LA HIPOCRESÍA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

El presidente López Obrador (AMLO) y su candidata casi ya designada para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, han estado insistiendo en las últimas semanas que la oposición política es hipócrita, está desmoronándose y representa todos los males habidos y por haber para el país.

Algo similar ha sido parte importante de la campaña de Luiz Inacio Lula Da Silva en contra del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, al que se suponía que vencería fácilmente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con más de 10 puntos de ventaja.

Cual ha sido la sorpresa que el fascista Bolsonaro quedó sólo 5 puntos porcentuales debajo de Lula (48% contra 43%) y eso obliga a una segunda vuelta el 30 de octubre. No parece posible que Lula pierda, pero lo que si llama la atención es que tantos brasileños estén dispuestos a votar por un atrabiliario presidente como Bolsonaro. Y eso sólo tiene una explicación, el temor al populismo autoritario que Lula y otros gobernantes progresistas de América Latina se dedican a impulsar, por sobre las libertades democráticas y el respeto a las diferencias políticas. El objetivo es arrasar a las oposiciones, y si para ello es necesario acabar con libertades individuales, pasar por encima de constituciones y leyes y mentir descaradamente, pues que así sea.

Las izquierdas latinoamericanas, con toda razón, acusaron justamente a los gobiernos neoliberales de esos excesos y abusos, y prometieron corregirlos en caso de llegar al poder. Nada más alejado de la realidad. Al llegar a la cima del poder ejecutivo y con mayorías legislativas, en vez de fortalecer el Estado de Derecho y ampliar las libertades democráticas, se dedican con fervor a acumular poder por los métodos que sean, aplicando la ley cuando les conviene y pasando por ella cuando no les conviene; haciendo alianzas con sectores de derecha, con grupos criminales o con grandes empresarios, si ayudan a consolidar en el poder al gobierno “progresista” o de “izquierda”; y están dispuestos a demonizar y marginar a voces y organizaciones sociales, incluso de izquierda, si se oponen a ese tipo de políticas oportunistas, que nada tienen que ver con la lucha de los pueblos por mejorar su situación económica y social; y por hacer avanzar la democracia del país.

El mejor ejemplo de lo anterior es el gobierno de López Obrador que acusa a sus opositores de hipócritas, cuando su gobierno lo es tanto o más que ellos.

Así, ha anudado alianzas con numerosos oligarcas a lo largo de sus casi cuatro años de gobierno, siempre y cuando hablen bien de él y de sus políticas y eviten apoyar económicamente a la oposición.

El ejemplo más claro es su indeclinable apoyo y alabanzas al hombre más rico de México, Carlos Slim, que ha recibido numerosas concesiones y contratos para diversas obras públicas y de infraestructura del actual gobierno.

Sólo por poner otro ejemplo, está su alianza nada discreta con el dueño del Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, quien incluso emplea (bueno es un decir) al hijo mayor de AMLO en oficinas que tiene en Houston, Texas.

AMLO está conformando un nuevo (o no tan nuevo) grupo de oligarcas que trabajen para su coalición gobernante, y en la medida en que no apoyen a sus adversarios políticos, en esa medida son “buenos empresarios” y no explotan al pueblo. Sólo aquellos que se niegan a subordinarse a su gobierno, son objeto de persecuciones fiscales, ataques desde sus conferencias “mañaneras” de prensa y descalificaciones.

Su combate a la corrupción ha resultado de la misma manera maniqueo; a los opositores políticos los persigue con encono (“cartel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez; ex gobernador de Tamaulipas, etc.), mientras que a sus aliados, como quien fuera su primer jefe en la política, Ignacio Ovalle, que desfalcó durante este gobierno más de 12 mil millones de pesos de la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), hay absoluta protección, ya que está en un puesto en la Secretaría de Gobernación; y hasta el momento, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa por tan escandaloso caso de desvío de recursos.

Y en otros casos, de la administración anterior de Peña Nieto, como la llamada “estafa maestra” que implicó un robo de 9 mil millones de pesos del erario, el principal culpable, Emilio Zebadúa, se pasea impune, gastándose los millones que se robó, sin que nadie lo moleste.

Ahí está el caso del presidente del PRI, Alejandro Moreno, a quien se le ha exhibido como el gran corrupto que es, y se le tenía preparado un juicio político en la Cámara de Diputados para quitarle el fuero y poder juzgarle; pero todo ello era para presionarlo, con objeto de que apoyara la modificación constitucional para que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública. Mientras Moreno se negó a ello y evitó que la fracción del PRI apoyara dicha modificación, los ataques fueron incesantes de parte del gobierno. Una vez que Moreno se dobló y aceptó apoyar la mentada modificación, ya no se sabe nada de desafueros o juicios contra el presidente del PRI.

En el tema de los desaparecidos, con más de 105 mil casos en los últimos 58 años, este gobierno se comprometió a resolver el más emblemático de los últimos años, el de los estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, como se ha podido observar en estos últimos días, el Ejército ha aplicado tal presión sobre AMLO, para que no se juzgue a los miembros de las fuerzas armadas que participaron en tan nefasto hecho, que el presidente ha debido salir en defensa de las fuerzas armadas, dejando a un lado la promesa de “justicia y verdad” hecha a los padres de los estudiantes desaparecidos; y por el contrario, la “razón de Estado” está prevaleciendo, con la ayuda de la Fiscalía General de la República, que se ha encargado de obstaculizar todo lo que ha podido la investigación de la Fiscalía especializada del caso (con la renuncia del fiscal de por medio), tal como lo denunció el grupo de expertos internacionales.

¿Y el presidente qué hizo? Darle su apoyo a la Fiscalía General, y desestimar las denuncias de los expertos internacionales.

Así también, organizaciones de izquierda, como el Comité del 68; de desaparecidos, como los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos; así como especialistas y sociedad civil en general, rechazan la militarización de la seguridad pública en México.

Y sin embargo, AMLO los descalifica a todos, dice que le hacen el juego a la “derecha” y mantiene su plan de que las fuerzas armadas sigan en las calles hasta 2028. Vaya con un presidente de “izquierda”.

El verdadero hipócrita aquí se llama Andrés Manuel López Obrador (y su candidata presidencial).