de las
clases medias comienzan ya a pugnar por privilegiar el mercado interno, la
relación económica con otros países (China por ej.) y regiones (Europa y
América Latina), y así alejarse aún más del gobierno de Peña y de los grupos
económicos que representan a la oligarquía y a las grandes corporaciones
trasnacionales.
El segundo impacto que ya está sufriendo la coalición dominante
del país, es el fracaso de las reformas estructurales y los efectos que la
liberación de los precios de los combustibles (parte fundamental de la reforma
energética, por más que lo niegue el gobierno) están teniendo en el poder adquisitivo
de la población y en el aumento generalizado de los precios.
Y es que el gobierno está cargando sobre la iniciativa
privada el peso de asumir el aumento de costos que ha implicado la liberación
del precio de los combustibles; mientras que la iniciativa privada acusa al
gobierno por su ineficiencia, corrupción, excesivo gasto corriente y demasiados
impuestos.
Ambas partes se han beneficiado de un sistema económico
depredador, que ha acumulado sus beneficios en una minoría, y la explotación en
la mayoría de los mexicanos y en el saqueo de sus recursos naturales y
financieros.
Sin embargo, a pesar de que ambas instancias van a seguir
trasladando la mayor parte de la carga del aumento de precios al pueblo, eso
por sí solo ya no es suficiente y ahora ambos actores deben asumir una parte
del costo económico y social por ello. De ahí que estén presionándose
mutuamente para ver si uno u otro asume una mayor carga y responsabilidad, lo
que va a seguir intensificándose durante el año, a medida que se den nuevos
aumentos de precios en los combustibles (el que sigue es en Febrero, y después
serán semanales, y hasta diarios), con su consecuente impacto en toda la cadena
de producción y distribución de productos y servicios.
El tercer impacto vendrá en el ámbito político, el cual ya se
inició con la ruptura de la “alianza” de
los actores del Pacto por México desde las elecciones intermedias del 2015;
pero ahora con mayor fuerza en vista de que PRI, PAN y PRD quieren evadir su
responsabilidad en el desastre económico que enfrenta el país, y que sólo
Morena y su dirigente Andrés Manuel López Obrador advirtieron y previeron (con
lo que ahora está al frente de todas las encuestas de preferencia para la
elección presidencial del 2018), e increíblemente posicionarse como los
verdaderos representantes del sentir popular.
Para PRI y PAN es una cuesta muy difícil de subir, ya que
estos dos partidos han sido los principales impulsores y defensores a ultranza
del modelo económico neoliberal y de la subordinación de México a Estados
Unidos, por lo que querer distanciarse de los devastadores efectos que ambos
procesos están teniendo sobre la población mexicana, es una hipocresía muy
propia de estos vende patrias.
Así, en ambos partidos (y en alguna medida en el disminuido y
cada vez más debilitado PRD), las culpas y los llamados a responsabilizarse por
lo sucedido (ahí está la precandidatura de la ex diputada del PRI Ivonne Ortega,
criticando los gasolinazos; así como la de la gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, cercana a Manlio Fabio Beltrones), así como las “traiciones” al
grupo gobernante (candidatura independiente a la gubernatura de Isidro Pastor,
ex dirigente del PRI en el Estado de México), se multiplicarán, profundizando
las divisiones internas en esos partidos.
Y todo ello se incrementará con el resultado (que puede ser
poco favorable para el PRI) en las elecciones del Estado de México, Nayarit y
Coahuila; y seguramente llegará a su clímax cuando la búsqueda por la
candidatura presidencial en PRI, PAN y PRD se exacerbe en la segunda mitad del
año. Todo lo cual irá dejando aún más sólo y debilitado al gobierno de Peña,
que seguramente enfrentará más protestas sociales, a medida que se deteriore la
situación económica (gasolinazos permanentes, incertidumbre por renegociación
del NAFTA, deportaciones masivas, posible disminución de remesas, etc.) y en la
medida en que los miembros de su equipo y gabinete comiencen a buscar la forma
de salvarse políticamente, buscando cargos de elección popular.
Si a todo lo anterior se suma la posibilidad de que la nueva
reglamentación sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad pública detone una catarata de acusaciones de violaciones de derechos
humanos, y por lo tanto de críticas de parte de organismos no gubernamentales y
organizaciones internacionales de derechos humanos al gobierno de Peña, la
posibilidad de que el mismo se derrumbe (ya sea con la renuncia de Peña,
presionado por oligarcas y militares; o por masivas movilizaciones sociales en
su contra) no se puede descartar.
Ominosos tiempos los que vienen para el país, en esta etapa
de desfonde del modelo económico neoliberal depredador-expoliador, lo que no
significa que las cosas vayan a cambiar para mejorar, ya que lo que se percibe
es una falta de rumbo y de centros aglutinadores de poder que le den dirección al
cambio, lo que para todo efecto práctico dejará las dos posibilidades que en
este blog hemos venido señalando desde hace un par de años: el Estado fallido o
la dictadura. Ya veremos.
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