La patética exhibición de servilismo que dio ayer el pseudo
diplomático Luis González de Alba en la reunión extraordinaria del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (o ministerio de colonias
de Estados Unidos) para condenar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como
antidemocrático, demuestra el nivel tan bajo en el que ha caído la política
exterior mexicana, con objeto de quedar bien con Washington; especialmente
ahora que nuestro país negocia en una posición de extrema debilidad con la
superpotencia, diversos temas de la relación bilateral.
En 1976 el internacionalista Mario Ojeda afirmaba en el
primer párrafo de su significativo libro Alcances
y límites de la política exterior de México (México; El Colegio de México;
1ª. Ed; 1976): “La política exterior de México, como la de cualquier país débil
que obtuvo su emancipación de una gran metrópoli, fue diseñada fundamentalmente
para la defensa de los intereses nacionales internos. Se entiende, en
consecuencia, que el fin último de esta política ha sido siempre, en principio,
la preservación y afirmación de la soberanía nacional”.
Ahora la soberanía nacional ha pasado a un segundo o tercer
término. Desde que México firmó la Carta Democrática Interamericana (durante el
gobierno de Fox, en el año 2001), lo principal es la “democracia y los derechos
humanos”, definidos y supervisados por la Organización de Estados Americanos
que puede establecer desde Washington, qué país o países son o no democráticos,
y si respetan o no los derechos humanos
Según el Artículo 20 de dicha Carta: “En caso de que en un
Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte
gravemente su orden democrático[1],
cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria
inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la
situación y adoptar las decisiones que estime conveniente….”
Es decir, la OEA se arroga el derecho de definir la calidad o
incluso la existencia o no de un gobierno democrático en un país; y en el
artículo 21 se establece que si llega a la conclusión de que no es así,
suspende de la organización a dicho Estado de manera inmediata.
Eso fue justamente lo que se le aplicó a Cuba en 1962 (aún
sin Carta Democrática en ese entonces), en la reunión de Punta del Este,
Uruguay, en donde se consideró que la adhesión cubana al “marxismo-leninismo”
era “incompatible” con el Sistema Interamericano[2].
O lo que es lo mismo, era incompatible con la hegemonía de Estados Unidos en el
continente americano.
Ahora el lenguaje se ha cambiado, pero significa la mismo; si
el gobierno venezolano no está dispuesto a ser un vasallo de Estados Unidos; y
específicamente, si no está dispuesto a dejar el poder para que la derecha
venezolana lo ocupe en su lugar, entonces se le expulsará de la organización,
por “antidemocrático”; y claro, después de eso las sanciones económicas y los
amagos de intervención militar se multiplicarán, hasta lograr la caída del
gobierno de Maduro y la reincorporación de Venezuela al bolsillo del imperio
estadounidense.
El servil gobierno mexicano, en boca de González de Alba, se
encargó de copatrocinar la declaración mediante la cual se considera que
Venezuela está ya a un paso de quedar fuera de la organización, pues hay “una
alteración inconstitucional (sic) del
orden democrático”.
Sólo Bolivia, Ecuador y Nicaragua apoyaron a Venezuela, y El Salvador
se abstuvo de votar a favor de dicha resolución.
En 1962 el canciller mexicano Manuel Tello[3]
votó en contra (igual que lo hizo Brasil, que era gobernado entonces por Joao
Goulart), tanto de la realización de la Octava Reunión de Consulta de la OEA,
como de la expulsión de Cuba (aunque concediendo que el “marxismo-leninismo”
era incompatible con la Carta de la OEA), aduciendo que la expulsión de un Estado
miembro no era jurídicamente posible, sin la modificación previa de la propia
Carta de la organización.
En este sentido, el gobierno de López Mateos buscó una salida
jurídica, para evitar enfrentarse con Estados Unidos, pero aun así, tuvo la
valentía de no apoyar la expulsión cubana, en los momentos más álgidos de la
Guerra Fría.
Ni por asomo se podría esperar algo similar de un gobierno
corrupto, asociado al crimen organizado, servil a Estados Unidos y repudiado
por la mayoría de la población mexicana, como el de Peña Nieto.
¿Algún día recobrará algo del prestigio y reconocimiento
internacional perdido la desbaratada e irrelevante política exterior mexicana?
[1]
Claro, esto a juicio de la mayoría de los países de la OEA.
[2]
Fue Colombia la que invocó el Artículo 6º del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR) para llevar a cabo la Octava Reunión de Consulta, “para
considerar las amenazas a la paz y a la independencia política de los Estados
americanos que puedan surgir de la intervención de potencias extracontinentales
encaminadas a quebrantar la solidaridad americana”.
[3]
Tello formuló la posición mexicana junto con el subsecretario José Gorostiza,
el embajador ante la OEA, Vicente Sánchez Gavito, y los destacados diplomáticos
de carrera Alfonso García Robles y Antonio Gómez Robledo.
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