La aprobación en el Senado de la reforma político-electoral (una más), que al parecer este mismo fin de semana será aprobada también en la Cámara de Diputados, ha generado reacciones diversas en la sociedad mexicana, pues mientras algunos actores políticos como la recién electa presidenta del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván, criticó duramente la creación del Instituto Nacional de Elecciones, que sustituirá al IFE; otros, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, consideró positivo el que se aprobara la reelección consecutiva de legisladores, pues de esa manera se profesionalizará al Poder Legislativo Federal.
La reforma abarca muchos temas, por lo que en esta ocasión sólo nos centraremos en el de la reelección de diputados federales y senadores, establecida en el artículo 59 constitucional, para que los primeros puedan ser electos hasta por 4 periodos consecutivos, y los segundos hasta por dos periodos (en total, 12 años para ambos).
El dictamen en el que se aprobó la reforma señala los supuestos beneficios de la reelección, en los siguientes términos: "...tener un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que ratifiquen mediante su voto a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de cuentas....y profesionalizará la carrera de los legisladores...Aunado a lo anterior, la ampliación de la temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo y permitirá dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de las Cámaras respectivas."
Suena formidable, pero hay que conocer a fondo la realidad política mexicana para saber que los buenos deseos que se redactan en las leyes, casi nunca se ven plasmados en la realidad.
En México, la gran mayoría de la población sabe nada, o menos que nada sobre como funciona el sistema político, a qué tiene derecho, qué puede o no exigir, cómo puede ponerse en contacto con sus supuestos representantes y mucho menos, cómo debería pedirles cuentas y mantener una vigilancia y evaluación sobre su actuación, para de esa manera decidir si merece o no ser reelecto.
La gran mayoría de los que votan en México lo hacen por tres razones principales:
1) Forman parte de las redes clientelares del partido (todos las tienen, pero destacan sobre todo PRI y PRD en este rubro), mediante las cuales los electores de zonas rurales, colonias populares, barrios y pueblos, quedan "atados" mediante programas sociales, como Oportunidades a nivel federal y sus versiones estatales, apoyos a la producción (lo que era Procampo), o dádivas (regalos para asistir a mitines o de plano pagos directos para ir a votar por el partido en cuestión, ahí está el caso Monex).
2) Están directamente relacionados con los gobiernos emanados de los partidos, a nivel federal, estatal o municipal, por lo que su empleo (alto, medio o bajo), se lo deben al "partido", y de ahí que no sólo ellos, sino sus subordinados, son obligados a participar en las campañas y eventos partidistas, y por supuesto a sufragar por quien les asegura el empleo; lo mismo se puede decir acerca de la burocracia partidista, que vive de las prerrogativas que reciben del erario público.
3) Los que sin mayor información, y básicamente influenciados por los medios de comunicación y la propaganda, votan "a favor" o "en contra" de ciertos partidos o candidatos, más basados en sus propios prejuicios y situación socio económica (caso de buena parte de los que votan por el PAN, principalmente de clase media), que en un verdadero análisis de las plataformas políticas y las propuestas de partidos y candidatos.
El electorado informado, participativo, demandante, es una minoría, difícil de cuantificar, pero que muy probablemente no pasa del 5% de la población que vota en las elecciones federales.
De ahí que pensar que porque al electorado se le va a dar la oportunidad de ratificar o no su "apoyo" a este o aquel legislador, dicha persona va a ser más responsable, más calificada para hacer su trabajo, va a mantener una mejor comunicación con su electorado, y quien sabe cuántas maravillas más, es una verdadera patraña.
Los legisladores saben que van a tener que seguir recibiendo el apoyo de los jefes y dirigentes de sus partidos para aspirar a reelegirse, y cada vez más los intereses de grupos de presión concretos, específicamente las grandes empresas nacionales y extranjeras, van a tener un peso enorme en la decisión de quienes van a estar en las Cámaras.
Además, la reelección va a cerrar aún más la posibilidad (ya bastante pequeña), de que exista un recambio en la clase política. Se afirmará que el tope de 12 años es un límite que permitirá reabrir la competencia, pero después de un periodo, el anterior legislador podría buscar nuevamente la elección, con lo que el esquema se presta para hacer simulaciones; además la reforma no limita a un senador, una vez terminados sus dos periodos a "saltar" a la Cámara de Diputados; y viceversa, a los diputados a pasar a la de senadores, con lo que tendremos legisladores todo poderosos, reeligiéndose de por vida, sin un verdadero sistema de rendición de cuentas, y por el contrario, con una población que no se advierte que pueda salir de su inercia, apatía e ignorancia en materia político-electoral.
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