Sobre la Guardia Nacional
Carlos Fazio
Desde que
era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha venido utilizando un
lenguaje críptico para referirse a las fuerzas armadas. Críptico, no en el
sentido de algo oscuro, secreto o camuflado, sino referido a algo a plena
vista, pero que es de difícil comprensión porque no ha sido expresado en forma
clara y nítida y argumentado con base en datos duros. Hay algo en el discurso
presidencial sobre las fuerzas armadas −y su participación ahora en una Guardia
Nacional bajo mando civil pero que conservará su perfil castrense−, que impele
a creerle pero sin dar razones para ello; algo así como un dogma de fe.
Lo
anterior podría originarse en las malas relaciones del candidato López Obrador
con los antiguos mandos de las fuerzas armadas, y con el incontrastable poder
metaconstitucional y las prerrogativas que éstos habían venido adquiriendo
durante las gestiones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña (incluido su activismo político deliberante y la no rendición de
cuentas), en el marco de una militarización necropolítica (A. Mbembe) de la
seguridad pública, que derivó en una catástrofe humanitaria salpicada de
crímenes de lesa humanidad (casos Aguas Blancas, Acteal, El Charco, niños
Almanza, Tec de Monterrey, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato,
etcétera).
AMLO ha
dicho que pretende reconvertir una institución represora en un Ejército de
paz, pero el progresivo desmantelamiento de las estructuras facciosas de ese
poder fáctico, vinculado además de manera estrecha y subordinada a la doctrina
de contrainsurgencia y las directrices de las fuerzas armadas de Estados
Unidos, requerirá, en la transición, de tacto, tiempo y estrategia.
El
pregonado cambio de paradigma contenido en el Plan Nacional de Paz y Seguridad
sigue teniendo como pilar de la estrategia a las fuerzas militares; de allí que
sea difícil de entender. Dos medidas que apuntan hacia un cambio posible en el
Ejército, fueron la disolución del anacrónico Estado Mayor Presidencial y la
designación del nuevo secretario de Defensa, general Luis Crescencio Sandoval,
rompiendo con la estructura sucesoria diseñada por el mando saliente, general
Salvador Cienfuegos.
No
obstante, el nombramiento de Sandoval podría haber significado un mensaje de
acercamiento a la administración Trump, ligado incluso con la presencia en
México, la víspera de la toma de esa decisión, del general Joseph Dunford,
presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor del Pentágono. Sandoval −quien
según versiones periodísticas no desmentidas carga con la responsabilidad, al
menos por omisión, en sendas matanzas de Los Zetas en Piedras
Negras y Allende, Coahuila, en 2011 y 2012, cuando el militar era el encargado
de la seguridad del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras,
usado por el grupo criminal como centro de exterminio− cuenta con varios cursos
de formación en escuelas del Pentágono, incluidos los de defensa continental;
inteligencia y comando, y medios de comunicación en el Colegio Interamericano
de Defensa, en Washington.
Entre las
argumentaciones iniciales para poner a la Guardia Nacional bajo el mando de la
Secretaría de Defensa −y tras señalar que las fuerzas armadas, en particular la
Marina, llevaban a cabo operativos que ni siquiera se decidían en nuestro
país porque [Felipe] Calderón lo permitió y el otro [Peña Nieto] lo
mismo [ver El país saldrá adelante con la obra de la Revolución
Mexicana, La Jornada,30/11/18]−, el actual Presidente dijo haber
ponderado el profesionalismo, la disciplina, la
doctrina nacionalista y el carácter popular(no hay altos mandos
vinculados a la oligarquía) del Ejército. Afirmación cuestionable, por lo menos
en cuanto al nacionalismo, porque desde 1995, cuando el entonces secretario de
Defensa estadunidense, William Perry, abogó en el Campo Militar número 1
por el tercer vínculo (el militar) entre ambos países, la Sedena
adoptó la nueva “doctrina democrática liberal […] de estabilidad nacional”,
recetada a los ejércitos del área por el Pentágono, que de la mano de una
acelerada militarización de la seguridad pública, perseguía concretar otro
viejo anhelo de Washington: la creación (en México y otros países) de una
gendarmería o guardia nacional, como vía para desgastar y/o apartar a las
instituciones armadas de sus responsabilidades constitucionales: la defensa del
territorio y la soberanía nacional.
Dada la
asimetría de la relación militar bilateral con EU, de Zedillo a Calderón, con
la imposición de la Iniciativa Mérida en 2007, se acentuaría la dependencia de
las fuerzas armadas mexicanas al Pentágono, asomando más nítidamente el
carácter represor del Ejército y la Marina, con los resultados conocidos. Al
respecto, en su entrevista con La Jornada, por todo comentario
López Obrador dijo: Queremos cooperación para el desarrollo, no
cooperación militar.
Cabe
consignar que no es totalmente cierta la afirmación del secretario de Seguridad
Pública, Alfonso Durazo, de que el Ejército no tiene responsabilidad en la
estrategia de Calderón, porque el plan general de acciones
contundentes contra el enemigo (la delincuencia organizada) fue
concebido por la plana mayor de la Sedena, con el general Guillermo Galván a la
cabeza, y quedó plasmado en la Directiva para el combate integral al
narcotráfico 2007-12. El plan incluyó el aniquilamiento de presuntos
criminales.
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