Del crimen de Estado a la crisis del Estado
El choque
abierto y brutal entre tres dependencias del gobierno federal por el caso
Ayotzinapa tiene al presidente como rehén de un conflicto que él mismo
alimenta.
Raymundo
Riva Palacio
septiembre
28, 2022
Sin duda
alguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador vive el momento más crítico
de su sexenio. El choque abierto y brutal entre tres dependencias del gobierno
federal por el caso Ayotzinapa tiene al Presidente como rehén de un conflicto
que él mismo alimenta por sus mensajes contradictorios hacia el interior del
gabinete y su desprecio por la ley. El lunes hizo mofa del Estado de derecho,
retomando la socarrona frase del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía
Berdeja, quien acusó a jueces de alegar el debido proceso cuando en realidad
defienden el “debido pretexto”. Ayer dijo que más importante que la ley es la
justicia. La pregunta es qué entiende por justicia.
La
indefinición tiene roto a su gabinete. Conforme pasan los días, más grande es
la brecha entre sus integrantes, y más profunda la división. En el centro
explícito del conflicto está el Ejército. En el centro implícito del choque
quedó la relación del Ejército con su comandante en jefe, el presidente López
Obrador. La molestia en las Fuerzas Armadas, que incluye a la Marina, luego de
que el equipo de Encinas intentó procesar al almirante secretario, Rafael
Ojeda, va creciendo, en medio de la esquizofrenia presidencial y su forma
anárquica de entender la ley. Bajo su criterio, los cuatro militares detenidos
y bajo proceso por delincuencia organizada y desaparición forzada, son
culpables, sin necesidad de juicio.
López
Obrador dio el visto bueno a Encinas para proceder con el Ejército, pero todo
indica que no lo habló con el secretario de la Defensa, el general Luis
Cresencio Sandoval, y con las pruebas concretas de su culpabilidad demostrar lo
imposible que sería para el Ejército tomar su lado. No habría sido la primera
vez que un presidente hablara con el secretario de la Defensa y explicara las
razones de la decisión de Estado, como lo define López Obrador, pero es la
primera vez que un presidente autoriza detenciones y luego se arrepiente.
Hace cinco
semanas se vanagloriaba de una investigación sobre lo que llama Encinas “crimen
de Estado”. Hoy hay una crisis de Estado, sumamente difícil de superar, porque
el manejo político del caso Ayotzinapa agudizó las contradicciones. Las Fuerzas
Armadas, que viven su mejor momento en poder y expansión a áreas civiles en la
historia, por las debilidades que demostró López Obrador al modificar su deseo
de desaparecerlas y convertirlas en el pilar sobre el que sostiene su gobierno,
atraviesan por el peor periodo después de la matanza de Tlatelolco en 1968.
El contexto
de la militarización de la seguridad pública propuesta por el Presidente, ante
su incapacidad para encontrar una fórmula civil para enfrentar la violencia, ha
provocado un fuerte desgaste político para el Ejército. La reapertura de las
investigaciones sobre la guerra sucia, impulsada por el ala dura de su
gobierno, que también quiere poner a las Fuerzas Armadas en el paredón por
Ayotzinapa, y la violencia inédita en el Campo Militar Número 1, la semana
pasada, a propósito de una inspección en la instalación por el tema de la
guerra sucia, exacerbó el enojo militar.
El
Presidente ha dado señales de entender el problema en el que se metió, pero él
mismo se dejó sin espacios de maniobra. La polarización está tan fuerte al
interior del gabinete, que hacia donde se incline generará resistencia y
molestia. López Obrador tiene el mando, pero perdió el consenso interno.
Encinas, a quien apoya, está en colisión creciente con el general Sandoval, a
quien también apoya. ¿Cómo conciliar? Al mismo tiempo, Encinas está enfrentado
con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y lo acusa de filtrar documentos
secretos. Su brazo derecho en la investigación, Omar Gómez Trejo, renunció tras
el desistimiento de 16 órdenes de aprehensión contra militares. La Fiscalía
General los investiga por las mismas razones: filtrar documentos secretos.
López
Obrador confirmó la renuncia de Gómez Trejo, anticipada el lunes en este
espacio, por las molestias del fiscal especial de que responde a intereses
trasnacionales, al debilitarse la cruzada que comparte con Encinas para enjuiciar
al Ejército por la matanza y desaparición de los normalistas. “Hay
diferencias”, explicó el Presidente sobre la renuncia, pero hablando en
presente. Las diferencias de Gómez Trejo no se resuelven con su salida. Encinas
está decidido a seguir el caso contra los militares, y en el Ejército están
decididos a no pasarle acusaciones con motivaciones políticas, como denunciaron
los abogados de los militares imputados.
Encinas
insistió este martes, en un artículo publicado en El Universal, que
él continuará por la línea que inició, y López Obrador experimenta la
dialéctica de confrontación entre el poder civil, dependiente de los militares,
y el Ejército, con el poder inmenso que le dio el Presidente. López Obrador
está sumido en sus contradicciones y es vulnerable. Ha dicho que es imposible
mejorar la seguridad sin los militares, y que sin ellos no podría hacerse el
Tren Maya. ¿Entonces?
El
Presidente apostó por el Ejército como su fuente de poder, pero no ha sabido
cómo cumplir sus promesas sin violentar la estabilidad del propio gobierno. El
presidente Ernesto Zedillo procesó la captura del zar de las drogas, el afamado
general Jesús Gutiérrez Rebollo, sin alterar la relación con el alto mando de
la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente Vicente Fox, que quería al
Ejército en las calles ante la eventualidad de protestas masivas si desaforaba
a López Obrador, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reculó cuando el
secretario de la Defensa, el general Clemente Vega, se negó a hacerlo a menos
que se lo ordenara por escrito.
Por qué
antes no y ahora sí se ha dado un conflicto serio con las Fuerzas Armadas,
tiene una respuesta simple pero profunda: los expresidentes, más allá de la
valoración general de sus acciones, no actuaban con frivolidades, como lo hace
todo el tiempo López Obrador, que en su negligencia permitió la apertura de
frentes de guerra en lo alto del gobierno, como en la gestión del caso
Ayotzinapa.
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