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Zapata

viernes, 30 de noviembre de 2018

POR FIN SE VA PEÑA Y LLEGA LOPEZ OBRADOR

El 29 de noviembre de 2013 hacía el análisis en este blog, del primer año del gobierno de Peña y señalaba que había sido decepcionante. La inseguridad y la violencia seguían imparables, las violaciones a los derechos humanos eran criticadas por las principales organizaciones no gubernamentales e internacionales relacionadas con el tema; el crecimiento económico seguía estancado; los índices de impunidad y corrupción eran altísimos; la pobreza, la desigualdad, la concentración del ingreso en una minoría, se mantenían inalterados.
Preguntábamos entonces si la población vulnerable en los indicadores que miden la pobreza (que según el CONEVAL[1]) llegaba al 80%, al final del sexenio podría disminuir al 70%, entonces se consideraría un avance relevante.
En 2012, al llegar a la presidencia Peña, el 11.3% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema; para 2018 el CONEVAL estimó que sólo el 7.6% vivía en esta condición (si damos por buena la metodología de este organismo autónomo, podemos decir que en este rubro el gobierno de Peña mejoró las condiciones de la población).
Pero en 2012 el 34.8% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada, mientras que para el 2018 llegó a 35.9% (aumentó).
En 2012 el 28.1% de la población era vulnerable por carencias sociales; para 2018 disminuyó a 26.8%
En 2012 el 5.9% de la población era vulnerable en materia de ingresos y para 2018 aumentó al 7%.
Así, como señalamos en 2013, al inicio del sexenio de Peña, sólo el 19.9% de la población no presentaba alguna vulnerabilidad que la hiciera caer en pobreza. Para 2018 el índice aumentó al 22.6%.  Es una mejora sin duda, pero dista mucho de lo que el país necesita.
Sobre la pobreza comentamos que al inicio del sexenio de Peña el indicador era del 45.5% de la población; y hasta el 2016, pues no hay datos más recientes, el CONEVAL estimaba la pobreza en 43.6%. Otra vez un modesto avance; pero avance al fin.
Otra pregunta que hacíamos era si mejoraría sustancialmente el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en un país. En 2012 el coeficiente de Gini señalaba para México un 0.454[2]; mientras para el último dato que es de 2016, fue de 0.434[3]. Esto es un avance, lo que no quita que México quedara situado ese último año, en el lugar 119 en el mundo en este indicador; a pesar de que forma parte de las denominadas 20 naciones “más ricas del mundo” que conforman el G20; y es uno de los 38 países que conforman al llamado “club de los ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
También hablábamos de los niveles de impunidad, en donde los delitos no se castigaban en un 95% de los casos; pues bien, eso no ha cambiado.
Y qué decir del Indice de percepción sobre la corrupción en el país, en donde México pasó del lugar 105 al 135, según Transparencia Internacional[4].
Así también, México se convirtió en el país que menos recursos públicos destina, como proporción del producto interno bruto (PIB), a la educación y a la salud en América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)[5]. En educación, el promedio en la región es de 4.35%, mientras que en México es de 4% en gasto educativo; en salud, el promedio regional es de 7% del PIB, mientras que México sólo destina el 5.9%.
En 1990 México ocupaba un lejano lugar 87 en materia de inversión en educación y salud[6]; y para 2018 ocupa el lugar 104 de un total de 195 países evaluados (estudio de la Universidad de Washington a petición del Banco Mundial). Por ejemplo, en el estudio señalado, de los 18 años en promedio que se esperaría que una persona tuviera de escolaridad, el primer lugar, Finlandia, obtuvo 14 años; mientras que México sólo obtuvo 10 años (nivel de secundaria terminada).
Estos datos indican claramente que durante el período de los gobiernos neoliberales, se ha dejado de invertir en educación y salud, retrasando cada vez más el desarrollo de la mayoría de la población, y ello explica también en buena medida, que los índices de pobreza en el país se mantengan con variaciones muy pequeñas.
En otro indicador sobre el desarrollo social como lo es el Indice de Compromiso de Reducción de la Desigualdad (ICRD por sus siglas en inglés) de Oxfam[7], en el que se miden el gasto público en educación, salud, protección social; progresividad impositiva, nivel salarial de los trabajadores ordinarios y fortaleza de los derechos laborales y sindicales, se estableció que, de un total de 157 países estudiados, México ocupó el lugar 87.
Algo similar sucede con el Indice de Desarrollo Humano de la ONU, que en 2016 ubicó a México en el lugar 77, de un total de 195 países[8].
Pero esos rezagos sociales tienen la otra cara de la moneda, con el enorme enriquecimiento de un puñado de grandes empresarios (los 16 más ricos) que según el banco suizo UBS[9] acumulan una fortuna de 141 mil millones de dólares. En un año (de 2017 a 2018) su riqueza creció 21.5%, mientras que el país no puede crecer a más del 2 ó 2.4% al año.
Y la carencia de inversión en educación, salud y desarrollo social se ve impactada por la enorme evasión fiscal que se registra en el país, pues el Sistema de Administración Tributaria (SAT)[10], estima que existen más de 600 mil empresas “fantasma” que realizan operaciones de facturación simulada para evadir al fisco, lo que le cuesta al país 2 millones de millones de pesos al año.
Por si fuera poco, los mexicanos más ricos hicieron transferencias al exterior, durante el gobierno de Peña Nieto, por un total de 99,961.8 millones de dólares[11]. Es decir, su ganancia (bien o mal habida) en el país, se la llevan al exterior, no la reinvierten en México. Esa suma supera en un 477% a la del sexenio de Calderón.
A lo anterior se suma que se estima hasta en un 10% del PIB al año lo que se desvía por corrupción (5 veces más que el promedio mundial) según la OCDE[12], lo que equivale a 2.3 millones de millones de pesos anuales.
Y por concepto de ganancias del narcotráfico se estima[13] que se llega a una cifra de 600 mil millones de pesos anuales; además de que por concepto de costos por la inseguridad, el país pierde alrededor de 2.5 millones de millones de pesos según el Institute for Economics and Peace (IPE).
Todo este desvío de recursos a grupos de poder económico, político, cárteles del narcotráfico y del crimen organizado en general, es una pérdida mayúscula de la sociedad mexicana, que además debe sostener una deuda pública de alrededor del 46% del Producto Interno Bruto (más de 11 millones de millones de pesos), cuando a inicios del siglo XXI apenas representaba el 25% del PIB.[14]
Todo esto es lo que deja Peña Nieto; ya sin entrar en más detalles sobre la gravedad de la crisis en materia de inseguridad y violencia (en 2017 el número de homicidios dolosos en el país llegó a 27,283; se estima que para 2018 rebase los 28,000, convirtiéndolo así en el año más violento en dos décadas)[15]; en derechos humanos (37,485 desaparecidos según la Secretaría de Gobernación, más casos tan graves como los de los estudiantes de Ayotzinapa)[16] y en devastación del medio ambiente (México está en el lugar 25 de 38 entre los países de la OCDE en contaminación del aire; en el lugar 35 de 38 en calidad del agua).[17]
Y para cerrar con broche de oro, además de haber hecho el ridículo al invitar a Donald Trump durante la campaña presidencial estadounidense, lo que le dio un nuevo impulso a la misma; y de acatar todas las órdenes que desde Washington le han enviado (como formar parte del grupo intervencionista y de hostigamiento contra Venezuela, llamado Grupo de Lima; o como “muro” para la migración centroamericana hacia Estados Unidos), Peña cierra su sexenio con una última humillación, otorgándole al yerno de Trump, Jared Kushner, la Orden del Aguila Azteca, máxima condecoración que se brinda a un extranjero por parte de las autoridades mexicanas, por su “contribución” para la firma del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá.
Pues todo este desastre hereda López Obrador mañana, y tendrá las mismas exigencias de parte de la muy dolida sociedad mexicana. Esto es, mejorar sustancialmente los devastadores indicadores que hemos mostrado aquí en todos los rubros de la vida nacional.
De no hacerlo así, la sociedad mexicana va a derivar hacia una dictadura de derecha, como le ha sucedido a Brasil. Ya que no va a creer más en las promesas de los partidos progresistas (ya no son de izquierda), de que pueden mejorar la vida de las mayorías, y al mismo tiempo seguir aplicando la política económica neoliberal y seguir en la globalización económica, sin sufrir los embates contra las políticas públicas redistributivas.
La “izquierda mexicana” no va a tener otra oportunidad, si no aprovecha ésta para que una mayoría de los mexicanos pueda sentir en sus vidas que han mejorado en su seguridad, en educación y salud, en más empleos y mejor pagados; en viviendas dignas para la mayoría de la población; en una disminución evidente en la corrupción e impunidad; y en un respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales incuestionable.
Menos que eso, será aprovechado por la derecha y los fascistas para derrumbar cualquier nuevo intento progresista, y se impondrá la “solución” de fuerza. Ya sea con un líder atrabiliario y déspota como lo será Bolsonaro en Brasil, o de plano con el gobierno de los militares.




[2] Mientras más se acerca 0, más igualitario es un país.
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