¿CUÁL TRANSFORMACIÓN? (2)
Para
continuar con el análisis de las “transformaciones” que según la narrativa del
gobierno de López Obrador ha realizado durante su gobierno, ahora toca el turno
de los Recursos directos aportados por el gobierno federal en diversos
programas sociales.
Para el
ejercicio 2023 el Presupuesto de Egresos de la Federación establece los
siguientes rubros:
Pensión
para el Bienestar de las Personas
Adultas
Mayores: 335,499
millones de pesos (aumento de 36.6% respecto a 2022)
Beca “Benito
Juárez” para estudiantes de
Educación
Media Superior:
37.554 millones de pesos (aumento de 5.5% respecto a 2022).
Programa
de Beca de Educación Básica: 34,922 millones de pesos (aumento de 1.9% respecto a 2022).
Jóvenes
Construyendo el Futuro: 25,090 millones de pesos (aumento de 3.1% respecto a 2022).
Jóvenes
Escribiendo el Futuro:
11,162 millones de pesos (aumento de 2.2% respecto a 2022).
Sembrando
Vida: 37.137
millones de pesos (aumento de 20.3% respecto a 2022).
Pensión para el Bienestar de Personas con
Discapacidad
Permanente: 24,078
millones de pesos (aumento de 16.4% respecto de 2022).
Programa
de Apoyo para el Bienestar
De Niños
y Niñas Hijos de Madres
Trabajadoras: 2,926 millones de pesos (aumento de
1.8% respecto al 2022).[1]
Todos estos
recursos suman: 506,368 millones de pesos.
Según el
gobierno federal dichos recursos llegan directamente a 25 millones de personas.
Durante el
periodo gubernamental de AMLO (2018-2023), faltando año y medio para su
conclusión, el monto asignado a programas sociales ha aumentado un 110.6% en
término reales.
Los
principales cuestionamientos a esta política son que si bien ayuda a que un
número considerable de la población pueda recibir apoyos para su manutención,
complementando ingresos precarios, en un país en donde el 56% de la Población
Económicamente Activa trabaja en la economía informal, esos recursos
transferidos directamente a los destinatarios son sustraídos de otros programas
e instituciones que tienen que ver directamente con la salud y educación de la
población.
Asimismo, no
hay padrones completamente confiables que permitan evaluar dichos programas,
para saber si efectivamente están llegando a las poblaciones objetivo, y no se
están desviando a núcleos de población que no los requieren.
La crítica principal
es que por sí solos estos programas no reducen los índices de pobreza, aunque
ayuden a evitar que se profundice la misma; son utilizados por el gobierno como
chantaje electoral ante la población más necesitada, con la narrativa de que
sólo votando por el partido oficial estos programas continuarán (cuando ya
están incluidos como derechos en la propia Constitución); y sobre todo, con los
aumentos tan relevantes en cada ejercicio presupuestal, no hay seguridad de que
las finanzas públicas puedan mantenerlos a lo largo del tiempo, pues no tienen
una fuente de ingresos directa que los respalde, por lo que en la medida en que
siga creciendo su monto, las presiones a las finanzas públicas se multiplicarán
continuamente.
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