Hoy México se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, desde hace 31 años un núcleo dominante dentro de la estructura del Estado, situado en las áreas financieras y económicas (SHCP, Banco de México, especialmente) viró el rumbo del país, de una economía con fuerte presencia estatal, y un papel subordinado de la iniciativa privada, a una economía más dependiente de la de los Estados Unidos, a través de canales de comercio, inversión y turismo que terminaron por consolidarse con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En este esquema, los grandes consorcios empresariales mexicanos se vieron fortalecidos por un proceso de privatizaciones muy generosas de bienes en poder del Estado, así como créditos y facilidades fiscales, que convirtieron a empresas importantes en verdaderos oligopolios, incluso con proyección internacional.
En el proceso, el "Estado de bienestar" que lenta y desarticuladamente fueron creando los gobiernos posrevolucionarios, fue señalado como el principal obstáculo para el crecimiento de los consorcios nacionales y su vinculación con la economía internacional, por lo que se inició un proceso de desgaste y satanización del mismo, con objeto de reducir el tamaño de instituciones y políticas públicas que absorbían gran parte de los dineros públicos, para redireccionar esa parte de la riqueza nacional hacia la iniciativa privada, obligando a la población a buscar en el mercado, opciones para adquirir bienes o servicios antes producidos o subsidiados por el Estado.
El esquema estuvo en sintonía por varios años con las tendencias mundiales, por lo que la narrativa gubernamental encontraba eco en el ámbito internacional a sus políticas privatizadoras y pro libre mercado.
Pero 2008 y la crisis profunda del principal campeón de estas políticas, Estados Unidos, así como el impacto que aquella tuvo en Europa, han dejado en muy mal estado las políticas públicas denominadas como neoliberales, lo que ha llevado a las economías de los países desarrollados a buscar alternativas nuevamente en la intervención estatal, ya sea a través del "salvamento" de las instituciones financieras que llevaron al colapso al sistema, o mediante "estímulos" a la economía, a través de la contratación de deuda o la "impresión" de dinero.
De ahí que las políticas tradicionales de "ajuste" del Fondo Monetario Internacional han sido cuestionadas en los últimos años, incluso por el mismo Fondo, pues agravan las crisis con la disminución draconiana de los déficit y retardan, sino es que matan en definitiva, cualquier posibilidad de recuperación.
Por lo tanto, ahora la tan apreciada "disciplina fiscal" ya no es el tabú intocable de hace unos años, y el mejor ejemplo de ello es la aceptación del actual gobierno mexicano de que este año (con 0.4%) y el que sigue (con 1.5% del PIB), deberá aceptar un déficit en sus finanzas públicas, que tendrá que cubrir con deuda, para poder aspirar a un crecimiento económico superior al 3% .
Así también, se rompió el tabú de cobrarles algunos impuestos a los grandes empresarios (ISR progresivo; disminución de 5 a 3 años para pagar impuestos diferidos por consolidación fiscal; cobro de 10% a utilidades en la bolsa), pues estaba claro que solamente cargándole la mano a una población que de por sí gana sueldos ridículos (el promedio mensual es de 5000 pesos, según INEGI), en una situación de clara desaceleración económica, y con altos niveles de corrupción, abuso e ineficiencia en todos los órdenes de gobierno en el país (lo que agrava la situación de pobreza, que para el gobierno sólo afecta al 48% de la población, mientras que para el CONEVAL, prácticamente el 80% de la misma sufre de alguna vulnerabilidad -alimenticia, de vivienda, de educación, etc.-), sólo iba a poner en riesgo la estabilidad política y social.
Sin embargo, el gobierno mexicano sigue dominado por los grupos empresariales que están ligados a la economía internacional (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios); se mantiene la dependencia respecto a los Estados Unidos, pues prácticamente el 90% de todos los intercambios económicos internacionales se realizan en el marco del TLCAN (y ya mejor ni hablamos del tema de seguridad); y se ha demostrado a lo largo de estos 30 años que no hay forma de que los "beneficios" de ese modelo se distribuyan entre la mayor parte de la población, lo que ha generado una situación de pobreza crónica, que requiere subsidios y apoyos gubernamentales, sólo para evitar que empeore (reconocido incluso por el titular de Hacienda Luis Videgaray y por la de Desarrollo Social, Rosario Robles), pero no para brindar oportunidades que permitan a vastos sectores de la población a salir de su precaria situación (lo que se convierte en caldo de cultivo para la informalidad, la migración y el crecimiento de actividades delincuenciales).
México tiene la opción de buscar otro modelo que le permita transitar hacia una economía más enfocada hacia su población, y no volcada como ahora a las necesidades de crecimiento de las corporaciones, que toman sus decisiones en función de sus utilidades, y no de los mejores intereses del país.
Argentina y Brasil, sin tener la "panacea", han podido evitar que unas cuantas corporaciones o quienes manejan la deuda en los centros financieros internacionales, impongan condiciones o limiten las capacidades de desarrollo del país.
Basta con poner dos ejemplos. Argentina se negó a aplicar los programas del FMI y pagó su deuda por adelantado, lo que se consideró una "afrenta" a la comunidad financiera internacional, porque se negó a seguir los dictados de una minoría todo poderosa que esclaviza por décadas a los países endeudados, y que por supuesto lo que menos le interesa es que le salden esa deuda, por que de lo que se trata es de sangrar con el pago de intereses, a dichos países. Pues bien, Argentina se negó a ese juego, y se liberó de esa cadena, incluso comprando su deuda a un precio más alto que en el que se vendió la misma en el mercado secundario, lo que ha provocado la ira de los administradores de los fondos "buitre" (denominados así porque se aprovechan de los países endeudados, comprando sus deudas a precio de ganga en el mercado secundario, y después exigiendo su pago al país al 100%); los que incluso le embargaron un buque escuela de la Armada argentina, en un país bananero de África, que responde a los intereses de estos fondos.
Por su parte Brasil, ha demostrado que se puede desarrollar tecnología propia, sin depender de las grandes potencias, para explotar los grandes yacimientos de petróleo que tiene en aguas profundas, así como desarrollar una industria aeronáutica de primer nivel, que da trabajo y divisas a la economía brasileña.
En cambio México, se embarcará en más deuda, que no se sabe si utilizará para desarrollar ciencia y tecnología, mejorar la infraestructura o impulsar a las pequeñas y medianas empresas; o ese dinero terminará en la burocracia dorada, con sueldos y prestaciones de escándalo, o en obras marcadas por la corrupción (como las reconfiguraciones de las refinerías), el despilfarro y la ineficacia.
La opción estratégica es clara: o seguimos en el rumbo de hace 30 años, con más reformas para consolidar un modelo de NO DESARROLLO, conformado para concentrar el ingreso en el 10% superior de la población y para asegurar a la economía de Estados Unidos una fuente barata y segura de materias primas (petróleo y gas en primer lugar), mano de obra (abren y cierran la "válvula" de la migración según les conviene) y destino para sus inversiones (ahí está como ejemplo Wal Mart, que obtiene utilidades estratosféricas, y paga sueldos de miseria; sin mencionar que también le entra a la corrupción, para comprar permisos de uso de suelo o de impacto ambiental); o se le da "una vuelta de tuerca" a dicho modelo, para evitar la depredación de recursos que realizan las grandes empresas nacionales y extranjeras, e impulsar un modelo que privilegie a los pequeños y medianos empresarios, que puedan conformar cadenas productivas que den productos y servicios al mercado interno; con un Estado promotor del desarrollo, no encargado de subsidiar pobres, sino de promover la iniciativa de los mexicanos, con créditos accesibles (no los usureros de la banca transnacional, que domina nuestro sistema financiero), capacitación y apoyo como los que otras economías emergentes dan a sus industrias y comercios.
La opción estratégica del desarrollo soberano, no subordinado, implicaría también una opción por alentar otro tipo de relaciones internacionales, no basadas en la permanente intimidación y negación del Derecho Internacional (Estados Unidos y aliados), sino en el multilateralismo, la cooperación no asimétrica y la defensa firme, sin estridencias, de los intereses nacionales, entendidos como aquellos que efectivamente (no en la demagogia) representan a la gran mayoría de los mexicanos, y que buscan su bienestar económico y social, así como una democracia funcional, que respete los derechos de todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario