Se ha dicho
hasta el cansancio y se ha estudiado a profundidad la manera en que las
actividades criminales se expanden en un país[1], debido principalmente a
la captura de partes relevantes del Estado mismo por grupos, organizaciones e
intereses ilícitos que buscan obtener ganancias económicas, a expensas de
actividades consideradas ilegales, y que por lo tanto deberían implicar un
riesgo elevado al realizarlas, debido al supuesto castigo que podrían recibir
los que se dedican a ellas.
Ese riesgo
se minimiza, cuando una parte relevante de las autoridades, supuestamente
encargadas de mantener la legalidad y evitar esos ilícitos, está coludida o dirige
dichos negocios.
El régimen
neoliberal que ha gobernado México las últimas tres décadas y media se insertó
deliberadamente en una globalización económica salvaje, cuya primera divisa
siempre fue la “liberalización” de los “mercados” (productos, servicios, finanzas);
a excepción del libre flujo de personas.
Ello implicó
una reducción de las funciones preventivas, supervisoras y punitivas del
Estado, pues se consideró que su interferencia en la economía y en la sociedad
sólo distorsionaba el buen funcionamiento de ambas.
Así, los
intercambios económicos lícitos crecieron; pero a la par lo hicieron también
los considerados ilícitos[2], aprovechando la apertura
de fronteras, la disminución del papel del Estado como regulador, supervisor y
árbitro en la arena económica y social; y el impulso de una cultura
individualista y hedonista, que puso por encima de todo la utilidad y el placer
personales, por encima de la responsabilidad y la solidaridad sociales.
En México,
caracterizado su sistema político-económico por una acendrada corrupción, la
imposición del modelo neoliberal y sus consecuencias, llevó a un nivel
superlativo el crecimiento del crimen organizado, gracias a que los gobernantes
y los grupos económicos dominantes, al ver roto su monopolio sobre el mercado
interno, vieron la posibilidad de mantener su poder y riqueza, embonando la
apertura impulsada por la globalización y la disminución concomitante del Estado,
con el aprovechamiento de las oportunidades que los mercados “no regulados”
ilícitos proporcionaban.
De esta
manera, desde el mismo gobierno (federal, estatales y municipales) y en buena
parte del sector empresarial y financiero se consideró a las actividades
criminales como una especie de “compensador” ante las dificultades de la
competencia con el mercado global; y como fuente de acumulación de capital para
futuros malos tiempos en la política o en la economía.
Por ello,
siempre fue imperativo que la cabeza del sistema, es decir, el Presidente de la
República, representara a estos grupos o al menos se entendiera con ellos, para
que desde el gobierno mismo se mantuviera la protección a este esquema de
explotación económica y de acumulación de riqueza y poder.
Andrés
Manuel López Obrador siempre ha dicho que él no formó parte de esta “mafia del
poder” y por el contrario, cuando llegara a la presidencia la combatiría. Esa
fue una de las razones principales por las que los partidos políticos del
régimen neoliberal (PRI, PAN, PRD, PVEM, este último ahora aliado a López
Obrador), junto con las cúpulas económicas, se opusieron de manera tan
determinante a las candidaturas presidenciales del político tabasqueño.
López
Obrador, en esta última campaña presidencial, aseguró a esos grupos que ya no
los perseguiría de llegar al poder y que dejaría pasar su corrupción y colusión
con el crimen organizado, a cambio de que se terminara ese sistema de
permanente saqueo y explotación de la economía y la sociedad mexicanas.
Obviamente
los intereses de grupos políticos, económicos y criminales no pueden
abandonarse de un día para otro[3]; además, hay toda una
cadena de actores nacionales y extranjeros que se benefician de ese sistema.
Por lo tanto, ningún llamado o actitud condescendiente desde el poder va a
cambiar esto.
Eso lo vio
López Obrador desde los primeros días de su presidencia, y al parecer, ya se dio
cuenta que los perdones y las amnistías a los corruptos no van a servir de
nada. Mientras puedan, estos grupos van a mantener sus actividades ilícitas a
como dé lugar.
Ante ello,
López Obrador ha iniciado el combate a estas mafias, atacando primero el robo
de combustible, lo que en general ha sido bien visto y aprobado por la mayoría
de la sociedad y por actores internacionales. Pero esa actividad ilícita lleva
por lo menos 20 años imbricada en el sistema económico (Pemex) y político (Secretaría
de Energía, gobiernos estatales y municipales), por lo que querer acabarlo de
un manotazo, es poco realista. Y lo peor es que los grupos y sectores
criminales, políticos y económicos afectados aún cuentan con numerosos
instrumentos para responder a las acciones del gobierno; por ejemplo. saboteando
los ductos, lo que ha obligado a mantenerlos cerrados y con ello retrasar la
distribución del combustible.
Al mismo
tiempo, la cara “legal” de esta mafia, ha aprovechado el desabasto de
combustibles para generar aún más inconformidad social por las largas filas en
las gasolineras, la afectación a negocios, transportes de pasajeros y
mercancías y a servicios esenciales, y por el impacto negativo que está sufriendo
la economía del país con estas medidas.
Es difícil
saber si el gobierno previó lo que sucedería al atacar de frente el robo de
combustible que fue protegido y auspiciado desde los niveles más altos en los
gobiernos de Fox, Calderón (quien por cierto fue Secretario de Energía) y Peña
(impulsor de la hasta ahora fracasada reforma energética).
Pero lo que
es indudable es que para desbaratar las redes de protección y complicidad que
hay en todos los niveles y áreas del gobierno con el crimen organizado, el
gobierno de López Obrador se va a enfrentar a consecuencias similares a las
sucedidas con el combate al robo de combustible. Tanto la reacción de los
grupos y sectores afectados, como las consecuencias no previstas de las
acciones del propio gobierno, generarán altos costos económicos, sociales y
políticos.
Y todo ello,
de concentrarse en un periodo de tiempo relativamente corto (digamos un año),
podría acabar exasperando a la ciudadanía, que si bien desea terminar con las
redes de corrupción y de protección al crimen organizado, tampoco está
dispuesta a sufrir un periodo de tiempo indeterminado con desabasto de
productos básicos o con la disrupción de su vida cotidiana.
El gobierno
federal va a tener que ir midiendo muy bien las batallas que dará contra el
régimen neoliberal corrupto y vinculado al crimen organizado, pues éste aún
sigue vivo y con grandes recursos, que va a utilizar sin miramiento alguno para
sabotear y minar al gobierno de López Obrador.
[1]
Berdal, Mats y Mónica Serrano; Crimen trasnacional
organizado y seguridad internacional. Cambio y continuidad.; FCE; México; 1ª.
Ed.; 2005; pp. 361
[2]
“Al fin y al cabo, nos lo hemos buscado: el éxito actual del comercio ilícito
es, en gran medida, el resultado de unas políticas deliberadas, orientadas a la
integración global y a unas economías y sociedades abiertas. En realidad, no
debería sorprendernos que el comercio legal y el tráfico ilícito hayan crecido
de manera conjunta”. Naim, Moisés; Ilícito.
Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo.;
Debate; Barcelona; 1ª. Ed; 2006; p. 57
[3]
“La especialidad de estos criminales es el control de la logística y los medios
de transporte ilegal. El lucro está en su capacidad para obtener, transportar y
distribuir mercancía ilegal a través de distintos países. De qué mercancía se
trate se ha convertido en algo casi irrelevante.” Comentarios de la entonces
subdirectora del FBI, Maureen Baginsk a Moisés Naim. Ibidem. P.53
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