La afirmación
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diversas
entrevistas en los últimos días, de que la corrupción que se realizó antes de
su toma de posesión (que será el próximo 1 de diciembre) no será investigada y
por lo tanto, tampoco castigada (a excepción de aquellos casos ya abiertos y en
proceso de investigación), ha generado más rechazo que apoyo.
Por ejemplo,
el casi ya defenestrado líder de la mayoría de los senadores de Morena, Ricardo
Monreal, a quien los oligarcas nacionales, y la tecnocracia nacional e
internacional, no le perdona haber puesto en el ojo público las abusivas
comisiones que cobran los bancos en el país, ya se manifestó en contra del “borrón
y cuenta nueva” que propone AMLO, en materia de corrupción.
Tampoco la
Coparmex[1] está de acuerdo con ello; ni
PRI ni PAN, que ahora se presentan como partidos justicieros decididos a
combatir la corrupción, cuando fueron ellos[2] y los presidentes de la
República surgidos de sus filas, los que hundieron al país en el lugar 135 de
185 países, en el índice de percepción de la corrupción que realiza
Transparencia Internacional cada año.
El
recientemente electo presidente del PAN, Marko Cortés, señaló que ese “perdón”
u olvido respecto a los hechos de corrupción del pasado, no es más que un nuevo
“pacto de impunidad”; tema al que Ricardo Anaya, quien fuera candidato
presidencial de la coalición “Por México al Frente” se refirió en varias
ocasiones durante la campaña, señalando que de llegar a la presidencia, él no
perdonaría a los ex presidentes que hubieran cometido actos de corrupción.
Como se
sabe, mientras el PRI dominó al sistema político mexicano (1929-2000), existió
una suerte de acuerdo tácito entre los ocupantes del Poder Ejecutivo Federal,
mediante el cual ellos y sus familias, una vez terminado el encargo de
presidente, podían disfrutar de la fortuna mal habida que hubieran adquirido
mediante la corrupción, sin ser perseguidos o molestados por sus sucesores.
No era el
caso con colaboradores cercanos, quienes bien podían ser utilizados como “chivos
expiatorios” del sistema, exhibiéndolos como corruptos y encarcelándonos, con
objeto de aplacar el descontento social por los latrocinios cometidos por los
gobernantes que iban de salida. Y con ello, el sistema político se limpiaba y
legitimaba ante la población, castigando a unos cuantos miembros del sistema,
que por cierto no pasaban mucho tiempo en la cárcel; ciclo que se repetía al
terminar el sexenio en curso y así sucesivamente.
El PAN,
durante los dos sexenios que gobernó al país (2000-2012), siguió con la misma
práctica, en vista de que iniciar a fondo investigaciones sobre la corrupción pasada,
hubiera salpicado a tantos políticos y empresarios encumbrados, que se corría
el riesgo de que el sistema político y económico del país colapsara.
AMLO desea
romper con esa simulación, y en cambio no pretende usar a unos cuantos miembros
del gobierno saliente de Peña Nieto como “trofeos” de caza en el tema de la
corrupción, sino realmente atacarla de fondo durante su gobierno, para que, al
terminar su período ni él, ni su equipo deban entrar en arreglos tácitos o
explícitos con el siguiente gobierno para ser “perdonados”, o para que se
castigue selectivamente a algunos de ellos.
El problema
con esta decisión, muy similar a la que finalmente asumió Fox después de la
derrota del PRI en el año 2000, es que sigue alimentando la impunidad de los
principales responsables que han llevado al país al desastre en el que se
encuentra (por más que las élites y una parte de las clases medias “americanizadas”
no vean ese desastre por ninguna parte); y lleva a la población a desconfiar
del gobierno entrante, pues una medida así le da consistencia a la acusación de
que el famoso “pacto de impunidad” se mantiene.
Lo anterior,
y crecientes críticas y decepción al interior de Morena por lo dicho por AMLO,
lo han llevado a afirmar que pondrá a consulta de la gente el que se investigue
o no, y por lo tanto se castigue o no, a los ex presidentes de la República,
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el saliente
Enrique Peña Nieto, por casos de corrupción.
Otra vez, el
problema con eso es que proyecta impunidad, pues si existen evidencias, pruebas,
del involucramiento de cualquiera de ellos en violaciones a la ley (no sólo en
materia de corrupción), se les debería juzgar y en su caso castigar. No tiene
porqué haber ningún tipo de consulta al respecto.
Lo que
denota AMLO con esta propuesta, es que los poderes fácticos y los grupos
político-criminales que existen en el país, siguen siendo tan poderosos que
intentar llevarlos ante la justicia, puede implicar un riesgoso enfrentamiento
interno; lo que implicaría que sus proyectos y planes gubernamentales podrían fracasar en medio de dicha confrontación; por lo que prefiere evitarse eso,
y buscar empujar su agenda social y económica lo más que pueda, sin entrar en
luchas políticas y judiciales que a la postre bien podría no ganar.
Si esto es
así, entonces constatamos una vez más que en México no ha existido, no existe,
ni existirá un verdadero Estado de Derecho. Que el poderoso, ya sea en política
o en economía, puede librarse del castigo de sus crímenes, cualquiera que estos
sean.
Quien
intente llevar ante la justicia a estos individuos y/o grupos corruptos, puede
poner en peligro al sistema político y económico en su conjunto, lo que les da
una verdadera “patente de corso” a dichos individuos y sus familias, quienes
así, a pesar de haber sufrido una derrota electoral mayúscula, no van a sufrir
ninguna consecuencia negativa de ello, pues su capacidad de chantaje ante cualquier
gobierno es tal, que pueden salir impunes permanentemente. Triste, pero cierto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario