El gobierno de Peña Nieto extraditó a Estados Unidos a
Joaquín “el Chapo” Guzmán en el último día del mandato de Barack Obama, con
objeto de evitar que Donald Trump se adjudicara dicho evento (como parte de las
presiones que ejerce sobre México), en caso de que se hubiera realizado durante
su periodo presidencial.
Sin embargo, aunque el hecho es importante porque Guzmán deja
con ello de incidir en la estructura del cartel de Sinaloa (que ahora
probablemente acelere su fragmentación, con la lucha por el poder entre los
hijos de “el Chapo”, Dámaso López Núñez “el licenciado” y el “Mayo” Zambada),
lo realmente relevante es que dentro del gobierno de Estados Unidos se va a
iniciar una lucha por el control del narcotráfico en la frontera y al interior
de la Unión Americana, con la llegada de la nueva administración.
Y es que es ingenuo pensar que la DEA, la Patrulla Fronteriza,
ICE, las policías locales e incluso la CIA y Homeland Security, no se llevan
una parte relevante de las ganancias del narcotráfico dentro de los Estados Unidos,
y juegan un papel primordial en el “control” sobre la cantidad de droga que
entra por la frontera sur.
Al respecto, vale la pena retomar lo que el dirigente del
National Border Patrol Council (el sindicato de la Patrulla Fronteriza) Brandon
Judd, le mencionó a Bill O ‘Reilly en Fox News, sobre el muro fronterizo (19 de
Enero), al subrayar que la Patrulla Fronteriza no necesita un muro a lo largo
de toda la frontera, sino sólo en “lugares estratégicos” que les permita
orientar el flujo de indocumentados y de drogas hacia zonas donde ellos los
puedan localizar y detener.
Esto significa que necesitan tener el control del “flujo”
ilegal, no detenerlo. Ya que en la actualidad ese flujo de indocumentados,
drogas y contrabando de todo tipo se extiende a lo largo de la frontera, y por
lo tanto ellos pierden el “control”. En cambio sí lo pueden dirigir hacia
ciertos sectores, entonces se les facilita el trabajo, para abrir o cerrar la
válvula, según las condiciones y demandas de los distintos mercados, ya sea de
trabajadores indocumentados, drogas u otro tipo de contrabando.
De acuerdo al National Drug Threat Assessment 2016 de la DEA[1]
las ciudades fronterizas estadounidenses por donde los distintos carteles
ingresan la droga en su territorio son:
San Ysidro - Cartel de Sinaloa
San Diego - Cartel de Sinaloa y organización Beltrán
Leyva
Imperial - Cartel de Sinaloa
Yuma - Cartel de Sinaloa
Sierra Vista - Cartel de Sinaloa
El Paso - Cartel de Juárez y cartel de Sinaloa
Eagle Pass - Cartel de Los Zetas
Laredo -
Cartel de los Zetas, cartel del Golfo, cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación y
organización Beltrán Leyva
McCallen - Cartel del Golfo, Jalisco Nueva Generación y
Beltrán Leyva
Brownsville – Cartel del Golfo
De hecho la DEA asegura que la mayor parte de la droga que
entra por la frontera sur, lo hace por los puertos de entrada (aduanas), a
través de vehículos de carga, de pasajeros e incluso mediante servicios de
mensajería.
Esto quiere decir que la droga que entra por el resto de la
frontera, y que es donde la Patrulla Fronteriza tiene que actuar, puede ser
territorio en disputa o abierto para los diferentes cárteles (aunque por lo
general no se despegan demasiado de su principal zona de operación).
Según la DEA, el poder de los carteles mexicanos en Estados
Unidos es porque está asociado a pandillas locales en las diferentes ciudades
de la Unión Americana, que les ayudan a distribuir y vender al menudeo la
droga. En muchas ocasiones estas pandillas son mexico-americanas, en aquellas
zonas urbanas en donde hay una población significativa de este origen.
Cabe preguntarse ¿que no son las policías de cada ciudad las
que permanentemente tienen interacción, conocen y “controlan” en muchas
ocasiones a dichas pandillas, permitiéndoles “trabajar” a cambio de elevados
sobornos?
En el mencionado reporte, la DEA afirma que los carteles
mexicanos están destinados a fortalecerse y a crecer en los próximos años, en
vista del aumento exponencial en la demanda de drogas.
Sólo como un dato para ilustrar lo anterior, basta señalar
que en el 2008, murieron por sobre dosis de droga en Estados Unidos un total de
36,450 personas, mientras que en el 2014 la cifra llegó a 47,055[2].
Así, el reporte de la DEA afirma que los carteles mexicanos
tienen presencia en 40 de los 50 estados de la Unión.
Tal magnitud de operación es imposible si no se cuenta con
protección político-policíaca, y con una red inmensa de “lavado de dinero” a
través del sistema financiero del país y de numerosos sectores de la economía.
De otra forma, sólo se explicaría esa presencia abrumadora de
los narcotraficantes mexicanos en la primera potencia del mundo, como la
debacle total del sistema de seguridad y justicia de ese país, y por lo tanto
estaríamos hablando prácticamente de una república bananera.
No es el caso. Las propias autoridades encargadas de combatir
el narcotráfico en Estados Unidos, son las que lo controlan, lo regulan y lo
explotan.
Pero la llegada de una administración republicana con una
visión distinta de la forma en que se va a “controlar” la frontera, puede
generar desajustes y confrontaciones entre agencias; y con ello, entre grupos
criminales tanto dentro de Estados Unidos, como en México.
[2]
Según el mismo reporte de la DEA en el 2014 había 22.2 millones de usuarios de
mariguana y hashish; 4.3 millones de usuarios de calmantes; 1.9 millones de
usuarios de tranquilizantes; 1.6 millones de usuarios de estimulantes; 1.5
millones de usuarios de cocaína; 1.2 millones de usuarios de alucinógenos; 500
mil usuarios de inhalantes; 400 mil usuarios de heroína y 300 mil usuarios de
sedantes.
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