MEXICO, EL PAIS DE LA INJUSTICIA

Después de estar preso durante una semana en el CEFERESO de Tepic, Nayarit, Oscar Alvaro Montes de Oca, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) -acusado de haber introducido una maleta con 20 kilos de cocaína al llegar a la ciudad de México, procedente de Bogotá, Colombia (en donde había hecho escala su vuelo de la aerolínea Avianca)- fue dejado en libertad, el pasado 7 de agosto.

Como se ha difundido ampliamente en los medios, Oscar siempre afirmó que la maleta que le querían adjudicar en el aeropuerto de la Ciudad de México no era la suya, pero por supuesto que a nuestras autoridades les importó un pepino y sin más “pruebas” que los dichos de estos rufianes que se hacen pasar por autoridades (PGR, Policía Federal, Aduanas), lo llevaron a la PGR a “declarar”, y después al penal de Tepic.

Sólo porque su familia, amigos y la propia UAEM (cosa rara en las autoridades universitarias, que por lo general no meten las manos por sus estudiantes), se dieron a la tarea de publicitar este caso de violación de los derechos más elementales de una persona y de claro abuso de autoridad, que el gobierno de Peña Nieto, a través de su procuradora (“hecha en Televisa”) Arely Gómez, se desistió de las acusaciones y Oscar pudo quedar en libertad.

Como bien lo dijo Oscar en la conferencia de prensa que dio al llegar a Toluca, en México las (seudo) autoridades consideran a todos de inicio culpables, y es el acusado el que tiene que probar su inocencia; cuando en los países “civilizados” es al revés, se le considera a la persona inocente de inicio, y es la autoridad la que tiene que demostrar su culpabilidad.

A raíz de esta situación ya se dio a conocer otro caso similar, en el que la bailarina Lilia Angélica López Negrete, al regresar de Bogotá, Colombia, en la misma ruta y aerolínea que usó Oscar, fue detenida el 31 de diciembre del año pasado en el aeropuerto de la ciudad de México, y se le acusó de tratar de introducir droga (3 kilos de cocaína) en su maleta (en este caso sí era su maleta, pero al documentarla en Bogotá ninguna autoridad o personal del aeropuerto que revisó el equipaje detectó dichos paquetes).

Lilia Angélica fue incomunicada y al día siguiente enviada inmediatamente al penal de Tepic, Nayarit.

Tres meses tardaron sus familiares en poder verla y lograron que se le trasladara a la cárcel de Santa Martha Acatitla, en el D.F. en donde sigue presa, sin que se le haya iniciado formalmente su juicio.

Ante la difusión de las irregularidades y abusos cometidos contra esta bailarina, la procuradora Gómez se vio obligada a recibir al padre de la muchacha y el jefe de gobierno del D.F., Miguel Angel Mancera se comprometió a darle asistencia jurídica y a que se le otorgue un trato digno a Lilia Angélica mientras esté en la cárcel.

Parece que ha habido más casos como los anteriores en el aeropuerto de la ciudad de México, que como todos saben es uno de los lugares más disputados entre los cárteles de la droga, pues a través del mismo se introducen cientos de kilos de droga al país cada mes, así como todo tipo de contrabando, siendo esto posible por la protección y complicidad de las autoridades que manejan la seguridad en el aeropuerto, así como por empleados de las aerolíneas coludidos con estas mafias.

Llama la atención que se les quiera adjudicar droga a jóvenes mexicanos que por diversos motivos, viajan a Sudamérica, especialmente en los vuelos procedentes de Bogotá, a través de la aerolínea Avianca.

Tal pareciera que las mafias que controlan el aeropuerto tienen que cumplir con una cuota de aseguramientos de droga y de detenidos, para así aparentar que combaten el narcotráfico; pero realmente lo que hacen es inculpar a inocentes, con objeto de que los verdaderos delincuentes pasen sin ser molestados por los diferentes controles del aeropuerto, ellos sí con kilos y kilos de drogas (cocaína, metanfetaminas y heroína).

Eso es lo que se debería investigar, y no estar acusando sin fundamento a personas que nada tienen que ver con este comercio ilegal, protegido por las autoridades mexicanas (y posiblemente también por las colombianas).

Pero es pedirle peras al olmo, porque como se ha señalado reiteradamente en este blog, México es una “narcocracia”, gobernada por mafiosos, que están coludidos y/o son protectores de organizaciones criminales, por lo que no podemos esperar que ellos mismos se  auto investiguen y se encarcelen. Es más fácil acusar a inocentes, a los que se les niega el debido proceso, se les incomunica, y si no tienen personas que aboguen por ellos, pasan años en la cárcel por crímenes que no cometieron.

Ahora se va a cometer otra barbaridad, cuando la PGR está acusando de “homicidio” (por negligencia) en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora (que como se recordará se quemó el 5 de junio del 2009, muriendo 49 niños y 70 más resultando lesionados) a 22 maestras y trabajadores de la misma, cuando ellos fueron los que intentaron salvar a los niños (lo lograron en muchos casos), y también resultaron con lesiones graves.

Estas personas no iniciaron el incendio, el que como se recordará se propagó de una bodega adjunta, rentada por el gobierno de Sonora, en donde al parecer se inició un incendio intencional con la finalidad de destruir documentación de la Secretaría de Finanzas, para evitar que el siguiente gobierno pudiera fincar alguna responsabilidad a la administración del priista Eduardo Bours.

Así, la PGR, encabezada por la señora Gómez, está por cometer una injusticia más, cuando a los que debía investigar es a los miembros del gobierno priísta de esa época en Sonora, así como a los concesionarios de la guardería (parientes de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón), que no tenían los papeles en regla, ni habían hecho las adecuaciones de seguridad necesarias en la guardería.

Pero claro, es más fácil culpar al pobre, al empleado, al subordinado y dejar intocados y en la impunidad a los verdaderos generadores de todas las tragedias del pueblo mexicano: la corrupta y podrida subclase política de este país y sus socios y cómplices del sector empresarial.