Choque de trenes en el sureste
mexicano
Luis Hernández Navarro
Hace
meses, en mayo de 2019, los gobiernos federal y estatal inauguraron en el
Istmo de Tehuantepec el parque Energía Eólica del Sur y las subestaciones
eléctricas Arquitecto Ignacio Chávez y José Eduardo Ramírez Briseño. Entre
protestas de los pobladores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció que
la administración federal respetará la voz de los pueblos originarios y que
ningún proyecto se realizará sin su aprobación.
En el
Istmo se han establecido 28 parques eólicos. Sin embargo, según los istmeños,
allí se paga la tarifa más alta de energía eléctrica. Magalí Sánchez Santiago
denunció: Llevamos años en resistencia. Aquí pagamos de 5 mil hasta 20 mil
pesos, pese a que con los sismos de septiembre de 2017 muchas familias
perdieron su hogar. Eso no es desarrollo. La inauguración de Energía Eólica del
Sur (filial de la japonesa Mitsubishi) no ha generado beneficios para los
pueblos de la región, sino sólo para los inversionistas.
Apenas el
pasado fin de semana juchitecos que arriendan sus terrenos a la eólica ocuparon
la subestación Chávez López. Su vocero, Ramón Martínez Ruiz, denunció: “Nada de
lo que nos prometieron se ha cumplido. Nosotros entregamos nuestras tierras
pensando que la empresa era responsable, pero ya vemos que no. A nuestros hijos
los siguen teniendo como peones, sin basificación y sin prestaciones. A
nosotros se nos adeudan pagos desde 2018 a la fecha, dijo (bit.ly/36P4zVd).
El proyecto estuvo suspendido cuatro años por un amparo interpuesto contra la
consulta organizada por la compañía.
Lo
sucedido dista de ser un hecho aislado. Para los grandes inversionistas la
resistencia de los pueblos originarios a los megaproyectos es un verdadero
dolor de cabeza. Comunidades indígenas se han amparado contra grandes obras o
impiden, en los hechos, su terminación. Y, donde ya están en funcionamiento
(como en el parque Energía Eólica del Sur), hay protestas continuas.
La tribu
yaqui en Loma de Bácum (Sonora), el Consejo Regional de Pueblos Originarios en
Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo y las comunidades náhuatl, en Puebla y
Morelos que rechazan al Proyecto Integral Morelos (PIM) resisten a los
gasoductos que atraviesan sus territorios. Desde hace años se ampararon
legalmente contra las obras. En varios momentos han puesto el cuerpo por
delante para suspenderlas. Hasta el momento lo han logrado (bit.ly/2QLDOLy).).
Según la Sener, cinco gasoductos están suspendidos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de
Reyes, Villa de Reyes-Guadalajara, Samalayuca-Sásabe y La
Laguna-Aguascalientes.
De la
mano de estos megaproyectos, justificados en nombre del progreso (y ahora de la
soberanía energética), caminan el despojo, la contaminación y la pérdida de
identidad, territorio y de la vida misma.
De
acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de
la Secretaría de Gobernación, hasta enero de 2018 se suscitaron 77 los casos en
los que la falta de consulta a los pueblos indígenas generaron conflictos sociales
y 33 juicios de amparo relacionados contra grandes obras: 25 proyectos mineros,
13 eólicos, igual número de hidráulicos o hidroeléctricos, nueve gasoductos,
cuatro agroindustriales, tres petroleros, tres termoeléctricas, dos
ferroviarios, dos de infraestructura privada, un conjunto turístico y otro
inmobiliario. También el del aeropuerto internacional en Creel, finalmente
cancelado (bit.ly/2sn0mJo).
Lejos de
solucionarse o amainar esta problemática ha escalado con los megaproyectos
anunciados por la 4T. La decisión del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de resistir al Tren Maya, al
Corredor Interoceánico y al Proyecto Integral Morelos anticipan nuevos conflictos.
La 4T no
tiene todas consigo. En su afán por echar a caminar esas grandes obras a
cualquier costo ha cometido graves errores. Según el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas existen serios
vacíos en las consultas que el gobierno mexicano realiza a pueblos
indígenas sobre proyectos de infraestructura. En la mayoría de las casos
–señaló–, los procesos en comunidades indígenas no se realizan de manera
previa, no toman en cuenta los usos y costumbres, y tampoco se proporciona
información clara, precisa y culturalmente adecuada. Además, con
frecuencia son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y
hostigamiento, perjudicando su carácter libre.
La
reciente consulta sobre el Tren Maya en la que participó menos de 3
por ciento del padrón y se auscultó a las autoridades ejidales (y no a las
comunidades indígenas) fue severamente criticada por la oficina en México del
alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),
pues no cumplió con los estándares internacionales en la materia.
El
rechazo indígena a las grandes obras de infraestructura de la 4T, que tiene
tras de sí una larga historia, anticipa un inevitable choque de trenes en el
sureste mexicano. Los inversionistas privados saben lo que implica esta
colisión. Algunos de sus proyectos llevan años entrampados legalmente porque
subestimaron la resistencia de los pueblos originarios.
Twitter: @lhan55
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