Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre EE.UU. y México: ONG instan a gobiernos a proteger derechos humanos
Esta
carta fue enviada por un grupo de ONG internacionales y mexicanas a los
gobiernos de México y Estados Unidos en el contexto de una reunión bilateral de
alto nivel sobre el Entendimiento Bicentenario, para instarlos a implementar
políticas de seguridad y salud pública que permitan soluciones duraderas a las
crisis de violencia y derechos humanos.
Secretario
de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken
Secretario
de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard
Estimados
Secretarios Blinken y Ebrard:
En nuestra
calidad de organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas
comprometidas con los derechos humanos y el estado de derecho, les escribimos
de cara al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre EE.UU. y México
programado para el 13 de octubre de 2022, para compartir observaciones y
recomendaciones para mejorar la seguridad y la protección de los derechos
humanos en consonancia con algunos de los ejes más prometedores del Entendimiento
Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.
En el
contexto actual, urgen acciones basadas en evidencia para superar los retos
críticos que enfrentan las comunidades de Estados Unidos y México en materia de
seguridad y salud pública. México sigue viviendo niveles récord de violencia
letal, con más de 35.000 homicidios
registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas
desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última
vez en los últimos seis años. En Estados Unidos, los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108.000 personas
fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.
A través del
Entendimiento Bicentenario, adoptado en octubre de 2021, los gobiernos de
Estados Unidos y México se comprometen a abordar el uso problemático de las
drogas desde un enfoque de salud pública y priorizar la reducción de las formas
de violencia que más lastiman a las poblaciones de uno o ambos países, tales
como los homicidios, las desapariciones y la violencia basada en género.
Sin embargo,
a un año de la adopción del Entendimiento, nos preocupa profundamente que el
gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas
policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública. En septiembre
de 2022, el Congreso mexicano aprobó la
propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional —fuerza de seguridad
federal en México que en teoría es de naturaleza policial— a la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio deja al país sin policía federal
civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones
militares. Dicha reforma contradice los estándares
internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de
evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para
controlar la violencia. Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas
violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir
cuentas. Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a
las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la
consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y
confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un
mayor acceso a la seguridad y la justicia.
En Estados
Unidos, reconocemos la adopción de ciertas medidas encaminadas a reducir
el tráfico de armas. Al mismo tiempo, resaltamos la necesidad de mayores
acciones de parte de Estados Unidos para reducir el flujo ilícito de armas a
México. Por otra parte, nos alienta la inclusión inédita de un enfoque de
reducción de daños en la estrategia
nacional de control de las drogas del gobierno del presidente Joe
Biden, presentada en abril de 2022. Sin embargo, notamos
con preocupación que las acciones transnacionales contempladas en la
estrategia todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la
producción y el tráfico de drogas desde el extranjero “para impedir que las
drogas ilegales jamás lleguen a nuestras fronteras”. Lo anterior, a pesar de
los límites documentados de tales estrategias a lo largo de décadas de
implementación, así como los daños registrados en términos de violaciones de
derechos humanos y aumentos de la violencia y la corrupción en la región.
Asimismo,
recordamos la importancia de que los gobiernos estadounidense y mexicano
brinden información sobre las actividades y avances en la cooperación bilateral
de seguridad, facilitando el diálogo y la participación de la sociedad civil.
Los resultados preliminares del Entendimiento, dados a conocer en
abril de 2022 por autoridades de ambos gobiernos, se centraron en
una lista de detenciones de alto perfil, laboratorios de droga desmantelados,
droga incautada y esfuerzos por combatir el tráfico de personas, regular
precursores químicos y ampliar el rastreo de armas de fuego. La principal
acción anunciada en materia de salud pública en ese momento fue la firma de un
memorando de entendimiento sobre el tratamiento de las adicciones. Esperamos
que el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad se acompañe de información
actualizada y más completa sobre cómo la cooperación está avanzando en otras
áreas referidas en el Entendimiento Bicentenario, tales como mejorar las
investigaciones penales de los homicidios y fortalecer la capacidad de las
instituciones de seguridad y justicia. Si bien dichas áreas pueden requerir
mayor tiempo para mostrar resultados medibles en terreno, hacemos hincapié en
la necesidad de mantener tales metas transformadoras al centro de las
discusiones y acciones bilaterales.
Para
garantizar que la cooperación construya soluciones duraderas, incluidas
especialmente instituciones capaces de prevenir y responder a la violencia, las
adicciones y los demás retos que subyacen el Entendimiento Bicentenario,
instamos a ambos gobiernos a priorizar la implementación de compromisos prometedores
del Entendimiento tales como los siguientes, y a publicar información sobre el
progreso que se registre:
- “prevenir y reducir el consumo
abusivo de sustancias, en paralelo a limitar los daños asociados con la
adicción”
- “explorar alternativas al
encarcelamiento para casos de abuso en el consumo de sustancias”
- “prom[over] los derechos humanos
respondiendo a las necesidades de las víctimas y las comunidades”
- “realizar investigaciones de
homicidios de manera efectiva y consistente”
- “profesionalizar los sistemas de
impartición de justicia penal y aplicación de la ley”
- “expandir el conocimiento para
implementar las mejores prácticas para combatir la violencia de género”
- “la creación de capacidades
compartidas y mejorar el sistema de rendición de cuentas”
- “garantizar que los tribunales
apoyen a las víctimas y preserven sus derechos humanos y civiles”
Nuestras
organizaciones estamos atentas a la oportunidad de seguir dialogando con los
gobiernos de Estados Unidos y México para promover avances en el acceso a la
seguridad y la justicia en nuestros países y a continuar compartiendo
información basada en nuestra documentación de casos, patrones, áreas de
preocupación y recomendaciones en los temas mencionados aquí. Muchas gracias
por su atención al presente.
Atentamente,
Amnistía
Internacional México
Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Ciudadanos
en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Due Process
of Law Foundation (DPLF) / Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Human
Rights Watch
Intersecta
México
Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Robert F.
Kennedy Human Rights
Servicios
y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Washington
Office on Latin America (WOLA) / Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA)
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