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Zapata

lunes, 1 de mayo de 2023

Que la nación me lo demande

Pascal Beltrán del Río

https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/que-la-nacion-me-lo-demande/1584492?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard

El viernes, al retomar sus conferencias mañaneras, luego de cuatro días de presunta convalecencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una instrucción inequívoca a los legisladores de su movimiento: desaparecer al Inai.

“Son corruptos –dijo de los comisionados de ese organismo–, porque cobran un sueldo para permitir la corrupción, son cómplices de la corrupción. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como lo estoy planteando: que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función de la transparencia y que ese organismo desaparezca, y que basta ya de estar simulando”.

Más adelante, volvió a arremeter: “Yo les diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, que coincidimos con esa postura y que no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo. (…) Que reformen esa institución. Mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación”.

La postura presidencial refleja un deseo irrealizable para él y su movimiento, pues la existencia del Inai está establecida en la Constitución en su artículo sexto, apartado A, fracción VIII, que dice:

“La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley”.

En abril de 2016, cuando se ampliaron las responsabilidades de ese organismo –mediante un cambio a la Carta Magna que se aprobó por 383 votos a favor y uno en contra–, hubo legisladores que son parte de Morena que dieron su visto bueno a la minuta, entre ellos el entonces presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez, hoy secretario general del Infonavit y aspirante a la gubernatura de Yucatán.

Digo que la pretensión de desaparecer al Inai es irrealizable porque el movimiento político que liderea López Obrador no tiene la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional, así que lo expresado en la mañanera del viernes no deja de ser una ilusión, como las que tiene cualquiera, y su opinión de que las funciones del Inai las haga la ASF, pues es eso: una simple opinión.

Pero, más allá de ilusiones y opiniones, su instrucción a los legisladores se traduce en el incumplimiento de la Constitución, pues los senadores del oficialismo –encargados de nombrar a los comisionados del Inai– han dejado al pleno de ese organismo sin la posibilidad de sesionar, ya que la ley le impone hacerlo con un mínimo de cinco integrantes y actualmente sólo tiene cuatro, a causa de la deliberada falta de acción de la mayoría senatorial.

El sábado por la madrugada, al agotarse el periodo ordinario de sesiones del Congreso, ese grupo no sólo incumplió con su deber de nombrar a dichos comisionados –pasando por encima del mandato de una jueza federal–, sino que también aprobó, de forma atropellada y sin reparar en procedimientos legislativos, la agenda de prioridades legales del Presidente, cosa que hizo después de participar en un besamanos en Palacio Nacional. 

Debe recordarse que al tomar posesión, como han hecho todos los presidentes de México en casi 200 años de vida republicana del país, López Obrador protestó guardar y hacer guardar la Constitución, “y si no lo hiciere, que la nación me lo demande”. Dejar inoperante al Inai tiene la evidente intención de no someterse a la rendición de cuentas. Es una caricatura describir a esta Legislatura como “independiente”, y es a ella a la que propone encargar la transparencia. Así, el Presidente pasa por encima de una disposición expresa de la Carta Magna, lo que obliga a la nación a demandárselo.

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