El 2024

Después de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, está claro que ha iniciado ya la competencia por las elecciones presidenciales y la renovación del Congreso en el 2024 en México.

Competencia tanto dentro de las formaciones partidarias contendientes, como entre ellas.

El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha centrado en los siguientes rubros:

Redistribución de la riqueza desde las capas sociales altas y medias hacia las bajas, a través de la transferencia directa de recursos, mediante diversos programas asistencialistas; recuperación de recursos mediante cobro de impuestos a empresas y grandes contribuyentes, que habían recibido facilidades para no pagarlos; austeridad en el gasto corriente del gobierno (número de empleados, sueldos de funcionarios, viajes al extranjero, remodelación, renta y compra de bienes inmuebles; compras gubernamentales, etc.); aumento del salario mínimo para recuperar su nivel adquisitivo y apoyo a revisión de contratos colectivos de trabajo, en el mismo sentido.

Combate a la corrupción, a través de centralización de compras gubernamentales y ampliación de compras directas; eliminación de contratos (Aeropuerto Internacional en Texcoco) y concesiones a empresas y grupos identificados con gobiernos anteriores.

Obras públicas como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Proyecto Transístmico, el Aeropuerto Felipe Angeles, reconfiguración de otras refinerías, recuperación de carreteras y puertos.

Permanencia de México en los tratados de libre comercio, especialmente el que se tiene con Estados Unidos y Canadá, para atraer inversión extranjera.

Recuperación de la política energética como un activo del Estado Mexicano, dejando en segundo lugar a la iniciativa privada, lo que ha conllevado la inversión de una gran cantidad de recursos para las empresas productivas del estado (Pemex y CFE), disputas con inversionistas privados nacionales y extranjeros (con el apoyo de sus gobiernos), e intentos de cambios legislativos (y ahora constitucionales), para asegurar esa política energética nacionalista.

Finanzas públicas sanas, para evitar el castigo de parte de los mercados internacionales y para mantener el crédito del país en el exterior.

Nueva estrategia para combatir la inseguridad y la violencia, poniendo énfasis en la creación de la Guardia Nacional, la investigación y el “congelamiento” (a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) de cuentas de grupos criminales e individuos acusados de serlo; nuevo marco de cooperación con Estados Unidos para combatir narcotráfico, trata de personas y desapariciones forzadas; énfasis en programas sociales, para evitar incorporación de jóvenes al crimen organizado.

Política exterior basada en los principios tradicionales establecidos en la Constitución; buena relación con Estados Unidos; pero también apoyo a regímenes progresistas en América Latina (como Bolivia y Argentina) y mantenimiento de relaciones con los regímenes considerados adversarios de Estados Unidos, como Cuba y Venezuela.

Hay muchos otros rubros del proyecto de AMLO, pero estos serían los más destacados.

Dicho proyecto mantiene el apoyo de la mayoría de la población, tal como se pudo constatar en las últimas elecciones intermedias, en donde el partido del gobierno, Morena, junto con sus aliados del PT y el PVEM, mantuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y 11 de 15 gubernaturas en disputa; que sumadas a las 5 con que ya contaba, llega en total a 16, de un total de 32 (el PAN tiene 7; el PRI, tiene 4; el Movimiento Ciudadano 2; el PRD 1, el PVEM 1 y el PES 1).

Así, el proyecto de AMLO, a pesar de que disminuyó la ventaja que tenía sobre los partidos opositores lograda en las elecciones del 2018, sigue teniendo una confortable mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo -aunque tendrá que negociar con la oposición si quiere hacer cambios en la Constitución- y contando las gubernaturas de partidos aliados a Morena (PVEM y PES), tiene de su lado 17 de los 32 gobiernos estatales[1].

Esto es una gran plataforma para iniciar la contienda para el 2024, aunque el triunfo no está completamente garantizado, dado que dos procesos se han iniciado ya, que pueden obstaculizar el triunfo de Morena y de su probable candidato(a) presidencial en el 2024.

Por un lado, la disputa por dicha candidatura (si descontamos que AMLO no buscará algún mecanismo para mantenerse en el poder, lo que sin duda generaría unas tensiones y disputas de tal calibre, que podrían desarticular por completo al endeble sistema político mexicano) dentro de la coalición gobernante; y, las posibilidades de que el proyecto de AMLO se enfrente a oposiciones cada vez más poderosas en lo interno y en lo externo.

Por lo que respecta a la lucha interna por la candidatura presidencial dentro de la coalición gobernante, ya ha quedado claro que hay, por lo pronto, tres contendientes fuertes: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal.

La tragedia de la Línea 12 del Metro en la ciudad de México, con 26 muertos y más de 80 heridos, ha sido un parteaguas en la lucha por la candidatura presidencial del partido en el poder, ya que dicha línea fue construida durante el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012), en la ciudad de México; pero la responsabilidad por su mantenimiento ha recaído, primero en el gobierno de Miguel Angel Mancera, hoy senador por el PRD (2012-2018), y en el de Sheinbaum después, lo que ha provocado una guerra de acusaciones acerca de quién de ellos es el mayor responsable de lo sucedido.

Por ahora, tanto Ebrard como Sheinbaum están siendo duramente golpeados en la prensa nacional e internacional (reportaje del New York Times en primera plana el domingo 13 de junio), por supuestamente haber construido mal la línea, y no haberle dado el mantenimiento adecuado, dejando en un segundo plano el papel que el gobierno de Mancera pudo haber tenido en el caso del mantenimiento.

Así también, el triunfo de la oposición en 9 de 16 alcaldías de la ciudad de México fue un golpe mayúsculo para el partido en el poder, que consideraba a la capital del país como su cuna y su principal reserva de votos; también para el presidente AMLO, quien fue jefe de gobierno de la ciudad (2000-2006), y para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues se consideró un voto de castigo por su gestión (que supuestamente estaba muy bien evaluada en las encuestas) como gobernante en la ciudad.

Conforme pase el tiempo, la lucha por la candidatura presidencial entre estos personajes, va a comenzar a permear las estructuras gubernamentales y partidarias, y como siempre ha sucedido en este tema, va a comenzar a influir en las políticas públicas y en las decisiones o no decisiones que estos personajes tengan que tomar en su responsabilidad, pues el tema de cómo benefician o perjudican dichas decisiones sus posibilidades presidenciales va a contaminar, cada vez más, su actuación; y por ende, los resultados que tengan dentro del proyecto de AMLO.

En este sentido, conforme pase el tiempo, el poder con el que cuenta el presidente va a aumentar en lo interno del gobierno y de su coalición de partidos, ya que su popularidad (que sigue rondando el 60%) y el manejo del propio presupuesto, lo hacen un “fiel de la balanza” (López Portillo dixit) en el momento en que se tenga que escoger candidato presidencial, por lo que los que aspiren a la candidatura, tratarán de lograr el apoyo del presidente, lo que nuevamente viciará sus decisiones y su forma de actuar.

Pero al mismo tiempo, con el paso de los meses, el poder del presidente comienza a mermar, pues se acaba su periodo, y los diferentes intereses políticos y económicos comienzan a apostar por tal o cual partido, o tal o cual candidato; y, al mismo tiempo, las políticas públicas impulsadas por AMLO, ya no tienen la frescura y el impulso inicial, por lo que la posibilidad de su reforma o incluso su cambio, puede empezar a impactar en distintos sectores del país, e incluso de la propia coalición gobernante.

Estas fuerzas contradictorias, de mayor poder del presidente por su peso específico para inclinarse a favor o en contra de determinado candidato dentro de su coalición; y su relativa pérdida de poder, por el inevitable fin de su mandato, va a provocar una profundización de las disputas políticas dentro y fuera del gobierno; una menor claridad sobre lo que realmente requiere el país, debido a la contaminación que el proceso sucesorio genera en los tomadores de decisiones, así como entre diversos sectores sociales y del aparato productivo; y, la propia dinámica sucesoria y electoral, va a generar que actores disfuncionales, como el crimen organizado, o externos, como el gobierno de Estados Unidos, también intenten influir de diversas formas, generando aún más desavenencias entre los aspirantes a la candidatura presidencial, así como entre las coaliciones gobernante y opositora, que previsiblemente se enfrentarán en el 2024.

Por su parte, la frágil coalición que se formó en estas elecciones intermedias, entre PRI, PAN y PRD; y la competencia adicional de un actor no articulado con el gobierno o con esta oposición, como lo es el Movimiento Ciudadano, también va a generar presiones cada vez mayores para delimitar el poder de cada actor dentro de la coalición opositora, con objeto de tener mayor influencia en el momento de definir el rumbo legislativo y electoral que se debe tomar de aquí al 2024, y especialmente cuando llegue el momento de elegir candidato presidencial, pues los partidos que conforman la coalición opositora saben muy bien que van a perder todavía más gubernaturas en los siguientes 3 años, y que de no mantenerse unidos, no tendrán ninguna posibilidad de disputar, con visos de triunfo, la presidencia de la República.

En 2024 estará en juego la permanencia de un proyecto que no llegó a ser de izquierda, sino más bien de recuperación de las facultades del Estado Mexicano para moldear el capitalismo dependiente que existe en México, inserto dentro de la zona de influencia y de seguridad nacional de la potencia hegemónica, para hacerlo menos desigual, menos injusto y vinculado a los intereses del gran capital nacional e internacional, así como menos corrupto.

Si ha logrado o no esos objetivos hasta el momento, y si lo logrará para el 2024 el gobierno de AMLO aún está por verse. Y aún está por verse si el candidato(a) al que le dé su apoyo, está dispuesto(a) a seguir dicho proyecto.

Por su parte la oposición, si bien retomará partes de dicho proyecto, como la política asistencialista a los sectores más pobres del país, seguramente planteará modificaciones en lo relativo a la relación iniciativa privada-Estado, a las facultades de este último para definir el rumbo del país, y al lugar que México debe ocupar en el escenario internacional (para AMLO el aspecto internacional ha sido secundario).

Así, la decisión de los sectores fundamentales del país y de la ciudadanía en general sobre ambos proyectos (insertos dentro de la política neoliberal y el capitalismo dependiente del país), puede muy bien definirse por la personalidad y carisma de los candidatos y por lo amplio o restringido de las alianzas partidistas que se conformen.

Lo que es indudable es que los próximos 3 años estarán fuertemente influidos por la lucha sucesoria, y por lo general dicha influencia se torna nociva para los intereses generales del país.

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[1] En 2022 se renovarán otras 6 gubernaturas; en 2023 otras 2 gubernaturas; y en 2024 las últimas 9)..