Ejercito Espía: así utilizó Sedena el programa Pegasus contra un defensor de derechos
Raymundo
Ramos fue atacado con el programa israelí justo cuando documentaba la muerte de
12 civiles a manos del Ejército.
Redacción
AN/ SBH
07 Mar, 2023
El Ejército
mexicano espió con Pegasus al activista Raymundo Raymos y utilizó la
información extraída para afectar la documentación de violaciones graves a los
derechos humanos, incluyendo el caso donde soldados abatieron a 12 civiles en
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Una
investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19
y Social Tic permite establecer que el activista de Nuevo Laredo fue blanco de
una campaña de seguimiento por parte del Centro Militar de Inteligencia,
un organismo que opera en la secrecía y bajo el mando directo del secretario de
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
En sus
documentos secretos, el Ejército dice que Ramos trabaja para el ‘Cártel del
Noreste’, aunque solo describe sus comunicaciones privadas con víctimas
y periodistas para intercambiar información.
Ramos se ha
convertido en una piedra en el zapato para las fuerzas armadas, pues ha
documentado desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de Marina y Sedena en
la frontera norte. Este febrero de 2023 dio seguimiento puntual a la muerte
de cinco jóvenes a manos de soldados, tras lo cual fue blanco de
una campaña en medios y redes con material de espionaje y nuevos señalamientos
de vínculos con el narcotráfico, que, ahora se sabe, son una ‘consideración’
del servicio de inteligencia de Sedena.
Los nuevos
hallazgos se unen a una larga cadena de evidencia que documenta que el Ejército
mexicano compró y utilizó un programa de espionaje que legalmente no puede
operar, en una cadena de mando que incluye áreas secretas y que conduce
directamente al secretario de la Defensa.
El espionaje desde Sedena
Raymundo
Ramos fue atacado con Pegasus al menos en cinco ocasiones en 2020 (entre el 16
de agosto y el 3 de septiembre), encontró un análisis forense realizado por
Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha especializado en detectar
los sistemas de NSO Group en todo el mundo.
Antes de los
ataques, Raymundo Ramos trabajó en la documentación y denuncia de un ataque del
Ejército que terminó con saldo de 12 personas abatidas en
calles de Nuevo Laredo. La versión oficial decía que no hubo sobrevivientes
tras la balacera, pero una investigación de El Universal reveló
que al menos tres víctimas estaban secuestradas y que un civil fue rematado por
los soldados.
Una semana
antes de los ataques, Ramos se reunió en la Ciudad de México con periodistas
de El Universal y también con funcionarios de la Secretaría de
Marina y acudió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.
Un nuevo
documento, encontrado entre los archivos filtrados por el Colectivo Guacamaya,
revela que el Centro Militar de Inteligencia (CMI) realizó intervenciones a sus
comunicaciones privadas en ese periodo.
El oficio
2001-6861, marcado como Secreto, informa a la ‘Superioridad’ la
forma en que Ramos obtuvo datos de este caso y cómo presuntamente los facilitó
a periodistas.
El
Ejército contra un activista
El documento
recopila información de las comunicaciones privadas de Raymundo Ramos y
“recomienda” cómo utilizarla en su contra.
En su
primera parte, el documento dice que se informan las actividades de Ramos para
“desprestigiar a las fuerzas armadas”, en beneficio de un cártel.
En el
apartado de antecedentes se dice que el activista mantuvo una “relación de
amistad” con la hermana de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, uno de los
principales líderes de “Los Zetas”.
También se
hace mención a una relación con Ezequiel Gutiérrez, “El Borrado”,
para dar seguimiento a denuncias sobre una “casa de seguridad” del “CDN”, en
hechos aparentemente vinculados al audio que se presentó sin contexto en una
conferencia mañanera del 1 de marzo para decir que Ramos trabaja para el
crimen, como lo señala el documento de Sedena.
En el
apartado de “Información” se documenta la forma en que Ramos obtuvo información
sobre los 12 civiles abatidos por soldados.
El reporte
de inteligencia dice que el 14 y 15 de julio Raymundo Ramos envió a una
periodista de Televisa los datos del caso, “sin que la
comunicadora le tomara importancia”.
Según el
reporte del CMI, el 17 de agosto Ramos le mandó el video del ataque a un
periodista de El Universal.
El documento
describe con precisión fechas y contenido de las comunicaciones privadas entre
defensor y periodista.
Una revisión
al teléfono de Ramos comprueba que las comunicaciones sí ocurrieron. Sin
embargo, los periodistas aludidos pidieron no ser mencionados por nombre en
este reporte.
El apartado
IV del documento se titula “Consideración” y dice que Ramos mantiene vínculos
con un cártel para “lucrar” con información de las fuerzas armadas, sin
proporcionar evidencia de tal relación:
Ramos
Vázquez, mantiene vínculos con el “Cártel del Noreste”, aprovechando su calidad
como activista de DD.HH., lucra con la información del desempeño de las FF.AA.
para sus intereses, obteniendo beneficios económicos y favoreciendo a la
Delincuencia Organizada”.
El informe
de inteligencia no aporta elementos fácticos o adicionales para fundar las
acusaciones en contra del defensor de derechos humanos.
El apartado
V se titula “Recomendación”. El organismo secreto del Ejército pide que la
información se utilice para que la Policía Ministerial Militar tenga un “elemento
de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”.
Es decir, el
Ejército mexicano espió a un activista para vincularlo con organizaciones
criminales para guiar una carpeta de investigación militar, pero cubrió su
pista para no dejar rastros.
El documento
se conoce gracias a la filtración masiva del Colectivo Guacamaya.
Alto mando y sus operaciones clandestinas
La sola
existencia del documento comprueba una vez más que el Ejército espía a
ciudadanos mexicanos en una operación clandestina, pues la ley no le permite a
Sedena intervenir comunicaciones.
El reporte
secreto está marcado como parte del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
que es el órgano técnico operativo que trabaja para el secretario de la Sedena.
También lleva
las siglas de la subjefatura de Inteligencia y del Centro Militar de
Inteligencia, un organismo que no aparece en la ley ni reglamentos del
Ejército.
Un documento
en los archivos secretos de Sedena revela que el CMI opera la infraestructura
de inteligencia para obtener información sensible que sea de interés del Alto
Mando (el secretario de la Defensa).
Para lograr
este fin, dice el documento, el CMI obtiene datos de “medios cerrados”,
es decir todos aquellos que no están disponibles de manera pública.
El escudo
del CMI es un águila que mira hacia arriba, sobre una rosa de los vientos. Sus
principios son: “Discreción, oportunidad y precisión, por el bien de México”.
Lleva
también cuatro estrellas, que es el grado militar máximo dentro del Ejército,
accesible para el secretario de la Defensa.
El CMI es el
“usuario final” del programa Pegasus que ha comprado la Defensa Nacional desde
2010, cuando el software era vendido por la empresa Security
Tracking Devices, de José Susumo Azano, reveló en 2014 la periodista Carmen
Aristegui y ahora coinciden los documentos extraídos por el Colectivo
Guacamaya.
El
espionaje y Sandoval, el Alto Mando
Los miles de
documentos liberados por el Colectivo Guacamaya permiten ubicar al espionaje de
Ramos dentro de la estructura secreta de Sedena y el vínculo directo con el
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
El reporte
de inteligencia está firmado con las iniciales de elementos adscritos al CMI.
De igual forma, en la filtración hay directorios con los nombres completos,
grados y salarios de los soldados y mandos dedicados a inteligencia.
Los
metadatos del documento indican que fue creado el 2 de septiembre de 2020, a
las 19:55 horas con el nombre “2 SEP. 2020 – TJTA. 2001-6861 ACTIVIDADES
RAYMUNDO RAMOS.pdf”.
Ese 2 de
septiembre, a las 20:00 horas, el secretario de la Defensa Nacional tuvo una
reunión con los mandos de inteligencia, marcada con el tema: “Nuevo Laredo,
Tamps”.
Así lo
indica su agenda filtrada.
Aristegui
Noticias preguntó a Presidencia de la República y Ejército mexicano cuál es el
fundamento legal para realizar estas intervenciones de comunicaciones.
También se
le pidió su postura sobre el papel que jugó el secretario Sandoval y si él le
informó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas operaciones.
Hasta el
cierre de este reportaje no hubo respuesta oficial.
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