El actual
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha centrado su discurso en
materia de seguridad en la creación de la Guardia Nacional, que requiere cambios
constitucionales para su implementación y por lo tanto aún llevará meses para
lograr su concreción (si es que la oposición no decide boicotearla, pues se
requieren las 2/3 partes del Congreso para su aprobación).
También se
estableció en los documentos que presentó Morena como su posible plataforma de
gobierno, que el combate al lavado de dinero y a las finanzas de los grupos
criminales sería prioritario.
Sin embargo,
para ir sobre las finanzas de los cárteles y de sus socios en el gobierno y el
sector empresarial, también se requerirían cambios en las leyes en materia de
secreto bancario, algo que hasta el momento no se ha mencionado.
Así también,
se requeriría fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, que
quedó a cargo del anterior fiscal contra delitos electorales, Santiago Nieto;
pero en el presupuesto aprobado por el Congreso, los recursos para esta unidad
pasaron de 211 millones 423 mil 429 pesos a 176 millones 560 mil 353 pesos.[1] Es decir, una reducción
del 17%.
Se podría
argumentar que ahora la Unidad deberá ser más eficiente y hacer más con menos.
Pero si lo que se busca es ampliar su margen de maniobra, que artificialmente
había sido cortado, con objeto de no indagar a fondo a los grupos criminales;
el recorte no va a ayudar a que cumpla mejor las importantes responsabilidades
que tiene.
Tampoco ha
quedado claro cómo se va a desbaratar la red de protección que los cárteles han
urdido por décadas dentro de los gobiernos federal, estatales y municipales,
especialmente en las áreas de policía y procuración de justicia.
Los
testimonios de los testigos protegidos contra el “Chapo” Guzmán en el juicio
que se le sigue en Nueva York, siguen lanzando serias acusaciones contra
funcionarios de alto nivel de administraciones federales y locales pasadas en
México.
Ahora el
hijo del “Mayo” Zambada, Vicente Zambada, ha afirmado que quien fuera el jefe
de escoltas del presidente Fox en el 2001, el coronel del Ejército, Marco Antonio
de León Adams brindaba información al cártel de Sinaloa sobre los operativos
que se ordenaban en su contra; y, que quien fuera oficial mayor de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2007 y 2008, el general
Humberto Eduardo Antimo Miranda, recibía 50 mil dólares mensuales del mismo
cártel, por informar sobre las alianzas de otros generales con cárteles rivales
y sobre los operativos en contra del cártel de Sinaloa.
No se sabe
si estos militares aún están en activo, pero dado que AMLO está basando toda su
estrategia de seguridad en la Guardia Nacional que estará dirigida, al menos
durante los próximos 5 años, por la Sedena, resulta imperativo que al interior
de esta dependencia se lleve a cabo una investigación exhaustiva y de ser el
caso, la denuncia de los miembros del Ejército que estén involucrados con los
cárteles del narcotráfico.
En este tema
no puede haber “borrón y cuenta nueva”, “paz y amor”, “no me van a cucar”, “perdón
y olvido”, ni nada por el estilo. Si se deja que las mismas redes que han
protegido al narco durante décadas, permanezcan en la principal institución que
estará encargada durante el sexenio de garantizar la seguridad, entonces toda
la estrategia en la materia, cualquiera que esta sea, se verá continuamente
saboteada y fracasará.
Ojalá que
con la información que seguramente se está recabando en este inicio de sexenio
sobre las complicidades de diversas autoridades y empresarios con los cárteles,
se pueda plantear una estrategia seria, real, de desmantelamiento de dichas
redes, sin que las consideraciones “políticas” se interpongan en el camino;
pues si no se está dispuesto a perseguir y castigar toda esta red criminal que
ha protegido al narcotráfico, porque no se quiere “empantanar” a la
administración en este tema, entonces olvidémonos de que cualquiera de los otros
temas relativos al combate al crimen organizado se vayan a resolver (huachicoleo, secuestros, “cobro de piso”,
trata de personas, etc.), pues en todos ellos están involucradas autoridades de
distinto nivel.
O se plantea
una estrategia integral de combate al crimen organizado, tope donde tope, o la
cuarta transformación habrá nacido muerta.
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