NO SE ESTÁ CONFIGURANDO UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO EN MÉXICO
Con una ingenuidad
que raya en la ignorancia, algunos “analistas políticos” en México están
afirmando que el establecimiento de las reglas para la elección del candidato
presidencial del partido oficial Morena, constituye el inicio de un nuevo sistema
político en México.
Primero,
tendrían que haber establecido cuál es el sistema político vigente, para
entonces afirmar que está “naciendo uno nuevo”. Pues no lo hicieron.
El actual
sistema político en México surgió de la lenta disolución del régimen de partido
hegemónico que prevaleció en el país desde 1929 (creación del Partido Nacional
Revolucionario por parte de Plutarco Elías Calles), hasta el año 2000[1] con la derrota del PRI en
las elecciones presidenciales de ese año ante el Partido Acción Nacional.
El sistema
político con partido hegemónico se fue desestructurando desde los años sesenta
del siglo pasado, primero con el agotamiento del “desarrollo estabilizador” que
había permitido tasas de crecimiento económico de hasta 6% anual; y después,
con el fracaso del modelo de “desarrollo compartido” durante el gobierno de
Luis Echeverría.
A nivel
internacional, el ascenso al poder del neoliberalismo en Reino Unido con
Margaret Thatcher en 1979 y de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981, propiciaron
condiciones favorables para que el ala neoliberal-tecnocrática dentro del PRI
se alzará con el triunfo en la sucesión presidencial de 1982 y a partir de ahí,
llevando a cabo la transformación del modelo de desarrollo, abriendo la economía
(tratados de libre comercio), desmantelando una parte relevante del Estado de
Bienestar y dando una amplia participación a la iniciativa privada en la
economía, se fueron minando los mecanismos clientelares que durante décadas el
partido hegemónico había establecido con las clases populares, mediante los
cuáles aseguraba su apoyo electoral y evitaba una alejamiento de la clase
política respecto a sus bases.
Los
gobiernos llamados del “nacionalismo revolucionario” (1929-1982) tenían un pacto
con las clases populares a través de los artículos constitucionales 27 y 123,
mediante los cuales los derechos a la tierra y al trabajo, mediante el tutelaje
gubernamental, con apoyos económicos y sociales, permitían que el gobierno
tuviera una base de apoyo estable, que aprovechaba para su hegemonía político-electoral.
Y dicha alianza se veía reflejada en la estructura misma del partido en el
poder con sus tres sectores: el obrero, el campesino y el popular.
El triunfo
del ala neoliberal-tecnocrática en 1982 comenzó a romper esos compromisos, al
eliminar los apoyos y protecciones a las clases populares, como por ejemplo los
precios de garantía en el campo y el apoyo a los aumentos salariales en los
contratos colectivos de trabajo.
Así, durante
36 años el neoliberalismo desbarató el pacto social original que desde 1917
había permitido a los gobiernos emanados de la Revolución, presentarse como los
garantes y representantes de la mayoría de los mexicanos.
De ahí que
la forma de legitimar al gobierno ya no pasara por la política social, y tuvo
que pasar ahora por la apertura a la competencia política en el ámbito
electoral.
Las clases
populares se quedaron crecientemente aisladas políticamente, lo que poco a poco
fue aprovechado por el ala nacionalista-populista del PRI y la siempre dividida
y débil izquierda mexicana, que se unieron a través del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), para intentar rescatar el viejo pacto constitucional
con las clases populares, y al mismo tiempo aprovechar la apertura
político-electoral para acceder a posiciones de poder en gobiernos locales,
estatales y eventualmente a nivel nacional.
Sin embargo,
una parte del PRD acabó rindiéndose ante el poder neoliberal, con el Pacto por
México al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) del PRI,
después de 12 años en que la derecha mexicana gobernó el país, y no pudo
consolidar las llamadas “reformas estructurales” mediante las cuales se
esperaba afianzar la política neoliberal a rango constitucional.
Fue esa
aceptación del PRD al Pacto por México, lo que detonó la salida de López
Obrador del mismo y la creación del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), que sin ser un partido realmente bien estructurado, se ha convertido
en una alianza de sectores y grupos que resultaron ignorados, alienados o
afectados durante los 36 años de neoliberalismo y que ahora tratan de retomar
el viejo pacto entre gobierno y clases populares, con objeto de darle una base
amplia al gobierno, la cual se había ido diluyendo con el establecimiento de
las políticas neoliberales.
Lo que ha
hecho López Obrador es retomar los compromisos de apoyo y tutelaje a las clases
populares mediante un renacimiento del Estado de Bienestar (programas sociales
por más de 500 mil millones de pesos al año); mediante el restablecimiento de
los precios de garantía en el campo (campesinos) y el apoyo al aumento del
salario mínimo y a los salarios de los contratos colectivos de trabajo, así
como a una incipiente sindicalización más libre (obreros).
Sin recrear
los viejos sectores del partido hegemónico, los compromisos con los sectores
sociales a los que estos representaban están siendo retomados por el gobierno,
para así ampliar su base de apoyo; y convertirla, como lo ha venido haciendo en
estos años, en su plataforma para ganar las elecciones locales, estatales y con
lo que espera que pueda refrendar la presidencia en 2024.
De hecho,
López Obrador está recuperando el apoyo territorial que representan los gobernadores
de su partido, como verdaderos líderes del mismo en sus entidades, tal como en
su momento lo hizo Plutarco Elías Calles al inicio del sistema político que
configuró con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929.
De ahí que
AMLO no está creando nada nuevo; muy por el contrario, está echando mano de
todas las estructuras y procesos que el “nacionalismo revolucionario”
desarrolló durante la mayor parte del siglo XX para afianzarse en el poder y
convertirse en partido hegemónico.
Nada de
nuevo sistema político. Es el viejo sistema político, reinstalado bajo las
condiciones actuales de multipartidismo, pero usando los mismos mecanismos
(incluida la corrupción y el otorgamiento de puestos en el gobierno) para
aplacar o sumar a grupos políticos regionales y mantener en el presupuesto a
los empresarios que no se opongan al gobierno (capitalismo de “cuates”).
Cero
novedades en todo esto. Esos “analistas políticos” que están maravillados con las
“reglas para la candidatura presidencial” de Morena, harían bien en revisar la
historia de los últimos 100 años del país, para darse cuenta de que el pasado
está muy presente en la política actual.
[1]
Pasando por la creación del Partido de la Revolución Mexicana durante el
cardenismo (1934-40), hasta el final del sexenio de Manuel Avila Camacho,
cuando se fundó el Partido Revolucionario Institucional (1946).
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