La fuerza de la insurrección en
Ecuador
R. Aída Hernández y Juan
Illicachi*
Tras 12 días de movilizaciones
sociales, el pasado 13 de octubre el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín
Moreno, derogó el decreto 883, conocido como el paquetazo, que
eliminaba el subsidio a la gasolina y promovía una serie de reformas que
afectaban a los sectores más desprotegidos de la sociedad ecuatoriana. Desde el
pasado 2 de octubre, un movimiento ciudadano amplio encabezado por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el Frente
Unitario de Trabajadores (FUT) y la Federación de Indígenas Evangélicos de
Ecuador (Feine), llamaron a una huelga nacional, tomando las
calles de las principales ciudades del Ecuador. Esta movilización ciudadana se
dio en respuesta a las medidas de austeridad decretadas por el presidente
Moreno Garcés, siguiendo los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) como condiciones para un nuevo préstamo por 4 mil 200
millones de dólares. La derogación del decreto 883 fue un triunfo de la
coalición de organizaciones indígenas y populares, que mostraron en las últimas
semanas la capacidad de resistencia que puede tener el pueblo organizado.
Pero el
alto al subsidio de las gasolinas era sólo la punta del iceberg de una serie de
reformas estructurales que están en el tintero de Moreno, que incluyen varios
puntos que afectan de manera directa a los sectores más empobrecidos del país,
y en específico a los territorios indígenas. Entre las recomendaciones del FMI
está una reforma tributaria para hacer más favorable la inversión extranjera directa,
reduciendo los impuestos de las empresas extranjeras, a la vez que se promueve
la minería y la extracción de petróleo por empresas trasnacionales. Esta
reforma respondería a las acciones exitosas de resistencia del movimiento
indígena contra el extractivismo. La primavera pasada los habitantes de Girón,
provincia de Azuay, dijeron no a la minería, para proteger la reserva
natural Quimsacocha, afectando la empresa canadiense INV Metals. Mientras, las
organizaciones indígenas de la región de Intag, en el norte de la provincia de
Imbabura, declararon esa zona libre de minería y exigieron la salida de las
compañías extractivistas. Ante la defensa de la vida y el territorio, los
intereses del gran capital tratan de imponerse con la fuerza de la ley, sustentada
en la violencia legitimada.
El
presidente de seudoizquierda Lenín Moreno, quien había sido vicepresidente
durante las dos gestiones de Rafael Correa (2007-09 y 2009-13), subestimó la
capacidad de resistencia de los pueblos, al traicionar todas sus promesas de
campaña e imponer el programa neoliberal, que el FMI ha querido establecer en
el continente. Al estado de excepción declarado el 3 de octubre por el
gobierno, que amplió los poderes militares y policiales para la represión, la
Conaie respondió, declarando su propio estado de excepción, exigió el retiro de
las fuerzas gubernamentales de sus comunidades y advirtió que serían sometidas
a la justicia indígena en caso de violar sus jurisdicciones. Paralelamente, la
articulación de fuerzas políticas, urbanas y rurales, aun la población
evangélica, mostró el poder de convocatoria del movimiento indígena en Ecuador
y obligó al gobierno a sentarse a negociar. Junto con la derogación del decreto
833, se acordó instalar una comisión formada por el gobierno y sectores
sociales para hacer una propuesta que permita equilibrar la economía.
Sin
embargo, está pendiente el balance de las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante estos 12 días de movilizaciones. El gobierno respondió con
toda la fuerza de su aparato represivo contra las manifestaciones pacíficas,
pues según las cifras oficiales, sólo entre el 3 y 6 de octubre se detuvo a 485
manifestantes, y se reportó la muerte de cinco más, entre ellos un líder de la
Conaie, de la provincia de Cotapaxi.
La crónica
de los hechos del 11 de octubre, en los que estuvo presente uno de los autores
de este texto, da muestra de la violencia que usó el gobierno contra el pueblo
organizado, cuyas consecuencias aún se tienen que evaluar. En el noveno día de
movilización: indígenas y mestizos, estudiantes y obreros, mujeres y hombres,
viejos y jóvenes, del campo y la ciudad, marcharon pacíficamente hacia la
Asamblea Nacional, y fueron atacados con bombas lacrimógenas por más de cuatro
horas. Luego se hizo uso de las estrategias más deleznables para emboscar a los
manifestantes y después de un rato de suspender los ataques, en medio de ríos
de personas, que clamaban justicia, aparecieron tres vehículos con alimentos.
Los presentes, hacían fila para tomar agua, pan, arroz y refrescos, y un
descanso, después de horas de marchar y recibir agresiones. Nadie sabía de
dónde habían llegado los alimentos, pero cerca de las 16:20, se escucharon los
disparos de las bombas lacrimógenas, que tomaron por sorpresa a los
manifestantes. La gente gritaba: ¡Nos traicionaron!, ¡Hicieron pausa
hasta reabastecerse de municiones!, ¡No estamos armados, no nos
ataquen! Surgen varias preguntas: ¿el espacio, se constituyó en el campo
de ataque? ¿Se puede decir, un campo de concentración de ataque a la protesta?
Lo que sí está claro, es que la policía y las fuerzas armadas ecuatorianas
fueron usadas de manera infame y desmedida contra el pueblo, generando
violencia y muerte. No se sabe la cifra exacta de heridos y detenidos, pero la
misma oficina de la Defensoría del Pueblo informó que los hechos de esta semana
han sido los más violentos de los últimos años.
Es
lamentable que sean los gobiernos que llegan al poder con una supuesta agenda
de izquierda, que se supone priorizaría las políticas de bienestar social,
quienes impongan los megaproyectos extractivistas y de despojo a los pueblos
indígenas, así como las reformas estructurales que afectan a los más pobres. El
triunfo del movimiento popular ecuatoriano es ejemplo de lo que se puede lograr
articulando alianzas y usando la resistencia civil pacífica. El gobierno
mexicano haría bien en aprender de la realidad ecuatoriana, las consecuencias
que puede tener el querer imponer sobre los pueblos, los proyectos
extractivistas, que atentan contra la vida y el territorio.
* Investigadora
de Ciesas y ex rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas Amawtay Wasi y dirigente kichwa de una organización de base
de la Conaie.
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