Enrique Peña Nieto cumple un año de
gobernar a México el próximo 1 de Diciembre y el saldo hasta ahora es
decepcionante.
La apuesta de Peña fue en tres vertientes:
1. Quitarle al tema de seguridad pública
el protagonismo que había tenido en el sexenio pasado. El objetivo era sacar a
las malas noticias relacionadas con la violencia en el país, del constante
escrutinio de los medios de comunicación y con ello disminuir su relevancia
mediática para la población, con lo que si bien no se resolvería el problema,
al menos se le quitaría presión al gobierno, con lo que ganaría tiempo para
desarrollar alguna estrategia que permitiera la disminución efectiva del
fenómeno de la violencia.
2. Apostar todo el capital político del
nuevo gobierno a impulsar las tan publicitadas "reformas
estructurales", que de hecho son las reformas de segunda generación del
proyecto instaurado por el salinismo: la laboral (aprobada al final del
gobierno de Calderón, con el visto bueno de Peña); la de telecomunicaciones
(aprobada por las dos grandes televisoras, pues no afecta en lo esencial sus
intereses); la financiera (aprobada por los bancos, sobre todo por contar con
medidas draconianas para hacer valer las garantías en los créditos); la
educativa (dirigida a desmantelar el poder del sindicato, y en especial el de
la Coordinadora); la hacendaria (cuyo objetivo es recuperar algo del dinero que
perderá el gobierno cuando cambie el régimen fiscal de Pemex); la
político-electoral (para repartir mejor el "pastel" de cargos
públicos, y así lograr la conformidad de los actores políticos con la
profundización del modelo económico vigente); y la estrella de las reformas, la
energética (para permitir a las grandes transnacionales de la energía acceder
al petróleo y a la renta petrolera del país).
3. Amarrar las dos primera vertientes a
través de un acuerdo cupular (Pacto por México) con los principales
partidos políticos de oposición (PAN y PRD), con objeto de evitar que las
reformas quedaran entrampadas en el Poder Legislativo, o "peor aún",
que la población pudiera exigir alguna intervención en la discusión y eventual
rechazo de alguna de estas reformas; y bajar el perfil al discurso político de
condena al tema de inseguridad.
En la primera vertiente, en los meses
iniciales pareció que se lograba el objetivo de bajar el perfil al tema de la
violencia e inseguridad, y enfocarse más en el tema de las reformas. Para ello
ayudó la decisión de Peña de remover un obstáculo importante para una de sus
principales propuestas, la reforma educativa, cuando se realizó la aprehensión
de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Elba Esther Gordillo, el 26 de febrero de este año, acusada de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada; a los que
después se sumó el de defraudación fiscal.
Gordillo es uno de los personajes de la
política mexicana más identificados con la corrupción, el abuso de poder y los
acuerdos obscuros con los gobiernos en turno para mantener los privilegios y la
influencia de la cúpula sindical del magisterio, por lo que su aprehensión fue
bien vista por la mayoría de los sectores sociales y medios de comunicación.
Sin embargo, a medida que han transcurrido
los meses, la violencia ha surgido por todos los rincones del país, pues la
supuesta estrategia para contenerla, aún no está plenamente en funcionamiento:
I) Planeación; II) Programa Transversal de Prevención; III) Programa Nacional
de Derechos Humanos; IV) Coordinación entre niveles de gobierno; V)
Reestructuración de las policías estatales y de la procuración de justicia; VI)
Evaluación; división estratégica del país en 5 regiones geográficas para llevar
a cabo dichas políticas de seguridad; y creación de la Gendarmería
Nacional.
Ahí está la respuesta de la sociedad en
distintas entidades, para defenderse del embate de la criminalidad (aunque no
se sabe con certeza si algunos grupos están relacionados con organizaciones
criminales rivales), como las "autodefensas" en Michoacán, las
"policías comunitarias" en Guerrero, las declaraciones de diversos
grupos en el estado de México para organizarse de la misma forma, los
linchamientos de supuestos criminales en pueblos y comunidades, etc.
Así también, desde el exterior se señala
que Peña no ha cambiado en lo esencial, la estrategia de confrontación que
implantó Calderón, lo que sigue alimentando a la violencia en todo el país.
Human Rights Watch (HRW)
"A casi un año de que el presidente
Enrique Peña Nieto tomara posesión de su cargo, no ha habido resultados para
frenar las violaciones de derechos humanos en el país, advirtió Human Rights
Watch (HRW).
Mediante una carta enviada al titular del
Ejecutivo Federal, el director de la organización, José Miguel Vivanco, señaló
que al asumir la Presidencia, Peña Nieto encontró a un país 'sumido en una
crisis de derechos humanos', con una impunidad casi absoluta ante los 'abusos
generalizados', incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas.
El especialista encomió que el gobierno
actual ha adoptado algunas medidas positivas en este ámbito, como promulgar la
Ley General de Víctimas y reconocer la magnitud del problema de las
desapariciones.
Sin embargo, lamentó, 'a casi un año de
gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en
gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances
significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan
produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad'.
Para sustentar su afirmación, Vivanco
puntualizó que las fuerzas oficiales de seguridad siguen cometiendo
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas."
Washington Office for Latin America (WOLA)
"Durante el primer año de gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado muy pocos avances en
materia de seguridad y derechos humanos, pues se sigue cometiendo una enorme
cantidad de violaciones a esas garantías, en medio de total impunidad, señaló
la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
Mediante un documento firmado por Maureen
Meyer y Clay Boggs, el colectivo recordó que al asumir el cargo, el Presidente
prometió reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la
población, pero hasta ahora los resultados han sido decepcionantes.
WOLA destacó que tras una ligera caída en
septiembre de este año, los homicidios relacionados con la delincuencia
organizada repuntaron en octubre.
La violencia sigue siendo desenfrenada en
muchas partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles
récord, lo cual ha provocado el surgimiento cada vez mayor de grupos de
autodefensa, apuntó."
Institute for Economics and Peace (IPE)
El costo directo de la violencia para la
economía mexicana es de 3.8% del PIB, mientras que los costos indirectos
ascienden a 12% para un total de 2 billones 490 mil millones de pesos (15.8%
del PIB), según el Institute for Economics and Peace (IEP).
Al presentar los resultados del Índice de
Paz México 2013 (IPM), el organismo añadió que "en condiciones óptimas, si
no hubiera violencia en México, la economía tendría el potencial de mejorar
hasta en un 27.7%".
Precisó que "esta cifra (27.7%)
incluye los costos directos e indirectos y el flujo de la actividad económica
adicional que eventualmente se añade a la economía. El estudio pone de relieve
que si todos los estados de México fueran tan pacíficos como Campeche, el
estado más pacífico en el país, México obtendría un beneficio económico de 2.26
billones de pesos".
Según el organismo, en los últimos
10 años, el PIB de los estados más pacíficos se incrementó en 9% frente a 4% en
los estados menos pacíficos".
México cayó al lugar número 133 entre 168
países, en los indicadores de paz en el país, advirtió Steve Killelea del IPE,
lo que se refleja en los niveles de corrupción, que ubica al país en los
últimos sitios a nivel mundial, la impunidad de quienes cometen un crimen y la
debilidad del sistema judicial.
Al mostrar las estadísticas, Killelea
subrayó que el impacto económico total de la violencia en México se estima
conservadoramente en 333 mil millones de dólares por año, cantidad que
representa el 27.7 por ciento del PIB nacional, por los efectos indirectos y
directos en las víctimas -cifra que es superior a la que dio hace unas semanas la
secretaria de Salud, Mercedes Juan López.
Alertó sobre el hecho de que la policía
registra también los niveles más altos de corrupción, con más del 90 por
ciento, y que otras instancias que enfrentan al crimen, las Fuerzas Armadas,
han mejorado al reducir esa percepción en más de un 50 por ciento.
En resumidas cuentas, la
"estrategia" de Peña para contener (que no resolver) el tema de
inseguridad y violencia, ha resultado en un sonoro fracaso, por más que el
secretario de Gobernación y el Procurador General de la República insistan en
que se está avanzando y que la violencia en el país está retrocediendo.
En la segunda vertiente, relativa a las
reformas, gracias a que Peña ha amarrado la aceptación de los principales
actores políticos y económicos mediante el Pacto por México, ha podido aprobar
las reformas de telecomunicaciones, financiera, educativa y hacendaria (con
alguna oposición de los grandes empresarios a esta última, que finalmente
aceptaron, siempre y cuando reciban su compensación con la reforma energética).
En donde ha encontrado la mayor oposición
ha sido en la educativa, pues la Coordinadora Nacional de Trabajdores de la
Educación (CNTE), mantiene sus movilizaciones en rechazo a la misma; y sigue el
rechazo a la reforma energética, lidereada por Andrés Manuel López Obrador, y
secundado por los partidos de izquierda, incluído el PRD, que de manera
diferenciada había dado su aprobación a las anteriores reformas.
Aún así, ya comienza a encontrar sus
primeros obstáculos serios el "pactismo", con la reforma
político-electoral, y como era previsible, con la energética, ante la oposición
del PRD y los otros partidos de izquierda a avalarlas, en especial la segunda,
pues insisten -con razón- que especialmente la energética debería consultarse a
la población, mediante mecanismos previstos en la nueva reforma
político-electoral, lo cual no está siendo considerado.
De ahí que el propio Pacto por México
ahora se encuentre en su fase más crítica, pues el PRD se ha retirado del
mismo, si no se permite que al menos algunas de sus propuestas sean
consideradas en las dos reformas que están por aprobarse en el Congreso.
Así que, si bien en el avance de las
reformas que su gobierno ha propuesto, Peña lleva las de ganar hasta ahora,
para los próximos meses puede enfrentar crecientes protestas y oposición,
especialmente cuando varias de ellas comiencen a ser aplicadas, y diversos
sectores de la sociedad se vean afectados.
En el frente económico, este año ha
resultado decepcionante pues cuando mucho se alcanzará el 1% de crecimiento del
PIB; siguen creciendo las protestas del sector campesino, tanto en el D.F.,
como en otras entidades (Chiapas por ej.), por la crisis de precios y de
producción por la que pasa el sector, sin apoyo real de parte del gobierno; los
salarios se mantienen rezagados (cifras de CEPAL y OIT señalan que en el último
año los salarios en México crecieron sustancialmente menos en comparación con
otros países de la región latinoamericana); no hay cifras sobre el desarrollo
del programa contra el hambre que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social;
y los fenómenos meteorológicos (tormentas Ingrid y Manuel; frentes fríos), han
golpeado severamente a la mayor parte de la República, lo que ha implicado la
erogación de recursos extraordinarios para hacer frente a la destrucción
causada por los mismos.
El gobierno de Peña Nieto va a ser
evaluado dentro de 5 años, no por las cifras alegres que se pasa enunciando en
sus discursos (llegarán miles de millones de dólares de inversión, se crearán
millones de empleos; bajarán los precios del gas y la electricidad; en fin, el
país de las maravillas), según él, gracias a sus reformas, sino por la mejoría
real en los datos duros en materia de seguridad, desarrollo social y económico.
Según Coneval, hasta el 80% de la
población sufre alguna vulnerabilidad en materia de alimentación, salud o
educación, vivienda, ingreso, etc.
¿Al final del sexenio Coneval podrá
anunciar que se redujo a 70% la población vulnerable? Eso sería un avance, no
espectacular, pero sí importante.
El coeficiente de concentración del
ingreso (el coeficiente de Gini), conservadoramente se supone que es de 0.47 en
México (0 igualdad absoluta; 1 completa desigualdad).
¿Al final del sexenio será de 0.43 o 0.40?
Ello sería un avance importante.
La pobreza, según Coneval, al inicio del
sexenio (considerada como un conjunto de variables), afectaba al 45.5% de la
población.
¿Al final del sexenio podrá señalar el
Coneval que es de 40% o 35%? Significaría que vamos en la dirección correcta.
El nivel de impunidad en el país es del
95% (crímenes no resueltos).
¿Al final del sexenio podremos decir que
se redujo ese índice al 85 u 80%?
México está en el lugar 105 en percepción
sobre la corrupción, según Transparencia Internacional.
¿Al final del sexenio podrá informar que
ahora estamos en el 95 o en el 90?
No se pide que en un sexenio se superen
todos los problemas del país, pero al menos que en los hechos, en los datos
duros, en la percepción de la población, se adviertan avances claros. Ya no
queremos discursos, promesas y demagogia, Se necesitan resultados, de lo
contrario la ingobernabilidad, la anarquía, y con ello la represión
desenfrenada, se van a apoderar, más pronto que tarde, de este país.
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