Ayer se reunió el Congreso Popular en la explanada del Monumento a la Revolución, convocado por diversas personalidades de la sociedad civil, para "derogar" la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión el 12 de diciembre del año pasado.
Si bien esa derogación fue sólo un acto simbólico que expresa el repudio de un amplio sector de la población al contenido y la forma apresurada y sin verdadero debate y discusión en que se aprobaron los cambios constitucionales en materia energética, y por lo tanto no tiene ningún efecto jurídico, fue también un evento que planteó los límites a los que se enfrenta tanto el movimiento social que está en contra de las llamadas reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, como los que enfrentan los partidos políticos de izquierda que han tratado infructuosamente de detener el avance de dichas reformas.
¿Por qué hablo aquí de límites, y no de las posibilidades para detener la reforma energética (puesto que no se planteó la oposición a otras reformas en la reunión)?
Porque los organizadores señalaron sólo dos caminos por seguir de manera inmediata: uno, la concentración de los opositores a la reforma energética el próximo 18 de marzo (aniversario de la expropiación petrolera de 1938) en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se definirán otras acciones; y dos, crear una comisión que intente convencer a organizaciones sociales, sindicatos, grupos y especialmente a los partidos de izquierda, para conformar un sólo frente de oposición a la reforma energética, y así evitar la dispersión de esfuerzos y la imagen de división ante la sociedad.
¿Cómo cambiar o detener una política pública que está apoyada por la élite económica del país, los principales centros del capital trasnacional (gobiernos, empresas, organismos internacionales); por el gobierno federal y casi todos los gobiernos de las entidades federativas (menos los gobernados por el PRD); y está siendo publicitada todos los días por la gran mayoría de los medios de comunicación? Además, el gobierno cuenta con el aparato represivo y de inteligencia para intimidar a los opositores; tiene la mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo (PRI, PAN y PVEM); todos los magistrados de la Suprema Corte fueron nombrados por la alianza PRI y PAN, quienes no se han opuesto a ninguna de las políticas sustanciales impulsadas por ambos partidos; y por si fuera poco, alrededor del 25% de la población que se beneficia del modelo económico actual, apoya la reforma. Si bien es una minoría, es la que ocupa las principales posiciones en el aparato gubernamental, las empresas más grandes e influyentes; es la que cuenta con la mayor educación y la que obtiene más ingresos, por lo que es la que posee las herramientas del poder político y económico del país.
De ahí que para descarrilar una reforma que conviene tanto a la cúpula gubernamental, como a los poderes fácticos del país, se requeriría que la mayoría silenciosa y en gran medida apática (y pobre) se movilizara contra la reforma de diversas formas, para boicotear su aplicación práctica, a través de huelgas en los centros de trabajo de las empresas vinculadas a la industria energética; tomas de las instalaciones industriales y de edificios públicos; paros nacionales que desquicien la producción; bloqueos en carreteras para detener o al menos disminuir la distribución de insumos y productos, y así por el estilo.
Todo ello implicaría un reto directo y mayúsculo al aparato represivo del gobierno; el cual tendría la ventaja de contar con un entramado legislativo que le permite criminalizar todo tipo de protesta social (por ejemplo, se acaba de aprobar el nuevo Código de Procedimientos Penales que da amplias facultades al Ministerio Público para detener sin orden judicial a las personas y para realizar monitoreo de teléfonos celulares sin el permiso de los jueces); a lo que se sumaría el rechazo de la población que no participe directamente en las protestas, y que sufriría las consecuencias de dichas acciones.
Por lo tanto, al haberse agotado las posibilidades jurídicas y políticas para detener o cambiar la reforma energética (de hecho todavía hay amparos y está planteada la consulta para el 2015, coincidiendo con las elecciones intermedias; acciones que no tienen perspectivas de fructificar), lo que le queda al movimiento social y a los partidos de izquierda, como opciones reales son las siguientes:
1- Conformar un frente nacional de partidos y movimientos que se dé a la tarea de informar a la población sobre los efectos reales que tiene y va a tener la reforma (alzas de precios, no reducción de ellos; depredación del medio ambiente; más importaciones de productos refinados; salida de gran cantidad de divisas para las empresas trasnacionales, etc.). Y a partir de ahí, crear toda una red nacional de consejos populares o municipales que organicen a la gente para apoyar a candidatos a elecciones municipales, estatales y federales (habrá elecciones de diputados federales en el 2015 y elecciones locales en 14 entidades federativas) que lleguen a puestos de elección popular, desde donde se pueda conformar una oposición más robusta a la reforma energética.
2- A través de la nueva reforma a las telecomunicaciones, intentar obtener las concesiones para una cadena de televisión o en su defecto estaciones de radio, así como canales de televisión por internet, con objeto de contar con una plataforma propia de difusión, que pueda romper el cerco informativo de las grandes cadenas nacionales que apoyan la reforma energética.
La única manera real de enfrentar al poder es construyendo un contrapoder. Lo que sin duda lleva tiempo, esfuerzo, organización y visión estratégica. El objetivo sería llegar a las elecciones del 2018 con una mayoría de la población apoyando las propuestas del movimiento social y los partidos de izquierda (que deben lograr la unidad, de lo contrario todo esfuerzo será inútil), para de esa forma acceder al poder en esas elecciones (presidencia y mayoría en el Congreso), desde donde sería mucho más factible luchar (contando con todos los medios que da el estar en el poder político), contra las muchas concesiones y rendiciones que la actual coalición gobernante ha hecho al capital trasnacional, a la élite económica local y al gobierno de Estados Unidos.
Acciones voluntaristas o casi suicidas, como enfrentar al aparato represivo y propagandístico del Estado, sin contar efectivamente con el apoyo, no sólo moral, sino participativo de la gran mayoría de la población, únicamente puede llevar a un enfrentamiento estéril, que le dé más justificaciones al actual gobierno para acabar de conformar el estado policíaco (al estilo de la Alemania nazi o del stalinismo), que ha venido armando en los últimos años.
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