Las
caravanas de migrantes centroamericanos que siguen llegando a Tijuana, Baja
California, están generando un problema político y humanitario, pues las autoridades
panistas de esa ciudad no están dispuestas a seguir ayudando a los migrantes y
exigen que el gobierno federal se haga cargo de ellos; y al mismo tiempo, las
clases medias de la ciudad siguen siendo azuzadas para rechazar la presencia de
los centroamericanos, lo que ya ha generado connatos de enfrentamientos entre
ambos grupos.
La
información del Washington Post[1] sobre un pretendido
acuerdo entre el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), y el gobierno de Trump, para que los migrantes se queden en México,
mientras las autoridades estadounidenses resuelven si les dan o no refugio
(negado por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero); y el
último tweet del presidente Trump[2] sobre el tema, instando a
México a detener las caravanas en la frontera sur, para evitar su llegada a la
frontera con Estados Unidos, han puesto en una situación difícil al nuevo
gobierno mexicano, que entrará en funciones el 1 de diciembre.
Y es que
como lo afirmamos en este blog en un artículo anterior (México: Fronteras
Abiertas 28/10/18), el gobierno de AMLO estará en una encrucijada, pues por un
lado, no puede evitar la entrada de migrantes indocumentados al país, sin usar
la fuerza pública; y ello implica poner en cuestionamiento la política de asilo
y de protección a los migrantes, que el gobierno mexicano se ha comprometido a
seguir, firmando para el efecto distintos tratados internacionales. De la misma
forma, un gobierno progresista y democrático, se exhibiría como autoritario si
hiciera lo que Trump está pidiendo, es decir, detener a las caravanas desde la
frontera sur del país.
De ahí que
AMLO ha pugnado por dejar entrar a los migrantes y ofrecerles condiciones
dignas de estancia en el país, incluso trabajo; mientras se resuelve su
situación migratoria con las autoridades estadounidenses (que seguramente
rechazarán al 99% de los solicitantes).
Por otro
lado, AMLO tiene acuerdos preliminares con Trump, para que tanto Estados Unidos
como Canadá, aporten recursos financieros (no se sabe cuántos), para invertir
en la frontera sur de México y en Centroamérica, con objeto de mejorar las
condiciones de vida y de seguridad de sus habitantes, y de esa manera la
población ya no se vea forzada a migrar de manera indocumentada.
De hecho,
AMLO ha señalado que sus proyectos de Tren Maya, el Transístmico y el de
siembra de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, son como “cortinas”
de desarrollo, que irán abriéndoles oportunidades de empleo y se espera
también, mejoren la seguridad, a las comunidades expulsoras de migrantes, con
lo que así se evitará que salgan de sus lugares de origen hacia los Estados
Unidos.
El problema
es que esos proyectos pueden llevar 1, 2, 3 ó 4 años en madurar; y mientras
tanto las caravanas de migrantes, que ya probaron que el gobierno mexicano no
las va a detener, seguirán cruzando por el país, y ello va a generar
condiciones humanitarias cada vez más difíciles para ellos, pues la población
ya no va a estar tan dispuesta a ayudarles (una o dos veces lo harán; cada
tercer día, no va a ser posible)[3]; y la posibilidad de
enfrentamientos con algunos sectores de la población aumentará, especialmente en aquellos
lugares gobernados por el PAN, que van a exigir que se detenga el flujo de
migrantes, o al menos que pasen por otros lugares.
Para el
gobierno de AMLO el evitar una confrontación con el gobierno de Trump por este
tema, pasa por un compromiso de su gobierno, tácito o explícito, de que los
centroamericanos serán mantenidos en México. Y ello va a obligar a destinar del
presupuesto federal miles de millones de pesos para darles condiciones dignas
de vida a los miles y miles de migrantes que seguirán llegando al país. Y ello
también, puede generar oposición de sectores que ahora apoyan a AMLO y Morena,
pero que bien pudieran sentir que se está asumiendo un costo excesivo, sólo
para no enemistarse con Trump, y a la larga, esto puede generar crecientes
tensiones en el gobierno que está por tomar posesión el 1 de diciembre.
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