LÓPEZ OBRADOR ATRAPADO ENTRE LOS MILITARES, EL CASO AYOTZINAPA Y ESTADOS UNIDOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió que durante su gobierno las fuerzas armadas mexicanas se convirtieran en el principal “brazo ejecutor” de sus políticas públicas, en vista de que los civiles le ponían muchos “peros” y trabas a sus instrucciones, decisiones, caprichos, ocurrencias, etc.

Así, AMLO concedió a las fuerzas armadas mexicanas un amplio abanico de funciones, no directamente ligadas a las establecidas en la Constitución (defensa de la independencia, soberanía e integridad territorial del país), y un apoyo político y presupuestal desmesurado (un aumento de más de 100% respecto al anterior sexenio), no esperado para un gobierno que falsamente se autodenomina de “izquierda”.

No sólo la seguridad pública ha caído en el ámbito de las fuerzas armadas, con la militarizada Guardia Nacional, a pesar de que el acuerdo entre todos los partidos fue que sería un ente civil; sino la detención de migrantes indocumentados, la dirección de hospitales dedicados a la atención del Covid; la construcción de sucursales del Banco de Bienestar; la construcción de los aeropuertos Felipe Angeles y de Tulum; parte de la construcción del Tren Maya y su posterior administración; así como del Proyecto del Istmo; el manejo de las Aduanas y los puertos; además de sus acciones en materia de apoyo en desastres naturales; han sido algunas de las ampliadas funciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina durante el gobierno de AMLO.

Todo ello, decidido directamente por López Obrador, ha dejado al presidente como rehén de las fuerzas armadas, en la medida en que parte importante de sus políticas públicas depende de la lealtad y competencia (o incompetencia) de las fuerzas armadas en el cumplimiento de las misiones que el comandante en jefe, es decir, el presidente, les encomienda.

Por ello, AMLO se tardó cuatro años de su gobierno para aceptar que militares habían participado en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sucedido hace 8 años, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

AMLO estableció un pacto con Peña mediante el cual el expresidente no intervino directamente en la elección presidencial de 2018 en favor de los rivales de AMLO, a cambio de que éste, en caso de ganar, se abstuviera de iniciar investigaciones sobre la corrupción y la represión en el sexenio de Peña.

El pacto se mantuvo, hasta que AMLO percibió que el expresidente podría estar influyendo para que su primo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, no rinda la plaza a Morena, en las próximas elecciones para gobernador en 2023.

De ahí que se dieran a conocer investigaciones sobre la corrupción en el sexenio de Peña, llegando directamente hasta el expresidente; todo ello con el objeto de presionar a Peña para que obligue o convenza a Del Mazo de que no intervenga en la elección para gobernador en el Estado de México, y le deje vía libre a la candidata de Morena, Delfina Gómez, para lograr el triunfo.

En este contexto, una parte del gobierno de AMLO, vinculada a grupos y organizaciones genuinamente de izquierda, que han visto como el gobierno actual se ha ido alejando de muchas de sus promesas originales en materia de justicia y verdad para las víctimas de represión en los regímenes del nacionalismo revolucionario y del neoliberalismo, han presionado internamente para que efectivamente se investigue y castigue a los responsables de represiones y desapariciones contra luchadores sociales y diversos sectores de la sociedad mexicana.

Esto ha puesto en serios aprietos a AMLO que se ha visto en la necesidad de negociar con las fuerzas armadas algún tipo de apertura a este tipo de demandas, como la de reabrir las investigaciones sobre la “guerra sucia” de los años setentas del siglo pasado, que han permitido que familiares de desaparecidos en esos años hayan accedido al Campo Militar Número Uno, no tanto para encontrar evidencias de que sus hijos estuvieron o no ahí, sino como un símbolo de que las fuerzas armadas tienen que rendir cuentas de su actuación en el pasado; en vista de que en el presente están “blindadas” por la protección presidencial.

En el mismo sentido, esa ala del oficialismo que demanda al presidente que se dé alguna respuesta a esos sectores de izquierda que exigen respuestas sobre la represión contra sus movimientos, y que ha estado representada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, impulsó la investigación a fondo de lo sucedido en Iguala a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, hace 8 años, lo que llevó a que se aceptara por primera vez en todo este tiempo, que el Coronel a cargo del 27 Batallón de Infantería en Iguala, José Rodríguez (hoy General en retiro), no sólo supo de lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, sino que estaba coludido con los criminales del cártel Guerreros Unidos, así como el alcalde de Iguala y su esposa y las policías de Iguala, Cocula y Huitzuco; ordenó el asesinato de al menos 6 de los estudiantes y ayudó junto con sus oficiales subalternos y tropa a esconder los restos de los estudiantes asesinados, incluso en las instalaciones mismas del Batallón.

Ante esta información, el presidente no tuvo más remedio que pedir al secretario de la Defensa Nacional que se detuviera al hoy General Rodriguez, y la Fiscalía General de la República solicitó la aprehensión de 21 militares.

Pero las fuerzas armadas, tal como sucedió con el caso del General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña, que fue detenido en Los Angeles por la DEA acusado de estar involucrado en el narcotráfico, cerró filas en torno a sus miembros, y presionaron lo suficiente como para que la Fiscalía se desistiera de la mayoría de las órdenes de aprehensión contra los militares (lo que ha llevado a que el fiscal encargado del caso Ayotzinapa renunciara); el presidente saliera en estos días a defender al Ejército, señalando que son sólo algunos de sus miembros los que están involucrados en estos hechos, pero que la institución en general es sólida y honorable; y los propios mandos del Ejército han iniciado un ataque legal y mediático en contra del subsecretario Encinas, acusándolo de difamar a las fuerzas armadas y de inventar acusaciones sin fundamento.

Incluso el detenido General Rodríguez pudo dar una entrevista exclusiva para defenderse, al periodista Jorge Fernández, conocido por sus estrechos vínculos con los militares y con el aparato de seguridad de los gobiernos anteriores.

Está claro que AMLO está entre dos fuegos, por culpa suya. Por un lado, al dar tanto poder a las fuerzas armadas para impulsar su plan de gobierno, se ve obligado a defenderlas, a pesar de que las pruebas indican que han participado no sólo en desapariciones y asesinatos, sino que han estado coludidas en diversos momentos y a distintos niveles con los cárteles del narcotráfico.

Y por otro lado, una parte importante de su movimiento, que dio nacimiento al partido Morena, hoy en el gobierno, viene auténticamente de organizaciones y grupos de izquierda que demandan se haga justicia y se sepa la verdad sobre las acciones que las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad gubernamentales realizaron en el pasado en materia de represión, desapariciones forzadas y asesinatos.

AMLO ha tratado de satisfacer a ambas partes de su coalición gobernante, con resultados francamente decepcionantes en la medida en que defender a capa y espada a las fuerzas armadas, cuando han formado parte del aparato represor de los gobiernos a los que AMLO achaca todos los males del país, resulta totalmente contrario a los principios y promesas de campaña que hizo a una parte muy relevante de su movimiento y de la sociedad mexicana que se vieron seriamente lastimados por el actuar de esas fuerzas armadas; por más que ingenuamente AMLO trate de exculparlas afirmando que sólo cumplían órdenes de los civiles; como si asesinar, torturar y desaparecer opositores y luchadores sociales, no fueran delitos gravísimos que ningún militar debía realizar, sea quien fuera quien lo ordenara.

Y después está el gobierno de Estados Unidos, que a través de sus agencias de seguridad, principalmente la DEA, CIA, NSA y FBI, tiene monitoreados por medios electrónicos e infiltrados a grupos criminales y cárteles del narcotráfico en México, que como lo hemos reiterado en este blog, son socios, aliados y cómplices de los grupos político-económicos de México, y por lo tanto, son parte de la estructura de poder.

De ahí que la DEA tuviera en su poder las conversaciones por WHATSAPP y mensajes de texto entre el cártel de Guerreros Unidos, las autoridades municipales de Iguala y los miembros del Ejército y la Marina, meses antes y durante los hechos de Iguala, que llevaron a la desaparición y muerte de los estudiantes normalistas.

Así, el gobierno de Estados Unidos proporcionó esta información al gobierno de México, no sólo para aclarar buena parte de lo sucedido en Iguala hace 8 años, sino también para darle a AMLO un mensaje sobre lo mucho que las agencias de seguridad de Estados Unidos saben sobre las fuerzas armadas mexicanas; y en general, sobre el gobierno mexicano, que bien pueden usar para chantajearlo y obligarlo a seguir las directrices estadounidenses en temas que se han complicado últimamente entre ambos países, como la política energética, la migratoria o la postura de México ante el conflicto en Ucrania.

El presidente se encuentra así entre la presión de las fuerzas armadas para que los exonere del caso Ayotzinapa, si es que quiere que lo sigan ayudando en todas las tareas que les ha encomendado durante estos años (y no es que no las vayan a realizar, pero bien podrían “retrasarse” o incluso detenerse, por diversas causas, en caso de que AMLO no evite la condena de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa).

Y por otro lado, la presión de una parte de sus bases sociales (que tienen aliados dentro del gobierno) que exigen justicia y verdad para casos como el de la Guerra Sucia y Ayotzinapa, en donde los militares claramente tienen responsabilidades.

Además, AMLO se enfrenta a las presiones de Estados Unidos que con el caso Ayotzinapa le han demostrado que cuentan con mucha información sobre el gobierno mexicano, que de darse a conocer públicamente, pondrían a la administración de López Obrador contra la pared, ante la opinión pública nacional e internacional.

Pero todo esto es responsabilidad de AMLO, que se creyó un gran malabarista para esquivar y encausar todas esas presiones, pero la realidad es que ya se le hizo un engrudo que tiene entrampado a su gobierno, en plena carrera por la sucesión presidencial.