LA VISITA DE KAMALA HARRIS REAFIRMA HEGEMONÍA DE ESTADOS UNIDOS

Ya no hubo necesidad de hacerle ver al presidente López Obrador (AMLO) y a su gobierno, que la administración Biden tomó nota de su enojo por el financiamiento de Washington a organizaciones no gubernamentales (ONG) que denuncian la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

No parece que habrá una contestación formal a la nota diplomática sobre este asunto, que la cancillería mexicana envió al Departamento de Estado el 3 de mayo pasado.

Todo indica que, en la reunión del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el secretario de Estado, Antony Blinken, en San José, Costa Rica, la semana pasada, se llegó al acuerdo de que este tema ya no debía seguir discutiéndose públicamente, como lo había venido haciendo AMLO en las conferencias de prensa mañaneras, ya que la posición del gobierno de Estados Unidos no va a cambiar, y seguir con el tema iba a agriar y a complicar el resto de asuntos en la relación bilateral.

Si Ebrard se lo pudo hacer entender al siempre terco AMLO o no, no se puede saber; pero por lo pronto, todo indica que el tema del intervencionismo estadounidense en la política interna mexicana, vía su financiamiento de ONG, no se mencionó durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México; y al parecer, ya ha pasado a un segundo plano en la agenda bilateral.

Con respecto a la visita, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el gobierno de Biden se dio a la tarea de amarrar a su vecino del sur como un aliado confiable, en momentos en que la hegemonía estadounidense en el mundo declina, por lo que la necesidad de que México se alinee con la agenda estratégica y económica de Washington resultaba imperativo.

Así, Harris no vino sólo a hablar de migración, pues según el comunicado[1] dado a conocer por la Casa Blanca al terminar la visita, esta abarcó varios temas de gran relevancia para ambos países.

En primer lugar, el comunicado señala que se retomará el diálogo económico de alto nivel entre ambos gobiernos, para poner énfasis en facilitación comercial, telecomunicaciones, interconectividad y “resiliencia” de las cadenas de suministro.

¿Por qué se inicia con el tema económico, en vez del que se suponía era el principal, es decir el tema migratorio?

Primero, hay que tomar en cuenta que en el Senado de Estados Unidos se acaba de aprobar (con una votación de 68 a favor y 32 en contra) la Innovation and Competition Act, que asigna 250 mil millones de dólares para impulsar la investigación y producción de tecnología (inteligencia artificial, robótica, red 5G, ´semiconductores, etc.), para enfrentar el avance chino en este sector.

Llama la atención que republicanos y demócratas se unieron para pasar esta ley, lo que denota la importancia que tiene para el establecimiento político de Estados Unidos el impulsar el avance de la ciencia y la tecnología, en su competición global con China.

Pues bien, para lograr esto, las maquiladoras, los recursos naturales y la mano de obra mexicanas, que forman parte fundamental de las cadenas de suministro de Estados Unidos, se convierten en un activo estratégico en esta competencia global contra China; por lo que para el gobierno de Biden y las grandes trasnacionales de Estados Unidos, es fundamental que no existan “cuellos de botella”, obstáculos políticos y/o de seguridad; y /o malentendidos de cualquier tipo, que puedan poner en riesgo estos flujos comerciales y estas cadenas de suministro entre ambos países.

En segundo lugar, se establece en el comunicado que se formalizará un diálogo permanente de alto nivel en materia de seguridad, con el objetivo de atacar a las organizaciones criminales trasnacionales y disminuir los asesinatos y las muertes relacionadas con el tráfico de drogas.

Era lógico que este tema tomara una importancia fundamental, ya que el gobierno de AMLO no había establecido ninguna mecánica de trabajo con el de Biden para lidiar con el tema de la inseguridad y la violencia.

Aquí hace falta detenernos con más detalle.

Por un lado, Estados Unidos manifestó de todas las formas posibles, su inconformidad con dos decisiones del gobierno de AMLO en este tema.

Por un lado, el no investigar, ni procesar al General Salvador Cienfuegos, después de que el gobierno de Trump lo devolvió, dejó muy mal paradas a las agencias de seguridad estadounidenses, especialmente a la DEA.

La segunda decisión, derivada del tema Cienfuegos, que no gustó en Washington, fue la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Nacional en México, que puso numerosas trabas y condicionantes a la actuación de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

De ahí que, para limar asperezas y establecer un nuevo marco de cooperación en el tema de seguridad entre ambos países, estuvieron la semana pasada en México el subdirector de la CIA, David Cohen y el director para el hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González (de origen colombiano).

En las reuniones que ambos funcionarios tuvieron con los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad, Relaciones Exteriores y del Centro Nacional de Inteligencia, las autoridades de México les dieron a conocer a las estadounidenses su propuesta de trabajo en el tema de seguridad.

Al parecer, y de acuerdo con lo que se puede entrever del comunicado de la Casa Blanca, el gobierno mexicano va a permitir una participación muy activa de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en nuestro país, especialmente en tres temas: combate a los cárteles del narcotráfico; combate a las organizaciones de traficantes de personas y ayuda para intentar resolver (en alguna medida), y detener, las desapariciones de personas en México, que llegan ya a 82 mil, y que el gobierno de AMLO se ha declarado impotente para darle una solución a tan dramático problema.

Así, la famosa Ley de Seguridad Nacional, queda en el archivo, y las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos van a actuar con plena libertad en México, con la “condición” de que sus actividades estén “coordinadas” con las de las agencias mexicanas. Esto es, ya no requerirán pedir permiso o dar informes como se establece en la recién aprobada Ley de Seguridad Nacional, sino solamente coordinarse (cualquier cosa que esto quiera decir), con las autoridades mexicanas.

Habrá que ver qué tanto se les da la gana coordinarse y avisar a las autoridades mexicanas de lo que hagan y/o piensen hacer las 16 agencias de seguridad e inteligencia del gobierno de Estados Unidos.[2]

Una parte fundamental del nuevo esquema de cooperación es el mayor protagonismo que tendrá la Secretaría de Marina, a la cual, las agencias de seguridad de Estados Unidos le tienen más confianza que a la de Defensa, por lo que desde hace tiempo (el gobierno de Trump), habían exigido que se hiciera cargo de aduanas y puertos en nuestro país.

Antes de la visita de la vicepresidenta Harris, se concretó esa nueva responsabilidad para la Marina, con lo que una exigencia más de Washington fue cumplida.

Suponen los estadounidenses que con la Marina en puertos y aduanas costeras disminuirá el contrabando de fentanilo. Esto parece más “wishful thinking” de su parte, pero por lo menos así sienten que tienen un “partner” más confiable con quien tratar este tema.

Los asuntos 5 y 7 del comunicado, es decir, operaciones conjuntas para atacar el tráfico humano y a las organizaciones criminales que lo realizan; y, sociedad de ambos países para resolver los casos de desaparición en México (en donde se contempla capacitación para mejorar las habilidades forenses de las autoridades mexicanas, y la participación del FBI para entrenar expertos en genética), reflejan esta otra parte del nuevo esquema de cooperación en el tema de seguridad.

Llama la atención que el tema preferido del canciller Ebrard, el famoso “congelamiento de armas” en la frontera entre México y Estados Unidos, ni siquiera fue mencionado, lo que indica que el gobierno de Biden no pretende meterse en la pelea de controlar el flujo ilegal de armas hacia México, que tantas utilidades da al lobby de las fabricantes de armamento, que están claramente ubicadas en el campo del Partido Republicano. ¡Lástima Marcelo! No te hicieron caso.

Como parte también del tema de seguridad, aunque se le quiso envolver en el manto de la cooperación económica (atacar las causas que originan la migración), está el tema migratorio (hasta el cuarto lugar en el comunicado), pues si bien no se mencionó abiertamente, quedó sobre entendido que México redoblará esfuerzos, con la Guardia Nacional, para detener la migración indocumentada en su frontera sur, y a cambio el gobierno de Biden dará ayuda, especialmente a las comunidades mexicanas de la frontera sur, por un total de 250 millones de dólares, para “fortalecer las cadenas de valor en cacao, café y eco-turismo”; y así también, se otorgará un préstamo para la construcción de casas con hipotecas accesibles, de las cuales entre el 40 y 50% se construirán en el sur de México; y el resto, se supone, que en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Y, por último, está el tema laboral, en donde seguramente el gobierno de AMLO confesó que le era imposible aplicar la legislación laboral aprobada en México en mayo de 2019, y que era un requerimiento de las organizaciones laborales de Estados Unidos y Canadá para que se aprobara el T-MEC.

Por ello, ahora el tema laboral también queda bajo la supervisión del gobierno de Estados Unidos, que dará 130 millones de dólares para implementar la legislación laboral, que el gobierno mexicano es incapaz de realizar, por lo que mejor también la subroga al de Estados Unidos. Patético.

En suma, el gobierno de AMLO tuvo que aceptar que México es un vasallo de Estados Unidos; que acepta la tutela de Washington en materia económico-financiera-comercial; seguridad-migración; y ahora hasta en lo laboral, por lo que los exabruptos presidenciales sobre el intervencionismo de Estados Unidos y la defensa de la soberanía y bla, bla, bla, quedan solo como anécdotas jocosas para la historia de la relación bilateral.

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[1] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/fact-sheet-u-s-mexico-bilateral-cooperation-2/

 

[2] Dependientes de 6 secretarías (Defensa, Seguridad Doméstica, Energía, Justicia, Estado y Tesoro) y la CIA.