De confirmarse la detención ayer en Mazatlán, Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", líder del cartel de Sinaloa, el más poderoso de las organizaciones del narcotráfico en México, el gobierno de Peña Nieto, con la ayuda de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, habrá logrado uno de los mayores golpes dados al crimen organizado en las últimas décadas.
Guzmán Loera, prófugo desde hace 13 años, cuando escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, se convirtió rápidamente en el dirigente del cártel de Sinaloa, por sobre el "Mayo" Zambada, Juan José Esparrragoza "El Azul" o "Nacho" Coronel.
Guzmán Loera enfrentó escisiones como la de los hermanos Beltrán Leyva en 2005-2006, y duras y sangrientas luchas para mantener su dominio sobre distintas regiones contra los carteles del Golfo, de Tijuana, de Juárez y Los Zetas.
A partir de la llegada de Peña Nieto a la presidencia, se especuló mucho sobre la posibilidad de que su gobierno estableciera acuerdos con los carteles más importantes para disminuir la violencia y así ordenar de una manera "pacífica" las rutas y los mercados de la droga.
Sin embargo, las presiones de Estados Unidos, así como de la élite empresarial mexicana y las dudas que generó a lo largo del primer año de su administración, por su difusa estrategia para combatir al crimen organizado, han llevado a que reoriente sus prioridades, y ante la posibilidad de que la violencia y la inseguridad descarrillen las reformas aprobadas en distintos rubros durante el 2013, se decidió descabezar al principal cártel del narcotráfico, con todas las implicaciones que ello tendrá en el reordenamiento y las disputas de las organizaciones criminales por ocupar espacios que presumiblemente podrá dejar el cártel de Sinaloa, si es que no puede encontrar un liderazgo que mantenga aglutinado a su grupo y a sus aliados (carteles de Colima, Sonora, del Milenio y de Guadalajara).
Mucho se dijo durante los gobiernos panistas (Fox y Calderón), que dos golpes fundamentales que debían darse para demostrar que se estaba combatiendo la impunidad, la corrupción y la inseguridad sería la aprehensión de la líder magisterial Elba Esther Gordillo y la del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
No sólo nunca sucedió eso durante esos desastrosos gobiernos (de 2000 a 2012), sino que ambos personajes se fortalecieron y enriquecieron enormemente.
Ahora todo parece indicar que el gobierno de Peña Nieto, con el visto bueno de Washington, ha decidido iniciar una estrategia de debilitamiento de ciertas estructuras de poder que se conformaron y/o fortalecieron durante los gobiernos panistas, con el apoyo de estos, y que pudieran estar queriendo condicionar u obstaculizar el avance de las reformas de Peña Nieto, a cambio de que se les permita mantener sus negocios ilícitos y la impunidad de que hicieron gala durante las administraciones de Fox y especialmente durante el corrupto y fascista gobierno de Calderón.
Así lo indica el que en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó en varias ocasiones anteriores, se estén publicitando los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la extendida corrupción que caracterizó al gobierno de Calderón durante el último año, aunque eso se extendió durante todo su sexenio, pero las denuncias de la ASF no fueron procesadas, ni castigadas porque el propio Calderón lo impidió entre el 2007 y el 2011, cuando él aún era presidente.
Pero Peña al parecer ha dado vía libre para que se presenten denuncias penales contra ex funcionarios del gobierno calderonista por el ejercicio fiscal del 2012, lo que sin duda pondrá a esa facción del panismo contra la pared, especialmente ahora que están tratando de recuperar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que ahora ocupa un aliado de Peña, Gustavo Madero.
Aquí Peña va a tener que hilar muy fino porque el secretario de Hacienda de ese último año de Calderón fue el actual Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, así que será muy difícil castigar sólo a los panistas (a menos que el castigo se quede sólo en los escalones inferiores de la jerarquía), sin tocar al actual canciller.
Y se confirma que Peña va tras algunos grupos de poder identificados con la pasada administración, pues dos "empresarios" que fueron ampliamente beneficiados y protegidos por el calderonismo, ahora tienen órdenes de aprehensión en su contra: el ex dueño de la empresa Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, que la llevó a la quiebra y que fue protegido en su momento por el entonces Secretario del Trabajo y actual senador del PAN Javier Lozano; y el proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional durante 2010 y 2011 José Suzumo Azano, quien ha sido detenido en San Diego, California, acusado de pagos ilegales a políticos estadounidenses durante las campañas electorales del 2012 (federal) y 2013 (en San Diego).
Demasiada coincidencia que a un mismo tiempo varios prominentes personajes que prosperaron durante la etapa de obscena impunidad y corrupción del calderonismo, estén siendo ahora denunciados y encarcelados.
Veremos en los próximos días si ésta batida del gobierno de Peña Nieto es sólo para eliminar a grupos de poder que obstaculizan su plan reformista, o si está dirigida realmente a atacar estructuras criminales incrustadas en distintos sectores de la sociedad mexicana, que se han beneficiado de la protección política y de la impunidad que brinda el poder económico y las relaciones con los gobernantes en turno.
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