¿Hacia dónde va México?
Se aprobó en
la Cámara de Diputados el presupuesto para el año 2022, 7 billones 88 mil
millones de pesos, que se dirigirán a los siguientes rubros:
Gasto
programable: $5,247,296,400,000
(bienes y servicios
públicos
para la
población)
Gasto no
programable: $1,840,953,900,000
(intereses,
comisiones de deuda, recursos
transferidos
a entidades federativas)[1]
La gran
mayoría del gasto programable va dirigido a desarrollo social ($3,403,327,400,000);
seguido de desarrollo económico ($1,404,909,200,000) y finalmente, gobierno ($438,759,900,000).
Para la administración de López Obrador (AMLO) lo fundamental es distribuir la mayor parte
del presupuesto en sus programas sociales insignia (pensión a adultos mayores, becas
y apoyos a jóvenes, a madres solteras, a discapacitados, reforestación, etc.), y
en los rubros de educación y salud públicas.
Su segunda
prioridad se refiere a los proyectos de infraestructura (Tren Maya, refinería
de Dos Bocas, Proyecto del istmo de Tehuantepec y aeropuerto Felipe Angeles) y,
finalmente quedan las áreas de seguridad y gobierno.
Por un lado,
está claro que el presidente y la coalición gobernante que lo apoya (partidos
Morena, PVEM y PT), buscan una mayor redistribución del ingreso hacia la
población considerada de clase baja (según el INEGI, alrededor de 85 millones
de los casi 130 millones de habitantes del país), para lo cual se ha
redistribuido el gasto gubernamental para apoyar a una parte importante de esos
segmentos de la población (entre 25 y 30 millones de habitantes).
Evidentemente
hay una cantidad limitada de recursos, y por lo tanto una redistribución del
gasto, sólo significa que dichos recursos se obtienen de otros segmentos de
la población.
Tal ha sido
el caso en estos tres años de gobierno de la actual administración, pues según
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), debido a la pandemia, a la crisis económica que esta provocó, y
nosotros añadiríamos que también debido a las políticas públicas
redistributivas desde los sectores alto y medio hacia los bajos, la clase media
mexicana se redujo del 46.7% del total de la población en 2018, al 42.2% en el
2020.[2]
Esto quiere
decir que una parte de la clase media se sumó a la pobreza, pues la clase baja
pasó de estar constituida por 17.2 millones de hogares en 2018, hasta llegar a
20.2 millones de hogares en el 2020.
Así, el
programa de gobierno de AMLO implica un fortalecimiento de las políticas
sociales para atender a una población mayoritariamente pobre.
Y para ello,
las capacidades rectoras e interventoras del Estado deben fortalecerse y hasta
ampliarse.
De ahí que
AMLO esté impulsando una reforma constitucional en materia de energía eléctrica
que regrese al gobierno federal sus facultades de regir en este sector
estratégico de la economía, para convertirlo primordialmente en un servicio público,
y detener así la completa privatización de dicho sector, que era el objetivo
primordial de la reforma energética de Peña Nieto en 2013.
De la misma
forma, pretende fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), para garantizar el
abasto de combustibles para la economía nacional, y depender en menor medida de
las importaciones, principalmente de productos refinados, desde Estados Unidos.
Si bien los
objetivos planteados tienen la intención de mejorar la situación económica y
social de la mayoría de la población mexicana, por otro lado, el gobierno de
AMLO ha aceptado la permanencia de México en un esquema subordinado y
dependiente económicamente respecto a Estados Unidos, al haber ratificado el
Tratado México- Estados Unidos-Canadá, que resultó ampliamente favorable para
los intereses de las trasnacionales estadounidenses, que ahora van a invocar las
cláusulas y previsiones de dicho tratado, para intentar descarrilar las
políticas públicas de AMLO en materia energética.
Por otro
lado, la intención de AMLO, que ha expresado en muchas ocasiones, es que México
se parezca cada vez más a países que tienen una economía desarrollada con una
estructura social equilibrada, y ha puesto como ejemplo a Dinamarca (con toda
proporción guardada, debido a las grandes diferencias de población y superficie
territorial entre ambos países).
Nuevamente
hay una profunda contradicción entre lo que el gobierno actual dice perseguir, como
alcanzar el desarrollo de un país en donde la gran mayoría de la población es considerada
de clase media, mientras que en México, las políticas públicas del gobierno
actual han estado dirigidas primordialmente a quitar recursos a dicha clase,
para redistribuirlos hacia las clases bajas, lo que ha propiciado una
disminución en el número de hogares de clase media y un aumento en los de la
clase baja.
Así que, no
sólo la retórica de odio y de descalificación continua del presidente hacia la
clase media refleja su sentir al respecto, sino que en estos tres años ha
quedado claro que su objetivo es reducir la masa de habitantes que se
identifican con ese segmento social, y el aumento de los que están en la clase
baja, la cual constituye su base electoral primordial, que le ha permitido a su
coalición gobernante mantener la mayoría en el Congreso de la Unión y de las
gubernaturas y presidencias municipales.
Se podría argumentar
que la transferencia de recursos de las clases alta y media a la baja creará,
con el tiempo, más clase media. Pero da la casualidad de que los resultados,
hasta el momento, no avalan dicho argumento; y las “buenas intenciones”, no
cuentan como resultado en materia de políticas públicas.
De ahí que
el proyecto “lopezobradorista”, lleno de contradicciones, se podría resumir en
lo siguiente:
Fortalecimiento
del Poder Ejecutivo Federal, para reorientar la política social (y en menor
medida la económica), con objeto de favorecer a las clases bajas.
Debilitamiento
de la clase media, con objeto de extraerle recursos, para reorientarlos hacia
la clase baja.
Subordinación
de la economía mexicana respecto a la estadounidense, para fortalecer a esta
última en su competencia global con la economía china.
Empoderamiento
de las fuerzas armadas mexicanas y su vinculación al proyecto de rectoría del
Estado, para “blindar” la redistribución de ingresos y el fortalecimiento del
Poder Ejecutivo Federal.
Alianza con
una parte de la oligarquía mexicana, para dividirla y evitar que presente un
frente unido al proyecto de López Obrador.
Evitar
enfrentamientos directos con la delincuencia organizada y en lo posible, lograr
“entendimientos” tácitos con algunas de sus organizaciones, para disminuir el
desgaste gubernamental en el combate al crimen organizado (lo que no implica de
manera alguna, una disminución de la violencia y la inseguridad para la
sociedad).
En suma,
AMLO y su transformación del país, pretenden principalmente crear una base
social y política fundada en las grandes masas, que no cuestionen dicho
proyecto, en la medida en que reciben algunos beneficios de él (a diferencia
del modelo neoliberal que concentraba los beneficios en minorías); un entendimiento
con la potencia hegemónica, mediante el cual México sigue siendo vasallo de
Estados Unidos, a cambio de que en el plano interno los estadounidenses se
abstengan de intervenir en la lucha y distribución del poder político y económico
(algo que por supuesto no sucederá); una alianza con parte de la clase
capitalista nacional, con objeto de dividirla y así evitar un frente unido de dicha
clase en contra del proyecto; y una definición clara e inobjetable de que el
enemigo del gobierno y sus aliados es la clase media, a la que hay que extraerle
recursos y de ser posible, reducir a su mínima expresión política, social y
económica (estamos hablando de 45 millones de personas).
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