Este 23 de Febrero los secretarios de Estado, Rex Tillerson,
y de Seguridad Interior, John Kelly, llegarán a México para entrevistarse con
sus contrapartes de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; y de Gobernación,
Miguel Angel Osorio Chong, así como con el presidente Enrique Peña Nieto.
Apenas el 20 de Febrero el DHS (Department of Homeland
Security), que encabeza el general Kelly, dio a conocer el memorándum para
implementar la orden ejecutiva de Donald Trump (25 de Enero) sobre “Seguridad
Fronteriza y Mejoras a la Aplicación de la Ley en materia de Inmigración”.[1]
Hay varias secciones de dicho memorándum que van a ocasionar
una verdadera pesadilla a las autoridades mexicanas.
Por ejemplo, en relación a las políticas de aprehensión y
detención de extranjeros ilegales (inciso A), se establece que se elimina la
política conocida como “catch and release”, mediante la cual los agentes de ICE
(Immigration and Customs Enforcement) y de la Patrulla Fronteriza, detenían a
los indocumentados y después los dejaban libres, con una orden para presentarse
ante el juez de migración que definiría su situación legal.
Ahora esto ya no aplicará, y los agentes de ICE y de la
Patrulla Fronteriza están autorizados a detener a los indocumentados hasta que
puedan ser presentados ante el juez migratorio, por lo que los centros de
detención se verán inundados de indocumentados que esperarán el momento de
presentarse en el juzgado.
Ello obviamente puede generar aún peores condiciones que las
que ya enfrentan en distintos centros de detención, los indocumentados que son
aprehendidos.
En el inciso C se establece que se identificarán todas las
fuentes de ayuda y asistencia que se brindan a México por parte de las
distintas dependencias del gobierno de Estados Unidos, excepto las relativas a
inteligencia, en los 5 años fiscales anteriores.
Sin especificar el motivo para hacer dicho recuento, es claro
que Trump va a usar esa ayuda como forma de presión contra nuestro gobierno,
tanto en las negociaciones en materia de migración (y el “pago” del muro), como
en el tema comercial.
Llama la atención que no toquen el tema de “inteligencia”,
pues ello implicaría determinar la cantidad de dinero que se destina a los
agentes encubiertos y tolerados por el gobierno mexicano en nuestro territorio de la DEA, la CIA, el ICE, etc., así como los recursos que se destinan para los
“centros de fusión de información” manejados por los estadounidenses en
territorio mexicano.
También se establecen las bases para que las policías
estatales y locales colaboren con las federales en la aplicación de la ley en
materia migratoria, lo que evidentemente va a generar conflictos con las
llamadas “ciudades santuarios”.
El asunto es que el memorándum enfatiza que la prioridad es
la “frontera sur”, por lo que la mayor parte de las presiones sobre las
policías locales vendrá sobre los estados fronterizos con México.
En el inciso F se establecen los lineamientos para iniciar
los estudios, planeación, diseño y construcción del muro fronterizo, así como
la identificación y distribución de los recursos económicos necesarios para ello.
No se hace mención del pago del muro por parte de México.
En la sección G se establece que aquellos indocumentados
aprehendidos “en la frontera”, y que se haya determinado que no tienen una
petición válida para permanecer en Estados Unidos, serán “expeditamente
removidos”. Lo que quiere decir que los puertos de entrada de México van a
comenzar a recibir una mayor cantidad de migrantes, pues los agentes de ICE y
la Patrulla Fronteriza, tendrán más facultades para expulsarlos de manera rápida.
Y aún peor, el inciso H establece que aquellos inmigrantes
que hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos, a través del territorio de un
país contigûo, serán regresados a dicho país, sin importar que sean o no de esa
nacionalidad.
Esto quiere decir (lo que ya habíamos adelantado hace varias
semanas en este blog) que el gobierno de Trump responsabiliza a México el que
centroamericanos, caribeños, africanos, asiáticos, etc. entren en su territorio
ilegalmente, a través de nuestro país, que no hace nada por evitarlo, por lo
que el “castigo” será que México se haga cargo de ellos, una vez expulsados de
Estados Unidos.
Para las autoridades migratorias mexicanas esto va a ser una
pesadilla, pues además del aumento de deportaciones de mexicanos, ahora van a
tener que hacerse cargo de nacionales de decenas de otros países, pues de esa
manera Estados Unidos se ahorrará enviarlos de regreso al Caribe, Centroamérica
o África, dejándole dicho problema al gobierno mexicano; y además “castigándolo”
por no hacer su trabajo como “primera
línea de defensa” de la frontera estadounidense.
El problema para el gobierno mexicano es que en las leyes
mexicanas prácticamente está establecido que todo el país es considerado un “santuario”
para extranjeros indocumentados[2],
aunque no lo diga así la legislación.
Y como botón de muestra está la Ley de Migración mexicana:
Artículo 2 “….En ningún caso una situación migratoria
irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará
la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en
condición no documentada….
…Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes…aún
cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por
aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes
aplicables…”.[3]
Esto es, el Estado Mexicano normaliza o legaliza a todo
extranjero que haya ingresado sin la documentación adecuada, siempre y cuando
haya cumplido con el resto de las leyes del país.
Justamente lo opuesto a lo que ahora está impulsando el
gobierno de Trump; es decir, no reconocerles ningún derecho adquirido a los
indocumentados (que ellos llaman inmigrantes ilegales), y sólo reconocer
(declarativamente al menos), sus derechos humanos básicos.
Así, dos políticas diametralmente opuestas en materia
migratoria se van a encontrar este 23 de Febrero, por lo que más vale que
Ososrio tenga claro qué es lo que va a defender; qué es lo que no puede ni debe
aceptar en sus conversaciones con el secretario Kelly (por ej. un “plan
Colombia” para México); y qué es lo que debe impulsar y promover, aún a riesgo
de que la relación con Estados Unidos se enrarezca todavía más.
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