¿Cuáles son las causas de la violencia y la inseguridad en México? ¿La percepción de la población sobre dichas causas coincide con la de las autoridades encargadas de combatir esos problemas sociales? ¿Porqué México lleva prácticamente una década con un elevado nivel de violencia, de permanencia de altos índices de criminalidad y de fracaso de las políticas públicas que se han instrumentado para contener y disminuir esta situación?
Para darnos una idea sobre los principales problemas que la población mexicana señala como los que generan mayor preocupación en su diario vivir, vale la pena retomar los datos de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Marzo y Abril de este año.
En total se le preguntó a 79,027,090 adultos (mayores de 18 años), cuáles eran los temas que les generaban mayor preocupación, y esto fue lo que contestaron:
Inseguridad 45,650,162 57.8%
Desempleo 36,765,996 46.5%
Pobreza 26,669,923 33.7%
Aumento
de Precios 26,667,682 33.7%
Corrupción 22,066,752 27.9%
Salud 20,892,846 26.4%
Educación 19,415,506 24.6%
Narcotráfico 15,977,987 20.2%
Escasez
de Agua 12,793,936 16.2%
Impunidad 5,748,327 7.3%
Desastres
Naturales 3,488,174 4.4%
Lo primero que salta a la vista es que dos de los problemas principales que permiten el crecimiento de las actividades criminales, como lo son la corrupción y la impunidad, no se encuentran entre las primeras preocupaciones de la población. De hecho la impunidad, está en el penúltimo lugar.
Para la mayoría de la población los dos principales problemas son la inseguridad (en primer lugar en 22 entidades) y el desempleo (por poca diferencia sobre la inseguridad, está en primer lugar en 8 entidades), ambos seguidos por la pobreza (en primer lugar en dos entidades, Chiapas y Oaxaca).
Sólo en una entidad la corrupción está en segundo lugar de las preocupaciones (Nuevo León) y en otra está en tercero (el Distrito Federal).
El narcotráfico es visto como un problema independiente del tema de la seguridad, aunque es lógico que ambos estén relacionados, lo que daría un peso aún mayor a las preocupaciones y la percepción de la sociedad sobre el tema de la inseguridad.
La población mexicana da un mayor peso a las carencias sociales y económicas, pues ve en esa falta, la principal vulnerabilidad ante los embates de la criminalidad.
¿Por qué no se considera que la corrupción de las autoridades, su complicidad con las organizaciones criminales, la facilidad para comprar o intimidar a policías, jueces e incluso miembros de las fuerzas armadas y por supuesto a políticos y funcionarios, son causas primordiales de preocupación, y por lo mismo son las que permiten el crecimiento de las actividades delincuenciales y de la inseguridad?
Esta encuesta permite observar dos de las causas primordiales que han permitido el crecimiento de la violencia e inseguridad.
Por un lado, para las personas el problema más acuciante es la falta de empleo, de ingresos, para sostener a su familia.
Esto nos remite a una economía que prácticamente no ha crecido en los últimos 30 años (no más del 2% como promedio), no ha generado los suficientes empleos para su población, y los que crea no están suficientemente bien remunerados, lo que ha ocasionado los grandes flujos migratorios hacia Estados Unidos, así como el crecimiento de la economía informal.
De ahí que una gran parte de la población tiene como objetivo el sustento, sea como sea, más que la fortaleza y honestidad de las instituciones, o el desarrollo de la democracia.
No ven una relación directa entre esto último y su nivel de vida.
El otro aspecto que resalta de la encuesta es que las autoridades y en general los políticos y funcionarios, sin importar mucho el partido político del que provengan, no sienten una presión social para corregir el grave problema que significa la corrupción, y la falta de castigo y sanciones a aquellos que violan la ley, es decir la impunidad.
Tanto gobernantes, como élites económicas están enfocados a asegurar sus posiciones de poder y privilegio, sus altísimas rentas (unos con salarios y prestaciones enormes, además de la posibilidad que tienen de concesionar obras y compras gubernamentales, a cambio de "comisiones" y "regalos"; y otros asegurándose mercados monopólicos y muy bajos pagos de impuestos) y su propia impunidad, cuando violan las leyes, pues sus posiciones de poder les permite evadir la acción de la "justicia".
Así, lo que prevalece en las altas esferas gubernamentales y económicas es un pacto para aprovecharse de la debilidad organizativa, económica y hasta educativa y de información de gran parte de la población, para mantener el poder político y económico, por lo cual el "aceite" de la corrupción y la permanencia de la impunidad son esenciales, pues de lo contrario ese monopolio que ejercen sobre la mayor parte de los recursos de la nación se podría ver en riesgo (sólo por poner un ejemplo, las 202,000 cuentas que hay en la Bolsa Mexicana de Valores, representan el 52% del PIB, esto es alrededor de 7.5 millones de millones de pesos, concentrados sólo en el 0.17% de la población, si se considera que cada cuenta es una sola persona, lo cual no es muy seguro).
Gran parte de la población sabe que el pago por fuera para acelerar trámites, ganar licitaciones públicas, evitar multas o clausuras de negocios, e incluso conseguir trabajos (se pide dinero anticipadamente o una parte del sueldo, para que se le consiga trabajo a las personas, ya sea en el sector público o en el privado) o evitar ser maltratado en las cárceles, es una "regla no escrita", que tiene décadas, y quizás se remonta hasta la etapa del virreinato, por lo que su erradicación no constituye una prioridad para los mexicanos (ni para el gobierno, como lo afirma Transparencia Internacional en su última evaluación), y al contrario, muchos lo siguen viendo como una especie de "facilitador" en el diario vivir. En el nuevo índice de Transparencia Internacional (2013), México baja un lugar, al 106 de un total de 177 países evaluados, con sólo 34 puntos.
Y por el otro lado, si bien la impunidad lastima cada vez más a los mexicanos, pues los actos criminales (secuestros, extorsiones, asaltos, homicidios, etc.), al no ser castigados, alimentan aún más la violación constante de la ley, también es percibida como una especie de compensación, ya que la gran mayoría de los mexicanos rompen las leyes de una u otra forma (de tránsito, de uso del suelo, evaden pagar impuestos, no pagan las tarjetas de crédito, etc.), por lo que de alguna forma se consideran "beneficiados" con tan laxa aplicación de la ley, pues si bien pueden resultar perjudicados cuando sufren en carne propia actos criminales; también están consientes que pueden evitar una gran cantidad de regulaciones y leyes, gracias a la impunidad prevaleciente (que puede "comprarse" a través de la corrupción).
Si bien es cierto que cada vez más mexicanos están exigiendo un alto a la corrupción, a la impunidad, a los privilegios de los poderosos que se eximen a sí mismos de las leyes que pretenden que los demás cumplan, aún no es una exigencia generalizada; aún no se ha convertido en una presión social tan grande que obligue a cambios fundamentales en las instituciones públicas y privadas, en la actuación de las autoridades, y en la propia responsabilidad social para asumir los costos, pero también los beneficios de tener un verdadero Estado de Derecho.
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