En los últimos días se han generado varias noticias que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Tan sólo ayer se registraron explosiones en sucursales bancarias en el D.F. y Toluca, que hasta el momento no se ha adjudicado ningún grupo. La semana pasada las autodefensas en Michoacán, tomaron la alcaldía de Tancítaro y escenificaron enfrentamientos con el grupo criminal denominado "Los Caballeros Templarios"; ayer el ex director del CISEN (2007-2011) Guillermo Valdés, confirmó en declaraciones a la prensa, que durante el gobierno de Felipe Calderón se crearon centros de "fusión" de información en varias partes de la República, en donde participan activamente miembros de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, aunque no quiso confirmar la versión de que había en territorio mexicano por lo menos un centro de recolección de información, manejado sólo por los estadounidenses. Y, vale la pena mencionar, que entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre pasados, distintos grupos armados han dado a conocer 6 comunicados (EPR, ERPI y la Coordinación Revolucionaria Libertad).
Dentro de estas noticias, tampoco se puede dejar pasar la visita oficial del presidente de Israel a México, Shimon Peres, en momentos en que Israel lleva a cabo una "ofensiva" mundial para descarrillar los acuerdos entre Irán y el P5+1, sobre el programa de energía nuclear de los iraníes (aunque oficialmente se señala que la visita tiene que ver con la firma de acuerdos en materia de cooperación comercial y de manejo y tratamiento del agua).
Si bien cada evento tiene su propia motivación y dinámica, así como actores y escenarios diferenciados, el hilo conductor es que se están acumulando cada vez más retos para el aparato policíaco-militar y de inteligencia del Estado Mexicano, tanto en su vertiente subversiva, como en los retos que plantea la violencia de las organizaciones criminales y la respuesta a dicha violencia por parte de segmentos armados de la sociedad civil; como en el ámbito de las relaciones internacionales; y en las próximas semanas, en la movilización contra la reforma energética que según el gobierno y el PRI, está muy próxima a ser aprobada en el Congreso.
Demasiados frentes abiertos, y no se percibe un planteamiento estratégico del Estado Mexicano para canalizar inconformidades de diverso calibre, en distintos ámbitos, dispersas, pero que tienen dos vertientes muy claras:
1. Hay una inconformidad transversal entre diferentes sectores de la población mexicana, por los efectos que el conjunto de reformas que impulsa el gobierno tiene y tendrá en sus vidas cotidianas. Destaca por supuesto el gremio de los maestros, por la reforma educativa (CNTE), pero también se están movilizando en diversas partes del país organizaciones campesinas, que no advierten un real apoyo de parte del gobierno; y cada vez más los jóvenes (sean anarquistas o no), salen a las calles para exigir atención a la falta de lugares en universidades y preparatorias públicas; a la falta de empleo, etc. Y, por supuesto están los sectores movilizados en contra de la reforma energética, estos sí más directamente vinculados con partidos políticos de izquierda.
2. La segunda vertiente tiene que ver con la violencia en el país, ya sea de las organizaciones criminales (o simplemente de la delincuencia común), contra la población, o los enfrentamientos entre ellas y con las autoridades. Esto está generando la respuesta de las llamadas "autodefensas" en Michoacán o las "policías comunitarias" en Guerrero, o linchamientos de supuestos delincuentes por parte de pobladores, en diferentes localidades del país. Es decir, las autoridades de todos los órdenes (municipal, estatal y federal), están siendo rebasadas (en algunos casos ampliamente), por el fenómeno de la violencia, tanto la realizada por los criminales, como la ejercida en respuesta por sectores de la sociedad. Si a esto le sumamos una posible reactivación de grupos armados, especialmente en el Sur y Centro del país, entonces tendremos un cuadro preocupante para los próximos meses.
Estas dos vertientes no están vinculadas, pero si las protestas por las reformas gubernamentales aumentan, y las autoridades toman un talante represor contra ellas (la Secretaría de la Defensa sigue exigiendo que se le den al Ejército facultades de policía, para poder continuar con la lucha anti crimen; la Asamblea Legislativa del D.F. aprobó severas sanciones contra manifestantes que ejerzan violencia contra las autoridades, tal como se ha establecido nuevamente en Egipto, y se está proponiendo en España), entonces grupos armados e incluso los de autodefensa, pueden realizar acciones violentas en apoyo de sectores sociales que se sientan reprimidos y coaccionados por las autoridades.
A lo anterior hay que sumar las presiones internacionales para que México siga profundizando su dependencia en materia de seguridad e inteligencia con respecto a los Estados Unidos, y peor aún, se sume a la estrategia guerrerista de sectores políticos de Estados Unidos, que han visto en la "Guerra contra el Terror", una forma de aumentar su poder político y económico, y mantener controladas a ciertas regiones del mundo, como el Oriente Medio, por lo que el giro en favor de la diplomacia en esa parte del mundo que ha dado la administración Obama, no les conviene, y están dispuestos a presionar a cualquier país que lo permita, para sumarlo a la estrategía confrontacionista que privilegian (de ahí que no se pueda pensar que la visita de Peres a México sólo tenga la inocente intención de firmar algunos acuerdos sobre tratamiento de aguas residuales).
Desgraciadamente lo que se percibe en el gobierno federal es una fe ciega en que la sola aprobación de las reformas, de alguna manera, desinflará la oposición a ellas, y de esa forma será más fácil controlar a los grupos radicales, utilizando los mecanismos tradicionales de infiltración y represión. No se percibe una estrategia para aminorar los efectos secundarios que esas reformas van a tener en diversos sectores sociales, y que los puede llevar a situaciones desesperadas, que a la postre generen un reto de mayor envergadura para el Estado Mexicano.
Por lo que respecta a la violencia, se ha puesto la mayor atención a recuperar las capacidades de inteligencia del Estado para combatir de mejor manera a las organizaciones criminales. Hasta el momento no se percibe que esté dando los mejores resultados; además, la población en varias regiones del país no puede esperar a que dichas capacidades den todos los frutos que se espera de ellas (ni que la tan mencionada Gendarmería vaya a resolver por sí sola el problema), por lo que están tomando la justicia por propia mano.
Por último, está claro que los organismos de inteligencia mexicanos quedaron subordinados a los de Estados Unidos durante la administración de Felipe Calderón, y ello los hace dependientes de las prioridades y necesidades del enorme aparato de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, por lo que se ve muy difícil que puedan reorientar sus capacidades en el corto plazo, hacia los retos que está enfrentando el país en estos momentos, y es posible que se queden cortos en sus previsiones sobre la serie de eventos que seguramente pondrán en jaque al gobierno mexicano en los próximos meses.
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