Como se anticipó en este blog, el primer día del próximo 2017
se dispararán los precios de la gasolina entre 3 y 4 pesos más por litro,
golpeando al resto de la economía, aumentando la inflación (que también como se
dijo en este blog, va a acabar superando el 5%); lo que junto con la
depreciación del peso (y con ello, su menor poder adquisitivo), las
descendentes expectativas económicas, el recorte al gasto público por 240 mil millones de pesos y la llegada de
Trump a la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero, llevarán muy
pronto al país al borde de una recesión económica (tasa negativa de crecimiento
durante dos trimestres consecutivos).
A principios de enero del 2017 el Congreso de la Unión va a
aprobar en “fast track” el nuevo marco jurídico para regular la participación
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, con el objetivo de que
puedan llevar a cabo esas tareas cotidianamente, sin sentirse coartadas por las
acusaciones de excesos y violaciones a los derechos humanos, lo que bien puede
desatar un aumento de estos eventos y con ello una nueva crisis, en vista de
que organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos
humanos van a mantener la presión sobre el gobierno mexicano en este tema, con lo que la imagen del país a
nivel internacional continuará deteriorándose.
Lo más probable es que Trump, desde los primeros días de su
mandato, lance a la Polícía Fronteriza y al ICE (Immigration and Customs
Enforcement) a fortalecer su presencia en la frontera con México, para
disminuir el paso de indocumentados y de traficantes de drogas; y de la misma
forma, se iniciará un agresivo programa de deportación de indocumentados.
Aún no se sabe qué cantidad de indocumentados (mexicanos y de
otras nacionalidades, que seguramente serán regresados a México, sin importar
que no sean mexicanos) podrían ser repatriados de manera forzosa, y cuántos más
lo harán de manera voluntaria[1],
ante el endurecimiento de las autoridades migratorias estadounidenses, pero si
tomamos en cuenta que de acuerdo a las estadísticas del propio gobierno
estadounidense, el año en que más deportaciones se registraron fue el 2000,
durante la presidencia de Bill Clinton[2]
con 1,814,729 indocumentados deportados[3],bien
podríamos esperar, que Trump logre algo similar en su primer año en la Casa
Blanca, lo que implicaría que entre julio y agosto del 2017, México bien podría
estar recibiendo entre 900,000 y un millón de deportados y repatriados
voluntarios.
Habrá que ver con qué velocidad Trump pretende iniciar la “renegociación”
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en donde tendrá que
participar Canadá); quiénes participarán en esas conversaciones (sólo los
gobiernos, o también los sectores empresariales de cada país); qué aspectos
serán los que se pretenda negociar (o en su caso, reabrir todos los rubros del
Tratado, lo que complicará y alargará más la negociación); o si Trump y su
gabinete económico sólo pretenden hacer un “bluff” en relación a la
renegociación, y la decisión ya está tomada para dar por terminado el Tratado.
Sin embargo, todo el proceso va a generar enorme incertidumbre
en los agentes económicos, en los mercados y por supuesto va a detener muchas
inversiones nacionales y extranjeras en México, hasta en tanto no exista seguridad
sobre qué quedará del NAFTA, o si definitivamente será terminado.
A todo lo anterior hay que sumarle el aumento de la violencia
en el país (la tasa de homicidio ya está nuevamente en 21 homicidios por cada
100 mil habitantes, casi como estuvo en el 2012)[4];
los casos escandalosos de corrupción sin resolver, y que seguramente se
incrementarán con el final de sexenio, ya que la subclase política corrupta,
acelera sus prácticas ilegales a medida que se acerca la llegada de un nuevo
gobierno; y la descarnada lucha por el poder que se dará durante el próximo año
y medio (con elecciones en tres estados este año, y la presidencial, la de la
Ciudad de México, las legislativas y las de varios estados más en el 2018), con
lo que la prioridad de la subclase política corrupta será posicionarse para el
próximo sexenio y “forrarse” de dinero, dejando así aún más olvidada a la masa
de ciudadanos que enfrentará un aumento desbocado de la inflación, del
desempleo, de la violencia, de la represión y un caos generalizado en todo el
país. Y si no lo creen, ya lo veremos en los próximos meses.
[1]
De acuerdo al Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, en los
últimos cuatro años que se tienen estadísticas completas, los datos de los
indocumentados aprehendidos y deportados por la administración Obama, fueron
los siguientes: 2012: 671,327; 2013:
662,483; 2014: 679,996; y 2015: 462,338.
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2015/table33
[2]
Y no como se cree, en 1954 con Eisenhower. En ese año se deportaron a 1,089,583
indocumentados. De hecho el segundo año con más deportaciones fue 1999, con
1,714,035.
[3]
Las deportaciones se dividen en dos categorías, Removals, que es la orden obligatoria de salida expedida por la
autoridad, y que queda integrada a un expediente específico de esa persona, en
caso de que desee reingresar al país. Y Returns,
que es la salida confirmada de un indocumentado, sin contar con una orden expedida
por la autoridad, y por lo tanto sin que quede conformado un expediente de
dicha persona.
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