El 29 de
noviembre de 2013 hacía el análisis en este blog, del primer año del gobierno de
Peña y señalaba que había sido decepcionante. La inseguridad y la violencia
seguían imparables, las violaciones a los derechos humanos eran criticadas por
las principales organizaciones no gubernamentales e internacionales
relacionadas con el tema; el crecimiento económico seguía estancado; los
índices de impunidad y corrupción eran altísimos; la pobreza, la desigualdad,
la concentración del ingreso en una minoría, se mantenían inalterados.
Preguntábamos
entonces si la población vulnerable en los indicadores que miden la pobreza (que
según el CONEVAL[1])
llegaba al 80%, al final del sexenio podría disminuir al 70%, entonces se
consideraría un avance relevante.
En 2012, al llegar
a la presidencia Peña, el 11.3% de la población vivía en condiciones de pobreza
extrema; para 2018 el CONEVAL estimó que sólo el 7.6% vivía en esta condición
(si damos por buena la metodología de este organismo autónomo, podemos decir
que en este rubro el gobierno de Peña mejoró las condiciones de la población).
Pero en 2012
el 34.8% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada,
mientras que para el 2018 llegó a 35.9% (aumentó).
En 2012 el
28.1% de la población era vulnerable por carencias sociales; para 2018
disminuyó a 26.8%
En 2012 el
5.9% de la población era vulnerable en materia de ingresos y para 2018 aumentó
al 7%.
Así, como
señalamos en 2013, al inicio del sexenio de Peña, sólo el 19.9% de la población
no presentaba alguna vulnerabilidad que la hiciera caer en pobreza. Para 2018
el índice aumentó al 22.6%. Es una
mejora sin duda, pero dista mucho de lo que el país necesita.
Sobre la
pobreza comentamos que al inicio del sexenio de Peña el indicador era del 45.5%
de la población; y hasta el 2016, pues no hay datos más recientes, el CONEVAL
estimaba la pobreza en 43.6%. Otra vez un modesto avance; pero avance al fin.
Otra pregunta
que hacíamos era si mejoraría sustancialmente el coeficiente de Gini, que mide
la desigualdad en un país. En 2012 el coeficiente de Gini señalaba para México
un 0.454[2]; mientras para el último
dato que es de 2016, fue de 0.434[3]. Esto es un avance, lo que
no quita que México quedara situado ese último año, en el lugar 119 en el mundo
en este indicador; a pesar de que forma parte de las denominadas 20 naciones “más
ricas del mundo” que conforman el G20; y es uno de los 38 países que conforman
al llamado “club de los ricos”, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
También hablábamos
de los niveles de impunidad, en donde los delitos no se castigaban en un 95% de
los casos; pues bien, eso no ha cambiado.
Y qué decir
del Indice de percepción sobre la corrupción en el país, en donde México pasó
del lugar 105 al 135, según Transparencia Internacional[4].
Así también,
México se convirtió en el país que menos recursos públicos destina, como
proporción del producto interno bruto (PIB), a la educación y a la salud en
América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL)[5]. En educación, el promedio
en la región es de 4.35%, mientras que en México es de 4% en gasto educativo;
en salud, el promedio regional es de 7% del PIB, mientras que México sólo
destina el 5.9%.
En 1990
México ocupaba un lejano lugar 87 en materia de inversión en educación y salud[6]; y para 2018 ocupa el
lugar 104 de un total de 195 países evaluados (estudio de la Universidad de
Washington a petición del Banco Mundial). Por ejemplo, en el estudio señalado,
de los 18 años en promedio que se esperaría que una persona tuviera de
escolaridad, el primer lugar, Finlandia, obtuvo 14 años; mientras que México
sólo obtuvo 10 años (nivel de secundaria terminada).
Estos datos
indican claramente que durante el período de los gobiernos neoliberales, se ha
dejado de invertir en educación y salud, retrasando cada vez más el desarrollo
de la mayoría de la población, y ello explica también en buena medida, que los
índices de pobreza en el país se mantengan con variaciones muy pequeñas.
En otro
indicador sobre el desarrollo social como lo es el Indice de Compromiso de
Reducción de la Desigualdad (ICRD por sus siglas en inglés) de Oxfam[7], en el que se miden el
gasto público en educación, salud, protección social; progresividad impositiva,
nivel salarial de los trabajadores ordinarios y fortaleza de los derechos laborales
y sindicales, se estableció que, de un total de 157 países estudiados, México
ocupó el lugar 87.
Algo similar
sucede con el Indice de Desarrollo Humano de la ONU, que en 2016 ubicó a México
en el lugar 77, de un total de 195 países[8].
Pero esos
rezagos sociales tienen la otra cara de la moneda, con el enorme
enriquecimiento de un puñado de grandes empresarios (los 16 más ricos) que según
el banco suizo UBS[9]
acumulan una fortuna de 141 mil millones de dólares. En un año (de 2017 a 2018)
su riqueza creció 21.5%, mientras que el país no puede crecer a más del 2 ó
2.4% al año.
Y la
carencia de inversión en educación, salud y desarrollo social se ve impactada
por la enorme evasión fiscal que se registra en el país, pues el Sistema de
Administración Tributaria (SAT)[10], estima que existen más
de 600 mil empresas “fantasma” que realizan operaciones de facturación simulada
para evadir al fisco, lo que le cuesta al país 2 millones de millones de pesos
al año.
Por si fuera
poco, los mexicanos más ricos hicieron transferencias al exterior, durante el
gobierno de Peña Nieto, por un total de 99,961.8 millones de dólares[11]. Es decir, su ganancia
(bien o mal habida) en el país, se la llevan al exterior, no la reinvierten en
México. Esa suma supera en un 477% a la del sexenio de Calderón.
A lo
anterior se suma que se estima hasta en un 10% del PIB al año lo que se desvía por
corrupción (5 veces más que el promedio mundial) según la OCDE[12], lo que equivale a 2.3
millones de millones de pesos anuales.
Y por
concepto de ganancias del narcotráfico se estima[13] que se llega a una cifra
de 600 mil millones de pesos anuales; además de que por concepto de costos por
la inseguridad, el país pierde alrededor de 2.5 millones de millones de pesos
según el Institute for Economics and Peace (IPE).
Todo este
desvío de recursos a grupos de poder económico, político, cárteles del
narcotráfico y del crimen organizado en general, es una pérdida mayúscula de la
sociedad mexicana, que además debe sostener una deuda pública de alrededor del 46%
del Producto Interno Bruto (más de 11 millones de millones de pesos), cuando a
inicios del siglo XXI apenas representaba el 25% del PIB.[14]
Todo esto es
lo que deja Peña Nieto; ya sin entrar en más detalles sobre la gravedad de la
crisis en materia de inseguridad y violencia (en 2017 el número de homicidios
dolosos en el país llegó a 27,283; se estima que para 2018 rebase los 28,000, convirtiéndolo
así en el año más violento en dos décadas)[15]; en derechos humanos (37,485
desaparecidos según la Secretaría de Gobernación, más casos tan graves como los
de los estudiantes de Ayotzinapa)[16] y en devastación del
medio ambiente (México está en el lugar 25 de 38 entre los países de la OCDE en
contaminación del aire; en el lugar 35 de 38 en calidad del agua).[17]
Y para
cerrar con broche de oro, además de haber hecho el ridículo al invitar a Donald
Trump durante la campaña presidencial estadounidense, lo que le dio un nuevo
impulso a la misma; y de acatar todas las órdenes que desde Washington le han
enviado (como formar parte del grupo intervencionista y de hostigamiento contra
Venezuela, llamado Grupo de Lima; o como “muro” para la migración
centroamericana hacia Estados Unidos), Peña cierra su sexenio con una última
humillación, otorgándole al yerno de Trump, Jared Kushner, la Orden del Aguila
Azteca, máxima condecoración que se brinda a un extranjero por parte de las
autoridades mexicanas, por su “contribución” para la firma del Tratado comercial
México-Estados Unidos-Canadá.
Pues todo
este desastre hereda López Obrador mañana, y tendrá las mismas exigencias de
parte de la muy dolida sociedad mexicana. Esto es, mejorar sustancialmente los
devastadores indicadores que hemos mostrado aquí en todos los rubros de la vida
nacional.
De no
hacerlo así, la sociedad mexicana va a derivar hacia una dictadura de derecha,
como le ha sucedido a Brasil. Ya que no va a creer más en las promesas de los
partidos progresistas (ya no son de izquierda), de que pueden mejorar la vida
de las mayorías, y al mismo tiempo seguir aplicando la política económica
neoliberal y seguir en la globalización económica, sin sufrir los embates
contra las políticas públicas redistributivas.
La “izquierda
mexicana” no va a tener otra oportunidad, si no aprovecha ésta para que una
mayoría de los mexicanos pueda sentir en sus vidas que han mejorado en su seguridad,
en educación y salud, en más empleos y mejor pagados; en viviendas dignas
para la mayoría de la población; en una disminución evidente en la corrupción e
impunidad; y en un respeto a los derechos humanos y a las libertades
individuales incuestionable.
Menos que
eso, será aprovechado por la derecha y los fascistas para derrumbar cualquier
nuevo intento progresista, y se impondrá la “solución” de fuerza. Ya sea con un
líder atrabiliario y déspota como lo será Bolsonaro en Brasil, o de plano con
el gobierno de los militares.
[1]
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf
[2]
Mientras más se acerca 0, más igualitario es un país.
[5]
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/22/mexico-pais-de-la-y-el-caribe-que-menos-destina-a-educacion-cepal-3147.html
[12] https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-escurre-10-del-pib-por-corrupcion-es-cinco-veces-mas-que-el-promedio-mundial/1280264
[15]
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/justicia/homicidios-en-mexico-aumentan-18-en-primeros-nueve-meses-del-2018-2265253.html
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