Tiempo de catástrofe
https://www.jornada.com.mx/2021/11/29/opinion/025a2pol
Gustavo
Esteva
No podemos
llamarnos a engaño. Hemos recibido una advertencia explícita. Es
indispensable tomarla en serio para resistir lo que implica y sobrevivir.
La alianza
entre el gran capital trasnacional, el gobierno mexicano y actores locales que
impulsa los megaproyectos tiene un propósito muy claro: colonizar el
sureste. No son meros proyectos de inversión. Como todas las empresas
coloniales, ésta afirma que busca el beneficio de quienes serán colonizados.
Como dijo el director del proyecto principal, se necesitará un genocidio: liquidarlos
como lo que son para convertirlos en algo mejor.
Se ha
recurrido a todos los medios para convencer a la gente de las bondades del
plan. Además de propaganda masiva, se usó todo género de recursos legítimos e
ilegítimos de persuasión. Se compraron voluntades de todo tipo. Se dice que
muchos vendieron su primogenitura por un plato de lentejas, pero el hecho es
que sí la vendieron, que están esperando las lentejas y que por lo pronto
apoyan la idea y hostilizan a quienes la resisten.
Esa es la
cuestión. A pesar de todo, hay muchos que resisten. Hay comunidades enteras que
se oponen y que no están dispuestas a dejar de ser lo que son en nombre de las
ilusiones del desarrollo. Saben bien de qué se trata; lo han padecido por
muchos años. Quienes se aferran a sus modos propios de vida, basados en la
autonomía, se alían a ecologistas de todas las variantes que luchan contra el
inmenso daño ambiental que los proyectos traerán consigo. No sólo están
organizados y decididos a resistir. Hay quienes están dispuestos a dejar la
vida en el empeño… como ya se está demostrando, porque hay agresiones
cotidianas.
Consciente
de esa perspectiva, el gobierno anuncia ahora que la realización de los
proyectos será garantizada por las fuerzas armadas, al considerarlos de interés
público y seguridad nacional. La violencia que hoy padece el país, la que lo
hace el más violento del mundo, se realizará ahora legalmente y en nombre del
progreso.
El pasado 26
de noviembre se publicó en estas páginas un artículo notable y valiente de Abel
Barrera, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan, en la Montaña
de Guerrero. Ilustra bien el modo de operar de esas fuerzas armadas, los
extremos a que puedan llegar al realizar sus tareas. Eso es lo que deberán
enfrentar ahora quienes sigan resistiendo los grandes proyectos del sureste.
No se trata
de algo excepcional ni exclusivamente mexicano. Tampoco se trata de una
conspiración o un gesto arbitrario aislado. Es un estado de cosas. Para imponer
la voluntad de élites dispuestas a todo con tal de seguirlo siendo y continuar
con el despojo se necesitan condiciones especiales.
La
expresión estado de excepción es particularmente desafortunada.
Tampoco funciona la versión en inglés, estado de emergencia. El
Estado-nación, forma política del capitalismo, se construyó con un sistema
jurídico y político apropiado a la operación del capital. Periódicamente,
empero, fue preciso prescindir de las normas pactadas. Como recuerda Agamben,
el mal llamado estado de excepción es una condición en que se usa la
ley para garantizar la impunidad de quienes violan normas sociales
establecidas, a menudo producto de prolongadas luchas sociales. Es la impunidad
a la que aludió el comité de Naciones Unidas que nos visita.
En Occidente
la justicia se representa como una mujer con los ojos vendados, para aludir a
su supuesta imparcialidad. Montesquieu dio otra interpretación. Había que
ponerle vendas a la imagen que representa la justicia para que no viera los
horrores que se cometerían durante el estado de excepción. Esa es la
perspectiva actual.
En el mundo
entero se ha estado usando el virus como pretexto para establecer la sociedad
de control, cuya construcción empezó hace tiempo y tiene avances diversos en
distintos países. En todos los casos hay un dispositivo de coerción.
Es
importante tomar en cuenta que ese dispositivo tiene actualmente una variedad
de herramientas que refinan tradiciones muy viejas del ejercicio autoritario.
Se ha vuelto cada vez más difícil trazar una línea que permita distinguir el
mundo del crimen del mundo de las instituciones. Podrán usarse grupos de
choque, paramilitares, cárteles y muchos otros actores, en que
policías y soldados son sólo cómplices o testigos indiferentes, como hemos
estado viendo con toda claridad en los ataques que se realizan en Chiapas
contra comunidades zapatistas.
Hace una
semana, en Bélgica, en una de las innumerables movilizaciones que expresan la
resistencia cada vez más general y activa al régimen de control en
un estado de excepción que se extiende y estabiliza, circuló una
pancarta que debemos tomar muy seriamente en cuenta: Cuando la tiranía se
convierte en ley, la rebelión se convierte en deber (La Jornada, 22/11/21,
p. 4).
Pese a las
múltiples amenazas, corriendo enormes riesgos, cunde en la base social la
convicción de que no se puede ya tapar el sol con un dedo ni cabe dejarnos
engañar por la propaganda desaforada y la retórica liberadora. Es hora de
luchar.
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