LÓPEZ OBRADOR ACORRALADO

Los neoliberales, oligarcas y grupos económicos y políticos regionales identificados con el PRI y el PAN, han lanzado una ofensiva político-mediática y de violencia criminal, para acotar la agenda del presidente de México, especialmente en lo relativo a su cruzada para combatir el lavado de dinero (facturas falsas), elusión y evasión fiscales (fin de condonaciones, perdones y consolidación fiscal) y control de los recursos presupuestarios (astringencia de recursos para gobiernos locales y centralización del gasto).

La fuente principal de cientos de miles de millones de pesos para oligarcas y grupos de poder político y económico, fueron las leyes fiscales a modo para evadir impuestos, lavar dinero ilegalmente obtenido y sacar los recursos del país, a paraísos fiscales.

El cambio de reglas en esos rubros, más la profundización de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para descubrir las redes de saqueo financiero del erario, lavado de ese dinero y su trasferencia a paraísos fiscales, está golpeando severamente a esos grupos de poder, que no han obtenido su riqueza gracias a la productividad, innovación y pericia empresarial, sino a la captura que lograron del Estado Mexicano, para convertirlo en un botín permanente para llenar sus bolsillos.

En ese sentido, el que algunas de las piezas con las que éstos grupos contaban para su defensa jurídica -tales como el abogado Juan Collado o el ex ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina-Mora, hayan sido sacadas de la ecuación (el primero en la cárcel; el segundo obligado a renunciar, e investigado en sus finanzas y las de su familia), significó una señal más de alarma, que ha activado un plan concebido por los opositores políticos y económicos de López Obrador, para detener dicha agenda de acotamiento del poder financiero de estos grupos; y de ser posible provocar un “punto de inflexión” muy temprano en la presidencia lopezobradorista, hacia la baja; como lo constituyó el caso Ayotzinapa en el gobierno de Peña Nieto.

El aumento de la violencia criminal en el país (Michoacán, Guerrero, la capital del país, etc.) y especialmente el fallido intento de aprehensión del hijo del “Chapo” Guzmán en Culiacán, Sinaloa, se explican en un contexto de profundización de las diferencias entre el gobierno y la cúpula empresarial del país y sus aliados políticos. Así, no sólo los errores en el terreno de quienes, según el gobierno, tomaron precipitadamente y sin la debida planeación la decisión de realizar el operativo de aprehender a Ovidio Guzmán fue la causa del fracaso del evento, sino también tuvo que ver la intervención de autoridades estadounidenses y locales (del PRI), en la preparación inicial del mismo.

Se sabe de una reunión, hace unos días, del director de la DEA, con autoridades locales de Sinaloa, encabezadas por el propio gobernador, sin que al parecer trascendiera hacia las autoridades federales.

Así también, el que el propio titular de la Defensa no estuviera debidamente informado del operativo; y el que se mantuviera a la Marina fuera del mismo, puede ser la consecuencia de una mala planeación; pero ante la magnitud del evento, también parece indicar que con toda intención se llevó a cabo con precipitación y sin informar debidamente a la superioridad, para provocar la reacción violenta del cártel de Sinaloa, dejando al Gabinete de Seguridad sólo con dos opciones: seguir con el operativo, apoyándolo con más efectivos y arsenal, con el riesgo de provocar una masacre de civiles; o dejar ir al hijo del “Chapo”, pagando así el precio político y estratégico de tal decisión.

En cualquiera de los dos escenarios el gobierno de López Obrador hubiera salido perdiendo: uno por “mancharse las manos de sangre” con un operativo mayúsculo; o  lo que sucedió, al demostrar “debilidad” ante el narco, al verse obligado a dejar libre a Ovidio Guzmán.

Así, este operativo intencionalmente fallido, dio la pauta para que toda la prensa crítica y la oposición política a López Obrador lo cuestionara duramente y tratara de magnificar el hecho, hasta convertirlo en un “punto de inflexión”; en un antes y un después de su presidencia.

La otra pinza de la estrategia para acorralar a López Obrador ha sido el papel de saboteadora que ha jugado la presidenta de Morena, respecto al proceso de renovación de las dirigencias locales y de la nacional del partido.

Desde un inicio, Yeidckol Polevnsky ha intentado evitar que la candidatura de Bertha Luján se consolide, y a través de un proceso de consulta directa a las bases, llegue a la presidencia del partido.

El objetivo de Polevsnky, que no cuenta con una base de apoyo territorial importante, y del aliado del canciller Ebrard, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, es detener la consolidación de una presidencia fuerte, con vasos comunicantes con los militantes de Morena; y en su lugar mantener una presidencia basada en los acuerdos y conciliábulos de cúpula, en donde pueden negociar candidaturas, recursos y puestos públicos, sin tener que dar cuentas a las bases del partido.

Esta pugna ha sido muy bien aprovechada por los opositores de López Obrador, exacerbándola y pagando a grupos armados y provocadores, que se han dado a la tarea de reventar numerosas asambleas distritales, con lo que le dan el pretexto a Polevnsky y Delgado para descalificar el proceso, detener el muy posible triunfo de Luján; y así ganar tiempo para organizar otro tipo de elección, a través de “encuesta”, como lo sugirió el propio López Obrador y así poder quedarse con la dirigencia del partido, desplazando a los grupos originales de izquierda que le dieron origen, y entronizando en su lugar a los nuevos llegados del PRI, PAN, PRD y PVEM.

López Obrador ha contribuido a esta estrategia que pretende acorralarlo, al no conformar un equipo profesional de conocedores del tema de la seguridad pública, dejándolo en manos de improvisados y ex funcionarios de administraciones panistas, como el propio secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que no han planteado ningún plan viable, alternativo a la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón y Peña.

Y, por otro lado, López Obrador no ha contribuido a ordenar y dar rumbo a Morena, desentendiéndose del partido y después pretendiendo imponer un método antidemocrático, como la encuesta, para definir a los dirigentes, lo que ha enconado las posiciones de los diferentes grupos.

Su incoherente amenaza de que se saldrá del partido si no se arreglan las diferencias entre los distintos grupos, es un regalo para sus opositores, pues con ello sólo lograría acabar de hundir a su incipiente partido, al que va a necesitar para las siguientes elecciones y para el referéndum sobre la revocación o no de su mandato (falta la aprobación en la Cámara de Diputados y en los congresos locales); todo lo cual es lo que buscan sus opositores, que se quede cada vez más sólo, más acorralado y con menos opciones para avanzar en su agenda de reformas. Pero parece que no se da cuenta de ello.