La traición de Mancera

John M. Ackerman

La Jornada 4 de Enero de 2016

Miguel Ángel Mancera llegó a ocupar la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012 gracias al enorme repudio ciudadano en contra del desastroso sexenio de Felipe Calderón que había sumido al país en un baño de sangre. Mancera también se benefició de la baja calidad de las candidatas presentadas por el PRI y el PAN, Beatriz Paredes e Isabel Miranda de Wallace. El actual jefe de Gobierno recibió más de 63 por ciento de la votación ciudadana, marcando un hito histórico en comparación con las elecciones anteriores.

Pero en lugar de reconocer con humildad su papel en la historia y respetar al mandato popular expresado en las urnas en favor de una ciudad de México progresista y de avanzada, Mancera se ha dedicado a traicionar a los ciudadanos de la capital con sus políticas represivas, privatizadoras y antipopulares. La reciente aprobación de un constituyente profundamente amañado y autoritario para la ciudad solamente echa sal en la profunda herida abierta por tres años de atropellos a la esperanza ciudadana.

Desde el principio de su mandato, el jefe de Gobierno de una de las ciudades más avanzadas del mundo con respecto a su cultura política informada y crítica, tendría que haber encabezado la lucha ciudadana en contra de la privatización petrolera y las otras contrarreformas del Pacto por México impulsadas por los dinosaurios neoliberales que hoy ocupan Los Pinos. Pero en lugar de encabezar marchas de protesta e informar a la ciudadanía sobre las implicaciones del saqueo, Mancera se dedicó a reprimir a estudiantes, encarcelar a activistas y desalojar a maestros.

Durante su gestión, la Plaza de la Constitución ha dejado de ser un espacio para la defensa de la Carta Magna. Con Mancera, el Zócalo capitalino se ha convertido en un lugar para enaltecer a las fuerzas armadas, estacionar los autos de lujo de la clase política, instalar mega-pantallas y patinar sobre hielo.

Un jefe de Gobierno digno de la larga tradición de luchas sociales en la capital en favor de los servicios y los espacios públicos, tendría que haber defendido el interés ciudadano en contra de la voracidad de los políticos corruptos y los especuladores inmobiliarios, pero en lugar de garantizar la economía popular, Mancera provocó la ira ciudadana al aumentar de golpe el precio del Metro. También ha fomentado la multiplicación sin límite de nuevos centros comerciales y sucursales de cadenas extranjeras al acecho de nuevas oportunidades de expropiar los pesos cada vez más devaluados del pueblo trabajador.

Mancera ha privatizado la vía pública al otorgar jugosos contratos millonarios a concesionarios de parquímetros a lo largo y ancho de la ciudad. El servicio de grúas sigue en manos privadas desde la época de Marcelo Ebrard, y el nuevo jefe de Gobierno ha ampliado el modelo de asociaciones público-privadas y de subcontrataciones de servicios públicos a una infinidad de otros ámbitos, desde los semáforos hasta las patrullas. Organizaciones civiles también han denunciado sus planes de privatizar el servicio de agua potable.

Con Mancera, la Ciudad de México se ha hundido en una espiral interminable de violencia y de represión. Sigue sin resolver el sospechoso caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron asesinados el periodista veracruzano Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera. Y son cada día más comunes las brutales ejecuciones al estilo de narcotraficantes que cuentan con protección política del más alto nivel.

Ahora, con el formato para el nuevo constituyente del Distrito Federal, el jefe de Gobierno se corona como el príncipe mejor portado en todo Peñalandia. De acuerdo con el texto ya aprobado por el Congreso de la Unión, Mancera será la única persona facultada para proponer el texto para la Constitución de la Ciudad de México, escrito que será sometido después para su aprobación a un constituyente donde sólo 60 por ciento de los integrantes serán electos por la ciudadanía, y los partidos del Pacto por México (PRI, PRD y PAN) tendrán garantizada una mayoría absoluta de los votos.

El objetivo político es claro: excluir totalmente a la primera fuerza política de la capital, Morena, de cualquier participación en el proceso de redacción, negociación y debate de la Carta Magna de la ciudad.

Sigue absolutamente vigente el sistema inaugurado en 1946, con la creación del partido supuestamente institucional, basado en la utilización facciosa de las instituciones para favorecer los intereses de unos cuantos. No existe posibilidad alguna de que la nueva Constitución de la Ciudad de México refleje la voluntad popular. En lugar de participar en esta farsa, la mejor estrategia para recuperar el espíritu rebelde y transformador de la capital será la construcción de una gran coalición entre Morena, los ciudadanos libres y las organizaciones sociales para generar una alianza social capaz de hacer valer la soberanía popular en las elecciones de 2018.

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