¿Por qué el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no optó por un proyecto de reforma
y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, con controles de
confianza, capacidades incrementadas en materia de inteligencia; mejores
condiciones laborales y salariales, entrenamiento y capacitación permanentes; y
un esquema de asesoramiento, supervisión y evaluación de parte de la sociedad
civil y de organismos internacionales?
Por dos
razones principales; primero, una estrategia general como la planteada, hubiera
implicado años de limpia, reforma y transformación de las policías, con muchos
recursos financieros comprometidos para ello, y un acuerdo con gobernadores y
presidentes municipales de diferentes partidos políticos. De funcionar la
estrategia, recibirían en primer lugar el crédito por mejorar las condiciones
de seguridad de la ciudadanía, los gobiernos locales, dejando en un plano menor
al gobierno federal; y en segundo lugar, porque el establecimiento
político-militar de Washington siempre ha impulsado en América Latina la
participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado,
especialmente al narcotráfico, pues embona de manera perfecta con su estrategia
antiterrorista y contrainsurgente, así como con las necesidades de venta permanente
de armamento y de vinculación de los aparatos militares estadounidense y
latinoamericanos.
Para AMLO,
lo principal en esta primera etapa de su gobierno, es afianzar en sus manos las
riendas del poder, pues está consciente de que los poderes fácticos, vinculados
a diversas actividades criminales, están esparcidos por todo
el territorio nacional, precisamente en diferentes gobiernos estatales y
municipales. De ahí que iniciar un proceso de reforma policial nacional,
implicaría forzosamente confrontar en su territorio a estos poderes, con la
posibilidad de que la estrategia fuera permanentemente saboteada y por lo tanto
llegar a la mitad del sexenio sin ningún avance significativo en materia de
reducción de asesinatos, robos, secuestros, etc.
Por ello,
AMLO prefirió conformar un cuerpo de seguridad que le responda directamente a él,
manejado por los militares, pues considera que ya se llevó a cabo un
experimento de cuerpo civil, con la Policía Federal, y fracasó; por lo que es
preferible darle la oportunidad a las fuerzas armadas de hacerse cargo
abiertamente de la seguridad pública, mediante la Guardia Nacional (con un
componente civil dentro de ella, para atemperar las críticas contra esta
propuesta), que pueda dar algunos golpes efectivos y espectaculares, como el
caso actual del combate al robo de combustible, y así la ciudadanía vea que el
gobierno está avanzando en materia de seguridad. De esta forma se evita entrar
en un proceso de reforma de las policías largo, sinuoso, sin garantía alguna de
que vaya a funcionar durante su periodo de gobierno; y especialmente, que
pudiera terminar fortaleciendo a sus adversarios políticos y no a su gobierno,
como él lo desea.
Por lo que
respecta a Estados Unidos, está claro que desde el periodo de transición, se le
manifestó a AMLO que no verían con buenos ojos el regreso de los militares a
sus cuarteles y que preferían un cambio superficial en la estrategia aplicada
en pasados sexenios; pero que en el fondo, lo mejor era mantener el combate
directo a los cárteles del narcotráfico y a las organizaciones del crimen organizado,
principalmente a través de las fuerzas armadas.
AMLO seguramente
midió en su relación con Trump y con los Estados Unidos que entrar en
confrontación con la potencia hegemónica en varios frentes, como el migratorio
(construcción del muro, detención de las caravanas migrantes), el de seguridad
y el comercial, le abriría varios conflictos bilaterales, que
sumados a los que tendría que enfrentar en el ámbito interno frente a la
oligarquía, los partidos de oposición y los grupos del crimen organizado,
terminarían por detener y quizás hacer fracasar sus principales políticas
públicas en materia social y de infraestructura.
Por ello,
AMLO decidió mantener la estrategia de seguridad prevaleciente, con una nueva
cara como la Guardia Nacional, para no enfrentar presiones adicionales de
Washington, lo que sumado a su aceptación para contener en el territorio
nacional a los migrantes centroamericanos que buscan asilo o ingresar de manera
indocumentada en Estados Unidos, más la firma del nuevo tratado comercial, le
han permitido mantener una relación fluida y de respeto, con el gobierno de
Trump.
Pero para
equilibrar tanta cooperación con Washington, se echó mano de los principios
tradicionales de la política exterior mexicana, al negarse a avalar, hasta
ahora, la política golpista impulsada por el gobierno de Trump contra Maduro;
aunque las presiones para que dicha política también acabe por alinearse con
Washington, están creciendo exponencialmente desde el exterior y en el interior,
con los muchos aliados que la potencia hegemónica sigue teniendo en la derecha
mexicana (el PAN), los oligarcas y los medios de comunicación, que han
criticado sin cesar la posición no injerencista del gobierno mexicano en el
asunto de Venezuela.
Así, AMLO
prefiere apoyarse en los militares en la estrategia de seguridad para zafarse
de un proyecto de reforma policial que implicaría mucho tiempo, dinero y
esfuerzo, y que quizás, de resultar exitoso, sería capitalizado políticamente
por los gobiernos locales e incluso por el siguiente gobierno federal y no por
él; y, al mantener en lo esencial la estrategia prevaleciente de lucha contra
la delincuencia organizada, disminuye las presiones estadounidenses en uno de
los muchos temas que definen la relación bilateral.
Veremos si
tan arriesgada apuesta le resulta en los próximos dos años, antes de las elecciones
de medio término, y de la que ha prometido será una consulta ciudadana para
ratificarlo o no como presidente de México.
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