LA REFORMA ELÉCTRICA Y EL PROYECTO NACIONAL
La reforma
constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
en materia de energía[1] ha abierto un
indispensable debate, no sólo sobre la reforma misma, sino sobre el tipo de
economía y, más amplio aún, de proyecto nacional, que el país se dará para los
próximos 25 o 30 años.
Para el
presidente y su coalición gobernante, la reforma energética aprobada durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se propuso debilitar y, con el
tiempo, quebrar definitivamente a las empresas del Estado encargadas de la producción
y distribución de energéticos, es decir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE); con el objetivo de que las grandes
empresas privadas nacionales, pero en especial, las extranjeras, acapararan el
mercado y lograran con ello enormes utilidades.
Por ello, el
gobierno actual propone desbaratar esa reforma, con objeto de que el Estado,
mediante la CFE, retome el control del sector eléctrico, fortaleciendo
nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad, regresándola a su papel de
empresa paraestatal y de cabeza del sector, para ejercer la rectoría sobre el
mercado; y así evitar que los particulares lo acaparen en su beneficio, lo que
pone en riesgo al sector eléctrico como servicio público.
Aún así, la
reforma prevé la participación limitada de los particulares en el mercado, pero
ya sin la existencia de los organismos autónomos que regulaban dicha
participación, pues ahora quedarían como partes integrantes de la CFE, esto es,
del gobierno.
Obviamente,
la iniciativa privada nacional y extranjera ha puesto el grito en el cielo,
pues esta reforma corta de tajo las inversiones y los negocios que han venido
realizando durante los últimos años, bajo el amparo de la anterior reforma; y
peor aún, vuelve a colocar a la empresa gubernamental como la dominante (con el
54% del mercado, según la reforma constitucional), limitando así el posible
crecimiento futuro de las empresas privadas, que no podrán tener más
del 46% de dicho mercado, en todo momento.
Así, la
reforma energética, que también considera la exclusividad para el Estado Mexicano
de la explotación del mineral considerado más estratégico para el presente y
futuro de la economía mundial, como el litio (se usa en la fabricación de baterías
para autos eléctricos, para celulares, semiconductores, etc.), vuelve a la
vieja discusión de la participación del Estado en la economía, en qué
porcentaje lo hace, con qué modalidades y para qué fines V.S. la iniciativa
privada.
Para AMLO y
su coalición gobernante el neoliberalismo devastó al país, concentró el
ingreso, redujo la rectoría económica y las capacidades del Estado y permitió
que minorías privilegiadas explotaran brutalmente los recursos naturales,
financieros y la mano de obra del país, sin dejar prácticamente ningún
beneficio.
Los privados
insisten en que el Estado es corrupto (como si ellos no participaran en dicha
corrupción como agentes activos), ineficiente, inhibe la innovación, la creatividad,
detiene el progreso, es burocrático, pesado, sobre regula y todo ello afecta las
posibilidades de progreso de la mayoría de la población.
Cada “bando”
tiene parte de verdad y caricaturiza, exagera y/o miente descaradamente, al menos
en parte, respecto al contrincante. ¿Y porqué decimos “contrincante”? Porque el
gobierno de AMLO ha planteado en esos términos el debate; incluso ha ido más
allá, al señalar que los que voten en el Congreso en contra de la reforma
energética que ha propuesto, serán “traidores a la patria”. Es decir, casi,
casi merecerían ser fusilados.
Desgraciadamente
los extremos en los debates tienden a oscurecer y a presentar posiciones
maniqueas, que no permiten un debate informado, sereno, profesional y maduro en
beneficio del país; por lo que lo más probable es que la discusión, en los
próximos días y semanas, tienda a subir de tono, a agriarse y termine en una
especie de pelea de la UFC, en donde en vez de buscar una posición gana-gana,
se terminará en la de suma cero, en donde uno pierde todo, mientras el otro gana
lo que el primero perdió.
Un punto en
el que AMLO lleva las de perder es que, por su ignorancia, desidia o lo que
fuere, dejó en manos de incompetentes o esos sí traidores a la patria, la
supervisión de la negociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, en donde
le metieron una goliza a nuestro país, especialmente en el tema energético, lo
que por supuesto servirá a las empresas que se oponen a la reforma de AMLO,
para detenerla, no en los tribunales nacionales, que esos no cuentan en el
famoso tratado, sino en los paneles de controversias, en donde siempre ganan las
empresas trasnacionales; y que AMLO y su impresentable negociador (Jesús Seade,
hoy embajador en China), dejaron pasar, cosa que no hizo Canadá, que negoció
con Estados Unidos la desaparición de dichos paneles en su tratado bilateral;
por lo que AMLO se va a enfrentar a una cascada de demandas por decenas de
miles de millones de dólares en supuestos perjuicios para las empresas
afectadas de Estados Unidos y Canadá; y poco podrá hacer el presidente mexicano,
ya que su ignorancia e incompetencia permitieron que esas cláusulas quedaran en
el tratado, y ahora se va a tener que tragar las consecuencias de ello,
afectando su reforma energética y las finanzas del país, ante los descomunales
pagos por reparaciones y “ganancias no realizadas” de las decenas o centenas de
empresas que se inconformen en el marco
del T-MEC.
La
ignorancia, la desidia y la incompetencia, se pagan caro en el ámbito
internacional.
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